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domingo, 26 de março de 2017

Mercosul: 26 anos; o que falta fazer?

Tudo, ou quase tudo.
Não existem muitos motivos para congratulações neste aniversário do Mercosul.
Basta ver a lista do ainda precisa ser feito, e de todas as tarefas que foram iniciadas mas não concluídas, para se ter uma ideia de como o Mercosul retrocedeu sob o lulopetismo diplomático.
Paulo Roberto de Almeida 

 

TRATADO PARA LA CONSTITUCION DE UN MERCADO COMUN ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA, LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, LA REPUBLICA DEL PARAGUAY Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, en adelante denominados "Estados Partes";

CONSIDERANDO que la ampliación de las actuales dimensiones de sus mercados nacionales, a través de la integración, constituye condición fundamental para acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social;

ENTENDIENDO que ese objetivo debe ser alcanzado mediante el más eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles, la preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las interconexiones físicas, la coordinación de las políticas macroeconómicas y la complementación de los diferentes sectores de la economía, con base en los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio;

TENIENDO en cuenta la evolución de los acontecimientos internacionales, en especial la consolidación de grandes espacios económicos y la importancia de lograr una adecuada inserción internacional para sus países;

EXPRESANDO que este proceso de integración constituye una respuesta adecuada a tales acontecimientos;

CONSCIENTES de que el presente tratado debe ser considerado como un nuevo avance en el esfuerzo tendiente al desarrollo en forma progresiva de la integración de América Latina, conforme al objetivo del Tratado de Montevideo de 1980;

CONVENCIDOS de la necesidad de promover el desarrollo científico y tecnológico de los Estados Partes y de modernizar sus economías para ampliar la oferta y la calidad de los bienes y servicios disponibles a fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

REAFIRMANDO su voluntad política de dejar establecidas las bases para una unión cada vez más estrecha entre sus pueblos, con la finalidad de alcanzar los objetivos arriba mencionados.

ACUERDAN:

CAPITULO I

PROPOSITOS, PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS

ARTICULO 1

Los Estados Partes deciden constituir un Mercado Común, que deberá estar conformado al 31 de diciembre de 1994, el que se denominará "Mercado Común del Sur" (MERCOSUR).

Este Mercado Común implica:

La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente;

El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico-comerciales regionales e internacionales;

La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes;

El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.

ARTICULO 2

El Mercado Común estará fundado en la reciprocidad de derechos y obligaciones entre los Estados Partes.

ARTICULO 3

Durante el período de transición, que se extenderá desde la entrada en vigor del presente Tratado hasta el 31 de diciembre de 1994, y a fin de facilitar la constitución del Mercado Común, los Estados Partes adoptan un Régimen General de Origen, un Sistema de Solución de Controversias y Cláusulas de Salvaguardia, que constan como Anexos II, III y IV al presente Tratado.

ARTICULO 4

En las relaciones con terceros países, los Estados Partes asegurarán condiciones equitativas de comercio. A tal efecto, aplicarán sus legislaciones nacionales para inhibir importaciones cuyos precios estén influenciados por subsidios, dumping o cualquier otra práctica desleal. Paralelamente, los Estados Partes coordinarán sus respectivas políticas nacionales, con el objeto de elaborar normas comunes sobre competencia comercial.

ARTICULO 5

Durante el período de transición, los principales instrumentos para la constitución del Mercado Común serán:

a) Un programa de Liberación Comercial, que consistirá en rebajas arancelarias progresivas, lineales y automáticas, acompañadas de la eliminación de restricciones no arancelarias o medidas de efectos equivalentes, así como de otras restricciones al comercio entre los Estados Partes, para llegar al 31 de diciembre de 1994 con arancel cero, sin restricciones no arancelarias sobre la totalidad del universo arancelario (Anexo I);

b) La coordinación de políticas macroeconómicas que se realizará gradualmente y en forma convergente con los programas de desgravación arancelaria y de eliminación de restricciones no arancelarias indicados en el literal anterior;

c) Un arancel externo común, que incentive la competitividad externa de los Estados Partes;

d) La adopción de acuerdos sectoriales, con el fin de optimizar la utilización y movilidad de los factores de producción y de alcanzar escalas operativas eficientes.

ARTICULO 6

Los Estados Partes reconocen diferencias puntuales de ritmo para la República del Paraguay y para la República Oriental del Uruguay, las que constan en el Programa de Liberación Comercial (Anexo I).

ARTICULO 7

En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los productos originarios del territorio de un Estado Parte gozarán, en los otros Estados Partes, del mismo tratamiento que se aplique al producto nacional.

ARTICULO 8

Los Estados Partes se comprometen a preservar los compromisos asumidos hasta la fecha de la celebración del presente Tratado, inclusive los acuerdos firmados en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración, y a coordinar sus posiciones en las negociaciones comerciales externas que emprendan durante el período de transición. Para ello:

a) Evitarán afectar los intereses de los Estados Partes en las negociaciones comerciales que realicen entre sí hasta el 31 de diciembre de 1994;

b) Evitarán afectar los intereses de los demás Estados Partes o los objetivos del Mercado Común en los acuerdos que celebraren con otros países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración durante el período de transición;

c) Celebrarán consultas entre sí siempre que negocien esquemas amplios de desgravación arancelaria tendientes a la formación de zonas de libre comercio con los demás países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración;

d) Extenderán automáticamente a los demás Estados Partes cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio que concedan a un producto originario de o destinado a terceros países no miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración.

CAPITULO II

ESTRUCTURA ORGANICA

ARTICULO 9

La administración y ejecución del presente Tratado y de los acuerdos específicos y decisiones que se adopten en el marco jurídico que el mismo establece durante el período de transición, estará a cargo de los siguientes órganos:

a) Consejo del Mercado Común

b) Grupo Mercado Común

ARTICULO 10

El Consejo es el órgano superior del Mercado Común, correspondiéndole la conducción política del mismo y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos y plazos establecidos para la constitución definitiva del Mercado Común.

ARTICULO 11

El Consejo estará integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores y los Ministros de Economía de los Estados Partes.

Se reunirá las veces que estimen oportuno, y por lo menos una vez al año lo hará con la participación de los Presidentes de los Estados Partes.

ARTICULO 12

La Presidencia del Consejo se ejercerá por rotación de los Estados Partes y en orden alfabético, por períodos de seis meses.

Las reuniones del Consejo serán coordinadas por los Ministros de Relaciones Exteriores y podrán ser invitados a participar en ellas otros Ministros o autoridades de nivel ministerial.

ARTICULO 13

El Grupo Mercado Común es el órgano ejecutivo del Mercado Común y será coordinado por los Ministerios de Relaciones Exteriores.

El Grupo Mercado Común tendrá facultad de iniciativa. Sus funciones serán las siguientes:

— velar por el cumplimiento del Tratado;

— tomar las providencias necesarias para el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Consejo;

— proponer medidas concretas tendientes a la aplicación del Programa de Liberación Comercial, a la coordinación de políticas macroeconómicas y a la negociación de acuerdos frente a terceros;

— fijar programas de trabajo que aseguren el avance hacia la constitución del Mercado Común.

El Grupo Mercado Común podrá constituir los Sub-grupos de Trabajo que fueren necesarios para el cumplimiento de sus cometidos. Inicialmente contará con los Sub-grupos mencionados en el Anexo V.

El Grupo Mercado Común establecerá su Reglamento interno en el plazo de 60 días a partir de su instalación.

ARTICULO 14

El Grupo Mercado Común estará integrado por cuatro miembros titulares y cuatro miembros alternos por país, que representen a los siguientes organismos públicos:

— Ministerio de Relaciones Exteriores,

— Ministerio de Economía o sus equivalentes (áreas de Industria, Comercio Exterior y/o Coordinación Económica),

— Banco Central.

Al elaborar y proponer medidas concretas en el desarrollo de sus trabajos, hasta el 31 de diciembre de 1994, el Grupo Mercado Común podrá convocar, cuando así lo juzgue conveniente, a representantes de otros organismos de la Administración Pública y del sector privado.

ARTICULO 15

El Grupo Mercado Común contará con una Secretaría Administrativa, cuyas principales funciones consistirán en la guarda de documentos y comunicación de actividades del mismo. Tendrá su sede en la ciudad de Montevideo.

ARTICULO 16

Durante el período de transición las decisiones del Consejo del Mercado Común y del Grupo Mercado Común serán tomadas por consenso y con la presencia de todos los Estados Partes.

