A Venezuela de Chavez (II) - Carlos Fedele

LA VENEZUELA DE CHÁVEZ (II)
*Carlos Fedele
Letras Internacionales, Publicación del Departamento de Estudios Internacionales, Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Universidad ORT, Uruguai, julio 2012

La era chavista

Cuando Hugo Chávez asume por primera vez como presidente de Venezuela, la situación en aquel país podía considerarse especialmente grave. La crisis socio económica en general era tal que para la gran mayoría de los venezolanos no parecía afectarles demasiado que el propio futuro de la democracia estuviera en juego. Si se medía el deterioro democrático en relación a variables económicas, el caso de Venezuela adquiría valores superiores a cualquier otro país, por lo que la explicación convendría buscarse en la peculiar conformación de un sistema político —a lo que hicimos mención en la entrega anterior— que culminó por percibirse como corrupto.

Es en este contexto que Chávez comienza a hacer rodar su proyecto con la propuesta de “refundar” la República reformando la Constitución, lo se consideraba central y prioritario. El mismo día que asume como presidente, Chávez decreta la convocatoria a un referéndum para que los venezolanos decidieran si aceptaban reformar la Constitución y dispara el proceso: en abril, el mencionado referéndum, en julio, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y en diciembre la aprobación de la nueva Constitución en otro referéndum, todo durante aquel 1999. En todas las oportunidades el triunfo chavista fue aplastante, aunque en algún caso con niveles de abstención nunca antes vistos (en la instancia de abril alcanzó el 62%).

Las reformas en sí y el propio proceso de elaboración de las mismas —realizadas con premura, desprolijidad y en el medio de un debate exacerbado— prefiguraron lo que podía esperarse del nuevo régimen. La nueva Constitución establecía algunas cuestiones que podían considerarse positivas, al menos en la letra: ampliación de los derechos humanos y ambientales, nuevas instancias de democracia directa, fortalecimiento financiero del Poder Judicial. Pero la clave de la misma radicaba en sus aspectos controversiales, especialmente las disposiciones que posibilitan atribuirle al presidente la potestad de gobernar por decreto en infinidad de asuntos, aumentando de cinco a seis los años de su período y permitiéndole la reelección. De esta forma cambiarle el nombre al país, incluso instaurar el unicameralismo, resultaban cuestiones nimias. Esta etapa, de algún modo inaugural, culmina con las elecciones de mayo de 2000 (la nueva Constitución determinaba que todos los cargos públicos electivos debían someterse nuevamente a elección) en la que se confirma a Chávez como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ampliándose las mayorías con las que gobernaría.

Con un lenguaje polémico y confrontativo, a tal grado que la menor discrepancia es tachada de disidencia, Chávez comienza a gobernar navegando entre una crisis que persistía dado que los valores del petróleo continuaban bajos. Mantiene la ortodoxia económica en la gestión y no parece haber demasiadas novedades al respecto —incluso en la actualidad— a pesar del radicalismo retórico (incluso el primer ministro de economía de Chávez fue la misma persona que ocupo ese lugar en el último tramo del gobierno de Caldera). Con el tiempo, el proceso de transformaciones reveló que en realidad no parecía existir un modelo teórico de desarrollo acabado sino que más bien siempre se estuvo dentro de un plan en gran medida resultado acumulativo de decisiones, mitad oportunamente coyunturales, mitad impregnadas de una cierta concepción. La explosiva mezcla de improvisación y arbitrariedad en las políticas públicas y el personalismo caudillista muy tangible —el miedo, fundado o no, cumple su rol en los proceso sociales—, sumado al desplazamiento de las antiguas élites de sus anteriores posiciones de poder (esto también es verdad), construyó un escenario altamente polarizado que dividió a la sociedad en dos campos antagónicos con escaso espacio para la prudencia y la cooperación.

Sobre el filo de la finalización de una de las oportunidades en la que se le concedió a Chávez la posibilidad de legislar por decreto (noviembre 2001), fueron aprobadas una inmensa cantidad de leyes que involucraban aspectos de regulación económica en diversas áreas. Una parte de la opinión pública, especialmente actores empresariales y sindicales, entendieron que se lesionaban derechos constitucionales básicos de libertad y propiedad, además de afectar el pluralismo político. Más allá de las cuestiones en concreto, la forma de aprobación sin que hubiera habido un intento de dialogo con el resto de la sociedad provocó un recalentamiento del clima político y social. Si las medidas hubieran sido consideradas por la Asamblea Nacional al fin y al cabo también tenían asegurada su aprobación, pero en ese caso el propio trámite hubiera asegurado sobre las medidas un cierto debate público que no hubo ni se intentó. Fue así que comenzó, seguramente, el período más conflictivo de la historia chavista con el desarrollo de infinidad de manifestaciones callejeras que se sucedían a diario y en las que se enfrentaban violentamente antichavistas con los partidarios de Chávez y los llamados “círculos bolivarianos”, verdaderos grupos de choque del chavismo, con el saldo decenas de víctimas fatales. El abril de 2002 el ambiente de ingobernabilidad se torno crítico y el 11 de aquel mes se produce un golpe de Estado llevado adelante por el Alto Mando Militar que le solicita la renuncia a Chávez e impone en el cargo de presidente al máximo líder de la gremial empresarial, Fedecámaras, Pedro Carmona. Con el apoyo de sectores militares, el sector privado, la Iglesia y los medios de comunicación privados, en su primer día Carmona disuelve la Asamblea Nacional, destituye a todas las autoridades regionales y locales, realiza muchas detenciones de funcionarios, designa en puestos claves a figuras relacionadas con el status quo del pasado, y deroga decenas de normativas aprobadas por Chávez, incluyendo las de contenido popular. Para un analista contemporáneo, y no precisamente pro Chávez, lo que sucedía era como si los Borbones hubieran regresado al trono. El 14 de abril, luego de negociaciones entre militares leales y críticos al gobierno chavista, Hugo Chávez retorna al Palacio presidencial de Miraflores, fortalecido pese a las complejidades evidentes. Por otro lado, la oposición al mismo, aunque heterogénea, mostraba su peor cara, la reaccionaria, defensora de privilegios perdidos, muy poco capaz de discernir la envergadura y profundidad de los procesos sociales que subyacían.

Las movilizaciones opositoras continuaron durante el 2002 y el 2003, incluyendo los episodios que se conocieron como el sabotaje petrolero (acciones adoptadas por los funcionarios de Pdvsa resistiendo las medidas de cambio en la empresa petrolera) y el bloqueo empresarial. Los opositores y los propios partidarios del régimen consideraban que se estaba ante el momento de más baja popularidad de Chávez. Sobre esa base, la oposición decidió recorrer los caminos constitucionales de un referéndum revocatorio que luego de dilatorias varias se llevó adelante en agosto de 2004 y que finalizó con la confirmación de Chávez con el respaldo del 60% de los votantes. Se entiende que el resultado favorable al gobierno se encuentra directamente vinculado con la puesta en práctica de las Misiones (por estos Lares recibirían el nombre de planes o programas) orientadas a la atención de los principales problemas sociales, educación, salud, alimentación y vivienda, que funcionaron en forma extrainstitucional y que fueron provistas de ingentes cantidades de recursos financieros procedentes de la renta petrolera que comenzaba a recuperarse. Los episodios sucedidos entre fines de 2001, con el primer paro cívico contrario al gobierno, y agosto de 2004 y los resultados del intento revocatorio, supusieron un antes y un después con los corolarios de la consolidación del chavismo así como una acentuación de su radicalismo.

La reelección de Chávez en diciembre de 2006 marco una nave fase del proceso chavista con la instauración de una serie de reformas cuyos alcances aún hoy no resultan del todo claros. En los planes de desarrollo para el período 2007-2013, por primera vez se menciona oficialmente al “Socialismo del siglo XXI” como norte ideológico, lo que se refleja en los cinco motores que habrían de impulsar a Venezuela hacia el socialismo: una nueva ley habilitante para legislar en materia social y económica, una reforma socialista de la Constitución, el impulso de una educación popular para afianzar los valores socialistas, una “nueva geometría del poder” que permita revisar la actual institucionalidad y la “explosión revolucionaria del poder comunal”, los Consejos Comunales. El desarrollo de la economía social —formas de organización socioproductivas no capitalistas— que según los planes deberían convertirse en la mayoría de las unidades económicas en el mediando plazo, junto a las empresas estatales que han crecido en número producto de las estatizaciones de innumerables empresas privadas (lo que incluye cadenas de restaurante y hoteles), son la otra faceta de este socialismo chavista cuyo objetivo se hace evidente cuando el propio Chávez les espeta a los empresarios que no hacen en ese país sino que de hecho sobraban. Y aunque la reforma constitucional socialista fue rechazada por escaso margen en el referéndum de diciembre de 2007, Chávez ha ido decretando en los años siguientes todo lo que en su momento no resultara aprobado según sus deseos, en una muestra más del desmontaje de la institucionalidad democrática más elemental.

