Paulo Roberto de Almeida
Blog do Orlando Tambosi, 24/06/2013
Hurtado, Osvaldo (2012-11-16). Dictaduras del Siglo XXI. El caso ecuatoriano (Curso Delfico) (Spanish Edition) (Kindle Locations 301-306). Paradiso Editores. Kindle Edition.
Em seu livro Dictaduras del siglo XXI (El caso ecuatoriano), Osvaldo Hurtado traça um paralelo entre as ditaduras militares do século passado e as ditaduras do século XXI, inspiradas no bolivarianismo. Sem repetirem o golpe tradicional, os regimes bolivarianos, após eleitos, convocam constituintes para elaborar cartas políticas a seu gosto, submetendo ao Executivo os poderes Judiciário e Legislativo, além de restringir liberdades e direitos, limitar o pluralismo, manipular os processos eleitorais, controlar a imprensa etc. Tudo isso com a participação de "conselhos populares" e outras entidades extra-parlamentares. As mudanças constitucionais servem apenas para eternizá-los no poder.
Como mostrei no post anterior, propor uma constituinte, no Brasil, sob a gigantesca, corrupta e liberticida coalizão de poder montada pelo lulo-petismo, é seguir os passos do bolivarianismo. A democracia corre perigo com iniciativas propostas a cavalo de manifestações de protesto - que, aliás, não levantaram essa bandeira de cores golpistas.
Orlando Tambosi
Abaixo, reproduzo a apresentação do livro de Hurtado, cuja leitura recomendo vivamente:
Hasta que en los albores del nuevo milenio apareció el socialismo del siglo XXI, en América Latina los militares fueron los actores de los golpes de Estado con los que, periódicamente, era abolido el orden constitucional, derrocados presidentes elegidos por el pueblo e instauradas dictaduras. Por entonces, si no mediaba un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas no era posible que pudiera conformarse un gobierno de facto.
El libreto que siguieron los golpes de Estado militares fue siempre el mismo. Comenzaban con la destitución del presidente, continuaban con la clausura del Congreso Nacional y terminaban con la instalación de un caudillo militar, ocasionalmente civil, en el palacio nacional . El jefe supremo o la junta militar, si bien estaban en condiciones de gobernar a su antojo y obtener las leyes que desearan mediante decreto, a fin de guardar las formas disponían que la constitución que habían atropellado continuara vigente, en todo lo que no se opusiera a sus fines, esto es a sus intereses políticos y a los de la revolución que ofrecían realizar. Fue lo que hicieron las dictaduras que gobernaron en América Latina en la segunda mitad del siglo XX y en el Ecuador en los años sesenta y setenta.
En el siglo XIX y en la primera mitad del XX hubo dictadores que luego de apoderarse del gobierno buscaron legitimarse jurídicamente. Con este fin convocaron asambleas constituyentes, en ocasiones seguidas de referendos, que confeccionaron cartas políticas a su gusto y medida, además de confirmarles en la jefatura suprema del Estado. Algunos déspotas permanecieron en el poder por muchos años, mediante reelecciones alcanzadas en procesos electorales manipulados o simplemente fraudulentos. El general Augusto Pinochet fue el último dictador latinoamericano que siguió este camino, con el apoyo de buena parte del pueblo chileno.
En años recientes, sin que se proclamaran dictaduras y se dieran golpes de Estado de factura militar, es lo que han hecho los mandatarios de los llamados países bolivarianos, a través de la utilización maliciosa de las instituciones democráticas. No depusieron al presidente constitucional y accedieron al poder mediante el voto libre de los ciudadanos, pero una vez instalados en el gobierno se las arreglaron para, a través de disimulados y sucesivos mini golpes de Estado, desconocer el orden jurídico bajo el cual fueron elegidos y conformar un sistema político contrario a los principios democráticos.
Como antes hicieron las dictaduras militares, la constitución continuó vigente, pero solamente en lo que no se oponía a los objetivos políticos del caudillo en ciernes, hasta que dóciles asambleas constituyentes les entregaran la constitución que habían ordenado escribir a sus devotos. Las amplias facultades que les fueron asignadas les permitió burlar las leyes, ejercer un poder ilimitado, someter las funciones legislativa y judicial, subordinar los órganos de control, restringir libertades y derechos , limitar el pluralismo, eludir la rendición de cuentas, obstaculizar la alternancia política y manipular los procesos electorales. Como la constitución pronto terminó incomodándoles, a pesar de haber sido hecha según sus deseos, la sobrepasaron cuantas veces quisieron, interpretándola a su antojo, disponiendo que lo hicieran tribunales subordinados o reformándola mediante consultas populares.