ARTICULO 17

Los idiomas oficiales del Mercado Común serán el español y el portugués y la versión oficial de los documentos de trabajo será la del idioma del país sede de cada reunión.

ARTICULO 18

Antes del establecimiento del Mercado Común, el 31 de diciembre de 1994, los Estados Partes convocarán a una reunión extraordinaria con el objeto de determinar la estructura institucional definitiva de los órganos de administración del Mercado Común así como las atribuciones específicas de cada uno de ellos y su sistema de adopción de decisiones.

CAPITULO III

VIGENCIA

ARTICULO 19

El presente Tratado tendrá duración indefinida y entrará en vigor treinta días después de la fecha de depósito del tercer instrumento de ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Gobierno de la República del Paraguay que comunicará la fecha de depósito a los Gobiernos de los demás Estados Partes.

El Gobierno de la República del Paraguay notificará al Gobierno de cada uno de los demás Estados Partes la fecha de entrada en vigor del presente Tratado.

CAPITULO IV

ADHESION

ARTICULO 20

El presente Tratado estará abierto a la adhesión, mediante negociación, de los demás países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración, cuyas solicitudes podrán ser examinadas por los Estados Partes después de cinco años de vigencia de este Tratado.

No obstante, podrán ser consideradas antes del referido plazo las solicitudes presentadas por países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración que no formen parte de esquemas de integración subregional o de una asociación extraregional.

La aprobación de las solicitudes será objeto de decisión unánime de los Estados Partes.

CAPITULO V

DENUNCIA

ARTICULO 21

El Estado Parte que desee desvincularse del presente Tratado deberá comunicar esa intención a los demás Estados Partes de manera expresa y formal, efectuando dentro de los sesenta (60) días la entrega del documento de denuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay que lo distribuirá a los demás Estados Partes.

ARTICULO 22

Formalizada la denuncia, cesarán para el Estado denunciante los derechos y obligaciones que correspondan a su condición de Estado Parte, manteniéndose los referentes al programa de liberación del presente Tratado y otros aspectos que los Estados Partes, junto con el Estado denunciante, acuerden dentro de los sesenta (60) días posteriores a la formalización de la denuncia. Esos derechos y obligaciones del Estado denunciante continuarán en vigor por un período de dos (2) años a partir de la fecha de la mencionada formalización.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 23

El presente Tratado se denominará "Tratado de Asunción".

ARTICULO 24

Con el objeto de facilitar el avance hacia la conformación del Mercado Común se establecerá una Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR. Los Poderes Ejecutivos de los Estados Partes mantendrán informados a los respectivos Poderes Legislativos sobre la evolución del Mercado Común objeto del presente Tratado.

HECHO en la ciudad de Asunción, a los veintiséis días del mes de marzo del año mil novecientos noventa y uno, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos. El Gobierno de la República del Paraguay será el depositario del presente Tratado y enviará copia debidamente autenticada del mismo a los Gobiernos de los demás Estados Partes signatarios y adherentes.

ANEXO I

PROGRAMA DE LIBERACION COMERCIAL

ARTICULO PRIMERO

Los Estados Partes acuerdan eliminar a más tardar el 31 de diciembre de 1994 los gravámenes y demás restricciones aplicadas en su comercio recíproco.

En lo referente a las Listas de Excepciones presentadas por la República del Paraguay y por la República Oriental del Uruguay, el plazo para su eliminación se extenderá hasta el 31 de diciembre de 1995, en los términos del Artículo séptimo del presente Anexo.

ARTICULO SEGUNDO

A los efectos dispuestos en el Artículo anterior, se entenderá:

a) por "gravámenes los derechos aduaneros y cualesquiera otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario, cambiario o de cualquier naturaleza, que incidan sobre el comercio exterior. No quedan comprendidos en dicho concepto las tasas y recargos análogos cuando respondan al costo aproximado de los servicios prestados; y

b) por "restricciones", cualquier medida de carácter administrativo, financiero, cambiario o de cualquier naturaleza, mediante la cual un Estado Parte impida o dificulte, por decisión unilateral, el comercio recíproco. No quedan comprendidos en dicho concepto las medidas adoptadas en virtud de las situaciones previstas en el Artículo 50 del Tratado de Montevideo 1980.

ARTICULO TERCERO

A partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado, los Estados Partes iniciarán un programa de desgravación progresivo, lineal y automático, que beneficiará a los productos comprendidos en el universo arancelario clasificados de conformidad con la nomenclatura arancelaria utilizada por la Asociación Latinoamericana de Integración de acuerdo al cronograma que se establece a continuación:

FECHA/PORCENTAJE DE DESGRAVACION

30/VI/91

31/XII/91

30/VI/92

31/XII/92

30/VI/93

31/XII/93

30/VI/94

31/XII/94

47

54

61

68

75

82

89

100

Las preferencias se aplicarán sobre el arancel vigente en el momento de su aplicación y consisten en una reducción porcentual de los gravámenes más favorables aplicados a la importación de los productos provenientes desde terceros países no miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración.

En caso que alguno de los Estados Partes eleve dicho arancel para la importación desde terceros países, el cronograma establecido se continuará aplicando sobre el nivel de arancel vigente al 1 de enero de 1991.

Si se redujeran los aranceles, la preferencia correspondiente se aplicará automáticamente sobre el nuevo arancel en la fecha de entrada en vigencia del mismo.

Para tales efectos los Estados Partes se intercambiarán y remitirán a la Asociación Latinoamericana de Integración, dentro de los treinta días de la entrada en vigor del Tratado, copias actualizadas de sus aranceles aduaneros, así como de los vigentes al 1 de enero de 1991.

ARTICULO CUARTO

Las preferencias acordadas en los acuerdos de alcance parcial celebrados en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración por los Estados Partes entre sí, se profundizarán dentro del presente Programa de Desgravación de acuerdo al siguiente cronograma:

FECHA/PORCENTAJE DE DESGRAVACION

31/XII/90

30/VI/91

31/XII/91

30/VI/92

31/XII/92

30/VI/93

31/XII/93

30/VI/94

31/XII/94

00 A 40

47

54

61

68

75

82

89

100

41 A 45

52

59

66

73

80

87

94

100

46 A 50

57

64

71

78

85

92

100

 

51 A 55

61

67

73

79

86

93

100

 

56 A 60

67

74

81

88

95

100

  

61 A 65

71

77

83

89

96

100

  

66 A 70

75

80

85

90

95

100

  

71 A 75

80

85

90

95

100

   

76 A 80

85

90

95

100

    

81 A 85

89

93

97

100

    

86 A 90

95

100

      

91 A 95

100

       

96 A 100

        

Estas desgravaciones se aplicarán exclusivamente en el marco de los respectivos acuerdos de alcance parcial, no beneficiando a los demás integrantes del Mercado Común, y no alcanzarán a los productos incluidos en las respectivas Listas de Excepciones.

ARTICULO QUINTO

Sin perjuicio del mecanismo descripto en los Artículos tercero y cuarto, los Estados Partes podrán profundizar, adicionalmente, las preferencias mediante negociaciones a efectuarse en el marco de los acuerdos previstos en el Tratado de Montevideo 1980.

ARTICULO SEXTO

Quedarán excluidos del cronograma de desgravación al que se refieren los Artículos tercero y cuarto del presente Anexo, los productos comprendidos en las Listas de Excepciones presentadas por cada uno de los Estados Partes con las siguientes cantidades de ítem NALADI:

República Argentina:

394

República Federativa del Brasil:

324

República del Paraguay:

439

República Oriental del Uruguay:

960

ARTICULO SEPTIMO

Las Listas de Excepciones se reducirán al vencimiento de cada año calendario conforme al cronograma que se detalla a continuación:

a) Para la República Argentina y la República Federativa del Brasil a razón de un veinte por ciento (20 %) anual de los ítem que las componen, reducción que se aplica desde el 31 de diciembre de 1990.

b) Para la República del Paraguay y para la República Oriental del Uruguay, la reducción se hará a razón de:

10 % en la fecha de entrada en vigor del Tratado,

10 % al 31 de diciembre de 1991,

20 % al 31 de diciembre de 1992,

20 % al 31 de diciembre de 1993,

20 % al 31 de diciembre de 1994,

20 % al 31 de diciembre de 1995.

ARTICULO OCTAVO

Las Listas de Excepciones incorporadas en los Apéndices I, II, III y IV incluyen la primera reducción contemplada en el Artículo anterior.

ARTICULO NOVENO

Los productos que se retiren de las Listas de Excepciones en los términos previstos en el Artículo séptimo se beneficiarán automáticamente de las preferencias que resulten del Programa de Desgravación establecido en el Artículo tercero del presente Anexo con, por los menos, el porcentaje de desgravación mínimo previsto en la fecha en que se opere su retiro de dichas listas.

