A posição das escolas austríaca, de Chicago, keynesiana e marxista em 17 questões econômicas
Temas de relações internacionais, de política externa e de diplomacia brasileira, com ênfase em políticas econômicas, em viagens, livros e cultura em geral. Um quilombo de resistência intelectual em defesa da racionalidade, da inteligência e das liberdades democráticas.
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Este blog trata basicamente de ideias, se possível inteligentes, para pessoas inteligentes. Ele também se ocupa de ideias aplicadas à política, em especial à política econômica. Ele constitui uma tentativa de manter um pensamento crítico e independente sobre livros, sobre questões culturais em geral, focando numa discussão bem informada sobre temas de relações internacionais e de política externa do Brasil. Para meus livros e ensaios ver o website: www.pralmeida.org. Para a maior parte de meus textos, ver minha página na plataforma Academia.edu, link: https://itamaraty.academia.edu/PauloRobertodeAlmeida.
segunda-feira, 23 de junho de 2014
A posição das escolas austríaca, de Chicago, keynesiana e marxista em 17 questões econômicas (Mises Institute)
A posição das escolas austríaca, de Chicago, keynesiana e marxista em 17 questões econômicas
domingo, 22 de junho de 2014
Argentina: dez anos de calote, dez anos de bravatas, para nada...
El contrato de la deuda reestructurada establece que Argentina tiene 30 días de gracia para retrasarse en el pago del próximo día 30. Es decir, no caerá técnicamente en suspensión de pagos del nuevo pasivo hasta el 30 de julio. Mientras tanto, debe buscar alternativas para evitar una nueva moratoria de la deuda y lo hará en la reunión prevista la semana próxima en Nueva York entre funcionarios del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los acreedores litigantes. Una opción es que en vez de pagar la sentencia en efectivo, como reclaman los demandantes y el juez del caso, Thomas Griesa, se abone con títulos públicos, que vencerían en los próximos años. Un socio del fondo buitre NML, que es uno de los que obtuvo el fallo favorable, admitió la posibilidad de que se les abonara en bonos. Argentina ha dicho que carecía del dinero al contado para pagar demandas que podrían acumularse hasta llegar a 15.000 millones y el juez ha propuesto una negociación. Lo que no podrá hacer Buenos Aires es aplicar a los buitres una quita como la que logró que aceptara en 2005 y 2010 el 93% de los acreedores de la deuda impaga en 2001.
El Gobierno argentino reiteró en la noche del miércoles que rechaza la decisión de Griesa, ratificada el lunes por Tribunal Supremo estadounidense, que le obliga a pagar de un golpe la deuda de 1.500 millones a los fondos buitre que rechazaron en su día el trueque de los bonos y le impide seguir pagando al resto de acreedores hasta que no salde esta deuda. Horas antes de que sus abogados y los de los fondos buitres se reunieran este miércoles con el juez para pactar una negociación la semana próxima, un tribunal de apelaciones de Nueva York levantó la suspensión que regía hasta ahora de la sentencia de Griesa, que data de 2012 pero que solo el lunes pasado quedó firme. La consecuencia de esa medida del tribunal de apelaciones, que fue solicitada el mismo lunes por los buitres, es que Argentina debería pagar el próximo día 30 a ellos antes que abonar la deuda reestructurada. El Gobierno argentino consideró que el “levantamiento” de la suspensión de la sentencia “muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas a las obtenidas en la sentencia dictada por el juez Griesa". Es curioso que esta opinión fue vertida horas después del encuentro entre el juez y las partes enfrentadas en las que acordaron que negociarán la semana próxima. Puede entenderse como parte de la estrategia de presiones de ambos lados en la discusión al límite que están protagonizando.
De un lado, Argentina puede caer en suspensión de pagos si no abona a los litiganes. Por otro, los demandantes quieren cobrar lo antes posible. La querella está encabezada por tres fondos buites, que se especializan en comprar bonos basura de países y empresas en moratoria para después rechazar reestructuraciones y exigir en los tribunales el 100% de lo adeudado originalmente, pero además hay otros 13 demandantes que son pequeños inversores que sufrieron la suspensión de pagos de 2001 y que tampoco aprobaron los canjes de 2005 y 2010, que implicaron la quita de la mitad del valor inicial del pasivo.