Una vez que los autócratas del siglo XXI recibieron las amplias atribuciones que les otorgaba la nueva constitución, a través de dóciles órganos legislativos, del veto presidencial o de poderes habilitantes, armaron un enjambre de leyes en cuyas redes mantienen atrapadas a las instituciones democráticas. Mediante el sometimiento de las funciones Ejecutiva y Legislativa, y de los órganos de control, conformaron un sistema de dominación política, económica, social, electoral, cultural y comunicacional, del que se han valido para eternizarse en la presidencia y perseguir, apresar, exilar, silenciar y amilanar a críticos y opositores, a fin de que no pueda emerger ninguna alternativa política. Para controlar y manipular la opinión pública conformaron conglomerados de medios de comunicación —verdaderos imperios mediáticos—, llamados impropiamente públicos, que han usado como órganos de propaganda y de difamación. Para limitar o eliminar la libre expresión hostilizaron, amedrentaron y, en ocasiones, expropiaron periódicos, revistas, radios y televisoras. También se valieron de juicios penales, acciones administrativas, inspecciones laborales, fiscalizaciones tributarias y otras formas de intimidación, con las que aparentaron aplicar la ley cuando lo que en realidad hacían era perseguir de manera maliciosa, discriminatoria y discrecional a sus adversarios. Los fraudes electorales, más que en el día de las votaciones, los hicieron durante la campaña electoral, con la manipulación de los sistemas informáticos, el uso inmoral de recursos públicos , la abusiva propaganda oficial y la expedición de leyes, reglamentos y medidas dirigidas a favorecer a los candidatos del Gobierno y perjudicar a los de la oposición.
Como las dictaduras del siglo XXI controlan todos los órganos del Estado y noexiste justicia ni tribunales independientes, los ciudadanos y la sociedad no pueden defenderse, hacer valer sus derechos y conseguir que sean invalidados los actos ilegales o persecutorios del gobernante. Con las particularidades propias de cada país, es lo que vienen haciendo Hugo Chávez en Venezuela desde 1999, Evo Morales en Bolivia desde 2006, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua desde 2007. Sin embargo sus Gobiernos no han sido catalogados como dictatoriales, a pesar de que han socavado principios, normas e instituciones esenciales del Estado de derecho, así como las libertades y garantías de los ciudadanos. A la hora de juzgarlos, bajo el prisma de la democracia, solamente se ha tomado en cuenta la supervivencia nominal de la institucionalidad democrática y los triunfos que han obtenido en consultas, elecciones y referendos. Como si el voto de los ciudadanos fuera suficiente para subsanar arbitrariedades, legitimar autoritarismos, convertir en constitucionales actos que no lo han sido y calificar como democráticas instituciones que no lo son. Este modelo de acceder al poder, a través de las instituciones democráticas, para luego, bajo la conducción de un caudillo, desconocerlas, manipularlas e instalar gobiernos autocráticos y formas disimuladas de dictadura, no es un invento de Hugo Chávez y sus seguidores que se limitaron a darle un toque latinoamericano. Su origen es bastante más antiguo. Se remonta a la segunda y tercera décadas del siglo XX y fue concebido e implantando por el Duche Benito Mussolini en Italia y el Führer, Adolfo Hitler en Alemania, con la ayuda de los partidos fascista y nazi. La anomia democrática en la que viven los países del socialismo del siglo XXI, también llamados bolivarianos, es doblemente paradójica . Ocurre en una época en que las instituciones de la democracia liberal y representativa, por primera vez en casi dos siglos , han cubierto con su benéfico alero todos los países de América Latina, con excepción de Cuba. A diferencia de lo que sucedía en el pasado, hoy los enemigos de la democracia no son militares golpistas, sino líderes civiles, partidos políticos y dirigentes sociales que se dicen democráticos y hacen loas a la democracia [1] .
Por una extraña e inexplicable razón, los autoritarismos latinoamericanos del siglo XXI han sido medidos con una vara distinta a la que se empleó para catalogar a las dictaduras militares de derecha, doble rasero, particularmente visible en los grupos de izquierda de origen marxista. Esta contradicción , en ciertos países latinoamericanos como Ecuador, ha sido más notoria, quizá porque líderes y militantes de las organizaciones políticas y sociales de izquierda, no vivieron la experiencia de sus camaradas chilenos, argentinos, uruguayos y brasileños: prisión, tortura, ejecuciones y exilio [2] . Esta dolorosa vivencia personal, familiar y grupal, hizo que la izquierda en Brasil, Chile y Uruguay apreciara el valor de la democracia y de la libertad e hiciera suyas las instituciones republicanas, cosa que no ha ocurrido en Ecuador, Bolivia, Venezuela y Nicaragua.
Al respecto, dos importantes ex dirigentes de la juventud comunista de Chile y militantes de la Unidad Popular en el Gobierno de Salvador Allende, en 2008 escribieron: “Hemos aprendido que cualquier fórmula política que avasalle a los seres humanos no vale como camino de redención social. Ningún tipo de autoritarismo o totalitarismo merece presentarse como alternativa progresista”. Para luego añadir, que las cruentas secuelas que acompañaron al derrocamiento de Allende, les hizo “reflexionar seriamente sobre el pluralismo y la llamada democracia formal como valores permanentes, y no como fases tácticas a ser superadas por una democracia popular o proletaria”. Y finalmente concluir con la proclama de que “ningún sueño igualitario que pase por debilitarla o suprimirla puede considerarse aceptable” [3] .
Conceptos de esta naturaleza no han sido expresados por Chávez, Morales y Ortega, ni han guiado el ejercicio de sus gobiernos. Tampoco por el presidente del Ecuador, sus ministros, legisladores y miembros de Alianza PAIS, y de los grupos aliados ni por los que se distanciaron, quejándose del autoritarismo de Correa y que hoy forman parte de la oposición. Ni siquiera la persecución que hoy sufren les ha hecho apreciar el valor de las instituciones de la democracia representativa, que continúan impugnando , atribuyéndole falencias y proponiendo su remplazo por otra distinta que no acaban de definir.Tampoco han hecho un acto de contrición por haber coadyuvado, aupado y aplaudido las arbitrariedades y abusos del presidente Correa cuando formaron parte de su Gobierno.
El pensamiento democrático de la nueva izquierda latinoamericana no inspiró a Correa ni a los grupos políticos y sociales que se juntaron alrededor de su candidatura presidencial; tampoco a los que acompañan a Chávez, Morales y Ortega. Haciendo suya la doctrina leninista de la toma y ejercicio del poder, consideraron lícito desconocer , vulnerar, sobrepasar y atropellar las instituciones del Estado de derecho, para llevar a cabo la revolución socialista, que permitiría alcanzar el sueño de construir una sociedad igualitaria en la que desaparecieran las desigualdades.
Estas viejas ideas, abandonadas por la izquierda ilustrada en casi todos los países del mundo, después de la caída del muro de Berlín, fue resucitada por la izquierda conservadora ecuatoriana (también por la boliviana, nicaragüense y venezolana) para justificar la demolición del orden constitucional y la instauración de un régimen político ajeno a los principios democráticos, acciones en el Ecuador metódicamente ejecutadas desde el día en que Correa asumió la Presidencia, a principios de 2007.
Para que nunca más volvieran las dictaduras y la democracia permaneciera para siempre, los países del continente americano, incluidos Estados Unidos, Canadá y los del Caribe, en 2001, suscribieron en Lima La Carta Democrática Interamericana. En ella se definieron los elementos que debía reunir un régimen político para ser considerado democrático, se consagró el carácter inmutable de los derechos humanos y se establecieron mecanismos para que, mediante acciones colectivas, los países del continente impidieran que se vulneraran los “elementos esenciales de la democracia representativa”.
A pesar de existir este solemne compromiso de las naciones del continente para defender la democracia y la libertad, los gobiernos de América, el Caribe y el organismo regional que los representa, la Organización de Estados Americanos (OEA), así como su secretario general, han ignorado la progresiva degradación que la democracia ha venido sufriendo en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, omisión culposa en la que también han incurrido políticos, académicos y ciudadanos latinoamericanos. Unos porque no atinaron como actuar ante un novedoso fenómeno autoritario, que no encajaba en el tradicional concepto de dictadura. Otros por considerar que los abusos y arbitrariedades de los presidentes bolivarianos habían sido “legitimadas” por el voto de los ciudadanos, en elecciones y consultas populares. Muchos por creer que debían tolerarse sus excesos, en vista de que tales gobiernos estaban corrigiendo atávicas injusticias sociales y realizando cambios revolucionarios, sueños que siempre estuvieron presentes en el imaginario político latinoamericano. Algunos, curiosamente, por el temor a que sobre ellos cayera la iracundia verbal de presidentes proclives a sustituir razones por injurias.