ARTICULO DECIMO

Los Estados Partes sólo podrán aplicar hasta el 31 de diciembre de 1994, a los productos comprendidos en el programa de desgravación, las restricciones no arancelarias expresamente declaradas en las Notas Complementarias al acuerdo de complementación que los Estados Partes celebrarán en el marco del Tratado de Montevideo de 1980.

Al 31 de diciembre de 1994 y en el ámbito del Mercado Común, quedarán eliminadas todas las restricciones no arancelarias.

ARTICULO DECIMOPRIMERO

A fin de asegurar el cumplimiento del cronograma de desgravación establecido en los Artículos tercero y cuarto, así como la conformación del Mercado Común, los Estados Partes coordinarán las políticas macroeconómicas y las sectoriales que se acuerden, a las que se refiere el Tratado para la Constitución del Mercado Común, comenzando por aquellas que se vinculan con los flujos del comercio y con la configuración de los sectores productivos de los Estados Partes.

ARTICULO DECIMOSEGUNDO

Las normas contenidas en el presente Anexo, no se aplicarán a los Acuerdos de Alcance Parcial, de Complementación Económica Números 1, 2, 13 y 14, ni a los comerciales y agropecuarios, suscriptos en el marco del Tratado de Montevideo 1980, los cuales se regirán exclusivamente por las disposiciones en ellos establecidas.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL DEPARTAMENTO DE TRATADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

DR. BERNARDINO H. SAGUIER CABALLERO

Subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores

ANEXO II

REGIMEN GENERAL DE ORIGEN

CAPITULO I

Régimen General de Calificación de Origen

ARTICULO PRIMERO: Serán considerados originarios de los Estados Partes:

a) Los productos elaborados íntegramente en el territorio de cualquiera de ellos, cuando en su elaboración se utilicen, exclusivamente, materiales originarios de los Estados Partes;

b) Los productos comprendidos en los capítulos o posiciones de la Nomenclatura Arancelaria de la Asociación Latinoamericana de Integración que se identifican en el Anexo 1 de la Resolución 78 del Comité de Representantes de la citada Asociación, por el solo hecho de ser producidos en sus respectivos territorios.

Se considerarán como producidos en el territorio de un Estado Parte:

i) Los productos de los reinos mineral, vegetal y animal, incluyendo los de la caza y de la pesca, extraídos, cosechados o recolectados, nacidos y criados en su territorio o en sus Aguas Territoriales o Zona Económica Exclusiva;

ii) Los productos del mar extraídos fuera de sus Aguas Territoriales y Zona Económica Exclusiva por barcos de su bandera o arrendados por empresas establecidas en su territorio; y

iii) Los productos que resulten de operaciones o procesos efectuados en su territorio por los que adquieran la forma final en que serán comercializados, excepto cuando dichos procesos u operaciones consistan solamente en simples montajes o ensambles, embalaje, fraccionamiento en lotes o volúmenes, selección y clasificación, marcación, composición de surtidos de mercaderías u otras operaciones o procesos equivalentes;

c) Los productos en cuya elaboración se utilicen materiales que no sean originarios de los Estados Partes cuando resulten de un proceso de transformación realizado en el territorio de alguno de ellos, que les confiera una nueva individualidad, caracterizada por el hecho de estar clasificados en la Nomenclatura Arancelaria de la Asociación Latinoamericana de Integración en posición diferente a la de dichos materiales, excepto en los casos en que los Estados Partes determinen que, además se cumpla con el requisito previsto en el Artículo 2 del presente Anexo.

No obstante, no serán considerados como originarios los productos que resulten de operaciones o procesos efectuados en el territorio de un Estado Parte por los cuales adquieran la forma final en que serán comercializados, cuando en dichas operaciones o procesos se utilicen exclusivamente materiales o insumos que no sean originarios de sus respectivos países y consistan solamente en montajes o ensambles, fraccionamiento en lotes o volúmenes, selección, clasificación, marcación, composición de surtidos de mercaderías, y otras operaciones o procesos semejantes;

d) Hasta el 31 de diciembre de 1994, los productos que resulten de operaciones de ensamble y montaje realizados en el territorio de un Estado Parte utilizando materiales originarios de los Estados Partes y de terceros países, cuando el valor de los materiales originarios no sea inferior al 40 % del valor FOB de exportación del producto final; y

e) Los productos que, además de ser producidos en su territorio, cumplan con los requisitos específicos establecidos en el Anexo 2 de la Resolución 78 del Comité de Representantes de la Asociación Latinoamericana de Integración.

ARTICULO SEGUNDO: En los casos en que el requisito establecido en el literal c) del Artículo primero no pueda ser cumplido porque el proceso de transformación operado no implica cambio de posición en la nomenclatura, bastará con que el valor CIF puerto de destino o CIF puerto marítimo de los materiales de terceros países no exceda del 50 (cincuenta) por ciento del valor FOB de exportación de las mercancías de que se trate.

En la ponderación de los materiales originarios de terceros países para los Estados Partes sin litoral marítimo, se tendrán en cuenta, como puerto de destino, los depósitos y zonas francas concedidos por los demás Estados Partes y cuando los materiales arriben por vía marítima.

ARTICULO TERCERO: Los Estados Partes podrán establecer, de común acuerdo, requisitos específicos de origen los que prevalecerán sobre los criterios generales de calificación.

ARTICULO CUARTO: En la determinación de los requisitos específicos de origen a que se refiere el Artículo tercero, así como en la revisión de los que se hubieran establecido, los Estados Partes tomarán como base, individual o conjuntamente, los siguientes elementos:

I. Materiales y otros insumos empleados en la producción:

a) Materias primas:

i) Materia prima preponderante o que confiera al producto su característica esencial; y

ii) Materias primas principales.

b) Partes o piezas:

i) Parte o pieza que confiera al producto su característica esencial;

ii) Partes o piezas principales; y

iii) Porcentaje de las partes o piezas en relación al peso total.

c) Otros insumos.

II. Proceso de transformación o elaboración utilizado.

III. Proporción máxima del valor de los materiales importados de terceros países en relación con el valor total del producto, que resulte del procedimiento de valorización convenido en cada caso.

ARTICULO QUINTO: En casos excepcionales, cuando los requisitos específicos no puedan ser cumplidos porque ocurran problemas circunstanciales de abastecimiento: disponibilidad, especificaciones técnicas, plazo de entrega y precio, teniendo presente lo dispuesto en el Artículo 4 del Tratado, podrán ser utilizados materiales no originarios de los Estados Partes.

Dada la situación prevista en el párrafo anterior, el país exportador emitirá en el certificado correspondiente informando al Estado Parte importador y al Grupo Mercado Común, acompañando los antecedentes y constancias que justifiquen la expedición de dicho documento.

De producirse una continua reiteración de estos casos el Estado Parte exportador o el Estado Parte importador comunicará esta situación al Grupo Mercado Común a efectos de la revisión del requisito específico.

Este Artículo no comprende a los productos que resulten de operaciones de ensamble y montaje, y será de aplicación hasta la entrada en vigor del Arancel Externo común para los productos objeto de requisitos específicos de origen y sus materiales o insumos.

ARTICULO SEXTO: Cualquiera de los Estados Partes podrá solicitar la revisión de los requisitos de origen establecidos de conformidad con el Artículo primero. En su solicitud deberá proponer y fundamentar los requisitos aplicables al producto o productos de que se trate.

ARTICULO SEPTIMO: A los efectos del cumplimiento de los requisitos de origen, los materiales y otros insumos, originarios del territorio de cualquiera de los Estados Partes, incorporados por un Estado Parte en la elaboración de determinado producto, serán considerados originarios del territorio de este último.

ARTICULO OCTAVO: El criterio de máxima utilización de materiales u otros insumos originarios de los Estados Partes no podrá ser considerado para fijar requisitos que impliquen la imposición de materiales u otros insumos de dichos Estados Partes, cuando a juicio de los mismos, éstos no cumplan condiciones adecuadas de abastecimiento, calidad y precio o, que no se adapten a los procesos industriales o tecnologías aplicadas. tecnologías aplicadas.

