El presidente Cartes debe exigir la revisión de la administración de Itaipú por el Brasil
Editorial ABC Color (Paraguai), 30/09/2013
La sistemática expoliación de que nuestro país es víctima en la usina hidroeléctrica binacional ha echado por tierra la gran expectativa ciudadana de la hora prima. Tan duradera estafa ha convencido al pueblo paraguayo de que los costos para el país en Itaipú superan largamente los magros beneficios que recibe. Tratándose, supuestamente, de una asociación comercial absolutamente igualitaria entre las Altas Partes Contratantes, a cada una de ellas le asiste el derecho de reclamar a la otra la correcta administración del emprendimiento binacional. Es lo que el pueblo paraguayo exige desde hace mucho tiempo. Por eso, la visita que realiza hoy el presidente Cartes al Brasilha despertado justificado interés, pues de su resultado va a depender en buena medida el futuro inmediato de nuestro país.
Como parte de la solución del serio conflicto fronterizo suscitado entre Paraguay y Brasil por la soberanía de los Saltos del Guairá que, de conformidad con el Tratado de límites impuesto a nuestro país por el Imperio del Brasil tras el fin de la Guerra contra la Triple Alianza, se situaban dentro del territorio paraguayo, el 22 de junio de 1966 los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, Raúl Sapena Pastor, por Paraguay, y Juracy Magalhaes, por Brasil, firmaron un histórico acuerdo. Por el mismo, Brasilaceptó retirar de la franja de dominio fronterizo las fuerzas militares desplegadas a lo largo de ella en flagrante violación de la ley internacional. Los Saltos del Guairá fueron declarados en condominio y se sentaron las bases para la explotación económica del potencial hídrico inherente a los mismos. La energía eléctrica allí producida sería dividida en partes iguales entre los dos países, reconociéndose a cada uno el derecho de PREFERENCIA para la adquisición de la energía sobrante, o no utilizada, a JUSTO PRECIO. Este acuerdo sirvió de base al posterior Tratado de Itaipú, en el que tramposamente se omitió el bien claro concepto del justo precio, factor determinante para la futura venta de la electricidad por parte de uno de los socios al otro.
Tras cuarenta años de vigencia del Tratado, la arbitraria y excluyente administración de la usina binacional por parte de las autoridades brasileñas a ella asignadas, con la repudiable connivencia de sus pares paraguayos, ha hecho que la deuda de la entidad binacional trepara a cifras astronómicas, mitad de la cual continuará siendo injustificadamente pagada por el Paraguay hasta el año 2023, de conformidad con la antipatriótica convalidación de la misma por el gobierno de Juan Carlos Wasmosy en 1997. La sistemática expoliación de que nuestro país es víctima en la explotación de la usina hidroeléctrica binacional ha echado por tierra la gran expectativa ciudadana de la hora prima. Tan duradera estafa ha convencido al pueblo paraguayo de que los costos para el país en Itaipú superan largamente los magros beneficios que recibe. Tratándose, supuestamente, de una asociación comercial absolutamente igualitaria entre las Altas Partes Contratantes, a cada una de ellas le asiste el derecho de reclamar a la otra, en cualquier momento, la correcta administración del emprendimiento energético binacional. Es lo que el pueblo paraguayo exige desde hace mucho tiempo.
Por eso, la visita que hoy realiza el presidente Horacio Cartes a Brasilia para entrevistarse con la Primera Mandataria de ese país ha despertado justificado interés público, pues de su resultado va a depender en buena medida el futuro inmediato de nuestro país, no solo en lo concerniente al Mercosur, sino también y prioritariamente en Itaipú. Entre las principales reivindicaciones que el pueblo paraguayo viene reclamando desde hace décadas se cuenta la corrección de las arbitrarias asimetrías vigentes en la administración de la usina binacional, la implementación del justo precio acordado en el Acta de Foz de Yguazú –que forma parte del Tratado– y la revisión de la abultada deuda del ente cuya mitad viene pagando nuestro país sin haber tenido participación en la toma de las equivocadas decisiones financieras que llevaron a tan catastrófica situación, como claramente lo demuestra el reciente informe preliminar del destacado economista norteamericano Jeffrey Sachs, e implícitamente admitido por el propio director general brasileño, Jorge Samek, al culpar a la Argentina por supuestamente haber obligado al Gobierno brasileño a buscar fuentes onerosas de financiación para construir la represa, tanto dentro del país como afuera, en vez de recurrir a préstamos a largo plazo y bajas tasas de interés del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Obviamente, hasta ahora se ignora la estrategia diplomática adoptada por el presidente Cartes con relación al Gobierno del vecino país, en particular con relación a Itaipú, pero existen sobradas razones para creer que ella se centrará en la reivindicación de nuestra conculcada soberanía energética en la usina binacional, incluyendo el derecho de preferencia de venta de la electricidad paraguaya a un justo precio, como queda señalado precedentemente. A estar por la astuta diplomacia deItamaraty, razonablemente podemos especular que la respuesta que a priori le dará la Mandataria brasileña a nuestro Presidente será la consabida: que hay un tratado firmado que debe ser cumplido y que todo lo actuado por las autoridades brasileñas del ente binacional ha contado con la aprobación de sus pares paraguayos; lo cual es cierto, lamentablemente. Por consiguiente, el presidente Cartes debe estar prevenido en cuanto a, que de buenas a primeras, cualquier reclamo puntual que altere el privilegiado e indebido statu quo que Brasil viene sosteniendo a ultranza en la administración del ente binacional va a encontrar fuerte resistencia por parte del Gobierno brasileño.
El presidente Cartes le ha prometido al pueblo paraguayo un “nuevo rumbo” en la conducción del país. Esto quiere decir que está determinado a no caer en las tentaciones crematísticas, ni en la falta de visión y coraje que como estadistas debieron tener sus predecesores y que, lamentablemente, no lo tuvieron. Se contentaron con las migajas con tufo a sobornos que el Gobierno brasileño les propinó para que engulleran y callaran. Antes que aceptar espejitos, o ceder ante la coercitiva diplomacia brasileña, el Primer Mandatario paraguayo debe tener el coraje de advertirle a la presidenta Rousseff de que si después de cuatro décadas de inicua explotación neocolonialista, Brasil no revé su inamistosa política en perjuicio de los intereses del pueblo paraguayo en Itaipú, el Paraguay está decidido a buscar justicia ante los tribunales internacionales. Los paraguayos tenemos profundos motivos para sentirnos indignados y humillados con la política brasileña en la entidad binacional. Después de todo, el Tratado fue a todas luces un acuerdo leonino negociado entre dos gobiernos dictatoriales, a espaldas de sus pueblos e impuesto por la fuerza en nuestro país, con persecuciones políticas de por medio. A causa de eso, el Paraguay, que luchó heroicamente durante cinco años contra la triple alianza de Brasil, Argentina y Uruguay en defensa de su soberanía, la ve hoy arbitrariamente conculcada en el emprendimiento binacional, por cuya causa no recibe igual parcela de beneficios económicos que Brasil, los que sobradamente le hubieran permitido emerger como país en pujante desarrollo.
El compromiso básico del presidente Cartes con el pueblo paraguayo es mantener a toda costa su promesa del “nuevo rumbo” que se ha propuesto en la conducción del país en procura del crecimiento económico, la moralización política y el refinamiento de la política exterior de la República. Esto implica que la estrategia diplomática de su gobierno va a diferenciarse absolutamente de la de sus predecesores. Consecuentemente, es de esperar que por ninguna razón incurra en el desafortunado error de los expresidentes Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo, quienes, tras prometer al pueblo el oro y el moro con relación a Itaipú, se contentaron con aceptar miserables limosnas y un cúmulo de promesas jamás cumplidas.
Asumiendo el sentimiento público, podemos afirmar con propiedad que el presidente Cartes no lleva hoy a Brasilia una mera agenda presidencial, sino un claro mandato popular: el fin de las desigualdades con las que el Brasil nos agrede día a día en el leonino Tratado de Itaipú.