En realidad, los Estados Unidos ha sido el único país que ha puesto a Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela bajo la lupa de la Carta Democrática Interamericana. Es lo que dejan ver declaraciones del Departamento de Estado, del Congreso, de sectores académicos, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil e incluso del presidente Obama, que llegó a mencionar a un periodista perseguido por el Gobierno ecuatoriano [4] . En cambio la solidaridad democrática, por parte de los “hermanos” latinoamericanos, ha permanecido ausente, con excepción de la expresada por los medios de comunicación.
La invitación que recibí de la Universidad de las Américas (UDLA) y de la Red del Foro de Biarritz a participar, junto con los ex presidentes Carlos Mesa de Bolivia y Ernesto Samper de Colombia, en la conferencia América Latina: dos modelos, una sola región, dos sistemas (Quito , 2011), me ofreció la oportunidad de sistematizar y desarrollar mis reflexiones sobre las nuevas formas de autoritarismo que habían surgido en América Latina. La ponencia que presenté, con el título De la democracia a la dictadura, centrada en el análisis del caso ecuatoriano, fue recogida por la UDLA en el libro América Latina: dos modelos, una sola región ( 2012) y luego publicada en tres entregas por el diario El Universo de Guayaquil los días 20, 21 y 22 de febrero de 2012.
Dos razones me incitaron a profundizar la investigación y ampliar el análisis contenido en dicho ensayo. La obligación moral de contribuir a que el pueblo ecuatoriano advierta que, bajo ninguna excusa, puede hipotecarse la democracia y la libertad. Y la necesidad de explorar, teórica y empíricamente, el novedoso fenómeno político por el que gobiernos democráticos elegidos por el pueblo se transforman en dictaduras, mediante la manipulación de las instituciones constitucionales. Este nuevo hito del autoritarismo latinoamericano debería merecer una reflexión de los académicos del continente que trabajan en el campo de la ciencia política, al que espero aportar.
Dictaduras del siglo XXI. El caso ecuatoriano, contiene un relato analítico y sistematizado de la forma en que el Gobierno del presidente Rafael Correa, paulatina y metódicamente, fue construyendo un sistema político contrario a los principios democráticos y a las normas del Estado de derecho. Se divide en dos partes: la Primera, estudia el proceso de acumulación de poder en la Presidencia de la República; la Segunda, la operación de las instituciones democráticas en un sistema político autocrático.
En razón de que la investigación se circunscribe al ámbito político, el libro no aborda asuntos referidos a otras materias, como las instituciones económicas y sociales de la Constitución de 2008, la ideología socialista-populista del Gobierno, las políticas económica e internacional que ha seguido y las obras sociales, educativas y de infraestructura realizadas en estos años.
Por la naturaleza reciente de los hechos estudiados, las principales fuentes han sido las informaciones publicadas por los medios de comunicación escritos, documentos del Gobierno y del movimiento oficialista Alianza PAIS. Me han sido singularmente útiles las notas que comencé a tomar cuando apareció en la escena política un joven contestatario que, a pesar de haber tenido la singular oportunidad de observar de cerca las ejemplares democracias europeas y estadounidense, carecía de principios democráticos, rareza que me llamó la atención, además de preocuparme.
En ocasiones ha resultado ardua la tarea de desentrañar el significado de normas jurídicas expedidas por la Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional, y el presidente Correa, como también de los textos publicados por Alianza PAIS [5] .
En vista de que en estos años, además de observar la vida pública desde una perspectiva académica, ocasionalmente he criticado los excesos autoritarios del presidente Correa, en entrevistas de prensa, televisión y radio, y a través del foro cívico Cauce Democrático [6] , podría creerse que Dictaduras del siglo XXI. El caso ecuatoriano, ha sido escrito por el político opositor y no por el investigador de la realidad nacional con casi cincuenta años de ejercicio. Como lo señalé al introducir otros libros preparados en parecidas circunstancias (La victoria del No, 1986; La dictadura civil, 1988; Política democrática, 1990; Gobernabilidad y reforma constitucional, 1993; Una constitución para el futuro, 1998), espero que cuando los lectores volteen la última página consideren que tuvieron en sus manos un texto que, con objetividad, relató y analizó los hechos políticos ocurridos en el Ecuador entre 2007 y 2012.
A los lectores podría llamarles la atención que se mencione más de una vez un mismo hecho político; la aparente redundancia se debe a que en cada capítulo el suceso es analizado desde una perspectiva diferente.
Si bien el libro tiene una secuencia, que conviene seguir para tener una comprensión cabal de su contenido, la forma sistemática en que están presentados los temas permite que el lector comience su lectura por el capítulo que sea de su interés.