ARTICULO NOVENO: Para que las mercancías originarias se beneficien con los tratamientos preferenciales, las mismas deben haber sido expedidas directamente del país exportador al país importador. Para tales efectos, se considera como expedición directa:

a) Las mercancías transportadas sin pasar por el territorio de algún país no participante del Tratado.

b) Las mercancías transportadas en tránsito por uno o más países no participantes, con o sin trasbordo o almacenamiento temporal, bajo la vigilancia de la autoridad aduanera competente en tales países, siempre que:

i) el tránsito esté justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas a requerimientos del transporte;

ii) no estén destinadas al comercio, uso o empleo en el país de tránsito; y

iii) no sufran, durante su transporte y depósito, ninguna operación distinta a la carga y descarga o manipuleo para mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su conservación.

ARTICULO DECIMO: A los efectos del presente Régimen General se entenderá:

a) que los productos provenientes de las zonas francas ubicadas dentro de los límites geográficos de cualquiera de los Estados Partes deberán cumplir los requisitos previstos en el presente Régimen General;

b) que la expresión "materiales" comprende las materias primas, los productos intermedios y las partes y piezas, utilizados en la elaboración de las mercancías.

CAPITULO II

Declaración, certificación y comprobación

ARTICULO DECIMOPRIMERO: Para que la importación de los productos originarios de los Estados Partes pueda beneficiarse con las reducciones de gravámenes y restricciones, otorgadas entre sí, en la documentación correspondiente a las exportaciones de dichos productos deberá constar una declaración que acredite el cumplimiento de los requisitos de origen establecidos conforme a lo dispuesto en el Capítulo anterior.

ARTICULO DECIMOSEGUNDO: La declaración a que se refiere el Artículo precedente será expedida por el productor final o el exportador de la mercancía y certificada por una repartición oficial o entidad gremial con personería jurídica, habilitada por el Gobierno del Estado Parte exportador.

Al habilitar a entidades gremiales, los Estados Partes procurarán que se trate de organizaciones que actúen con jurisdicción nacional, pudiendo delegar atribuciones en entidades regionales o locales, conservando siempre la responsabilidad directa por la veracidad de las certificaciones que se expidan.

Los Estados Partes se comprometen en un plazo de 90 días, a partir de la entrada en vigencia del Tratado, a establecer un régimen armonizado de sanciones administrativas para casos de falsedad en los certificados, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes.

ARTICULO DECIMOTERCERO: Los certificados de orígen emitidos para los fines del presente Tratado tendrán plazos de validez de 180 días, a contar de la fecha de su expedición.

ARTICULO DECIMOCUARTO: En todos los casos se utilizará el formulario tipo que figura anexo al Acuerdo 25 del Comité de Representantes de la Asociación Latinoamericana de Integración, hasta tanto no entre en vigencia otro formulario aprobado por los Estados Partes.

ARTICULO DECIMOQUINTO: Los Estados Partes comunicarán a la Asociación Latinoamericana de Integración la relación de las reparticiones oficiales y entidades gremiales habilitadas para expedir la certificación a que se refiere el Artículo anterior, con el registro y facsímil de las firmas autorizadas.

ARTICULO DECIMOSEXTO: Siempre que un Estado Parte considere que los certificados emitidos por una repartición oficial o entidad gremial habilitada de otro Estado Parte no se ajustan a las disposiciones contenidas en el presente Régimen General, lo comunicará a dicho Estado Parte para que éste adopte las medias que estime necesarias para dar solución a los problemas planteados.

En ningún caso el país importador detendrá el trámite de importación de los productos amparados en los certificados a que se refiere el párrafo anterior, pero podrá, además de solicitar las informaciones adicionales que correspondan a las autoridades gubernamentales del país exportador, adoptar las medidas que considere necesarias para resguardar el interés fiscal.

ARTICULO DECIMOSEPTIMO: Para los fines de un posterior control, las copias de los certificados y los respectivos documentos deberán ser conservados durante dos años a partir de su emisión.

ARTICULO DECIMOCTAVO: Las disposiciones del presente Régimen General y las modificaciones que se introduzcan, no afectarán las mercaderías embarcadas a la fecha de su adopción.

ARTICULO DECIMONOVENO: Las normas contenidas en el presente Anexo no se aplicarán a los Acuerdos de Alcance Parcial, de Complementación Económica Ns. 1, 2, 13 y 14 ni a los comerciales y agropecuarios, suscriptos en el marco del Tratado de Montevideo 1980, los cuales se regirán exclusivamente por las disposiciones en ellos establecidas.

ANEXO III

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

1) Las controversias que pudieren, surgir entre los Estados Partes como consecuencia de la aplicación del Tratado serán resueltas mediante negociaciones directas.

En caso de no lograr una solución, dichos Estados Partes someterán la controversia a consideración del Grupo Mercado Común, el que luego de evaluar la situación formulará en el lapso de sesenta (60) días las recomendaciones pertinentes a las Partes para la solución del diferendo. A tal efecto, el Grupo Mercado Común podrá establecer o convocar paneles de expertos o grupos de peritos con el objeto de contar con asesoramiento técnico.

Si en el ámbito del Grupo Mercado Común tampoco se alcanzara una solución, se elevará la controversia al Consejo del Mercado Común, para que adopte las recomendaciones pertinentes.

2) Dentro de los ciento veinte (120) días de la entrada en vigor del Tratado, el Grupo Mercado Común elevará a los Gobiernos de los Estados Partes una propuesta de Sistema de Solución de Controversias que regirá durante el período de transición.

3) Antes del 31 de diciembre de 1994, los Estados Partes adoptarán un Sistema Permanente de Solución de Controversias para el Mercado Común.

ANEXO IV

CLAUSULAS DE SALVAGUARDIA

ARTICULO 1: Cada Estado Parte podrá aplicar, hasta el 31 de diciembre de 1994, cláusulas de salvaguardia a la importación de los productos que se beneficien del Programa de Liberación Comercial establecido en el ámbito del Tratado.

Los Estados Partes acuerdan que solamente deberán recurrir al presente régimen en casos excepcionales.

ARTICULO 2: Si las importaciones de determinado producto causaran daño o amenaza de daño grave a su mercado, como consecuencia de un sensible aumento de las importaciones de ese producto, en un corto período, provenientes de los otros Estados Partes, el país importador solicitará al Grupo Mercado Común la realización de consultas a fin de eliminar esa situación.

El pedido del país importador estará acompañado de una declaración pormenorizada de los hechos, razones y justificativos del mismo.

El Grupo Mercado Común deberá iniciar las consultas en un plazo máximo de diez (10) días corridos a partir de la presentación del pedido del país importador y deberá concluirlas, habiendo tomado una decisión al respecto, dentro de los veinte (20) días corridos desde su iniciación.

ARTICULO 3: La determinación del daño o amenaza de daño grave en el sentido del presente régimen será analizada por cada país, teniendo en cuenta la evolución, entre otros, de los siguientes aspectos relacionados con el producto en cuestión;

a) Nivel de producción y capacidad utilizada;

b) Nivel de empleo;

c) Participación en el mercado;

d) Nivel de comercio entre las Partes involucradas o participantes en la consulta;

e) Desempeño de las importaciones y exportaciones en relación a terceros países.

Ninguno de los factores antes mencionados constituye, por sí solo, un criterio decisivo para la determinación del daño o amenaza de daño grave.

No serán considerados, en la determinación del daño o amenaza de daño grave, factores tales como los cambios tecnológicos o cambios en las preferencias de los consumidores en favor de productos similares y/o directamente competitivos dentro del mismo sector.

La aplicación de la cláusula de salvaguardia dependerá, en cada país, de la aprobación final de la sección nacional del Grupo Mercado Común.

ARTICULO 4: Con el objetivo de no interrumpir las corrientes de comercio que hubieran sido generadas, el país importador negociará una cuota para la importación del producto objeto de salvaguardia, que se regirá por las mismas preferencias y demás condiciones establecidas en el Programa de Liberación Comercial.

La mencionada cuota será negociada con el Estado Parte de donde se originan las importaciones, durante el período de consulta a que se refiere el Artículo 2. Vencido el plazo de la consulta y no habiéndose alcanzado un acuerdo, el país importador que se considere afectado podrá fijar una cuota, que será mantenida por el plazo de un año.

En ningún caso la cuota fijada unilateralmente por el país importador será menor que el promedio de los volúmenes físicos importados en los últimos tres años calendario.

ARTICULO 5: Las cláusulas de salvaguardia tendrán un año de duración y podrán ser prorrogadas por un nuevo período anual y consecutivo, aplicándose los términos y condiciones establecidos en el presente Anexo. Estas medidas solamente podrán ser adoptadas una vez para cada producto.

En ningún caso la aplicación de cláusulas de salvaguardia podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 1994.