El propio ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que el revés judicial costaría a Argentina no solo los 1.500 millones de esta sentencia sino un total de 15.000 millones al abrir la puerta a más demandas. El problema es que esta cifra equivale a más de la mitad de las reservas internacionales del Banco Central argentino, lo que abocaría al país al temido impago ahora que estaba en plena campaña por recuperar la confianza de los inversores internacionales. La presidenta, Cristina Fernández, había asegurado este mismo lunes que el país evitaría la suspensión de pagos.
En 2001, Argentina declaró la mayor suspensión de pagos de un país en la historia y entre 2005 y 2010 logró el canje del 93% de su deuda. Solo el restante 7% quedó en litigio. A los tenedores del pasivo reestructurado con legislación en Nueva York, Londres y Japón les debe 28.000 millones.
Para buscar una solución al conflicto abierto entre Argentina y los fondos buitre, Kicillof ha enviado el martes a los abogados de Argentina a negociar con el juez Griesa. El magistrado, de 84 años, organizó el miércoles por la tarde una reunión con todas las partes, reprochó las palabras del lunes de la presidenta, que calificó el fallo de "extorsión" y advirtió de que realizar un canje de la deuda reestructurada en EE UU, Reino Unido y Japón para que cobren en Argentina, como sugirió el martes Kicillof, es un "desacato". Pero los abogados del fondo NML aceptaron ante el juez la propuesta de Argentina de organizar un encuentro con funcionarios del Gobierno de Fernández la semana próxima en Nueva York.
Venezuela: a revolucao comeca a devorar os seus filhos; o caos se agrava e o pior se aproxima...
6 puntos clave de la carta de Giordani
El texto desnuda conflictos dentro del poder con efectos en la economía
En el texto Giordani desnuda los conflictos que hay entre quienes ejercen el poder en Venezuela, así como la falta de liderazgo de Maduro, las desviaciones en el manejo de Pdvsa, del Banco Central y de la política cambiaria, así como el gasto excesivo y el desorden fiscal existente.
Además de hacer ahora sus críticas públicamente, sostiene que ya las había formulado a Maduro, junto con advertencias y recomendaciones, pero que no fueron acogidas. Así, por ejemplo, afirma que alertó sobre la gravedad de la situación económica y política del país y sus consecuencias en plazos breves, tales como el desabastecimiento.
1. EL GASTO PÚBLICO Y SU MANEJO POLÍTICO.
"La construcción del socialismo históricamente siempre ha constituido un desafío notable (...) En este camino del proceso bolivariano era crucial superar el desafío del 7 de octubre de 2012, así como las elecciones del 16 de diciembre de ese mismo año. Se trataba de la consolidación del poder político como un objetivo esencial para la fortaleza de la revolución y para la apertura de una nueva etapa del proceso. La superación se consiguió con un gran sacrificio y con un esfuerzo económico y financiero que llevó el acceso y uso de los recursos a niveles extremos que requerirán de una revisión para garantizar la sostenibilidad de la transformación económica y social".
Al referirse a la gestión de Nicolás Maduro, Giordani habla de "un esfuerzo disperso y dispendioso en recursos" que "no parece ser la mejor forma de enfrentar a una oposición crecientemente articulada con los enemigos externos".
Según Giordani, hay un "otorgamiento de recursos masivos a todos quienes lo solicitan sin un programa fiscal encuadrado en una planificación socialista que le dé consistencia a las actividades solicitantes".
"La improvisación de cuadros sin experiencia y designaciones poco adecuadas para el manejo de los grandes fondos del Estado pone en jaque la unidad de los cuadros bolivarianos".
2. LAS REVISIONES NECESARIAS QUE NO SE HICIERON.
Giordani afirma que hizo "la propuesta de una reducción del gasto público real que acogiera las prioridades de defensa del poder de compra de los grupos más vulnerables y la corrección de derroches y corrupciones".