Apoyado en la renta petrolera (durante los últimos doce años ingresaron por dicha renta 100% más de recursos de los que habían ingresado en los dieciocho años anteriores), Chávez sostiene su proyecto local, regional e internacional; y sobre esa base y la de una cierta idea socializante que, independientemente de otra valoraciones, es entendida por amplios sectores de la sociedad venezolana como de corte netamente popular (el petróleo antes se lo “chupaba” la oligarquía, hoy el petróleo es para el pueblo, afirma Chávez), el régimen barre sin duda con la mayor parte de las garantías democráticas convirtiéndoselo en un tema de debate a la hora de cómo calificarlo. Últimamente algunos autores han recurrido a la categoría de “autoritarismo competitivo” creada por dos cientistas políticos estadounidenses algunos años atrás. El “autoritarismo competitivo” debe diferenciarse del autoritarismo absoluto debido a que en éste no pueden existir arenas políticas significativas desde donde la oposición pueda desafiar al régimen. Pero el “autoritarismo competitivo” tampoco es democracia, porque por más que las instituciones democráticas formalmente aún existen, las reglas son violadas frecuentemente, los funcionarios usan y abusan de los recursos del Estado, la oposición y los medios de comunicación son perseguidos y se cometen un número impresionante de arbitrariedades. Más allá de los nombres que se quieran elegir para definirlo, nadie duda que la República Bolivariana de Venezuela desde 1999 hasta la actualidad vive bajo un régimen cuya naturaleza es fácilmente asimilable a estas características.

*Politólogo.
Universidad de la República (Uruguai)

PRÓXIMA ENTREGA LA VENEZUELA DE CHÁVEZ (III) : ¿Qué cambió para las elecciones de octubre?

O Mercosul ja nao e' mais o que era - Renato Marques

Um texto pessoal, corajoso, objetivo (a despeito de alguns adjetivos) e sobretudo sensato, sobre o estado atual do Mercosul, se de estado se trata...
Paulo Roberto de Almeida

A encruzilhada do Mercosul

Renato L. R. Marques, 2/08/2012

Os negociadores dos tratados constitutivos do Mercosul foram, em seu tempo, criticados por agir com timidez e não adotar todos os instrumentos econômicos, políticos e sociais em vigor na Europa, modelo para muitos do que deveria ser um programa de integração regional. Para os açodados e românticos "integracionistas latino-americanos" de plantão, o Mercosul deveria ter, desde logo, instituições supranacionais, um Parlamento e um Tribunal, apesar do caráter inter-governamental do agrupamento que surgia e das disparidades entre as economias que o integravam. Da mesma forma, insinuavam a conveniência da constituição de fundos para o desenvolvimento regional (nos moldes do atual FOCEM), sem que tivessem sequer concluído, com êxito, essa missão dentro do seu próprio território nacional. Essa corrente maximalista sempre deu margem a uma avaliação do Mercosul como um projeto institucionalmente incompleto, prejudicado por um "déficit democrático" e voltado exclusivamente para a expansão do comércio intra-regional ("neoliberal" era o rótulo mais simpático que merecia desde essa ótica). Como esses críticos não buscassem alcançar uma inserção competitiva do país no mercado internacional - preocupados que estavam e estão em apenas proteger setores ineficientes em suas respectivas economias - desmereciam os efeitos positivos da complementariedade regional e seu impacto na otimização dos custos de produção entre os países integrantes do Tratado de Assunção. Para eles, o Mercosul deveria ser o "passe de mágica" que nenhuma das economias soube produzir isoladamente. O fato de que o Brasil era (e é) a maior economia do grupo lhes dava (e dá) uma sensação inebriante de auto-confiança e poder, que justificaria que assumíssemos, desde logo, uma posição de "benefactor" (proposta revestida de uma impecável retórica de solidariedade regional, alicerçada nos ambiciosos propósitos embutidos no parágrafo único do artigo 4 de nossa Constituição).

O Mercosul, tal como projetado, era (e é) um esquema de integração essencialmente econômico e comercial (nisso concordamos). Sua crescente metamorfose em instrumento político (simbolizada pela adoção da "claúsula democrática", em 1996) e posteriormente social (com a Declaração Sociolaboral de 1998, depois ampliada pelos programas introduzidos a partir do Governo Lula, como o FOCEM) revelam não sua evolução, mas sua dificuldade em consolidar os propósitos originais dos "founding fathers" (claramente perceptíveis na proliferação de acordos de restrição voluntária, na ampliação das listas de exceção à TEC e em outras transgressões dos receituários do livre comércio e da união aduaneira). Forçoso é admitir também que o Mercosul não foi muito pródigo na assinatura de acordos com países fora da região (o único concluído, com Israel, está longe de integrar a lista dos "dez mais" do comércio exterior dos Quatro). A culpa, em geral atribuída a nossos sócios, é também brasileira, em função de nossas limitações negociais, por pressão de setores internos vulneráveis à concorrência externa. Nessas condições, o Mercosul já vinha perdendo progressivamente consistência conceitual e funcionalidade para os interesses nacionais.

As alterações introduzidas no desenho original do Tratado de Assunção, com a adoção de medidas de promoção do desenvolvimento regional voltadas para a superação das assimetrias regionais (eufemismo para a adoção de instrumentos para reduzir as desigualdes econômicas entre seus membros), obrigará o país a acompanhar o ritmo de comboio imposto pelas economias menos desenvolvidas (mormente agora, quando se anuncia a próxima incorporação de Equador, Bolívia, Guiana e Suriname, países cujos interesses econômicos estão longe de ser coincidentes com os do setor produtivo nacional). O Mercosul - abalado juridicamente de morte pelo ingresso da Venezuela ao arrepio da lei e politicamente pela crescente presença bolivariana (com todas as implicações em termos de relacionamento externo) - deixa definitivamente de ser um instrumento para o desenvolvimento econômico e comercial e passa a se constituir em um grande programa assistencial brasileiro. Sua ampliação, nessas condições, o torna cada vez mais um "alter ego" da UNASUL, cujas identidades começam a se confundir. A estabilidade política, econômica e social na região é um indiscutível e legítimo objetivo de nossa política externa, mas ao adotar as medidas destinadas a alcançar esse propósito via organismos multilaterais, perde-se o controle das iniciativas e submete-se o país a uma camisa de força indesejada.

Além disso, embarcamos em uma iniciativa já malograda na Europa, conforme está nitida e dramaticamente comprovado pela crise da eurozona e pelo reiterado desperdício de recursos (até a pouco quase infinitos) em regiões como o Mezzogiorno italiano (a Sicília ameaça neste momento "default" e compromete os planos de austeridade do governo Monti). Décadas de aplicação de uma cornucópia de recursos comunitários na Europa mediterrânea produziram apenas economias vulneráveis, destituídas de sustentabilidade própria. Fica assim exposto à luz do dia o artificialismo do sistema assistencial a essas economias (via fundos estruturais que nunca promoveram um desenvolvimento real, nem a competitividade desejada). Os grandiosos investimentos na infra-estrutura dessas regiões são hoje um grande monumento à prodigalidade em tempos de bonanza. A rede viária implantada é totalmente descolada da existência de atividades econômicas rentáveis (serviram apenas aos interesses das grandes empreiteras locais).

A crise atual da eurozona expõe assim os limites do solidarismo econômico e revela o irrealismo das propostas de igualitarismo regional. Onde estão as novas Alemanhas? (esta, afetada pelo mau desempenho das economias da região, está inclusive ameaçada de perder seu grau de investimento AAA). O bloco europeu também teve esgarçada sua solidez pela admissão apressada, em caráter político, de países que não haviam concluído as reformas internas necessárias para atender às exigências técnicas de seus protocolos de adesão, de acordo com os requerimentos europeus. É como se a Alemanha tivesse que incorporar novas Alemanhas Orientais, com seus modelos industriais ineficientes, sobreemprego e, muitas vezes, uma generosa legislação social .

O Brasil deveria fazer uma leitura correta desses acontecimentos, de forma a não repetir os erros acumulados além-mar. E também repensar o Mercosul. A TEC está hoje pulverizada, como resultado de repetidas perfurações, como reflexo das distintas estruturas produtivas e do atendimento a nossos setores menos competitivos, carentes de proteção. Por outro lado, o custo dos novos programas regionais será crescente e recairá sobre o Brasil (ainda inebriado com os superávits minguantes de suas exportações de "commodities" agrícolas e minerais). Os novos mercados - mesmo quando significativos, como é o caso da Venezuela - estariam ao alcance das exportações brasileiras via acordos de livre comércio. A estrutura produtiva dos novos sócios torna improvável sua adoção da TEC do Mercosul, tal como hoje definida, o que faz supor a apresentação de repetidos pedidos de revisão. A Venezuela é um país essencialmente importador (sobretudo nas condições atuais, em que sua competitividade está ameaçada por sucessivas estatizações). O que banca suas compras externas é a conta petróleo. Supor que esse país adotará uma tarifa externa compatível com os interesses brasileiros é ingenuidade ou má fé. Os demais (Equador, Bolívia, Suriname e Guiana) representam economias menos dinâmicas do que a paraguaia (marcada por sua vocação estritamente comercial até agora) e certamente estarão ainda menos propensos a adotar uma TEC de inspiração brasileira, por razões absolutamente compreensíveis (basta ver seu quadro produtivo interno).