ARTICULO 6: La aplicación de las cláusulas de salvaguardia no afectará las mercaderías embarcadas en la fecha de su adopción, las cuales serán computadas en la cuota prevista en el Artículo 4.

ARTICULO 7: Durante el período de transición en caso de que algún Estado Parte considere que se ve afectado por graves dificultades en sus actividades económicas, solicitará al Grupo Mercado Común la realización de Consultas a fin de que se tomen las medidas correctivas que fueren necesarias.

El Grupo Mercado Común, dentro de los plazos establecidos en el Artículo 2 del presente Anexo, evaluará la situación y se pronunciará sobre las medidas a adoptarse, en función de las circunstancias.

ANEXO V

SUBGRUPOS DE TRABAJO DEL GRUPO MERCADO COMUN

El Grupo Mercado Común, a los efectos de la coordinación de las políticas macroeconómicas y sectoriales constituirá, dentro de los 30 días de su instalación, los siguientes Subgrupos de Trabajo:

Subgrupo 1: Asuntos Comerciales

Subgrupo 2: Asuntos Aduaneros

Subgrupo 3: Normas Técnicas

Subgrupo 4: Políticas Fiscal y Monetaria Relacionada con el Comercio.

Subgrupo 5: Transporte Terrestre.

Subgrupo 6: Transporte Marítimo.

Subgrupo 7: Política Industrial y Tecnológica.

Subgrupo 8: Política Agrícola.

__

Livros tentadores na The Spectator, de Maquiavel a Lenin

Grato a meu bom amigo Stelio Amarante.
Paulo Roberto de Almeida 

Responder A: Culture House Books <culturehouse@spectator.co.uk>

Welcome to the Spectator Books weekly email. This week’s section leads with Roland Elliott Brown’s appraisal of three new bookstied to this year’s anniversary of the Russian Revolution – including Victor Sebestyen’s intimate portrait of Vladimir Lenin. Andy Miller, meanwhile, considers another of the great dictators, Tharg the Mighty, who has presided over the retro-futuristic world of 2000AD comic for forty years. 

We have diplomacy as well as dictatorship: Ian Thomson considers the reputation of one wily old fox, Machiavelli; while Jane Ridley takes on the story of Talleyrand’s years in London. Luther’s latest biographer, Peter Stanford, discusses Eamon Duffy’s brilliant new book on the Reformation – and Mick Brown looks at the rackety life of that bard of the tea-towel, Kahlil Gibran

There’s a great crop of new fiction too, from Boualem Sansal’s dystopian update of Orwell, 2084, to an intriguing Japanese novel about a family of polar bears… via new work from Susan Hill, Michael Fishwick and Dorthe Nors.

And, on the podcast, Machiavelli’s biographer Erica Benner joins me to ask: how Machiavellian was Machiavelli?

I hope you enjoy the issue. 

Sam Leith
Literary Editor, The Spectator

How Lenin manipulated the Russian Revolution to his own ends

Roland Elliott Brown

He even viewed the starvation of countless peasants as a ‘progressive element’ in weakening the Tsar, says Victor Sebestyen. Read more

A genial green guide to 2000 AD

Andy Miller

A glorious compendium of 40 years of the sci-fi comic is a must for all fans of Judge Dredd, Rogue Trooper and Strontium Dog. Read more

By 2084, will Islam rule the world?

Brian Martin

The novelist Boualem Sansal foresees the universal caliphate becoming a grim reality within the next two generations. Read more

Is Susan Hill trespassing on Anita Brookner territory?

Matthew Dennison

The lonely heroine of From the Heart is destined for ordinariness — until she stops second-guessing other people’s feelings. Read more

A century of holy heroes — from Thomas More to George Fox

Peter Stanford

More clearly saw the need to reform the Church from within, says Eamon Duffy — who mourns the death of ‘Erasmian England’. Read more

The secret of survival in Machiavelli’s Florence

Ian Thomson

Despite Erica Benner’s best efforts, Machiavelli still emerges as a master of opportunism, cunning and deception. Read more

The best sort of magic realism — from Michael Fishwick

Richard Francis

His rebellious hero is uprooted to the country — and is entranced by folklore surrounding the appearance of a white hare. Read more

What Theresa May could learn from Talleyrand

Jane Ridley

Lecturing and table-banging were never his style, says Linda Kelly. But charm and warmth and shrewdness were. Read more

A story of three bears — and what it means to be human

Lee Langley

Yoko Tawada’s surreal new novel fizzes with ideas about exile, migration, fame and love. Read more

Has Dorthe Nors’s heroine reached a dead end?

Suzi Feay

Her life seems at an impasse, and she’s continually being yelled at by her driving instructor. Can she change gear in time? Read more

Kahlil Gibran: from penniless refugee to universal Prophet

Mick Brown

Millions the world over have drawn comfort from his mysticism. But Gibran’s private life was not quite so uplifting. Read more

Books Podcast: Machiavelli’s lifelong quest for freedom

Sam Leith

Erica Benner discusses her new Life of Machiavelli, Be Like The Fox. Listen here

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sexta-feira, 24 de março de 2017

A politica externa e a diplomacia brasileira no seculo XXI: aula Paulo Roberto de Almeida (UFG)



Paulo Roberto de Almeida
[Aula inaugural no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Diplomacia e Relações Internacionais da UFG, em Goiânia, em 24/03/2017, a convite do Prof. Diego Trindade D’Ávila Magalhães, coordenador do curso.]

Sumário:
1. Continuidade ou ruptura em política externa: ambiguidade de situações
2. O continuísmo diplomático pelo staff profissional do Itamaraty
3. Quais são as grandes linhas da diplomacia e da política externa desde 1985?
4. Uma diplomacia conservadora para uma política externa idem?
5. A grande ruptura e o Grande Desastre: o lulopetismo diplomático
6. Recuperando o recuperável: o que fazer do legado de compromissos?
7. Conclusões provisórias: que floresçam as cem flores?

Antes de formular qualquer observação sobre a política externa e a diplomacia brasileira (são duas coisas diferentes, como já comentei diversas vezes, embora possuindo certa imbricação), cabe refletir sobre os rótulos eventualmente usados para definir uma ou outra: desde a chamada “Política Externa Independente”, no início dos anos 1960, tivemos vários outros slogans para definir as supostamente diferentes orientações externas dos governos sucessivos do regime militar, até voltarmos à normalidade de uma diplomacia sem rótulos, a despeito de fugazes tentativas nesse sentido. Tivemos, aparentemente: (a) uma “diplomacia dos círculos concêntricos” (1964-67), baseada nas teses do coronel Golbery do Couto e Silva sobre a ancoragem do Brasil no chamado Ocidente, liderado, então como hoje, pelos Estados Unidos, agora bem menos do que no passado; (b) a “diplomacia da prosperidade” (1967-69), dos governos Costa e Silva e Médici, que se desdobrou no projeto militar do “Brasil Grande Potência” (1969-74); (c) as novas orientações diplomáticas dadas pela dupla Geisel-Azeredo da Silveira ao que se chamou de “pragmatismo responsável e ecumênico” (1974-79); seguido (d) pelo “universalismo” (1979-85) de Saraiva Guerreiro.
Depois disso, esses rótulos de conveniência praticamente desapareceram da política externa brasileira, a despeito de uma fugaz “diplomacia de resultados” (1985) atribuída ao breve chanceler da redemocratização, Olavo Setúbal, sem que se possa identificar, nos governos seguintes, uma preocupação terminológica especial. Foi apenas nos dois primeiros mandatos do regime lulopetista – e eu o chamo de regime em função de suas características especiais, que estão explicitadas em meu livro Nunca Antes na Diplomacia: a política externa brasileira em tempos não convencionais (Curitiba: Editora Appris, 2014) – que se volta à necessidade, aparentemente psicológica, de atribuir um rótulo à política externa que se pretendia uma espécie de retorno à Política Externa Independente: chamou-se, então, de “diplomacia ativa e altiva” (2003-2010), por vezes acrescida da palavra mágica “soberana”, como para demarcar as grandes diferenças entre essa política externa e as dos governos anteriores, supostamente não ativos e sobretudo não altivos, ou seja, acusado de serem submissos e conformados a um fantasmagórico Consenso de Washington, que o novo governo logo procurou substituir por um ainda mais fantasmagórico “Consenso de Buenos Aires” (2003), febrilmente oferecido aos demais países latino-americanos pela dupla Lula-Kirchner para ser soberbamente ignorado por eles e por toda a comunidade internacional (também já escrevi sobre esse patético exercício em 2003).
Esses rótulos antecipatórios, ou slogans supostamente definidores de uma política externa que se pretende implementar, não têm muita importância, em si mesmos, ou seja, como reveladores da política externa efetivamente seguida, ao longo do governo que os escolhe, mas são reveladores de certa psicologia de seus autores, ou proponentes, inclusive no que se refere à necessidade pressentida de apresentar algum tipo de justificativa em vista das mudanças propostas, que podem representar uma espécie de inflexão, ou ruptura, ao que vinha sendo seguido anteriormente. Assim foi com a chamada PEI, que supostamente representaria uma saída do “alinhamento incondicional” com as posturas internacionais dos EUA, em direção (mas de forma moderada) do chamado não-alinhamento, neutralismo ou “terceira posição”). Os dois rótulos de maior “sucesso conceitual” durante esse longo período foram, não por acaso, aqueles que efetivamente corresponderam aos dois momentos de maiores mudanças nas orientações de política externa e de ativismo diplomático, que foram, respectivamente, o “pragmatismo responsável e ecumênico”, da dupla Ernesto Geisel e Antonio Azeredo da Silveira, e a “diplomacia ativa e altiva” da dupla Lula-Amorim.
Não é o caso de examinar, aqui e agora, as características de cada uma dessas políticas respectivas, relativamente inovadoras, em relação ao que havia antes e ao que veio depois – uma vez que já existem muitos trabalhos, acadêmicos e de diplomatas, que se dedicaram a essa tarefa, inclusive o meu livro acima citado, Nunca Antes na Diplomacia – mas cabe, sim, registrar que ambas buscam estabelecer princípios e valores de suas próprias legitimidades políticas, ou seja, a tal necessidade psicológica. Vamos, em todo caso, resumir um pouco dos itinerários recentes na política externa brasileira, que têm a ver justamente com a questão maior da continuidade ou da ruptura nas principais orientações diplomáticas em cada período, tal como definidas na defesa que delas fizeram seus respectivos proponentes, num caso o presidente Geisel e seu chanceler Azeredo da Silveira, noutro caso, o presidente Lula e os principais assessores em política externa, respectivamente, e pela ordem, os diplomatas Samuel Pinheiro Guimarães e Celso Amorim e o apparatchik Marco Aurélio Garcia, o homem do Foro de São Paulo, que nada mais é senão um instrumento dos comunistas cubanos para controlar e orientar os partidos de esquerda da América Latina.