En enero de 2013, le entregó a Maduro un documento. "Con la entrega del anterior documento a Nicolás Maduro, para la fecha en sus funciones de Vicepresidente Ejecutivo y nominado por el Comandante Chávez en las circunstancias que pudieran ocurrir como candidato a sustituirlo, comenzaron a observarse modificaciones en cuanto a la direccionalidad del proceso bolivariano, a la viabilidad económica financiera inmediata por efecto de la creciente dependencia de los ingresos petroleros, el crecimiento de las obligaciones del gobierno en términos del aumento de la burocracia y los justos compromisos para atender a los pensionados y jubilados, la imposibilidad de seguir manteniendo niveles de inflación que para la fecha aún se mantenía por debajo del 20%, tendencia sobre la cual debían tomarse medidas, el problema estructural de la agricultura y la electricidad, de los precios relativos y las relaciones entre crecimiento e inflación".
3. A LA SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN.
"Desde que el Presidente Maduro asumió pronto anunció el nuevo conjunto de medidas en el área económica (...) Un aluvión de gastos, me hizo dudar acerca de la medida en que se había aceptado el estructurado conjunto que yo le había presentado. En este ambiente confuso, una de mis preocupaciones centrales fue el avanzar en la dirección de ajuste a un nuevo escenario marcado por el incremento nuclear de la eficiencia y lucha a la corrupción tan claramente anunciado por el presidente Chávez antes y después de su elección".
"Dos frentes ocuparon mi preocupación. El primero atacar la corrupción frenándola por un nuevo control de los grandes fondos del Estado. El segundo introduciendo nuevos mecanismos de manejo en el gasto público que le permitieran retornar a causes sostenibles en el tiempo".
Giordani dice que "no solo no se aprobó lo propuesto, sino que se inició una nueva oleada de grandes gastos sin los requisitos diseñados, y con el agravante de los gastos aprobados por el Gobierno de calle , decididos sin estudio previo, improvisados de hecho. La suma de estos gastos no se ha presentado como un todo, salvo la necesidad de que la AN aprobara una maciza ampliación del presupuesto público".
"Me parecía necesario hacer un recuento de figuras de la revolución que el país considerara símbolos de lo impecable en el manejo de fondos públicos".
4. PÉRDIDA DE CONTROL SOBRE PDVSA Y EL BCV.
"Lamentablemente las cosas fueron tomando un nuevo rumbo con la desaparición física del Comandante Chávez y el comportamiento de las instituciones que se encontraban bajo su control como Pdvsa y el BCV, comenzaron a aparecer signos de independencia que se agravaban con la caída de los aportes al fisco fruto del actuar independiente del gobierno central de Pdvsa guiada por sus intereses y problemas particulares, al unísono que se tomaban decisiones de gasto público ajenas a un control presupuestario. Cuestiones estas que fueron agravando la situación financiera del país sometido a una campaña desestabilizadora en lo interno y de aislamiento en lo externo".
"Los desafíos que genera el apetito externo, y en particular de quienes pugnan por ganar terreno en la explotación del petróleo y en la expansión de la capacidad productiva del sector, esta última el negocio de mayor magnitud en la historia del país, y en los empréstitos en que se embarcara Pdvsa, no se pueden enfrentar con una empresa pública autónoma, ni con una política externa no meditada y consensuada en el seno de las instituciones políticas bolivarianas".
Los problemas de poder en el Gobierno llevan a destruir "la tarea de instituciones como el Ministerio de Finanzas y el Banco Central, y dando por hecho consumado la independencia de Pdvsa del poder central".
5. DECISIONES EN MATERIA CAMBIARIA.
Argumenta Giordani sobre la situación que se vivía antes de la elección presidencial de Maduro, cuando le advirtió acerca de "la crisis que produjo la subasta de divisas dentro del proceso de la creación del Órgano Superior de Administración de Divisas (...) La actitud por demás absurda por el candidato en ese momento a la Presidencia de la República marcó el sentido de una incomprensión del hecho económico, agobiado tal vez por el avance de la campaña electoral previa al 14 de abril y la grave decisión de desvincularse de la dirección de la economía nacional".
Cuestiona que se haya tratado "de modificar el proceso de subasta que estaba en curso sin un fundamento racional".
"Me fue posible avanzar en la propuesta de dos medidas asociadas a un gran fondo del país, marcado por la opinión de los agentes del Comercio exterior como un foco de corrupción: el Cadivi y su mecanismo asociado el Sitme. Nicolás Maduro acogió en ese ámbito una de las 2 medidas que le propuse. La creación de un Comité que aprobaría los permisos de uso de divisas a los precios privilegiados que el Estado otorgaba para las importaciones básicas para la economía y el reemplazo del Sitme por el Sicad. La segunda consistente en mi nombramiento como la autoridad del Cadivi, para aprovechar el peso del Ministro de Planificación y Finanzas, en la instauración de un funcionamiento transparente. Medida esta que él no aceptó".
