*Carlos Fedele
Letras Internacionales, Publicación del Departamento de Estudios Internacionales, Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Universidad ORT, Uruguai, julio 2012
La era chavista
Cuando Hugo Chávez asume por primera vez como presidente de Venezuela, la situación en aquel país podía considerarse especialmente grave. La crisis socio económica en general era tal que para la gran mayoría de los venezolanos no parecía afectarles demasiado que el propio futuro de la democracia estuviera en juego. Si se medía el deterioro democrático en relación a variables económicas, el caso de Venezuela adquiría valores superiores a cualquier otro país, por lo que la explicación convendría buscarse en la peculiar conformación de un sistema político —a lo que hicimos mención en la entrega anterior— que culminó por percibirse como corrupto.
Es en este contexto que Chávez comienza a hacer rodar su proyecto con la propuesta de “refundar” la República reformando la Constitución, lo se consideraba central y prioritario. El mismo día que asume como presidente, Chávez decreta la convocatoria a un referéndum para que los venezolanos decidieran si aceptaban reformar la Constitución y dispara el proceso: en abril, el mencionado referéndum, en julio, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y en diciembre la aprobación de la nueva Constitución en otro referéndum, todo durante aquel 1999. En todas las oportunidades el triunfo chavista fue aplastante, aunque en algún caso con niveles de abstención nunca antes vistos (en la instancia de abril alcanzó el 62%).
Las reformas en sí y el propio proceso de elaboración de las mismas —realizadas con premura, desprolijidad y en el medio de un debate exacerbado— prefiguraron lo que podía esperarse del nuevo régimen. La nueva Constitución establecía algunas cuestiones que podían considerarse positivas, al menos en la letra: ampliación de los derechos humanos y ambientales, nuevas instancias de democracia directa, fortalecimiento financiero del Poder Judicial. Pero la clave de la misma radicaba en sus aspectos controversiales, especialmente las disposiciones que posibilitan atribuirle al presidente la potestad de gobernar por decreto en infinidad de asuntos, aumentando de cinco a seis los años de su período y permitiéndole la reelección. De esta forma cambiarle el nombre al país, incluso instaurar el unicameralismo, resultaban cuestiones nimias. Esta etapa, de algún modo inaugural, culmina con las elecciones de mayo de 2000 (la nueva Constitución determinaba que todos los cargos públicos electivos debían someterse nuevamente a elección) en la que se confirma a Chávez como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ampliándose las mayorías con las que gobernaría.
Con un lenguaje polémico y confrontativo, a tal grado que la menor discrepancia es tachada de disidencia, Chávez comienza a gobernar navegando entre una crisis que persistía dado que los valores del petróleo continuaban bajos. Mantiene la ortodoxia económica en la gestión y no parece haber demasiadas novedades al respecto —incluso en la actualidad— a pesar del radicalismo retórico (incluso el primer ministro de economía de Chávez fue la misma persona que ocupo ese lugar en el último tramo del gobierno de Caldera). Con el tiempo, el proceso de transformaciones reveló que en realidad no parecía existir un modelo teórico de desarrollo acabado sino que más bien siempre se estuvo dentro de un plan en gran medida resultado acumulativo de decisiones, mitad oportunamente coyunturales, mitad impregnadas de una cierta concepción. La explosiva mezcla de improvisación y arbitrariedad en las políticas públicas y el personalismo caudillista muy tangible —el miedo, fundado o no, cumple su rol en los proceso sociales—, sumado al desplazamiento de las antiguas élites de sus anteriores posiciones de poder (esto también es verdad), construyó un escenario altamente polarizado que dividió a la sociedad en dos campos antagónicos con escaso espacio para la prudencia y la cooperación.
Sobre el filo de la finalización de una de las oportunidades en la que se le concedió a Chávez la posibilidad de legislar por decreto (noviembre 2001), fueron aprobadas una inmensa cantidad de leyes que involucraban aspectos de regulación económica en diversas áreas. Una parte de la opinión pública, especialmente actores empresariales y sindicales, entendieron que se lesionaban derechos constitucionales básicos de libertad y propiedad, además de afectar el pluralismo político. Más allá de las cuestiones en concreto, la forma de aprobación sin que hubiera habido un intento de dialogo con el resto de la sociedad provocó un recalentamiento del clima político y social. Si las medidas hubieran sido consideradas por la Asamblea Nacional al fin y al cabo también tenían asegurada su aprobación, pero en ese caso el propio trámite hubiera asegurado sobre las medidas un cierto debate público que no hubo ni se intentó. Fue así que comenzó, seguramente, el período más conflictivo de la historia chavista con el desarrollo de infinidad de manifestaciones callejeras que se sucedían a diario y en las que se enfrentaban violentamente antichavistas con los partidarios de Chávez y los llamados “círculos bolivarianos”, verdaderos grupos de choque del chavismo, con el saldo decenas de víctimas fatales. El abril de 2002 el ambiente de ingobernabilidad se torno crítico y el 11 de aquel mes se produce un golpe de Estado llevado adelante por el Alto Mando Militar que le solicita la renuncia a Chávez e impone en el cargo de presidente al máximo líder de la gremial empresarial, Fedecámaras, Pedro Carmona. Con el apoyo de sectores militares, el sector privado, la Iglesia y los medios de comunicación privados, en su primer día Carmona disuelve la Asamblea Nacional, destituye a todas las autoridades regionales y locales, realiza muchas detenciones de funcionarios, designa en puestos claves a figuras relacionadas con el status quo del pasado, y deroga decenas de normativas aprobadas por Chávez, incluyendo las de contenido popular. Para un analista contemporáneo, y no precisamente pro Chávez, lo que sucedía era como si los Borbones hubieran regresado al trono. El 14 de abril, luego de negociaciones entre militares leales y críticos al gobierno chavista, Hugo Chávez retorna al Palacio presidencial de Miraflores, fortalecido pese a las complejidades evidentes. Por otro lado, la oposición al mismo, aunque heterogénea, mostraba su peor cara, la reaccionaria, defensora de privilegios perdidos, muy poco capaz de discernir la envergadura y profundidad de los procesos sociales que subyacían.
Las movilizaciones opositoras continuaron durante el 2002 y el 2003, incluyendo los episodios que se conocieron como el sabotaje petrolero (acciones adoptadas por los funcionarios de Pdvsa resistiendo las medidas de cambio en la empresa petrolera) y el bloqueo empresarial. Los opositores y los propios partidarios del régimen consideraban que se estaba ante el momento de más baja popularidad de Chávez. Sobre esa base, la oposición decidió recorrer los caminos constitucionales de un referéndum revocatorio que luego de dilatorias varias se llevó adelante en agosto de 2004 y que finalizó con la confirmación de Chávez con el respaldo del 60% de los votantes. Se entiende que el resultado favorable al gobierno se encuentra directamente vinculado con la puesta en práctica de las Misiones (por estos Lares recibirían el nombre de planes o programas) orientadas a la atención de los principales problemas sociales, educación, salud, alimentación y vivienda, que funcionaron en forma extrainstitucional y que fueron provistas de ingentes cantidades de recursos financieros procedentes de la renta petrolera que comenzaba a recuperarse. Los episodios sucedidos entre fines de 2001, con el primer paro cívico contrario al gobierno, y agosto de 2004 y los resultados del intento revocatorio, supusieron un antes y un después con los corolarios de la consolidación del chavismo así como una acentuación de su radicalismo.
La reelección de Chávez en diciembre de 2006 marco una nave fase del proceso chavista con la instauración de una serie de reformas cuyos alcances aún hoy no resultan del todo claros. En los planes de desarrollo para el período 2007-2013, por primera vez se menciona oficialmente al “Socialismo del siglo XXI” como norte ideológico, lo que se refleja en los cinco motores que habrían de impulsar a Venezuela hacia el socialismo: una nueva ley habilitante para legislar en materia social y económica, una reforma socialista de la Constitución, el impulso de una educación popular para afianzar los valores socialistas, una “nueva geometría del poder” que permita revisar la actual institucionalidad y la “explosión revolucionaria del poder comunal”, los Consejos Comunales. El desarrollo de la economía social —formas de organización socioproductivas no capitalistas— que según los planes deberían convertirse en la mayoría de las unidades económicas en el mediando plazo, junto a las empresas estatales que han crecido en número producto de las estatizaciones de innumerables empresas privadas (lo que incluye cadenas de restaurante y hoteles), son la otra faceta de este socialismo chavista cuyo objetivo se hace evidente cuando el propio Chávez les espeta a los empresarios que no hacen en ese país sino que de hecho sobraban. Y aunque la reforma constitucional socialista fue rechazada por escaso margen en el referéndum de diciembre de 2007, Chávez ha ido decretando en los años siguientes todo lo que en su momento no resultara aprobado según sus deseos, en una muestra más del desmontaje de la institucionalidad democrática más elemental.
Apoyado en la renta petrolera (durante los últimos doce años ingresaron por dicha renta 100% más de recursos de los que habían ingresado en los dieciocho años anteriores), Chávez sostiene su proyecto local, regional e internacional; y sobre esa base y la de una cierta idea socializante que, independientemente de otra valoraciones, es entendida por amplios sectores de la sociedad venezolana como de corte netamente popular (el petróleo antes se lo “chupaba” la oligarquía, hoy el petróleo es para el pueblo, afirma Chávez), el régimen barre sin duda con la mayor parte de las garantías democráticas convirtiéndoselo en un tema de debate a la hora de cómo calificarlo. Últimamente algunos autores han recurrido a la categoría de “autoritarismo competitivo” creada por dos cientistas políticos estadounidenses algunos años atrás. El “autoritarismo competitivo” debe diferenciarse del autoritarismo absoluto debido a que en éste no pueden existir arenas políticas significativas desde donde la oposición pueda desafiar al régimen. Pero el “autoritarismo competitivo” tampoco es democracia, porque por más que las instituciones democráticas formalmente aún existen, las reglas son violadas frecuentemente, los funcionarios usan y abusan de los recursos del Estado, la oposición y los medios de comunicación son perseguidos y se cometen un número impresionante de arbitrariedades. Más allá de los nombres que se quieran elegir para definirlo, nadie duda que la República Bolivariana de Venezuela desde 1999 hasta la actualidad vive bajo un régimen cuya naturaleza es fácilmente asimilable a estas características.
*Politólogo.
Universidad de la República (Uruguai)
Universidad de la República (Uruguai)
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