A regressão do Mercosul a uma simples área de livre comércio - embora politicamente onerosa - eximiria o Brasil de compromissos indesejados e resguardaria nossos principais interesses (posto que a região absorve boa parte das exportações brasileiras de maior valor agregado). Essa medida liberaria nossos sócios (atuais e futuros) para eventuais acordos com a China ou os EUA. No caso chinês, entretanto, suas exportações tenderão - graças aos baixos salários ainda praticados e à desvalorização de sua moeda - a superar, com espetaculares saltos olímpicos, a barreira tarifária do Mercosul .

No Brasil, a China já tem livre trânsito nos setores de eletroeletrônicos, componentes para a indústria e bens de capital, que integram o esforço produtivo nacional (nesse caso, valendo-se de nossas próprias exceções à TEC e a nossos ex-tarifários). Supõe-se que o mesmo ocorra nos demais sócios, que certamente se valem de suas exceções para isentar de tarifas os produtos não produzidos( que são em maior número do que no Brasil). O impacto da eliminação da TEC não tenderia assim a ser de grande monta e propiciaria ao Brasil, desvencilhado dos programas multilaterais assistencialistas, produzir seu Plano Marshall para a região com nome próprio (e não através de recursos postos à disposição de uma burocracia regional voltada para interesses não necessariamente coincidentes com os nossos). O principal ator, na nova configuração, seria o BNDES que, em última instância, é quem paga a conta (para não mencionar o contribuinte brasileiro). Passaríamos assim a ter uma liberdade de ação e de critérios mais condizente com os interesses nacionais.

Renato L. R. Marques - 1/8/2012

Capitalism, not culture, drives progress - Fareed Zakaria

Capitalism, not culture, drives economies

Fareed Zakaria Opinion Writer

The Washington Post, August 1, 2012

Mitt Romney has explained that his comments abroad were simply truth-telling. “I tend to tell people what I actually believe,” he said. With regard to one much-debated comment — on the cultural differences between Israelis and Palestinians — many agree with him. The Wall Street Journal editorial page and columnists including Marc A. Thiessen and John Podhoretz all applauded. Podhoretz wrote: “Anyone who publicizes his remark is helping Romney win the election.”
“Culture makes all the difference,” Romney said at a fundraiser in Israel, comparing the country’s economic vitality to Palestinian poverty. Certainly there is a pedigree for this idea. Romney cited David Landes, an economics historian. He could have cited Max Weber, the great German scholar who first made this claim 100 years ago in his book “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism,” which argued that Protestant values were the most important fuel for economic progress.

The problem is that Weber singled out two cultures as being particularly prone to poverty and stagnation, those of China and Japan. But these have been the world’s fastest-growing large economies over the past five decades. Over the past two decades, the other powerhouse has been India, which was also described for years as having a culture incompatible with economic success — hence the phrase “the Hindu rate of growth,” to describe the country’s once-moribund state.
China was stagnant for centuries and then suddenly and seemingly miraculously, in the 1980s, began to industrialize three times faster than the West. What changed was not China’s culture, which presumably was the same in the 1970s as it was in the 1980s. What changed, starting in 1979, were China’s economic policies.
The same is true for Japan and India. Had Romney spent more time reading Milton Friedman, he would have realized that historically the key driver for economic growth has been the adoption of capitalism and its related institutions and policies across diverse cultures.
The link between economic policies and performance can be seen even in the country on which Romney was lavishing praise. Israel had many admirable traits in its early decades, but no one would have called it an economic miracle. Its economy was highly statist. Things changed in the 1990s with market-oriented reforms — initiated by Benyamin Netanyahu — and sound monetary policies. As a result, Israel’s economy grew much faster than it had in the 1980s. The miracle Romney was praising had to do with new policies rather than deep culture.
Ironically, the argument that culture is central to a country’s success has been used most frequently by Asian strongmen to argue that their countries need not adopt Western-style democracy. Singapore’s Lee Kuan Yew has made this case passionately for decades. It is an odd claim, because Singapore’s own success would seem to contradict it. It is not so different from neighboring Malaysia. The crucial difference is that Singapore had extremely good leadership that pursued good economic policies with relentless discipline.
Despite all this evidence, most people still believe that two cultures in particular, African and Islamic, inhibit economic development. But the two countries that will next achieve a gross domestic product of $1 trillion are both Muslim democracies — Turkey and Indonesia. Of the 10 fastest-growing economies in the world today, seven are African. The world is changing, and holding on to fixed views of culture means you will miss its changing dynamics.
When societies or people succeed, we search in their cultures for seeds of success. Culture being a large grab bag, you can usually find what you want. We observe the success of Jewish, Lebanese, Chinese and Indian people in various societies and attribute it to culture. But it may really stem from the traits of diaspora populations — small groups of entrepreneurial immigrants forced to live by their wits in alien cultures. Interestingly, Palestinians have a reputation around the Middle East for being savvy merchants and traders and have been successful in the United Arab Emirates, Jordan and Saudi Arabia.
Culture is important. It is the shared historical experience of people that is reflected in institutions and practices. But culture changes. German culture in 1935 was different from 1955. Europe was once a hotbed of violent nationalism; today it is postmodern and almost pacifist. The United States was once an isolationist, agrarian republic with a deep suspicion of a standing army. Today it has half of the world’s military power.
Daniel Patrick Moynihan once observed: “The central conservative truth is that it is culture, not politics, that determines the success of a society. The central liberal truth is that politics can change culture and save it from itself.” That remains the wisest statement made about this complicated problem, probably too wise to ever be uttered in an American political campaign.
comments@fareedzakaria.com

 