6. LA FALTA DE LIDERAZGO EN EL GOBIERNO.
En una primera parte Giordani se refiere a la gestión de Hugo Chávez. "Combinar lo táctico y específico de las situaciones de gobierno, con la visión de mayor horizonte temporal fue una constante en las relaciones y análisis del gobierno bolivariano de quienes hemos trabajado al lado del Presidente Chávez, su involucramiento en la elaboración siempre fue estímulo para quienes debíamos satisfacer sus continuas exigencias y alcances".
Luego, analiza la gestión de Maduro y afirma: "El recuento presentado debe interpretarse como un intento de revivir en el ámbito de los que hemos participado en el proceso de la revolución bolivariana los mecanismos de confrontación de ideas y trabajo conjunto bajo una dirección respetada por todos. Es también una forma de crítica a la situación actual, identificando la medida en que se aparta de lo construido en los 20 años previos".
"Resulta doloroso y alarmante ver una Presidencia que no transmite liderazgo, y que parece querer afirmarlo en la repetición, sin la debida coherencia, de los planteamientos como los formulaba el Comandante Chávez".
"Surge una clara sensación de vacío de poder en la Presidencia de la República".
"El legado de Chávez (...) no puede ser confiscado a nombre del propio Chávez ni pretender ser el actual Presidente su único destinatario y delegado".
Republica Sovietica do Brasil? Vai ser, se depender dos companheiros -Daniel Jelin (Veja)
Democracia
Maus conselhos por toda parte
O país já conta com dezenas de milhares de colegiados nos moldes das instâncias que a presidente Dilma Rousseff pretende incentivar, a pretexto de "fortalecer as instâncias democráticas de diálogo". E a experiência acumulada não é nada animadora
Veja.com, 22/06/2014
O decreto foi assinado por Dilma há um mês. A pretensão de que uma "política nacional de participação social" pudesse ser implementada pelo Executivo numa canetada causou forte reação no Congresso. Oposição e base aliada ameaçaram barrar o decreto, mas o governo promete resistir. Gilberto Carvalho, secretário-geral da Presidência e czar dos movimentos sociais no Planalto, alega questões de princípio (o desejo de "fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas"), mas, num ano eleitoral, é evidente o propósito de cooptar ou recooptar sindicatos, ONGs e outras organizações sociais para o projeto petista.
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Febre dos conselhos – A multiplicação dos conselhos é um fenômeno induzido pela Constituição de 1988, numa aparente tentativa de reparar o déficit democrático de um país recém saído da ditadura. De 1930 a 1989, segundo o Ipea, foram criados apenas cinco conselhos federais no Brasil. Nos 20 anos seguintes, surgiram mais 26. Atualmente, são 40 - incluindo as comissões. Por exigência legal ou simplesmente inspirados nos colegiados federais, Estados e municípios também foram tomados por essa "febre conselhista". Segundo o IBGE, 5553 cidades têm conselhos de saúde, 3784 do meio ambiente e 976 da mulher (dados de 2013); 1231 de política urbana, 5527 de assistência social, 1507 de segurança alimentar, 357 do transporte, 1798 da cultura e 642 da segurança pública (dados de 2012); 4718 da educação, 3240 da habitação e 195 do saneamento (dados de 2011).
O formato mais comum de conselho não chega a ser uma jabuticaba, mas é bastante peculiar. O governo dá forma ao conselho, define suas funções e indica aproximadamente metade dos conselheiros. A escolha dos demais representantes é prerrogativa de ONGs, sindicatos e associações variadas, muitas delas direta ou indiretamente cacifadas pelo governo. É discutível quem representa o que nesses órgãos, mas é fato que o cidadão comum não tem palavra: não vota, nem pode ser votado. A participação, portanto, é indireta.
