Enquanto isso, no reino da diplomacia: "Meia volta, volver..." - Concurso do Rio Branco imita o governo...

Questão sobre corrupção no Brasil é anulada em concurso para diplomata
FLÁVIA FOREQUE
Folha de S. Paulo, 24/08/2015

Alvo de crítica de candidatos, a questão sobre os "altos níveis de corrupção" no Brasil, segundo a visão do governo do Reino Unido, foi anulada em concurso para a carreira de diplomata.
Nesta segunda-feira (24), foi divulgada no "Diário Oficial da União" a lista de candidatos aprovados para a segunda etapa da prova do Instituto Rio Branco. O Cespe, responsável pelo exame, divulgou ainda o gabarito definitivo, após análise de recursos dos concorrentes.
O item sobre a política externa britânica foi motivo de polêmica no início do mês, quando a prova objetiva foi realizada.
A afirmação, retirada do site oficial do Reino Unido para potenciais exportadores, afirmava que o governo daquele país considerava como desafios para realizar negócios os "altos níveis de corrupção" e a "importância das relações pessoais" no Brasil. Para muitos candidatos, o tom fugia do discurso diplomático e do histórico do relacionamento entre os países.

Venezuela: Estados Unidos aplicam sancoes a funcionarios do governo por violacao de direitos humanos e corrupcao

Parece que os EUA dispõem de sua própria cláusula democrática e de monitoramento dos direitos humanos, algum que o Mercosul não tem ou não pretende aplicar ao caso da Venezuela, que mantem um opositor político detido há quase um ano, sem processo e sem julgamento, e acusa outros de crimes imaginários.
A medida que autoriza as FFAA a usarem armas letais contra manifestantes também pode ser vista como uma espécie de ruptura democrática, já que viola a própria Constituição do país.
Se o Mercosul e a Unasul aplicassem suas respectivas cláusulas democráticas, já teriam chamado a atenção da Venezula para essas infrações graves.
Paulo Roberto de Almeida

Venezuela-EE.UU

EE.UU. responde a Maduro con nuevas sanciones a funcionarios venezolanos

Infolatam/Efe
Washington, 2 de febrero de 2015

Las claves

• Las restricciones de visado afectarán a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno venezolano "que se cree que son responsables o cómplices de abusos contra los derechos humanos", así como a otras personas "consideradas responsables de actos de corrupción pública", según el Departamento de Estado.

Las relaciones entre EE.UU. y Venezuela volvieron a tensarse con el anuncio de Washington de nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos, poco después de que el mandatario Nicolás Maduro acusara al vicepresidente estadounidense, Joe Biden, de respaldar un plan para forzar su derrocamiento.
La portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Jen Psaki, detalló en un comunicado las nuevas medidas, que se traducirán en restricciones de visas para los afectados, sin detallar las identidades ni la cifra de sancionados.
El anuncio llegó poco después de que Washington tachara también de “infundadas y falsas” las acusaciones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al vicepresidente de EEUU, Joe Biden, de estar detrás de un plan para provocar la caída de su Gobierno.
Las restricciones de visado afectarán a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno venezolano “que se cree que son responsables o cómplices de abusos contra los derechos humanos”, así como a otras personas “consideradas responsables de actos de corrupción pública”, según el Departamento de Estado.
También afectarán a miembros de la familia inmediata de los sancionados, cuyas identidades no serán reveladas públicamente en cumplimiento de las leyes de confidencialidad sobre visas que rigen en EEUU.
“Ignorando las reiteradas peticiones de cambio hechas por gobiernos, respetados líderes y grupos de expertos, el Gobierno venezolano ha seguido demostrando una falta de respeto hacia los derechos humanos y las libertades fundamentales”, sostuvo el Departamento de Estado.
En julio pasado, EEUU ya impuso restricciones de visado a 24 funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en violaciones de derechos humanos y en la represión de protestas de grupos opositores a Maduro.
Además, en diciembre pasado, el presidente estadounidense, Barack Obama, firmó una ley aprobada por el Congreso con sanciones contra funcionarios venezolanos considerados responsables de violaciones de derechos humanos en ese país.
Esas sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición para emitir visados a funcionarios del Gobierno venezolano vinculados con la violencia y la represión en las manifestaciones estudiantiles de febrero de 2014, que terminaron con un saldo oficial de 43 muertos y cientos de heridos.
Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han sido conflictivas desde la llegada al poder en 1999 del ya fallecido presidente Hugo Chávez, mentor y antecesor de Maduro.
Desde hace cuatro años, en las legaciones diplomáticas de EEUU en Caracas y de Venezuela en Washington no hay embajadores, y son dirigidas por encargados de negocios.
La última fuente de tensiones se ha generado este fin de semana, cuando Maduro acusó a Biden de estar detrás de un plan para derrocarlo y que, supuestamente, el vicepresidente estadounidense anunció a presidentes y primeros ministros de países caribeños durante una cumbre energética celebrada en Washington la semana pasada.
“Hemos visto las informaciones de prensa sobre las acusaciones contra Estados Unidos por parte de funcionarios del Gobierno venezolano. Tal acusación es infundada y falsa”, respondió hoy a Efe una portavoz del Departamento de Estado.
De acuerdo con esa portavoz, “el Gobierno venezolano debe centrarse en las quejas legítimas de su pueblo, que incluyen violaciones reiteradas de la libertad de expresión y de reunión, así como del debido proceso ante la ley”.

Etiquetas: Venezuela Derechos Humanos, Venezuela EE.UU., visas

Venezuela-Espanha: mais um super-negocio chavista empantanado na corrupcao (El Pais)

Nada supreendente para quem conhece os companheiros daqui e de lá: eles se merecem...

El macrocontrato de Navantia en Venezuela tropieza por los avales

El Pais Economia / by Miguel Ángel Noceda 

/ 27/07/2014

El contrato del siglo del sector naval, firmado en 2005 entre los astilleros españoles de Navantia y la Armada venezolana y rubricado a bombo y platillo por los Gobiernos de Chávez y Rodríguez Zapatero, ha entrado en un terreno pantanoso. La empresa pública tiene que recuperar los 312 millones de euros que entregó como garantía (fiel cumplimiento, anticipo, garantías técnicas…). No obstante, la polémica que envuelve al contrato puede complicar su devolución. Navantia rompió relaciones con su intercolutor en Venezuela, la firma Rebazve, tras ser denunciados por la Fiscalía Anticorrupción e imputados sus responsables (los ciudadanos venezolanos Pedro Enrique Malave Benavides y Juan Rafael Carballo López-Benavides) junto a los subagentes de estos en España (Javier Salas Collantes y Antonio Rodríguez-Andía) al considerar que las comisiones cobradas fueron exageradas y pueden ser constitutivas de varios delitos.
Los avales debían liberarse conforme se fueran alcanzando los hitos pactados y se fueran entregando los buques. Por eso, a estas alturas Navantia tendría que haber recibido 241,8 millones de euros, correspondientes a las fianzas de los cuatro patrulleros y a los tres de los cuatro buques de vigilancia. Fuentes de los astilleros públicos aseguran que hasta ahora solo han recibido una pequeña cantidad. El último buque se termina por contrato en los astilleros venezolanos Dianca y al mismo están ligados 39,3 millones, más un suplemento de otros 30,6 millones.
Fuentes de la empresa pública que preside José Manuel Revuelta han asegurado que están en contacto con la Administración venezolana y esperan empezar a recibir el dinero correspondiente al resto en avales antes de acabar el año. En todo caso, confían en que no existan problemas y reconocen que todavía queda más de un año para que se produzca la finalización del contrato.
Fuentes ligadas a Rebazve sostienen que la falta de interlocución eficaz con las autoridades venezolanas puede ser la causa del retraso. Por otra parte, estas fuentes presumen que, en caso de abrirse juicio oral contra los antiguos responsables de Navantia (el presidente y director comercial en el momento del contrato Juan Pedro Gómez Jaén y Jesús Arce, también imputados) bajo los postulados que defiende la fiscal (que la empresa habría pagado comisiones desorbitadas que habrían repercutido en el precio), no hay que descartar que las autoridades venezolanas se vean concernidas y decidan hacer indagaciones para examinar si Navantia cobró de más. En ese hipotético escenario, esas fuentes sostienen que podrían optar por la ejecución de las garantías contractuales.
El asunto se enconó tras decidir Navantia, que en principio había apoyado a sus representantes, romper con ellos y personarse como acusación particular en el caso de las comisiones cobradas en el citado contrato. Rebazve, que estaba ligada a los astilleros desde los tiempos de la antigua Bazán (su nombre es el acrónimo de Representantes de Bazán en Venezuela), intermedió entre la empresa española y el Ministerio de Defensa de Venezuela en los contratos, cuyo valor se elevó a 1.246 millones. La comisión recibida por el contrato fue del 3,5% (42 millones), de los que los subagentes españoles (Salas y Andía) se llevaron 12 millones (el 29,1% de lo cobrado por Rebazve) en concepto de asesoramiento, asistencia e intermediación en España a través de Camino Nuevo.
La ruptura se produjo el 26 de abril de 2013 tras haber sido imputados los responsables de Rebazve por la titular del juzgado número 8 de Madrid, Rosario Espinosa, a petición de la fiscal Pilar Melero Tejerina, de la Fiscalía Anticorrupción, ante la que habían declarado como testigos en dos ocasiones. La juez había imputado previamente a los subagentes españoles por tráfico de influencias, falsedad documental y delito fiscal. Posteriormente, añadió el de malversación de caudales públicos, y la amplió a los exdirectivos de Navantia. El delito fiscal fue retirado al comprobar que Salas y Andía habían hecho la declaración pertinente.
La intervención de la Fiscalía Anticorrupción se produjo después de que, a principios de 2010, la filial española del Deutsche Bank pusiera en conocimiento del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblanc) del Banco de España la existencia de unos movimientos importantes de fondos por si pudieran corresponder a un posible blanqueo de dinero. Dichos flujos se correspondían con los pagos fijados en el contrato de mediación de Rebazve con Navantia.
La acusación de que los imputados habían cobrado “cantidades inalcanzables en otros ámbitos, no determina su ilegalidad” para la Audiencia Provincial de Madrid, ante la que recurrieron, porque estaba estipulado en el contrato. La defensa sostuvo que los representantes de Rebazve tienen su domicilio en Venezuela y que “la gestión y desarrollo del contrato con Navantia les había aconsejado contar con unos agentes locales”, además de sostener que el porcentaje está en lo habitual en este tipo de intermediaciones.
La Audiencia de Madrid revocó varias imputaciones en enero de 2012, al tiempo que criticaba la ligereza del ministerio fiscal por no acreditar pruebas.

PP = Partido Progressista ou Pilantragem na Petrobras? - Revista Veja

Ex-diretor da Petrobras fez fortuna vendendo facilidades na estatal

Documentos revelam que Paulo Roberto Costa intermediou interesses de grandes empreiteiras dividindo o lucro com políticos

Rodrigo Rangel e Hugo Marques

ARRECADADOR – O engenheiro Paulo Roberto Costa, ex-diretor de Refino e Abastecimento da Petrobras, tinha uma missão extraoficial conferida pelo partido que o indicou ao cargo, o PP: articulava com empresas e fornecedores da estatal ajuda financeira para campanhas políticas (Helia Scheppa/JC Imagem)

O macacão corta-fogo laranja com o nome impresso sobre o bolso, o logo com o nome da Petrobras em verde sobre fundo branco, o olhar confiante e o gesto firme apontando com precisão o objetivo. Tudo na foto ao lado transmite a ideia de um líder da empresa que orgulha os brasileiros, provavelmente um diretor técnico de alto calibre, um PhD em mineralogia ou um engenheiro premiado por inovações tecnológicas originais que ajudaram o petróleo a brotar mais facilmente das profundezas, contribuindo, assim, para aumentar dramaticamente o valor da companhia. As aparências enganam. A imagem ao lado já foi anexada ao melancólico histórico de corrupção no mundo oficial do Brasil. Ela viaja o mundo pelas agências noticiosas com o homem identificado na legenda como Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras preso pela Polícia Federal, personagem central do escândalo de pagamento de propinas a políticos.

A RELAÇÃO DOS COLABORADORES

Mendes Júnior – A anotação diz que o dono da empreiteira está “disposto a colaborar”. Procurada, a empresa informa que mantém contrato de prestação de serviços de engenharia com a Petrobras, mas desconhece a colaboração

UTC/CONSTRAN – A anotação informa que a empreiteira “já está colaborando”. A UTC afirma que desconhece a colaboração e que não comenta anotações de terceiros

ENGEVIX – A anotação diz que a empresa “já teve conversa com candidato”. A empreiteira assegura que desconhece tal lista e que suas doações eleitorais seguem a legislação

IESA – A anotação informa que a empresa “vai colaborar a partir de junho”. A companhia afirma que seu presidente da área de óleo e gás conhece Paulo Roberto Costa, mas não fez doações eleitorais

HOPE RH – A anotação diz que a empresa “já vem ajudando e vai ajudar mais a pedido do PR”. A prestadora de serviços na área de recursos humanos não respondeu aos questionamentos

TOYO-SETAL – A anotação diz que a empresa começa a ajudar “a partir de março”. A firma de engenharia naval também não respondeu

Na semana passada, vazaram as primeiras informações obtidas pelos policiais no exame ainda superficial da agenda, algumas planilhas e outros documentos apreendidos com Paulo Roberto Costa. O conteúdo é explosivo. Mas os investigadores que cuidam do caso dizem que se trata apenas de um pequeno trecho do propinoduto que o preso operava na Petrobras, tendo de um lado corruptores, do outro, corruptos e ele no meio fazendo a integração entre as duas partes do empreendimento criminoso.

De 2003 a 2012, o engenheiro Paulo Roberto Costa dirigiu a área de Abastecimento da Petrobras, que comanda um orçamento bilionário e lida com as maiores empresas do Brasil e do mundo. Pelo volume de dinheiro movimentado e os múltiplos interesses envolvidos, é o lugar perfeito para aninhar uma quadrilha de corruptos. A Polícia Federal descobriu que Paulo Roberto, um doleiro, políticos e prestadores de serviços estão interligados em um consórcio criminoso montado para fraudar contratos na Petrobras, enriquecer seus membros e financiar políticos e partidos.

Paulo Roberto Costa é o que em Brasília se chama de “indicado político”. É assim que ele aparece na ata de uma reunião com seus advogados pouco depois de sair da Petrobras. Está lá, em um dos recortes estampados na página 70 — escrito a mão por quem secretariou a reunião —, a preocupação extra dos causídicos com o fato de o doutor Roberto ter ocupado cargo de “indicação política” na Petrobras. Por essa razão seria muito arriscado ir adiante com o plano de abrir uma “offshore”, eufemismo para empresa-fantasma em algum paraíso fiscal. Em outro trecho, registra-se a recomendação de que, ele abrindo uma empresa, a “holding” deveria ser colocada em nome da mulher e das filhas. São típicos cuidados de quem está se metendo em um negócio obscuro, com finalidade não muito clara e, definitivamente, com o objetivo de ser mantido longe dos olhos das autoridades. Enfim, uma atividade típica de alguém que chegou a uma estatal ou órgão público não pela competência técnica, mas por “indicação política”.

Foi o Partido Progressista, o PP, uma das agremiações que apoiam o governo, que instalou Paulo Roberto Costa na estratégica diretoria da Petrobras. No que é um dos grandes contos de fadas do Brasil oficial, o papel do indicado político é explicado pela necessidade de os políticos terem quem resolva problemas paroquiais deles e dos eleitores. No caso do indicado político do PP na Petrobras, a explicação era que ele poderia eventualmente facilitar a outorga de uma autorização de funcionamento para um posto de gasolina. Só isso? No mundo da fantasia, sim. No universo da mentira tacitamente aceita como parte do jogo político, sim. Mas o homem do macacão laranja, do olhar confiante e gesto firme talvez nunca tenha sabido o que é preciso para abrir um posto de gasolina. Os documentos que a Polícia Federal encontrou em seu escritório começam a revelar as verdadeiras atividades de um sujeito que desembarca em uma estatal ou ministério como “indicação política”. Paulo Roberto Costa foi colocado na Petrobras para intermediar negócios entre empreiteiras e outras empresas com a estatal brasileira de petróleo e, assim, abastecer o propinoduto ligando corruptores a corruptos.

VEJA teve acesso ao material apreendido pela Polícia Federal. Ele revela os verdadeiros motivos por trás da disputa acirrada dos partidos para indicar um afilhado, um amigo ou um correligionário para um cargo público. As anotações na agenda do engenheiro apontam uma contabilidade financeira envolvendo políticos. Numa delas, Paulo Roberto registra o repasse, em 2010, de 28,5 milhões de reais ao PP, o partido responsável por sua indicação ao cargo. 

Alianca do Capital com o Estado e um exemplo atual: JPMorgan e Filhos e Filhas de dirigentes chineses

Fernand Braudel, em sua aclamada trilogia sobre a consolidação do capitalismo na era moderna -- Économie, Civilization Matérielle et Capitalismo, siècles XV-XVIII - já tinha alertado que uma das formas mais corruptas de capitalismo e de dominação política ocorre quando os donos do capital se aliam aos dirigentes políticos para estabelecer um sistema de extração de rendas, por parte destes últimos, e de sobrepreço imposto aos cidadãos comuns, feito em conivência entre os capitalistas e os politicos.
Isso está ocorrendo na China, como demonstra a reportagem abaixo do NYTimes, pelo seu correspondente em Shnaghai, David Barboza.
Por isso mesmo, os dirigentes chineses estão impondo censura aos meios de comunicação estrangeiros, bloqueando sites e ofertas de serviços por parte dessas empresas -- basciamente NYTimes e Bloomberg News -- e evitando renovar os vistos dos correspondentes estrangeiros, assim como recusando novos vistos para novos repórteres.
Assim fazem as ditaduras, alimentando a corrupção de seus próprios responsáveis políticos. Se trata de um sistema vicioso, mas que ocorre não só em ditaduras, mas em democracias não consolidadas, como sabemos por exemplos muito próximos de nós.
Paulo Roberto de Almeida

JPMorgan Tracked Business Linked to China Hiring

BY BEN PROTESS AND JESSICA SILVER-GREENBERG

The New York Times, December 9, 2013

An Tu/European Press AgencyTang Shuangning of the China Everbright Group. After his son was hired by JPMorgan, the bank’s business with China Everbright and a subsidiary appeared to pick up.

Federal authorities have obtained confidential documents that shed new light onJPMorgan Chase’s decision to hire the children of China’s ruling elite, securing emails that show how the bank linked one prominent hire to “existing and potential business opportunities” from a Chinese government-run company.

The documents, which also include spreadsheets that list the bank’s “track record” for converting hires into business deals, offer the most detailed account yet of JPMorgan’s “Sons and Daughters” hiring program, which has been at the center of a federal bribery investigation for months. The spreadsheets and emails — recently submitted by JPMorgan to authorities — illuminate how the bank created the program to prevent questionable hiring practices but ultimately viewed it as a gateway to doing business with state-owned companies in China, which commonly issue stock with the help of Wall Street banks.

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•  Timeline: JPMorgan's Asia Hiring
•  Graphic: Tracking the JPMorgan Inquiries

The hiring practices seemed to have been an open secret at the bank’s headquarters in Hong Kong, according to the documents, copies of which were reviewed by The New York Times. In the email citing the “existing and potential business opportunities,” a senior JPMorgan executive in Hong Kong emphasized that the father of a job candidate was the chairman of the China Everbright Group, a state-controlled financial conglomerate. The executive also extolled the broader benefits of the hiring program, telling colleagues in another email: “You all know I have always been a big believer of the Sons and Daughters program — it almost has a linear relationship” with winning assignments to advise Chinese companies. Until now, the indications of a connection between the hires and business deals have not been so explicit.

In addition to the documents, interviews with current and former JPMorgan employees suggest that some people inside or affiliated with the bank bristled at the hiring strategy. At least two whistle-blowers have raised concerns, with one filing a complaint in April 2011 with the Hong Kong stock exchange and another coming forward to American authorities this year. Underscoring the worries, a junior banker in Hong Kong resigned from JPMorgan in December 2011, writing in an email that “I do not think my family is in a position to help you to the extent as others did: bring their family business to the firm.”

The scrutiny of JPMorgan, which has not been accused of any wrongdoing, could provide a template for federal authorities as they expand their investigation to include the hiring practices of at least five other Wall Street banks conducting business in China, according to interviews with people briefed in the inquiry who were not authorized to speak publicly. Those investigations from the Securities and Exchange Commission, which are at an early stage, involve Citigroup, Credit Suisse,Deutsche Bank, Goldman Sachs and Morgan Stanley. All five banks declined to comment.

JPMorgan is cooperating with the government inquiries from the S.E.C. and the United States attorney’s office in Brooklyn, which are examining whether the bank improperly swapped job offers and consulting contracts for business with state-owned Chinese companies. China’s economy is highly regulated, and many of its biggest companies are state-controlled.

There is no indication that executives at JPMorgan’s headquarters in New York were aware of the hiring practices described in the documents. And authorities might ultimately conclude that the bank’s hiring, while aggressive, did not cross a legal line.

JPMorgan declined to comment.

The S.E.C. and the prosecutors in Brooklyn also declined to comment.

The breadth of the investigations underscore how pervasive the hiring practices may have become in China. For two decades, Wall Street banks have sought out China’s so-called princelings, turning family and friends of senior officials into bank employees and consultants.

Jason Lee/ReutersAn office of JPMorgan Chase in Beijing.

The documents reviewed by The Times, along with the interviews, suggest that some executives at JPMorgan felt a need to scramble to compete with Wall Street rivals that already had footholds in China. JPMorgan may have adopted some of their hiring strategies — and even shared employees and consultants.

Fullmark Consultants, a firm that JPMorgan hired in 2006 to help improve its standing in China, also did business with Credit Suisse, according to interviews. Fullmark, which received a $75,000-a-month contract over two years from JPMorgan, was run by Wen Ruchun, the only daughter of Wen Jiabao, who at the time was China’s prime minister, with ultimate responsibility over state-owned companies. In the contract with JPMorgan and other clients, which is now at the center of the federal bribery investigation, Ms. Wen used the alias “Lily Chang.”

The S.E.C. and prosecutors are building their investigation around the Foreign Corrupt Practices Act, a 1977 law that makes it illegal for United States companies to exchange “anything of value” with foreign officials to win “an improper advantage” in obtaining business. Federal authorities have adopted a tougher stance in recent years, taking aim at American companies suspected of acting with “corrupt intent,” or with an expectation of trading a job for government business.

It is unclear whether JPMorgan ever reached an upfront agreement with Chinese government officials. And the records reviewed by The Times do not suggest that the employees were unqualified. According to documents and interviews with current and former employees, JPMorgan created the “Sons and Daughters” program in 2006 with the expectation that the hires would receive heightened scrutiny.

But by 2009, the “Sons and Daughters” program was putting the job candidates on the fast track to employment. The documents show that applicants from prominent Chinese families faced less stringent hiring standards — and fewer job interviews — than the average junior-level hire.

The bank once proposed another program for “full-time referrals” that would have offered the well-connected hires a one-year contract worth $70,000 to $100,000. The program, internal documents said, might offer “directly attributable linkage to business opportunity.”

JPMorgan also briefly kept “historical deal conversion” spreadsheets, according to interviews with people briefed on the investigation. In one column, JPMorgan listed job candidates; in another, the bank recorded its “track record” for winning business from companies tied to those candidates. Other spreadsheets listed well-connected hires and the revenue JPMorgan earned from deals with private and state-owned Chinese companies linked to those hires, documents show.

In discussions with authorities, the people briefed on the investigation said, JPMorgan has explained that it did not connect revenue to the “Sons and Daughters” program. Instead, the bank has said, the spreadsheets were meant to assess whether JPMorgan bankers, in hopes of securing full-time jobs for some interns in the program, had exaggerated the revenue received from state-owned companies.

The spreadsheets included about 30 employees with ties to state-owned companies or Communist Party officials, including the daughter of the deputy minister of propaganda, a relative of a Chinese financial regulator and the nephew of the executive chairman at Sinotruk, which is part of a state-owned trucking enterprise.

JPMorgan also tracked the revenue it received from private Asian companies that referred job candidates to the bank, a practice that would not fall under the Foreign Corrupt Practices Act. One hire was connected to Fubon Financial Holding, a financial services conglomerate in Taiwan that, according to the spreadsheet, produced 2009 revenue of $900,000 for JPMorgan.

JPMorgan bankers in Hong Kong coveted the business with Fubon. In an August 2010 email reviewed by The Times, a JPMorgan banker in Hong Kong explained that the bank had “picked up a new mandate in Taiwan today,” but that holding onto the deal would depend on securing a job for someone related to a company executive.

“All we have to do,” the banker said, is secure the relative “a full-time analyst job at JPM in N.Y.”

The problem, another employee in Hong Kong acknowledged, was that the candidate’s “napping habit will be an eye-opening experience for our N.Y. colleagues.”

While the email appears to suggest a quid pro quo, the message is unlikely to alarm federal authorities, because it involves a private company rather than a state-owned enterprise.

But the bank’s hiring of Tang Xiaoning, a onetime Goldman and Citigroup employee whose father is the chairman of the China Everbright Group, appeared to encapsulate the spirit of the “Sons and Daughters” program for state-owned clients.

The father, Tang Shuangning, approached a JPMorgan executive in Hong Kong in March 2010 about a position for his son, records and interviews show. The executive, who led JPMorgan’s China investment banking unit, welcomed the request and urged his colleagues in an email a day later to discuss “how we can leverage more on this account going forward.” But in an internal compliance form, the executive played down the significance of hiring Mr. Tang, documents show, saying there was “no expected benefit.”

By that point in March 2010, JPMorgan appeared to do little if any business with China Everbright, according to securities filings and news reports.

But shortly after Mr. Tang’s father approached JPMorgan, a China Everbright subsidiary hired the bank to advise on a $300 million private offering of shares, according to interviews. And in 2011, after Mr. Tang worked at JPMorgan for several months, China Everbright’s banking subsidiary hired JPMorgan as one of several financial advisers on its decision to become a public company, a deal that was delayed amid turmoil on the world’s markets.

About that time, JPMorgan offered a second one-year contract to Mr. Tang, who was prevented from having any role in working on China Everbright deals. Mr. Tang, executives said at the time, had received generally positive performance reviews. He also had previously earned a master’s degree in international affairs from Columbia University.

While Mr. Tang worked at JPMorgan, the assignments from his father’s company continued to pile up for the bank. In 2012, China Everbright International, a subsidiary focused on alternative energy businesses, hired JPMorgan to advise on a $162 million sale of shares, according to Standard & Poor’s Capital IQ, a research service.

In May of that year, as Mr. Tang’s contract was expiring, JPMorgan faced a turning point. But at the urging of the JPMorgan investment banking executive, Mr. Tang received another extension.

“Given where we are on China Everbright, I think we may need another contract for Xiaoning,” the executive wrote.

Zhang Rong, the junior banker who resigned from JPMorgan in December 2011, also highlighted the bank’s hiring strategy. On an overnight flight from Hong Kong to the United States, Mr. Zhang drafted a resignation letter that lamented how “All of my efforts seemed meaningless to you and you tend to judge me solely on the relation part of me.”

Mr. Zhang said he was quitting because he could no longer “live under the shadow of my father.” The father, he indicated, had ties to the China Post Group, which runs the Chinese postal service and other subsidiaries.

In a statement, the China Post Group denied that Zhang Rong was connected to the company or its top executives. The company declined to provide further details.

Mr. Zhang promised in the email that his father would still “try his best to coordinate the meeting” between JPMorgan and China Post. And Mr. Zhang, who sent the email just days before Christmas, assured JPMorgan that he did not harbor any hard feelings.

“Wish you and your family merry Xmas and happy New Year!!!”

David Barboza contributed reporting.

A version of this article appears in print on 12/08/2013, on page A1 of the NewYork edition with the headline: Bank Tracked Business Linked To China Hiring.

A Copa que nao custaria NADA aos cofres publicos: a mais cara de todas as Copas...

A mais cara de todas as Copas

Editorial O Estado de S.Paulo

23 de junho de 2013

A Copa do Mundo de 2014 no Brasil será a mais cara de todas. O secretário executivo do Ministério dos Esportes, Luís Fernandes, anunciou que em julho seu custo total chegará a R$ 28 bilhões, um aumento de 10% em relação ao total calculado em abril, que era de R$ 25,3 bilhões. E supera em R$ 6 bilhões (mais 27%) o que em 2011 se previa que seria gasto.
Por enquanto, já se sabe que o contribuinte brasileiro arcará com o equivalente ao que gastaram japoneses e coreanos em 2002 (R$ 10,1 bilhões) mais o que pagaram os alemães em 2006 (R$ 10,7 bilhões) e africanos do sul em 2010 (R$ 7,3 bilhões).
O "privilégio" cantado em prosa e verso pelo ex-presidente Luiz Inácio da Silva, que se sentou sobre os louros da escolha em 2007, e entoado por sua sucessora, Dilma Rousseff, em cuja gestão se realizará o torneio promovido pela Fifa, custará quatro vezes os gastos dos anfitriões do último certame e três vezes os gastos dos dois anteriores.
O governo federal não justifica - nem teria como - este disparate. Mas, por incrível que pareça, os responsáveis pela gastança encontram um motivo para comemorar: a conta ainda não chegou ao teto anunciado em 2010, que era de R$ 33 bilhões. É provável, contudo, que esse teto seja alcançado, superando o recorde já batido, pois, se os custos cresceram 10% em dois meses, não surpreenderá ninguém que subam mais 18% em 12 meses.
Esta conta salgada é execrada porque dará um desfalque enorme nos cofres da União, que poderiam estar sendo abertos para a construção de escolas, hospitais, estradas, creches e outros equipamentos dos quais o País é carente. Como, aliás, têm lembrado os manifestantes que contestam a decisão oficial de bancar a qualquer custo a realização da Copa das Confederações, do Mundial de 2014 e da Olimpíada no Rio de Janeiro em 2016. E, além dos valores, saltam aos olhos evidências de que tal custo não trará benefícios de igual monta.
É natural que, no afã de justificar o custo proibitivo, o governo exagere nas promessas de uma melhoria das condições de vida de quem banca a extravagância. Segundo Fernandes, responsável pela parte que cabe ao governo na organização do torneio, "a Copa alavanca investimentos em saúde, educação, meio ambiente e outros setores". E mais: "Ou aproveitamos esse (sic) momento para o desenvolvimento do País ou perdemos essa (sic) oportunidade histórica".
A Nação aguarda, com muita ansiedade, que o governo, do qual participa o secretário executivo do Ministério dos Esportes, venha a público esclarecer quantos hospitais, escolas ou presídios têm sido construídos e que equipamentos têm sido adquiridos para melhorar nossos péssimos serviços públicos com recursos aportados por torneios esportivos que nos custam os olhos da cara.
Não é preciso ir longe para contestar esta falácia da "Copa cidadã": o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) previu um "legado inestimável" que ficaria da realização dos Jogos Pan-americanos de 2007 na mesma cidade onde será disputada a Olimpíada de 2016. O tal "legado" virou entulho: os equipamentos construídos para aquele fim estão sendo demolidos e reconstruídos e, enquanto não ficam prontos, os atletas simplesmente não têm onde se preparar para disputar os Jogos Olímpicos daqui a três anos.
A manutenção do estádio Green Point, na Cidade do Cabo, que custou R$ 600 milhões (menos da metade dos gastos na reforma do Maracanã, no Rio, e do Mané Garrincha, em Brasília) para ser usado na Copa da África do Sul, demanda, por ano, R$ 10,5 milhões em manutenção, o que levou a prefeitura local a cogitar de sua demolição. Por que os estádios de Manaus, Cuiabá e Natal terão destino diferente depois da Copa?
A matemática revela que o maior beneficiário da Copa de 2014 será mesmo a Fifa, e não o cidadão brasileiro, que paga a conta bilionária. Prevê-se que o lucro da entidade será de R$ 4 bilhões, o dobro do que arrecadou na Alemanha e o triplo do que lucrou na África do Sul. O resto é lorota para enganar ingênuos e fazer boi dormir.