Empires strike in the future: USA vs USA - Washington Post

U.S. model for a future war fans tensions with China and inside Pentagon

  Greg Jaffe, 

The Washington Post, August 1, 2012

When President Obama called on the U.S. military to shift its focus to Asia earlier this year, Andrew Marshall, a 91-year-old futurist, had a vision of what to do.
Marshall’s small office in the Pentagon has spent the past two decades planning for a war against an angry, aggressive and heavily armed China.
No one had any idea how the war would start. But the American response, laid out in a concept that one of Marshall’s longtime proteges dubbed “Air-Sea Battle,” was clear.
Stealthy American bombers and submarines would knock out China’s long-range surveillance radar and precision missile systems located deep inside the country. The initial “blinding campaign” would be followed by a larger air and naval assault.
The concept, the details of which are classified, has angered the Chinese military and has been pilloried by some Army and Marine Corps officers as excessively expensive. Some Asia analysts worry that conventional strikes aimed at China could spark a nuclear war.
Air-Sea Battle drew little attention when U.S. troops were fighting and dying in large numbers in Iraq and Afghanistan. Now the military’s decade of battling insurgencies is ending, defense budgets are being cut, and top military officials, ordered to pivot toward Asia, are looking to Marshall’s office for ideas.
In recent months, the Air Force and Navy have come up with more than 200 initiatives they say they need to realize Air-Sea Battle. The list emerged, in part, from war games conducted by Marshall’s office and includes new weaponry and proposals to deepen cooperation between the Navy and the Air Force.
A former nuclear strategist, Marshall has spent the past 40 years running the Pentagon’s Office of Net Assessment, searching for potential threats to American dominance. In the process, he has built a network of allies in Congress, in the defense industry, at think tanks and at the Pentagon that amounts to a permanent Washington bureaucracy.
While Marshall’s backers praise his office as a place where officials take the long view, ignoring passing Pentagon fads, critics see a dangerous tendency toward alarmism that is exaggerating the China threat to drive up defense spending.
“The old joke about the Office of Net Assessment is that it should be called the Office of Threat Inflation,” said Barry Posen, director of the MIT Security Studies Program. “They go well beyond exploring the worst cases. . . . They convince others to act as if the worst cases are inevitable.”
Marshall dismisses criticism that his office focuses too much on China as a future enemy, saying it is the Pentagon’s job to ponder worst-case scenarios.
“We tend to look at not very happy futures,” he said in a recent interview.
China tensions
Even as it has embraced Air-Sea Battle, the Pentagon has struggled to explain it without inflaming already tense relations with China. The result has been an information vacuum that has sown confusion and controversy.
Senior Chinese military officials warn that the Pentagon’s new effort could spark an arms race.
“If the U.S. military develops Air-Sea Battle to deal with the [People’s Liberation Army], the PLA will be forced to develop anti-Air-Sea Battle,” one officer, Col. Gaoyue Fan, said last year in a debate sponsored by the Center for Strategic and International Studies, a defense think tank.
Pentagon officials counter that the concept is focused solely on defeating precision missile systems.
“It’s not about a specific actor,” a senior defense official told reporters last year. “It is not about a specific regime.”
The heads of the Air Force and Navy, meanwhile, have maintained that Air-Sea Battle has applications even beyond combat. The concept could help the military reach melting ice caps in the Arctic Circle or a melted-down nuclear reactor in Japan, Adm. Jonathan Greenert, the U.S. chief of naval operations, said in May at the Brookings Institution.
At the same event, Gen. Norton Schwartz, the Air Force chief, upbraided a retired Marine colonel who asked how Air-Sea Battle might be employed in a war with China.
“This inclination to narrow down on a particular scenario is unhelpful,” Schwartz said.
Privately, senior Pentagon officials concede that Air-Sea Battle’s goal is to help U.S. forces weather an initial Chinese assault and counterattack to destroy sophisticated radar and missile systems built to keep U.S. ships away from China’s coastline.
Their concern is fueled by the steady growth in China’s defense spending, which has increased to as much as $180 billion a year, or about one-third of the Pentagon’s budget, and China’s increasingly aggressive behavior in the South China Sea.
“We want to put enough uncertainty in the minds of Chinese military planners that they would not want to take us on,” said a senior Navy official overseeing the service’s modernization efforts. “Air-Sea Battle is all about convincing the Chinese that we will win this competition.”
Like others quoted in this article, the official spoke on the condition of anonymity because of the sensitivity of the subject.
A military tech ‘revolution’
Air-Sea Battle grew out of Marshall’s fervent belief, dating to the 1980s, that technological advancements were on the verge of ushering in a new epoch of war.
New information technology allowed militaries to fire within seconds of finding the enemy. Better precision bombs guaranteed that the Americans could hit their targets almost every time. Together these advances could give conventional bombs almost the same power as small nuclear weapons, Marshall surmised.
Marshall asked his military assistant, a bright officer with a Harvard doctorate, to draft a series of papers on the coming “revolution in military affairs.” The work captured the interest of dozens of generals and several defense secretaries.
Eventually, senior military leaders, consumed by bloody, low-tech wars in Iraq and Afghanistan, seemed to forget about Marshall’s revolution. Marshall, meanwhile, zeroed in on China as the country most likely to exploit the revolution in military affairs and supplant the United States’ position as the world’s sole superpower.
In recent years, as the growth of China’s military has outpaced most U.S. intelligence projections, interest in China as a potential rival to the United States has soared.
“In the blink of an eye, people have come to take very seriously the China threat,” said Andrew Hoehn, a senior vice president at Rand Corp. “They’ve made very rapid progress.”
Most of Marshall’s writings over the past four decades are classified. He almost never speaks in public and even in private meetings is known for his long stretches of silence.
His influence grows largely out of his study budget, which in recent years has floated between $13 million and $19 million and is frequently allocated to think tanks, defense consultants and academics with close ties to his office. More than half the money typically goes to six firms.
Among the largest recipients is the Center for Strategic and Budgetary Assessments, a defense think tank run by retired Lt. Col. Andrew Krepinevich, the Harvard graduate who wrote the first papers for Marshall on the revolution in military affairs.
In the past 15 years, CSBA has run more than two dozen China war games for Marshall’s office and written dozens of studies. The think tank typically collects about $2.75 million to $3 million a year, about 40 percent of its annual revenue, from Marshall’s office, according to Pentagon statistics and CSBA’s most recent financial filings.
Krepinevich makes about $865,000 in salary and benefits, or almost double the compensation paid out to the heads of other nonpartisan think tanks such as the Center for Strategic and International Studies and the Brookings Institution. CSBA said its board sets executive compensation based on a review of salaries at other organizations doing similar work.
The war games run by CSBA are set 20 years in the future and cast China as a hegemonic and aggressive enemy. Guided anti-ship missiles sink U.S. aircraft carriers and other surface ships. Simultaneous Chinese strikes destroy American air bases, making it impossible for the U.S. military to launch its fighter jets. The outnumbered American force fights back with conventional strikes on China’s mainland, knocking out long-range precision missiles and radar.
“The fundamental problem is the same one that the Soviets identified 30 years ago,” Krepinevich said in an interview. “If you can see deep and shoot deep with a high degree of accuracy, our large bases are not sanctuaries. They are targets.”
Some critics doubt that China, which owns $1.6 trillion in U.S. debt and depends heavily on the American economy, would strike U.S. forces out of the blue.
“It is absolutely fraudulent,” said Jonathan D. Pollack, a senior fellow at Brookings. “What is the imaginable context or scenario for this attack?”
Other defense analysts warn that an assault on the Chinese mainland carries potentially catastrophic risks and could quickly escalate to nuclear armageddon.
The war games elided these concerns. Instead they focused on how U.S. forces would weather the initial Chinese missile salvo and attack.
To survive, allied commanders dispersed their planes to austere airfields on the Pacific islands of Tinian and Palau. They built bomb-resistant aircraft shelters and brought in rapid runway repair kits to fix damaged airstrips.
Stealthy bombers and quiet submarines waged a counterattack. The allied approach became the basis for the Air-Sea Battle.
Think tank’s paper
Although the Pentagon has struggled to talk publicly about Air-Sea Battle, CSBA has not been similarly restrained. In 2010, it published a 125-page paper outlining how the concept could be used to fight a war with China.
The paper contains less detail than the classified Pentagon version. Shortly after its publication, U.S. allies in Asia, frustrated by the Pentagon’s silence on the subject, began looking to CSBA for answers.
“We started to get a parade of senior people, particularly from Japan, though also Taiwan and to a lesser extent China, saying, ‘So, this is what Air-Sea Battle is,’ ” Krepinevich said this year at an event at another think tank.
Soon, U.S. officials began to hear complaints.
“The PLA went nuts,” said a U.S. official who recently returned from Beijing.
Told that Air-Sea Battle was not aimed at China, one PLA general replied that the CSBA report mentioned the PLA 190 times, the official said. (The actual count is closer to 400.)
Inside the Pentagon, the Army and Marine Corps have mounted offensives against the concept, which could lead to less spending on ground combat.
An internal assessment, prepared for the Marine Corps commandant and obtained by The Washington Post, warns that “an Air-Sea Battle-focused Navy and Air Force would be preposterously expensive to build in peace time” and would result in “incalculable human and economic destruction” if ever used in a major war with China.
The concept, however, aligns with Obama’s broader effort to shift the U.S. military’s focus toward Asia and provides a framework for preserving some of the Pentagon’s most sophisticated weapons programs, many of which have strong backing in Congress.
Sens. Joseph I. Lieberman (I-Conn.) and John Cornyn (R-Tex.) inserted language into the 2012 Defense Authorization bill requiring the Pentagon to issue a report this year detailing its plans for implementing the concept. The legislation orders the Pentagon to explain what weapons systems it will need to carry out Air-Sea Battle, its timeline for implementing the concept and an estimate of the costs associated with it.
Lieberman and Cornyn’s staff turned to an unsurprising source when drafting the questions.
“We asked CSBA for help,” one of the staffers said. “In a lot of ways, they created it.”


Julie Tate contributed to this report.

A selva salarial do setor publico - Roberto Macedo

Greves e salários no governo federal

Roberto Macedo 

O Estado de S.Paulo, 02/08/2012

Prossegue a greve de várias categorias de servidores federais, mas os problemas do funcionalismo são bem mais amplos do que o revelado por esse quadro. Governos petistas incharam a folha de pagamentos contratando mais gente, até sem concurso para os tais cargos de confiança, a qual nem sempre se confirma do lado dos indicados. Conforme dados levantados pelo economista Ricardo Bergamini, no governo Lula o Executivo civil contratou mais 119.629 funcionários, ou 14.954 em média por ano. Dilma contratou mais 11.965 em 2011. E falta demonstrar o que isso trouxe de melhoria dos serviços públicos federais.
Quanto a isso, destaque-se o crônico problema das universidades federais, onde as greves são frequentes e as reivindicações de seus professores, em geral também pesquisadores, se destacam no movimento atual. Para entendê-las há uma questão que integra, nem sempre explicitamente, o contencioso entre as partes. É que o governo Lula elevou substancialmente os salários de ingresso e final de carreiras de nível superior, mas sem alcançar esses professores.
Tome-se, por exemplo, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), onde o trabalho de seus pesquisadores se assemelha bastante ao de seus pares nas universidades. Nestas um professor adjunto com doutorado e em regime de dedicação exclusiva, que é a porta típica de entrada na carreira, tem o salário mensal de R$ 7.627,02 desde março deste ano. Se passar num concurso para professor titular, o último posto da carreira, seu salário será de R$ 12.225,25. No Ipea, em 2008 os pesquisadores tinham salários inicial e final de R$ 8.484,53 e R$ 11.775,69, respectivamente, números esses próximos dos atuais dos professores universitários. Contudo, em 2010, os do Ipea passaram a R$ 12.960,77 e R$ 18.478,45, respectivamente, fazendo os seus ganhos superarem em quase 50% os atuais dos professores. Creio ser isso que alimenta a reivindicação destes últimos, de terem seus salários dobrados, mas sua greve certamente acabaria se alcançassem esses salários do Ipea.
Mas há nessa história duas distorções. A primeira é que, além dos pesquisadores do Ipea, há outras categorias às quais o governo federal paga salário inicial muito acima dos observados no mercado de trabalho para profissionais de nível superior em início de carreira, configurando assim um privilégio para o qual não vejo justificativa. A segunda é que isso leva a um curto horizonte salarial nessas carreiras, o que desestimula a busca de qualificação adicional para nela progredir.
Ambas as distorções proliferaram no governo federal, ocorrendo também no Judiciário e no Legislativo, mas sempre em benefício de carreiras em que o menor número de servidores contrasta com seu enorme poder em Brasília para conseguir vantagens que os beneficiam isoladamente. Entre outros, estão os auditores da Receita Federal e os delegados da Polícia Federal, com salários iniciais entre R$ 13 mil e R$ 14 mil, e vale acrescentar que os do Ipea se aplicam ao grupo de servidores que integram, o dos chamados gestores.
Sobre a política de recursos humanos seguida pelo governo Lula, volto a mencionar estudo do economista Nelson Marconi, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e ex-diretor de Carreira e Remuneração do extinto Ministério de Administração. Foi publicado na revista Digesto Econômico (abril de 2010), da Associação Comercial de São Paulo, e cobre o período 1995-2009.
Entre suas conclusões, observa que houve "(...) ampliação significativa das despesas com pessoal, e também dos salários médios, principalmente no Poder Executivo. A diferença entre o salário inicial e final das carreiras foi estreitada, reduzindo incentivos para o desenvolvimento profissional. A elevação do número de servidores ocorreu (também) em áreas de suporte administrativo, tradicionalmente superdimensionadas. O grau de qualificação dos servidores é bastante elevado, e há um descompasso entre este último e o nível de escolaridade exigido para o exercício de algumas ocupações. (...) o diferencial de salários entre o setor público federal e o privado é crescente ao longo de todo o período (...), para os federais estatutários o aumento foi praticamente de 100% (...), os últimos dados demonstram que um servidor federal estatutário recebe hoje o dobro que receberia se (...) empregado do setor privado".
O que fazer? Será preciso muitíssimo mais que uma faxina para pôr em ordem a administração dos recursos humanos do governo federal. Um bom começo seria reestruturar várias carreiras, com salários iniciais menores para novos ingressantes e exigência de qualificações adicionais para progresso nelas. Temo que isso possa esbarrar em obstáculos jurídicos, o que revela o tamanho da herança maldita deixada por um governo que administrou o assunto de forma irresponsável, e em desrespeito aos contribuintes, que pagam toda a conta desses exageros.
E os problemas não estão apenas no Executivo. Pesquisando na internet, vi referências a um concurso para consultor legislativo do Senado, com salário inicial de R$ 23.826,57, e para juiz do Trabalho substituto, em que esse valor é de R$ 21.766,15. E há também os crônicos problemas das elevadas remunerações e mordomias dos parlamentares, o do desrespeito aos tetos salariais "constitucionais", e por aí afora.
A revista The Economist, na edição de 16/6, em matéria intitulada Envergonhando os 'invergonháveis' (Shaming the unshameable), afirmou que, nessa questão dos salários do governo em geral, os contribuintes brasileiros estão sendo roubados. E que com a nova Lei de Acesso à Informação isso está ficando mais claro.
De fato, está, mas é preciso que as vítimas passem a cobrar medidas corretivas dos políticos e estes tenham a coragem de tomá-las.
 
* ECONOMISTA (UFMG,  USP, HARVARD),  PROFESSOR ASSOCIADO À FAAP,  É CONSULTOR ECONÔMICO, DE ENSINO SUPERIOR, ROBERTO, MACEDO, ECONOMISTA (UFMG,  USP, HARVARD),  PROFESSOR ASSOCIADO À FAAP,  É CONSULTOR ECONÔMICO, DE ENSINO SUPERIOR

Economia pela politica ou pelas regras? - Guy Sorman

No More Quick Fixes
Guy Sorman
The City Journal, August 1, 2012

The economy needs rules, not discretionary policies.

 

Economists, politicians, and pundits looking for answers to the economic crisis fall into two broad categories. Keynesians and statists argue for more aggressive interventions from governments and central banks. Distrusting the free market’s self-regulating processes, they promote public spending to create jobs and low interest rates to rekindle private investment and consumer spending. Thinkers of the classical-liberal persuasion, by contrast, argue that no quick fix can bring the economy out of its doldrums; only when the rules of capitalism appear stable and predictable again will markets revive. Put another way: Keynesians and statists believe in flexible, “discretionary” economic policies; classical liberals believe in set rules.
Economic history proves the superiority of the second approach, but democracy often makes the first more attractive to politicians. After all, in a crisis, people expect their leaders to do something; refraining from action and sticking to abstract principles play poorly to public opinion. As previous recessions demonstrate, however, public pressure for action usually leads to bad decisions that prolong or intensify a crisis. The situation is analogous to what happens on the soccer field when a goalie faces a penalty kick. Statistics show that the goalie should stay in the center of the net to increase his chances of blocking the shot. Yet in most cases, he jumps to the left or right just before his opponent kicks. Why? Because the crowd urges him to act, even though doing so reduces his likelihood of success.
Since the beginning of the crisis in 2008, governments have similarly lurched from side to side, to little good effect. True, some basic market-supporting rules—those that back free trade and oppose inflation, monopoly, and the nationalization of industry—have been maintained since 2008. This stability compares favorably with government responses to the Great Depression in the 1930s, which made things worse by permitting nationalization and monopolies while interrupting the free flow of goods, capital, and people. In 1974, too, wrongheaded policies magnified a crisis. After oil-producing nations formed a cartel, OPEC, and boosted oil prices dramatically, Western production costs shot up, smothering consumer spending and bringing the economy to a standstill. To reignite growth, Keynesian economists persuaded central banks to print more money than ever before. All Western governments followed this prescription, leading to an explosion of inflation. Because neither consumers nor entrepreneurs would increase their spending or investment in that climate (they rightly assumed that these were short-term, unsustainable policies), the result was disastrous stagflation—economic stagnation and inflation combined.
Governments and economists, who learn by trial and error, fortunately haven’t repeated the worst mistakes of the 1930s and 1970s. That may explain why the current crisis hasn’t become even more serious. Yet public pressure to act remains, and politicians and the media, who have only a shaky understanding of how markets work, continue to promote active government policies, such as the American stimulus bill of 2009. Most countries that went down this road (with some exceptions, including Germany and the Baltic states) have incurred huge deficits, which hamper private investment and job creation. The renewed failure of stimulus efforts confirms that Keynesian policies, in the long run, don’t work.
How can governments resist the pressure to adopt short-term policies and instead promote long-term, steady approaches to maintain economic growth? Here are some suggestions. Instead of holding an endless debate on taxes and deficits, classical liberals in the United States could promote a constitutional amendment that imposes a ceiling on total federal spending. Throughout the history of capitalism, the level of public spending has had more impact on GDP growth rates than has the deficit or the marginal tax rate. In America, a public-spending cap would calm the anxieties of entrepreneurs and consumers, make the future more predictable, and provide a strong incentive for businesses to invest the huge quantities of liquid assets now frozen or invested in unproductive bonds. The amendment would restart the innovation cycle that has always been the main driver of American economic expansion.
Long-term rules in the United States could also put an end to the excessive concentration of political and financial power in the hands of a limited number of banks—a problem that helped disrupt the world economy in 2008 and threatens to do so again. As University of Chicago economist and City Journal contributing editor Luigi Zingales shows in his new book A Capitalism for the People, the United States increasingly risks becoming, in economic terms, a “banana republic”—a place where a few big banks destroy public confidence in the free market and deplete the economy’s resources through short-term speculation instead of investing. New rules could put a stop to that by limiting the size of banks, which would reestablish competition.
Classical liberals could also push to make the Federal Reserve’s monetary policy more predictable. As Milton Friedman demonstrated half a century ago, the American economy grows steadily when the Fed injects money and credit into the economy in steady, predictable quantities. When the Fed tries to do more, it usually produces speculative bubbles, inflation, and stagnation. Stanford economist John Taylor, who writes on the importance of rules elsewhere in this issue, has proposed an algorithm for the Fed that would adjust monetary creation to the needs of the economy. The “Taylor Rule” should become a legal constraint on the Fed, preventing it from adopting discretionary and counterproductive policies.
Europe also needs firm rules, not ever-changing policies—but there, it’s less urgent to invent new rules than to create the federal institutions that will guarantee the proper implementation of existing ones. If eurozone members had respected the conventions that they had signed limiting public spending and deficits, there would be no European crisis today.
What is to be done to grow out of the economic crisis may be clearer than how to do so in a democracy. Political leaders must build constituencies that will support rules instead of discretionary policies. The best way to do that is to explain how rules reinforce the power of the people. In the United States, a public-spending cap would protect taxpayers from the politicians who bestow subsidies and from the lobbyists who seek them. Rules to jump-start competition in the financial sector would help re-democratize American capitalism, which has become too oligarchic. In Europe, too, transparency in public accounting and new federal institutions to implement euro rules would reinforce popular democratic control over the prodigal ways of the political class.
Since the crisis began, discretionary policies have thrived, and set rules have suffered. To end the crisis, we must reverse that situation, restoring rules to their rightful place in our free-market economies.

Guy Sorman, a City Journal contributing editor and French public intellectual, is the author of Economics Does Not Lie.

O "acusador-mor" da quadrilha da corrupção no poder - (Valor)

O vôo mais alto do tuiuiú

Por Raymundo Costa, Maíra Magro e Juliano Basile | De Brasília

Valor Econômico – pág. A18

02.8.12

Roberto Gurgel tem mais poder do que parece: seu gabinete guarda processos contra 200 parlamentares com foro privilegiado

Um cearense de 57 anos, discreto e de poucas palavras, quase "crepuscular" na definição dos colegas de trabalho, deve dominar a cena do primeiro dia de julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF). Trata-se de Roberto Gurgel Monteiro Santos, procurador-geral da República, responsável por sustentar a denúncia contra os 38 acusados de integrar o suposto esquema de compra de votos no Congresso, no primeiro mandato do governo Lula. O sucesso ou fracasso de Roberto Gurgel terá implicações no que se refere ao Ministério Público, cujas atribuições são frequentemente questionadas, e na própria consolidação do processo de redemocratização do país.

A atenção dos ministros, dos réus e da opinião pública estará voltada para Gurgel. Até chegar a esse ponto, o procurador-geral percorreu uma longa trajetória, na qual sofreu pressões de toda ordem. Desde as noites em claro estudando para o concurso que lhe abriu as portas do Ministério Público, há 30 anos, até uma tentativa de envolvê-lo com o escândalo da moda - as relações perigosas que o empresário Carlos Cachoeira mantinha com o mundo político de Brasília e que já resultaram na cassação do mandato de um senador da República, Demóstenes Torres.

Para Gurgel, foi sem dúvida um dos momentos mais tensos, nas semanas que antecederam o julgamento que se inicia hoje. O PT, mais especificamente, tentou enredá-lo no esquema de Cachoeira. Para se ter uma ideia da pressão, Gurgel chegou a mudar o comportamento reservado para contra-atacar: "Eu já disse e repito: uma das possibilidades é que isso parta de pessoas que estão muito preocupadas com o julgamento do mensalão".

O contra-ataque teve efeito fulminante. Até então, o PT se limitava a insinuar a existência de um relacionamento incestuoso do procurador com Carlos Cachoeira. Mas não mencionava a palavra mensalão. Era evidente a tentativa de constranger o procurador durante o julgamento. Na CPI em curso no Congresso, a mão que assinou um pedido de convocação do procurador foi a do ex-presidente Fernando Collor de Mello, hoje senador pelo PTB. Mas a trama para abater Gurgel fora comandada pelo PT.

O PT, até então o partido da ética e da moralidade pública, fora a sigla mais atingida pelo mensalão. Quando apareceram as gravações feitas pela Polícia Federal na Operação Monte Carlo, o partido vislumbrou uma janela de oportunidades: havia um senador (Demóstenes) e um governador do PSDB (Marconi Perillo, de Goiás) profundamente envolvidos em atividades relacionadas a Cachoeira. Além disso, havia a possibilidade de relacionar o procurador do mensalão com o esquema desmontado pela PF.

Ocorre que a Monte Carlo sucedeu uma outra operação da PF, a Vegas, realizada em 2009, quando o nome de Demóstenes Torres já aparecia em interceptações telefônicas da Polícia Federal. Por que Gurgel já naquela data não denunciara Demóstenes? Com aval de Lula e o comando do PT criou-se no Congresso a CPI do Cachoeira. Nunca antes um pedido de comissão de inquérito recebeu tanto apoio.

Mandato foi ofuscado pela relutância em denunciar Demóstenes e pelo arquivamento do caso Palocci

O ambiente político em Brasília fervilhava. Quem visitasse José Dirceu na casa que ele alugou no Lago Sul, bairro nobre da capital, para contatos políticos e acompanhar mais de perto as preliminares do julgamento, saía convencido de que Gurgel não chegaria ao dia de hoje como o responsável pela acusação contra os mensaleiros.

"Ele vai cair por si próprio porque está envolvido (no esquema Cachoeira)", dizia Dirceu a seus visitantes. "Ele sentou em cima. Já devia ter pedido demissão. O cara sentou em cima e não tem explicação". Na tribuna da CPI, Collor anunciou que entraria com seis representações contra Gurgel e sua mulher, a subprocuradora Cláudia Sampaio.

O discreto Gurgel nunca disse com todas as letras por que segurou o inquérito contra Demóstenes, deixando para pedir uma investigação contra ele somente este ano. Não fosse por sua postura, os integrantes do grupo de Cachoeira, inclusive o ex-senador, não teriam passado meses se comunicando livremente por seus aparelhos Nextel - a PF na extensão.

Ao falar a palavra "mensalão", que era de fato o sujeito oculto do que se passava no Congresso, Gurgel habilmente colocou os críticos na defensiva. Apesar do jeitão discreto, nesses 30 anos Roberto Gurgel se mostrou político e fez uma carreira consistente o bastante para levá-lo ao topo do Ministério Público Federal. A eleição de um governo de esquerda, em 2002, contribuiu para a ascensão.

Gurgel é uma das crias do "Grupo dos Tuiuiús", criado há duas décadas e marcado pela oposição à gestão do ex-procurador-geral da República Geraldo Brindeiro, nomeado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em 1995 e que acabou ocupando o cargo por três mandatos consecutivos de dois anos. À época, Brindeiro tornou-se conhecido como o "engavetador-geral da República", por sua irresistível compulsão para guardar na gaveta eventuais processos contra os poderosos.

Na origem mais remota dos "tuiuiús" estão três procuradores, dos quais um chegou a ministro do Supremo e outros dois ao posto atualmente ocupado por Gurgel: José Paulo Sepúlveda Pertence, Aristides Junqueira (autor da denúncia, recusada pelo STF, contra o ex-presidente Collor, e duramente criticado por ela ter sido considerada "inepta") e Cláudio Fontelles, o primeiro procurador do governo recém-chegado de Lula. A turma se reunia no restaurante Rosental, na Vila Planalto, em Brasília, mantido pelo cozinheiro do ex-presidente Juscelino Kubitschek.

O "Grupo dos Tuiuiús" é assim chamado em referência às tentativas de Cláudio Fontelles de chefiar o MPF - sua candidatura era vista como "pesada e de voo baixo", a exemplo da ave símbolo do Pantanal Matogrossense. Esse, pelo menos, era o sentimento do próprio Fontelles. E FHC não abria mão do "engavetador".

Descontentes com a gestão de Brindeiro, os "tuiuiús" se organizaram para ocupar postos estratégicos do MPF, visando o cargo de procurador-geral. Quando Lula assumiu - e o PT era quem mais difundia críticas a Brindeiro -, convidou Cláudio Fontelles para o cargo.

Gurgel e Ayres Britto: procurador, considerado pelos colegas "cordialíssimo, extremamente leal, mas impenetrável", terá cinco horas hoje para apresentar provas contra cada um dos acusados

Lula queria reconduzir Fontelles a um segundo mandato, mas o procurador recusou a oferta para se manter fiel ao pacto tácito que servia de argamassa para a união dos tuiuiús: nenhum procurador deveria ficar mais de um mandato na chefia do MPF. Consultado, Fontelles sugeriu dois nomes: Antonio Fernando de Souza e o próprio Gurgel. Ao contrário de Fontelles, seu sucessor permaneceu por dois mandatos. Gurgel já está no segundo. Os tuiuiús voaram baixo em várias direções e acabaram se dividindo.

Os colegas procuradores não engoliram o fato de, às vésperas de Lula decidir se o reconduziria, Gurgel ter arquivado um pedido de investigação contra o ex-ministro da Casa Civil Antonio Palocci, cujo patrimônio aumentou 20 vezes durante quatro anos. Mas aplaudiram quando ele apresentou as alegações finais do mensalão, pedindo a condenação de 36 dos 38 réus. Gurgel não deixou outra alternativa a Lula a não ser mantê-lo no cargo. Aliás, ao ter sua recondução confirmada pelo Senado, Demóstenes Torres liderou o discurso contrário, usando o caso Palocci como argumento.

Na PGR, a liderança mais aberta de Cláudio Fontelles contrasta com o estilo mais discreto de Souza e Gurgel. O atual procurador geral é considerado "cordialíssimo, extremamente leal, mas impenetrável" pelos colegas. Uma das principais críticas é a falta de conversa com a categoria, e não ter levado adiante com liderança forte questões como negociação de demandas salariais.

Hoje, Gurgel será o foco das atenções. Terá cinco horas para apresentar provas contra cada um dos acusados - tempo de que só os ministros costumam dispor nas sessões.

A não ser que questões de ordem da defesa tomem o dia inteiro, Gurgel falará logo depois que o ministro Joaquim Barbosa ler seu relatório. Gurgel passou o mês de julho debruçado sobre o processo, treinando em casa o discurso da acusação.

Em junho, o procurador-geral chegou a confidenciar a ministros do STF que não usaria todo o tempo: "Ninguém aguenta falar por cinco horas." Durante as férias, enquanto advogados enchiam os gabinetes do Supremo de memoriais, Gurgel decidiu dar nova força à acusação - agora a expectativa é que poderá falar bastante.

Em jogo estará não só o destino dos réus envolvidos no maior escândalo do governo Lula, com todas as implicâncias políticas derivadas dele: o resultado do mensalão será a maior marca da gestão de Gurgel e terá efeitos na imagem do Ministério Público como instituição.

Eventuais condenações serão interpretadas como chancela, pela Corte Suprema, da qualidade do trabalho do procurador-geral. Por mais que uma sentença judicial beire as margens do imponderável, especialmente em um processo com tantas variáveis como o mensalão, uma absolvição generalizada resultaria em desgaste para o Ministério Público, como ocorreu com Aristides Junqueira no caso Collor. Além disso, volta e meia o MP é alvo de críticas no Congresso e seu poder de investigação criminal está em xeque no STF.

Quando assumiu a Procuradoria-Geral da República em julho de 2009, Gurgel defendeu o poder de investigação do Ministério Público como uma de suas principais bandeiras, que classificou como "condição essencial, imprescindível para o cumprimento pleno dos deveres constitucionais da instituição".

Uma ação judicial questionando esse papel começou a ser julgada este ano pelo Supremo, com a tendência de que as atuais atribuições do Ministério Público sejam mantidas, mas com a definição de alguns critérios. Embora este seja o caso mais importante para a categoria liderada por Gurgel, é o mensalão que entrará para a história como resultado de sua gestão.

Gurgel representa mil procuradores da República no Brasil inteiro e é o chefe maior do Ministério Público, que reúne 4 mil integrantes em todas as suas instâncias, nas esferas estadual e federal. Seu gabinete guarda processos contra 200 parlamentares com foro privilegiado e mais páginas e páginas de investigações que podem ou não virar novas ações judiciais. O procurador-geral tem, de fato, muito mais poder que sua postura "crepuscular" deixa transparecer.

O sentido "historico" do julgamento do Mensalao - Demetrio Magnoli

O julgamento da História

Demétrio Magnoli 

O Estado de S.Paulo, 2/-8/2012

"O mais atrevido e escandaloso esquema de corrupção e de desvio de dinheiro público flagrado no Brasil", segundo a definição do procurador-geral da República, Roberto Gurgel, no seu memorial conclusivo, começa a ser julgado hoje pelo STF. A palavra "história" está um tanto desgastada. Quase tudo, de casamentos de celebridades a jogos de futebol, é rotineiramente declarado "histórico". O adjetivo, contudo, deve ser acoplado ao julgamento do mensalão - e num duplo sentido. A Corte Suprema está julgando os perpetradores de uma tentativa de supressão da independência do Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, dará um veredicto sobre um tipo especial de corrupção, que almeja a legitimidade pela invocação da História (com H maiúsculo).
Silvio Pereira, o "Silvinho Land Rover", então secretário-geral do PT, tornou-se uma figura icônica do mensalão, pois, ao receber o veículo, conferiu ao episódio uma simplória inteligibilidade: corruptos geralmente obtêm acesso a "bens de prazer" e a "bens de prestígio" em troca de sua contribuição para os esquemas criminosos. No caso, porém, o ícone mais confunde do que esclarece. "Vivo há 28 anos na mesma casa em São Paulo, me hospedo no mesmo hotel simples há mais de 20 anos em Brasília, cidade onde trabalho de segunda a sexta", disse em sua defesa José Genoino, então presidente do PT e avalista dos supostos empréstimos multimilionários tomados pelo partido.
Genoino quer, tanto por motivos judiciais quanto políticos, separar sua imagem da de Silvinho - e não mente quando aborda o tema da honestidade pessoal. Os arquitetos principais do núcleo partidário do mensalão não operavam um esquema tradicional de corrupção, destinado a converter recursos públicos em patrimônios privados. Eles pretendiam enraizar um sistema de poder, produzindo um consenso político de longo alcance. O episódio deveria ser descrito como um acidente necessário de percurso na trajetória de consolidação da nova elite política petista.
José Dirceu, o "chefe da quadrilha", opera atualmente como lobista de grandes interesses empresariais, não compartilha o estilo de vida monástico de Genoino, mas também não parece ter auferido vantagens pecuniárias diretas no episódio em julgamento. O então poderoso chefe da Casa Civil comandou o esquema de aquisição em massa de parlamentares com o propósito de assegurar a navegação de Lula nas águas incertas de um Congresso sem maioria governista estável. Dirceu conduziu a perigosa aventura em nome dos interesses gerais do lulismo - e, imbuído de um característico sentido de missão histórica, aceitou o papel de bode expiatório inscrito na narrativa oficial da inocência do próprio presidente. Há um traço de tragédia em tudo isso: o mensalão surgiu como "necessidade" apenas porque o neófito Lula rejeitou a receita política original formulada por Dirceu, que insistira em construir extensa base governista sustentada sobre uma aliança preferencial entre PT e PMDB.
A corrupção tradicional envenena lentamente a democracia, impregnando as instituições públicas com as marcas dos interesses privados. O caráter histórico do episódio em julgamento deriva de sua natureza distinta: o mensalão perseguia a virtual eliminação do sistema de contrapesos da democracia, pelo completo emasculamento do Congresso. A apropriação privada fragmentária de recursos públicos, por mais desoladora que seja, não se compara à fabricação pecuniária de uma maioria parlamentar por meio do assalto sistemático ao dinheiro do povo. Os juízes do STF não estão julgando um caso comum, mas um estratagema golpista devotado a esvaziar de conteúdo substantivo a democracia brasileira.
No PT, "Silvinho Land Rover" será, para sempre, um "anjo caído", mas o tesoureiro Delúbio Soares foi festivamente recebido de volta, enquanto Genoino frequenta reuniões da direção e Dirceu é aclamado quase como mártir. O contraste funciona como súmula da interpretação do partido sobre o mensalão. Ao contrário do dirigente flagrado em prática de corrupção tradicional, os demais serviam a um desígnio político maior - um fim utópico ao qual todos os meios se devem subordinar. São, portanto, "heróis do povo brasileiro", expressão regularmente usada nas ovações da militância petista a Dirceu.
O PT renunciou faz tempo à utopia socialista. Na visão do "chefe da quadrilha", predominante no seu partido, o PT é a ferramenta de uma utopia substituta: o desenvolvimento de um capitalismo nacional autônomo. Segundo tal concepção, o lulismo figuraria como retomada de um projeto deflagrado por Getúlio Vargas e interrompido por FHC. Nas condições postas pela globalização, tal projeto dependeria da mobilização massiva de recursos estatais para o financiamento de empresas brasileiras capazes de competir nos mercados internacionais. A constituição de uma nova elite política, estruturada em torno do PT, seria componente necessário na edificação do capitalismo de Estado brasileiro. Sobre o pano de fundo do projeto de resgate nacional, o mensalão não passaria de um expediente de percurso: o atalho circunstancial tomado pelas forças do progresso fustigadas numa encruzilhada crucial.
A democracia é um regime essencialmente antiutópico, pois seu alicerce filosófico se encontra no princípio do pluralismo político: a ideia de que nenhum partido tem a propriedade da verdade histórica. Na democracia as leis valem para todos - mesmo para aqueles que, imbuídos de visões, reclamam uma aliança preferencial com o futuro. O "herói do povo brasileiro" não passa, aos olhos da lei, do "chefe da quadrilha" consagrada à anulação da independência do Congresso. Ao julgar o mensalão, o STF está decidindo, no fim das contas, sobre a pretensão de uma corrente política de subordinar a lei à História - ou seja, a um projeto ideológico. Há, de fato, algo de histórico no drama que começa hoje.

*   SOCIÓLOGO, DOUTOR EM GEOGRAFIA HUMANA PELA USP. E-MAIL: DEMETRIO.MAGNOLI@UOL.COM.BR

Condolezza Rice sobre a missao unica dos EUA no mundo

Trata-se, possivelmente, de uma das poucas personalidades republicanas claramente intervencionistas que existem no velho partido conservador.
E trata-se, também, de um deabte antigo na história constitucional americana e na própria trajetória desse império não oficializado voluntariamente.
Em todo caso, estima-se importante ler e conhecer seus argumentos.
Paulo Roberto de Almeida

Financial Times, July 26, 2012 8:37 pm

US must recall it is not just any country

By Condoleezza Rice

In this young century, the 9/11 attacks, the global financial crisis and the unrest in the Arab world have struck at the heart of vital US interests. If Americans want the tectonic plates of the international system to settle in a way that makes the world safer, freer and more prosperous, the US must overcome its reluctance to lead. We will have to stand up for and promote the power and promise of free markets and free peoples, and affirm that American pre-eminence safeguards rather than impedes global progress.
The list of US foreign policy challenges is long and there will be a temptation to respond tactically to each one. But today’s headlines and posterity’s judgment often differ. The task at hand is to strengthen the pillars of our influence and act with the long arc of history in mind.

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• Ramachandra Guha Fantasies of power in muddle-along India
• Steven Rattner When Right Thinking is just plain wrong

In the Middle East we must patiently use our aid, expertise and influence to support the creation of inclusive democratic institutions. The fundamental problem in the region is the absence of institutions that can bridge the Sunni-Shia divide, and protect the rights of women and minorities. Even as we make necessary immediate choices – including arming the Syrian rebels – we must insist upon inclusive politics. The US cannot afford to stand aside; regional powers will bring their own agendas that could exacerbate confessional divisions.
As we work with reformers across the region, we should not forget that Iraq has the kind of institutions that are meant to overcome these divisions. Given its geostrategic importance, the chaos engulfing its neighbours and Iran’s destructive influence, our re-engagement with Baghdad is sorely needed.
The US needs to turn again to the development of responsible and democratic sovereigns beyond the Middle East. The George W. Bush administration doubled aid spending worldwide and quadrupled it to Africa. It channelled assistance to countries that were investing in their people’s health and education, governing wisely and democratically, building open economies and fighting corruption. Ultimately, these states will make the transition from aid to private investment, becoming net contributors to the international economy and global security. US tax dollars will have been well spent.
We must also not lose sight of how democracy is solidifying in the western hemisphere. US assistance and trade policy can help democracies in Latin America to provide an answer to populist dictators. At the same time, we must speak out for dissidents – from Cuba to Venezuela to Nicaragua. Mexico needs attention across a broad agenda that includes the devastating security challenge that threatens both it and the US.
The US “pivot” to Asia (a region that had hardly been abandoned) has focused heavily on security issues. America should remain the pre-eminent military power in the Pacific. But consider this: China has signed free-trade agreements with 15 nations over the past eight years and has explored FTAs with some 20 others; since 2009 the US has ratified three FTAs negotiated during the Bush administration and it has continued – but not concluded – talks on the Trans-Pacific Partnership, which began in 2008. One of the US’s best assets in managing China’s rise is its regional economic engagement.
A robust free trade policy will strengthen our economy and influence abroad, as will developing our domestic resources, such as the North American energy platform. High oil prices empower Venezuela, Russia and Iran. We are developing alternative sources of energy but they will not replace hydrocarbons for a long time. It is a gift that much of our demand – possibly all of it – can be met domestically and in co-operation with US allies, Mexico and Canada.
Most important, we need to reassure our friends across the globe. The rush to court adversaries has overshadowed relations with trusted allies. Our engagement with Europe has been sporadic and sometimes dismissive. Strategic ties with India, Brazil and Turkey have neither strengthened nor deepened in recent years. Hugo Chávez and the Iranians have bitten off the extended hand of friendship. There is no Palestinian state because it will only come through negotiation with a secure Israel that is confident in its relationship with the US. The decision to abandon missile defence sites in Poland and the Czech Republic, to “reset” relations with Russia was pocketed by Vladimir Putin who quickly returned to his anti-American ways. Friends must be able to trust in the consistency of our commitment to them.
Finally we cannot forget that strength begins at home. Global leadership rests upon a strong economy built on fiscal discipline and robust private sector growth. Ultimately, our success depends on mobilising human potential, something the US has done better than any country in history. Ours has been a story of possibility, not grievance and entitlement. Ambitious people have come from all over the world to seek out the opportunities America provides. The absence of a humane and sustainable national immigration policy threatens this great asset.
Our talent has historically come from every part of American society, without regard to class and economic circumstance. But when a child’s zip code determines whether she will get a good education, we are losing generations to poverty and despair. The crisis in US education is the greatest single threat to our national strength and cohesion.
The American people have to be inspired to lead again. They need to be reminded that the US is not just any other country: we are exceptional in the clarity of our conviction that free markets and free peoples hold the key to the future, and in our willingness to act on those beliefs. Failure to do so would leave a vacuum, likely filled by those who will not champion a balance of power that favours freedom. That would be a tragedy for American interests and values and those who share them.

The writer is a former US secretary of state

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Arapongas 1 vs itamaratecas 0 ? - Paraguai de novo na agenda

Dilma no escuro 

Editorial O Estado de S.Paulo, 2 de agosto de 2012

Que a presidente Dilma Rousseff foi pega de surpresa com a destituição de Fernando Lugo da presidência paraguaia, em 22 de junho, todos já sabiam. Afinal, só isso explica, por exemplo, a açodada decisão de enviar uma comitiva diplomática ao Paraguai para, noves fora a retórica legalista, intimidar os parlamentares daquele país e questionar suas decisões soberanas. Mas agora, como mostra reportagem do Estado (30/7), o País começa a inteirar-se dos motivos do vexame: o serviço de inteligência e diplomatas brasileiros até produziram relatórios sobre o recrudescimento da crise e da crescente possibilidade de impeachment de Lugo, mas, segundo assessores de Dilma, esses documentos não foram encaminhados à presidente.
O roteiro desse desastre de comunicação pode ser traçado a partir de 15 de junho, quando um confronto por desocupação de terras na cidade paraguaia de Curuguaty resultou na morte de 11 sem-terra e 6 policiais. A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) produziu nesse mesmo dia um relatório sobre o caso, mostrando que a crise poderia resultar até no impeachment de Lugo - o presidente do Paraguai, um país em que a questão agrária é especialmente delicada, foi acusado pela oposição de ter sido responsável pelo conflito. Esse documento não foi adicionado às sínteses que são entregues diariamente a Dilma. Ela viajou ao México dois dias depois, para a reunião do G-20, e nenhum de seus auxiliares a procurou para falar sobre a crise paraguaia.
No dia 20 de junho, antevéspera do impeachment, a Abin produziu outro relatório, mostrando que o processo para o afastamento de Lugo seria mesmo aberto e que ele havia perdido todo o apoio que tinha no Congresso. Também esse documento não foi encaminhado a Dilma. O texto, assim como os demais, pousara na mesa do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general José Elito, responsável por repassá-lo à presidente. Elito costuma resumir ou mesmo nem sequer passar adiante os relatórios que considera irrelevantes, e parece que foi isso o que ele fez com os documentos que teriam alertado Dilma para a escalada violenta e irresistível da crise no Paraguai.
O Itamaraty e o assessor especial da Presidência, Marco Aurélio Garcia, também não fizeram muito melhor. O embaixador do Brasil em Assunção, Eduardo dos Santos, relatou por telefone a Garcia, em várias oportunidades, o que estava presenciando. O assessor recebeu ainda diversos relatórios do Itamaraty apontando para o agravamento do quadro, mas Garcia, aparentemente, não conversou com Dilma sobre o assunto, embora estivesse com ela no México.
Os assessores do Planalto acreditam que tanto Elito quanto Garcia subestimaram as informações sobre o Paraguai porque o pedido de impeachment contra Lugo seria o 24.º de uma longa lista de tentativas da oposição de destituir o presidente; logo, segundo esse raciocínio, não daria em nada. Mas a situação de Lugo havia mudado drasticamente, sem que os auxiliares de Dilma responsáveis por informá-la a respeito tivessem se dado conta. O apoio político ao presidente paraguaio, que já era mínimo, foi pulverizado da noite para o dia quando ele trocou o comando do Ministério do Interior, como reação ao conflito de Curuguaty, e desagradou a única legenda que ainda o sustentava, o Partido Liberal Radical Autêntico. Tudo isso foi documentado pelo Itamaraty e pela Abin, mas Dilma não soube.
Esse exemplo de inépcia escancara ao menos dois problemas. O primeiro é que o estilo centralizador de Dilma parece constranger alguns de seus auxiliares a não "incomodá-la" com assuntos que ela possa vir a considerar irrelevantes, causando uma de suas já famosas reações intempestivas.
O segundo problema, muito mais grave, é que a presidente pode estar no escuro não só em relação ao Paraguai, mas a muitos outros temas cruciais, graças a erros internos de comunicação. Assim, ela estaria exposta à possibilidade de ter de tomar decisões importantes sem ter todas as informações necessárias para isso - quer porque elas estão mal-ajambradas, quer porque elas simplesmente foram engavetadas por algum funcionário receoso do temperamento da presidente.