No papel – Os poderes de cada conselho variam bastante, de acordo com a força das entidades que atuam no setor e a disposição do governo em atendê-las. Os menos institucionalizados mal saem do papel. Segundo levantamentos do IBGE, a taxa de conselhos municipais que não tiveram uma única reunião nos 12 meses anteriores à pesquisa é de: 30% para segurança pública, 29% para transportes, 28% para política urbana e para direitos da mulher, 27% para habitação e segurança alimentar e 25% para cultura.
Já os conselhos mais institucionalizados podem ser bastante influentes. É o caso do Conselho Nacional do Meio Ambiente, um dos colegiados mais enraizados na máquina federal. É certo que o Conama não legisla, mas o que se delibera por lá tem ampla repercussão - e eventualmente força de lei. O Conama é notório pelo grande número de conselheiros: 108. São mais cadeiras do que o Senado (81) ou a Assembleia Legislativa de São Paulo (94). É um verdadeiro congresso, de fato, com "bancadas", "frentes" e "oposição". Não espanta que a maioria dos conselheiros (54%) aponte como principal entrave as "questões políticas alheias à agenda do Conselho", segundo sondagem do Ipea de 2010. Uma evidência das facções do conselho: na mesma pesquisa, três resoluções são simultaneamente citadas por conselheiros como as mais positivas e as mais negativas do Conama.
Currículo e representatividade – Há gente séria no Conama, indicada por entidades idem. O problema não é exatamente currículo, mas representatividade. Os estados têm todos o mesmo peso, uma única vaga. Regiões também, cada qual com duas cadeiras para os ambientalistas e uma para representar as prefeituras. Cada ministério, cada secretaria e cada uma das Forças Armadas têm uma vaga garantida. Ibama, centrais sindicais, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental e Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) também. Empresas têm oito lugares. Tudo somado, o governo tem folgada maioria (72% das vagas).
Em entrevistas ao Ipea, a grande maioria dos conselheiros do Conama se gaba de contribuir para a melhoria da gestão ambiental e de manter constante contato com o segmento que diz representar. No dia a dia, a história é outra. Dos 108 representantes titulares, só 10 compareceram às três reuniões plenárias de 2014. Na última, uma convocação extraordinária para concluir o encontro anterior encerrado por falta de quórum, havia apenas 26 titulares. E, embora haja dois suplentes para cada titular, 38 cadeiras ficaram vazias. Por faltar repetidamente, três representantes perderam temporariamente o direito a voto. "É decepcionante demais", conta um dos poucos conselheiros assíduos, para quem o órgão atravessa uma crise de legitimidade. "O Conama parou."
"Voando" – Os assuntos do Conama nem sempre são fáceis de acompanhar. Um dos temas que mais ocuparam o conselho, e cujas indefinições ajudam a explicar o esvaziamento das plenárias, são os desdobramentos da lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, e do decreto que a regulamentou (criando, de quebra, mais dois comitês...). Um dos titulares com seguidas faltas no Conama reconhece não entender o que "o pessoal das ONGs" discute por lá. "Eu passo o dia 'voando'", admite.
Não é só no Conama que os conselheiros passam o dia "voando". Segundo pesquisa do Ipea de 2013 com mais de 700 conselheiros da administração federal, a maioria deles (61,5%) está convicta de que os temas abordados são compreendidos apenas parcialmente pelo colegiado, e 6,7% acham que os assuntos simplesmente não são assimilados. Nos órgãos que lidam com questões de infraestrutura e recursos naturais, apenas 18,9% afirmam que os assuntos discutidos são plenamente entendidos no conselho.
Dominado – A "governança da internet", da qual o governo federal subitamente descobriu se orgulhar, é um exemplo de como os mecanismos de participação social podem ser distorcidos. Criado em 1995, o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) é o órgão encarregado de formular diretrizes para a tal governança. Foi de lá que saíram as linhas gerais do Marco Civil da Internet - bem traçadas, diga-se. Desde 2003, o CGI.br segue aproximadamente o desenho previsto no decreto de Dilma: sociedade civil e governo encontram ali representações "paritárias" – na verdade a sociedade civil tem um peso pouquinho maior, 11 a 9 cadeiras. Tanto os atos da secretaria como a escolha de seus membros passam por processos "públicos" e "transparentes", uma vez que ganham divulgação no próprio site do CGI.br.