1. Continuidade ou ruptura em política externa: ambiguidade de situações
Em política externa, o normal é a continuidade, sendo mais raras as fases de ruptura, inclusive por causa dos compromissos externos que não podem ser rompidos facilmente, e porque também existe um corpo consolidado de posições que reflete um determinado modo de inserção no sistema de relações internacionais – nas suas diferentes vertentes, bilateral, regional, multilateral – e um staff especializado, de caráter permanente, que tende a ser conservador nos hábitos e no pensamento. Os diplomatas são, em geral, continuístas, legitimistas (no sentido em que sempre vão defender o governo do momento), burocráticos, cautelosos ao extremo e, portanto, tendentes ao continuísmo em política externa e na política nacional, de modo amplo.
Isso não impede o acolhimento de novas ideias, quando elas correspondem ao Zeitgeist, ou os ares do momento, como podem ter sido, em suas respectivas épocas, o desenvolvimentismo cepaliano e de JK, a Política Externa Independente, de Quadros e Arinos, preservada na administração Goulart-San Tiago Dantas, e até o último chanceler do regime de 1946, João Augusto de Araújo Castro, um dos raros diplomatas não burocratas, e tido por muitos como intelectual. Aquilo que se pode chamar de ideologia do desenvolvimento é a ideologia oficial do Itamaraty, e é também a ideologia nacional brasileira desde a era Vargas, e especialmente desde os últimos anos da república de 1946. Existe, portanto, uma grande continuidade nas ideias e princípios que movem a diplomacia brasileira desde longos anos, o que eu já examinei em dois textos de 1986, “A ideologia da política externa: sete teses idealistas” e “A economia da política externa: do primário ao terciário”, inseridas como capítulos V e VII na primeira edição de meu livro Relações Internacionais e Política Externa do Brasil (Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1998), não mais reproduzidos nas duas edições posteriores (2004 e 2012) desse livro. Nesses dois capítulos, eu trato basicamente de ideias e conceitos, e pode-se registrar uma grande continuidade “filosófica” entre a diplomacia do final dos anos 1950 e início dos 60, a que foi implementada pela dupla Geisel-Silveira nos anos 1970, a “diplomacia do pragmatismo responsável”, e que seria retomada, em termos modificados mas de certa forma coincidentes, na “diplomacia ativa e altiva” dos companheiros, que eu chamo de diplomacia lulopetista (mas que deve muito pouco ao seu chefe político, e bem mais aos seus conselheiros diplomáticos já citados).
Não existe propriamente novidade em registrar que o presidente Lula era um grande admirador do presidente Geisel, o mais autoritário, concentrador, estatizante e intervencionista dos presidentes militares, assim como a dupla Samuel-Amorim era admiradora confessa da Política Externa Independente e ambos não relutavam em admitir que estavam resgatando tudo aquilo que tinha sido defendido nos anos de suposto não-alinhamento com a potência imperial e de compromissos com os objetivos desenvolvimentista daquela época. Ainda que Lula não exibisse, nem de longe, qualquer uma das supostas “qualidades” do presidente Geisel, de certa forma um “tecnocrata” exemplar do regime militar, ele tinha grande apreço, mesmo de forma inconsciente e totalmente instintiva, pela via “prussiana” do desenvolvimento brasileiro, ou seja, pelo alto, feita de um exagerado intervencionismo estatal, um protecionismo igualmente míope e todo aquele impulso megalomaníaco de fazer do Brasil uma grande potência, respeitada nos cenários regional e internacional. A dupla Samuel-Amorim se encarregou de fazer exatamente isso, secundada pela assessoria caninamente “cubana” do apparatchik do PT na presidência da República, várias vezes ironicamente chamado, pelo jornalismo setorial, de “chanceler para a América do Sul”, em vista das limitadas capacidades que ele exibia para a política externa como um todo.

2. O continuísmo diplomático pelo staff profissional do Itamaraty
O próprio corpo de servidores do Itamaraty, os diplomatas profissionais, tendem a ser mais continuístas com aquela “ideologia desenvolvimentistas”, mas também são “legitimistas”, no sentido em que podem se adaptar facilmente a mudanças de postura, tais como emanadas da presidência da República. Tal foi o caso da primeira fase do regime militar – o suposto alinhamento do governo Castelo Branco com as teses da potência líder do Ocidente, o que não corresponde à verdade dos fatos – e também das várias mudanças operadas no breve interlúdio de Fernando Collor na presidência (1990-92), quando novas orientações, de abertura econômica e de liberalização comercial, foram impressas naquela conjuntura (revisão metodológica no Mercosul, adoção de ampla reforma tarifária, que correspondeu à Tarifa Externa Comum, aceitação dos novos temas na Rodada Uruguai do Gatt, revisão da política nuclear, início do processo de privatização de companhias estatais, etc.). Foi também o caso da presidência FHC, quando se alterou a política nuclear brasileira, no sentido da aceitação do TNP (1968), e de diversos outros compromissos em geral alinhados com a postura globalizante e progressista do presidente.
Ainda não existem trabalhos suficientemente independentes sobre a postura dos diplomatas profissionais com respeito às muitas “inovações” – em grande medida muito duvidosas – da era Lula-Amorim, inclusive porque a maior parte do corpo de servidores se mantive bastante discreto quanto às iniciativas lançadas pelo lulismo diplomático, apenas cumprindo diligentemente (como sempre acontece) as ordens emanadas de cima em nome da gloriosa “diplomacia ativa e altiva” (bastante bem defendida por seus principais ideólogos diplomatas, o chanceler e seu secretário-geral. Mas existe, sim, uma pletora de trabalhos acadêmicos saudando a tal diplomacia “ativa e altiva” como sendo uma espécie de nec plus ultra do nacionalismo diplomático, do soberanismo elementar, da busca de espaços próprios, não tutelados pelo “império”, nos cenários regional e internacional. Não hesitaria em dizer que 90% da academia engajada nesse tipo de estudos internacionalistas mostrou-se amplamente satisfeita com o novo estilo diplomático dos lulopetistas, com inúmeros trabalhos tecendo elogios até exagerados à política externa “ativa e altiva” dos companheiros.
Se me permitem uma referência pessoal, eu devo ter sido o único diplomata profissional e um dos raros estudiosos acadêmicos – ao lado dos editoriais sempre cáusticos do venerando jornal reacionário, O Estado de S. Paulo, e de algumas matérias críticas da Veja, sobre a “diplomacia megalonanica” – que criticou abertamente as novas orientações da política externa, conhecedor, como sempre fui, dos caminhos do PT e suas vinculações cubanas. Sofri, por isso mesmo, treze anos e meio de ostracismo no Itamaraty, durante os quais não apenas fui vetado para cargos oferecidos em áreas que não tinha diretamente a ver com a política externa “executiva”, como tampouco exerci qualquer cargo na Secretaria de Estado; durante longos anos fui confinado ao chamado Departamento de Escadas e Corredores, fazendo da biblioteca o meu escritório de trabalho, e me dedicando, justamente, à escrita e à publicação de muitos artigos e de alguns livros sobre os descaminhos dessa diplomacia enviesada, o que me era facultado pela completa disponibilidade de tempo nessa interminável travessia do deserto.
De certa forma, eu representei uma espécie de continuísmo – o que não é exatamente verdade – quando a maior parte, senão a totalidade do Itamaraty aderia de maneira obediente às invenções pirotécnicas do lulopetismo diplomático. Digo que o continuísmo não figura entre minhas inclinações diplomáticas, porque considero o Itamaraty excessivamente conservador – ou seja, muito pouco inovador – com respeito ao conjunto das ideias e valores que orientam essa “ideologia do desenvolvimento” no velho sentido cepaliano e terceiro-mundista que geralmente constitui a communis opinio dos diplomatas profissionais. Independentemente, portanto, das pretensas inovações da era Lula-Amorim, o fato é que o lulopetismo diplomático, à exceção da pirotecnia megalomaníaca, representou um grande continuísmo com respeito à Política Externa Independente dos anos anteriores ao regime militar e, também, com o “pragmatismo responsável” da era Geisel-Silveira.

3. Quais são as grandes linhas da diplomacia e da política externa desde 1985?
O período final do regime militar já não exibia mais aquelas preocupações exageradas com a segurança – ou seja, o anticomunismo oficial – que tinham caracterizado o seu início. Já não se falava mais em “Brasil Grande Potência”, inclusive porque foram anos e anos de crises contínuas (o segundo choque do petróleo, em 1979, a crise da dívida externa, a partir de 1982, e que ocupou o Brasil e a sua diplomacia pela década e meia seguinte), e sim em esforços de desenvolvimento no quadro das grandes mudanças trazidas pelo “aggiornamento” nos regimes comunistas, inauguradas pelo reformismo da era Deng Xiaoping na China, e logo seguidas pelo “glasnost” e pela “perestroika” do breve período Gorbatchev na União Soviética.
A diplomacia brasileira continuou a ser conservadoramente desenvolvimentista, e bastante relutante em aceitar novos compromissos de abertura econômica ou de liberalização comercial, embarcado na integração bilateral com a Argentina, processo que foi quadrilateralizado no início dos anos 1990, com a constituição do Mercosul. A diplomacia de FHC foi basicamente profissional, ou seja, itamaratiana, com as já mencionadas inovações na área da política nuclear e da aceitação cautelosa de novos compromissos em matéria de acordos comerciais (multilaterais e hemisféricos). Os companheiros inventaram iniciativas mentirosamente “inéditas” que se conformassem ao seu desejo de se enquadrar na fábula do “nunca antes”. A prioridade para a América do Sul, por exemplo, já estava dada desde o início da era FHC, e mesmo antes, sob a gestão de Itamar Franco, quando se tentou contrapor às iniciativas americanas – a de Bush pai e a de Clinton – de um amplo acordo hemisférico de livre comércio a proposta de um superficialmente formulado projeto de Alcsa, uma área de livre comércio sul-americana (jamais realizada formalmente, senão por uma miríade de acordos parciais na Aladi). A abertura e o relacionamento com grandes parceiros do chamado Sul Global (uma invenção geográfica sem qualquer sentido econômico ou mesmo diplomático) já estava posta desde muito antes igualmente, inclusive porque o Itamaraty sempre foi adepto dessas alianças terceiro-mundistas. O projeto de FHC de integrar fisicamente a América do Sul foi despudoradamente roubado, reinventado sob outro nome e, como várias outras iniciativas companheiras nessa área, permaneceu não implementado, por falta de competência para levá-lo adiante, sem as parcerias anteriormente previstas no projeto original.

4. Uma diplomacia conservadora para uma política externa idem?
As grandes linhas da diplomacia brasileira, historicamente, sempre foram as mesmas, ao longo de vários governos e mesmo regimes: aproveitar as oportunidades oferecidas pelo sistema internacional – em termos de comércio, investimentos, transferência de tecnologia, acordos de cooperação, etc. – para impulsionar o processo de desenvolvimento do Brasil; encontrar e definir os melhores parceiros para ajudar, no plano bilateral, esse grandioso propósito, o que significava, obviamente, os países mais avançados do bloco ocidental (embora isso não descurasse o relacionamento econômico mesmo com os países do bloco soviético, objeto de cuidados especiais durante todo o período da Guerra Fria); manter um relacionamento estreito com os vizinhos da região, em especial no Cone Sul; explorar canais de inserção nos mecanismos decisórios no plano multilateral, o que implica um grande ativismo nos órgãos setoriais da ONU, como na própria instituição-mãe, com o sempre acalentado desejo de lograr a reforma da Carta para uma ampliação do seu Conselho de Segurança, avançando a disposição para obter uma cadeira permanente em caso de eleição ou escolha nessa linha; exercer papel preeminente nas coalizões de países em desenvolvimento para reforçar demandas em favor de uma nova ordem econômica internacional, mais favorável aos interesses desses países, em prol de mudanças na estrutura do comércio internacional e nos projetos de industrialização substitutiva; atribuir relevo principal, na agenda política e econômica mundial, para os objetivos de desenvolvimento, em lugar dos gastos com segurança e defesa, insistindo nas metas de desarmamento, sobretudo nuclear; cuidado extremo com a preservação da soberania brasileira em todas as vertentes de trabalho.
Esses sempre foram, entre muitos outros, os objetivos constantes e recorrentes da diplomacia brasileira na implementação da política externa de cada presidente, com pequenas variações de forma entre um mandato e outro, praticamente desde a Segunda Guerra Mundial até os nossos dias. Isso equivale a dizer que o Itamaraty é relativamente conservador na definição das metas de trabalho – mas sempre em consonância com os grandes objetivos nacionais, e preservando um estilo que não diferiu muito ao longo de décadas – como sempre foram conservadoras as relações mantidas com os principais parceiros, desenvolvidos ou em desenvolvimento. Nas poucas vezes em que tentou ser inovador, nas últimas décadas, como por exemplo a proposta de se criar um grande espaço econômico unificado na América do Sul, pela via de acordos comerciais, ou os projetos de integração física no mesmo continente, os resultados foram muito modestos, para não dizer marginais ou nulos. Mesmo na grande decisão de reduzir sua própria soberania estatal em favor de um projeto ambicioso de integração, como no caso do Mercosul, os resultados também ficaram muito aquém do esperado: em lugar do mercado comum, uma colcha de retalhos sob a aparência de união aduaneira, com várias exceções nacionais, e uma zona de livre comércio com muitas perfurações, dada a indisposição dos países membros (entre eles o próprio Brasil), para uma real abertura econômica recíproca e uma efetiva liberalização comercial.

5. A grande ruptura e o Grande Desastre: o lulopetismo diplomático
Os três grandes objetivos do lulopetismo diplomático eram, tal como expresso diversas vezes pelos seus dirigentes máximos: (a) o reforço e a extensão do Mercosul na América do Sul; (b) a conclusão exitosa das negociações comerciais multilaterais da Rodada Doha; (c) a conquista de uma cadeira permanente no Conselho de Segurança, via reforma da Carta das Nações Unidas. Parece evidente que, não só esses objetivos deixaram de ser alcançados, mas que seu atingimento ficou ainda pior ao longo de três gestões completas do lulopetismo diplomático e não parecem próximos de serem alcançados no futuro previsível. Esse insucesso clamoroso não pode ser inteiramente debitado à incompetência dos gestores dessa política externa, ainda que o terceiro objetivo era claramente irrealista e tentou se realizado de uma maneira totalmente ineficiente: colocando a pretensão do Brasil no quadro de um agrupamento, o G-4 (com outros candidatos, como Índia, Alemanha e Japão), cujos membros tinham suas arestas regionais que acabaram inviabilizando os objetivos do quatro membros.
O primeiro objetivo era perfeitamente realizável se o lulopetismo mantivesse uma política comercial compatível com os objetivos originais do Mercosul e alinhada com as novas demandas surgidas no continente a partir dos projetos americanos de um grande acordo hemisférico de livre comércio. Em lugar disso, os companheiros, como inimigos ideológicos do “império”, se empenharam em sabotar a Alca, como se todos os demais fossem se unir em torno de vagas propostas brasileiras de um bloco comercial excessivamente limitado para atrair os grandes parceiros da região (que de resto sempre cobiçaram os mercados e os investimentos americanos). Eles foram, junto com os dois outros aliados no empreendimento, a Argentina de Nestor Kirchner e a Venezuela de Hugo Chávez, totalmente bem sucedidos na implosão do projeto americano da Alca, apenas para se virem isolados na sequência dos acordos parciais concluídos pelos EUA com cada país ou grupos de países interessados no esquema por eles oferecido. Quanto ao Mercosul, ele foi desviado de seus objetivos comercialistas, para converter num palco de retórica política e de iniciativas sociais, totalmente inócuas do ponto de vista da integração econômica prometida em seu tratado constitutivo.
As negociações comerciais multilaterais tampouco avançaram como esperado pelos companheiros, inclusive porque os companheiros dos companheiros, países como Argentina, Índia, China e outros em desenvolvimento, mantinham uma disposição muito débil para a abertura econômica e o desarme tarifário industrial, ao mesmo tempo em que os grandes parceiros desenvolvidos tampouco estavam dispostos a desmantelar o arsenal subvencionista e protecionista no setor agrícola. De forma geral, a política comercial dos companheiros foi totalmente irrealista e inadequada às necessidades dos setores competitivos da economia nacional, inclusive em virtude de preconceitos de tipo ideológico mantidos pelos principais formuladores dessa política enviesada.
Assim, o que era para ser uma ruptura com o “neoliberalismo” do ancien régime tucanês acabou revelando-se um grande fiasco substantivo, até no plano puramente formal das táticas diplomáticas. O que dizer, então, da suposta liderança na América do Sul e do desejo pouco secreto de ser o grande irmão generoso para vizinhos menores ou supostamente dependentes? Quais foram os sucessos alcançados com a Argentina dos Kirchner, da Bolívia de Evo Morales, do Equador de Ruben Correa, ou da Venezuela de Chávez? Ainda não se contabilizou devidamente a soma total dos imensos negócios paralelos que foram feitos em benefício de capitalistas promíscuos e dos companheiros engajados nesses canais paralelos à diplomacia oficial do Itamaraty, com gigantescos empréstimos e investimentos públicos brasileiros em projetos obscuros ou claramente clandestinos, abrindo espaço, ao que parece, para tenebrosas transações feitas à margem e no desconhecimento da pátria mãe tão distraída.
Além dos fiascos acumulados ao longo do regime companheiro, não se pode deixar de apontar como as instituições públicas – o BNDES, por exemplo – foram usadas e abusadas para projetos propriamente criminosos, tanto mais grandiosos quanto mais ditatoriais ou autocráticos eram os parceiros envolvidos em transações altamente suspeitas. Apenas um trecho de um livro publicado sobre esse tipo de projeção pouco edificante permite desvendar o tipo de arranjo a que os companheiros se dedicaram externamente desde que pegaram o jeito de fazer negócios para eles mesmos:
Em dezembro de 2016, um documento devastador do Departamento de Justiça americano revelava: ‘Entre 2006 e 2013, a Odebrecht realizou mais de US$ 50 milhões em pagamentos para autoridades do governo em Angola para assegurar contratos de obras públicas.’
Fábio Zanini: Euforia e Fracasso do Brasil Grande: política externa e multinacionais brasileiras na era Lula. São Paulo: Contexto, 2017, p. 82.

As demais histórias do livro também são devastadoras, não exatamente para a reputação do PT, uma vez que todos sabem que esse agrupamento heteróclito de neobolcheviques sem doutrina é uma organização criminosa desde muito tempo, mas basicamente para a reputação do Brasil e sua política externa, ao conformar um padrão que rompe todos os compromissos anticorrupção assinados pelo Brasil desde os anos 1990. Como revela ainda esse autor, “entre 2003 e 2015, o BNDES liberou US$ 14 bilhões para 575 projetos no exterior, em 11 países da África e da América Latina.”
Os companheiros conspurcaram a imagem do Brasil, sem que na verdade se tenha conhecimento de uma infinidade de outros casos não documentados, uma vez que outro dos crimes cometidos contra o Estado foi, sistematicamente, a condução de certos negócios por vias paralelas, clandestinas, deliberadamente subtraídas a qualquer escrutínio governamental, e até mesmo dos registros do Itamaraty. As mesmas práticas criminosas testadas externamente foram amplamente repetidas no próprio Brasil, onde a máquina de um ministério chave como a Fazenda foi usada para fabricar medidas especialmente talhadas para beneficiar essas mesmas empresas promíscuas, desde que um jorro de “doações legais” aportasse nas contas do partido delinquente.

6. Recuperando o recuperável: o que fazer do legado de compromissos?
Talvez seja ainda muito cedo para fazer um balanço completo das imensas perdas, algumas irreparáveis, trazidas pelo assalto ao poder da tropa de meliantes que congrega inocentes militantes dirigidos por uma quadrilha de mafiosos. A corrupção das instituições e o retrocesso econômico – provocando a maior crise da história econômica do Brasil, a que eu chamei de Grande Desastre – podem ser eventualmente reparados no plano interno, mas assumir a liderança pouco desejável de ser um país indutor de corrupção no plano externo constitui, obviamente, um galardão que não honra as tradições diplomáticas brasileiras.
Mas, existe um outro aspecto que não tem merecido a devida atenção dos observadores, uma vez que se considera que iniciativas diplomáticas tomadas numa determinada administração, por engajar a palavra do Brasil externamente, precisam ser honradas e preservadas, quaisquer que tenham sido as motivações originais. Estão neste caso certo número de novas organizações criadas unicamente para afastar o fantasma do império da América do Sul e algumas outras, ultrapassando essas fronteiras e que unem o Brasil a regimes pouco frequentáveis em condições normais, obrigando o Brasil a desvios de conduta em termos do direito internacional, ou de princípios democráticos. A avaliação isenta do legado de compromissos criados com objetivos altamente duvidosos pela diplomacia lulopetista ainda está para ser feita, em algum momento de um governo futuro. Assim como se descobre que os casos do vasto empreendimento de corrupção revelados no plano interno constituem tão somente a ponta de um gigantesco iceberg, provavelmente vai se identificar, por meio do exame acurado dos arquivos nacionais e estrangeiros, que a megalomania diplomática do chefe de quadrilha está deixando um passivo imenso na frente externa.

7. Conclusões provisórias: que floresçam as cem flores?
O Brasil possui agora uma janela de oportunidade para repassar todos os atos lícitos, mas equivocados, e principalmente os ilícitos perpetrados pelos companheiros na primeira década e meia do século XXI, começando ainda antes da assunção ao poder – pelos plebiscitos contra a dívida externa, por exemplo, ou a ação contra a Alca – e se estendendo ainda no momento atual. A conjuntura histórica de corrupção e equívocos fabricados por inépcia ou ação deliberada pelos companheiros não encontra paralelo em nenhum outro momento de nossa história, o que não parece ter sido ainda compreendido pela comunidade acadêmica em toda a sua dimensão propriamente criminosa. Existe uma tolerância implícita com a delinquência diplomática, uma vez que a versão por eles propagada busca fazer acreditar a tese totalmente equivocada da “autonomia” nacional, quando do que se trata, verdadeiramente, é de uma colusão com pelo menos um poder estrangeiro que controlou, por meios diversos, os dirigentes de uma associação feita para delinquir, justamente.
O debate aberto, franco, e desprovido de a prioris propagandísticos, sobre os tempos não convencionais da diplomacia lulopetista ainda resta ser feito, embora o registro documental sobre um volume significativo de ações paralelas careça, como já dito, de provas cabais sobre aquilo que Ranke chamava de wie es eigentlich gewesen, ou seja, aquilo que realmente se passou. No que depender de mim, estou pronto para proclamar, como no fábula, a nudez do soberano e denunciar uma década e meia de equívocos monumentais. Um exercício saudável de revisionismo pode agora começar, uma vez que o novo responsável pela política externa já aventou o exemplo maoísta das cem flores. Esperemos apenas que não termine como no precedente chinês...

Paulo Roberto de Almeida
Brasília, 24 de março de 2017