A eleição do CGI.br tem a fórmula da maioria dos conselhos: só as entidades pré-cadastradas participam. Segundo as regras do comitê, essas associações devem ter CNPJ e dois anos de atividade – em comparação, o decreto 8.243 é bem mais temerário, prevendo a participação de "coletivos, movimentos sociais institucionalizados ou não institucionalizados, suas redes e suas organizações", o que seria absolutamente impossível de fiscalizar.
A última eleição, em fins de 2013, demonstrou a fragilidade desse modelo. Para surpresa e mal estar do comitê, o colégio eleitoral foi subitamente dominado por cooperativas de pequenos agricultores, associações comunitárias e assentamentos da Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte com pouca ou nenhuma ligação com os temas do comitê. De 234 entidades inscritas, pelo menos 130 provinham dos grotões. O candidato mais votado por esta sociedade civil preside uma ONG de inclusão digital em João Pessoa (PB), não enxerga manipulação no processo eleitoral e diz que os concorrentes fazem o mesmo: "fui mais eficiente". Com algum idealismo, pode-se torcer para que a próxima eleição seja mais disputada, diluindo esse tipo de distorção. O risco mais palpável, contudo, é o de afastar do comitê os representantes, digamos, menos atirados.
Panaceia – As limitações dos conselhos não significam, é claro, que não haja inteligência na chamada "sociedade civil organizada" ou que a única forma de participação democrática seja o processo eleitoral. Mas sua adoção não pode ser deslumbrada – ou ardilosa, como o decreto 8.243. O cientista social Rafael Cortez, da consultoria Tendências, lembra que "participação social" não é panaceia para aumentar a eficiência das políticas públicas – uma medida decidida por muitos "participantes" nem sempre é sábia.
Uma função que esses colegiados poderiam desempenhar com alguma eficácia é a de servir como uma espécie de câmara de eco das políticas públicas. Com isso, os gestores não precisam esperar as eleições para sondar as expectativas dos diversos setores da sociedade e conhecer a repercussão de uma iniciativa. A maioria dos conselhos no Brasil, contudo, vai muito além: eles efetivamente têm poder de decisão, o que exige desenhos institucionais muito mais cautelosos. Para tanto, Cortez alerta, os colegiados devem primar pela prestação de contas, para que o restante da sociedade possa monitorar as decisões tomadas, e pela total independência entre as partes, para impedir a cooptação das entidades.
Mais controle – É verdade, como disse o ministro da Casa Civil, Aloizio Mercadante, que o decreto não cria conselhos. Mas é um incentivo e tanto. O texto manda que todo órgão e entidade da administração federal, direta e indireta, "considere" sua adoção - ou a de outra instância prevista no texto (comissões, conferências, "mesas" etc). Seja qual for o resultado desta "consideração", o texto prevê relatórios anuais sobre a implementação desta "política nacional de participação social".
E quem "aconselha" os "conselheiros"? A resposta, pelo que se entende do decreto, é: o próprio Gilberto Carvalho. Cabem à sua secretaria "orientações", "coordenações" e "avaliações" do programa, por meio dos palavrosos Sistema Nacional de Participação Social, Comitê Governamental de Participação Social e Mesa de Monitoramento das Demandas Sociais, todos de franca inspiração bolivariana. O que se pode esperar desse sistema é mais "controle social", diretriz fixada no decreto e pretensão declarada de um a cada quatro conselheiros da administração federal. O que se entende por "controle social" não é consenso entre acadêmicos. Mas já se sabe o que o PT pensa disso, a julgar por sua cruzada para patrulhar a imprensa por meio de certo "controle social da mídia".
Pretexto – Essa multiplicação de conselhos populares por decreto pode satisfazer as panelinhas do terceiro setor, incrustando de ONGs a máquina pública; pode atender às conveniências do Planalto, amansando os movimentos sociais em ano de eleição; pode corresponder aos devaneios dos "conselhistas", para quem os colegiados são um fim em si mesmo; pode até, é claro, resultar em um ou outro conselho funcional. Mas nada disso tem a ver com "aprofundar a democracia" – que é, como se sabe, o pretexto dos autoritários para subverter o regime.
Alianca do Pacifico: avancando para o Pacifico e sobre o Mercosul (El Pais)
Eleicoes 2014: "Muda Mais Brasil"? Mas com o mesmo? - Merval Pereira
coluna de Merval Pereira no jornal O Globo: