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sábado, 4 de outubro de 2014

Venezuela companheira: um pais com excesso de democracia (vale diminuir um pouco...)

Com a ajuda dos companheiros, dos vários companheiros, do Foro de São Paulo, a Unasul ficará caladita, igual que a OEA, o Mercosul, com a provável exceção da SIP. Mas o que é a SIP? Um abrigo de aristocratas da mídia golpista, a serviço de Washington, da direita, dos fascistas...
Paulo Roberto de Almeida

Venezuela: quieren cerrar Tal Cual
Leonardo Pizani
Infobae (Buenos Aires), Miercoles, 1er/10/2014 - 06:28

Habiendo nacido para proteger a reyes y emperadores, el desacato, la injuria, la difamación y la calumnia como formas penales avanzan con los regímenes autoritarios y retroceden con la democracia y los casos de Venezuela y Argentina son paradigmáticos en ese sentido.

Mientras en Argentina en los últimos 20 años esas figuras jurídicas se han despenalizado, en Venezuela no sólo se ha introducido la figura del desacato en los artículos 148 y 149 de la última reforma parcial del Código Penal, además se han incrementado las penas contempladas para los delitos de difamación en los artículos 444 y 446 con el claro objetivo de intimidar, censurar y controlar la opinión, la información y la prensa independiente. Eso ya lo han vivido los argentinos.

Los comunicadores argentinos sufrieron situaciones de acoso judicial similares y en algunos casos peores que las que sufren los venezolanos, pero mientras los primeros pudieron acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger su derecho a la libertad de prensa, de opinión y de información, los venezolanos por ahora no disponemos de esa herramienta.

¿Es casual que Chávez haya sido militar y haya sido también quien introdujo en el Código Penal la figura del Desacato y quien sacó a Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Es casualidad también que sea ahora el Capitán Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional, quien utilice la figura de la injuria agravada para ir contra un pequeño diario independiente como Tal Cual, o todo responde a la lógica militar que se fundamenta en la jerarquía y la obediencia para someter, y cuyo único objetivo es la consolidación en el poder?

En este momento Argentina enfrenta grandes enemigos y serios problemas que sin duda ocupan todo el tiempo de su gobierno, sus políticos, intelectuales y comunicadores, pero creo que precisamente por eso, para preservar las libertades conquistadas con tanto dolor y sacrificio, tiene que encontrar el tiempo para ocuparse, más allá del discurso, de lo que está sucediendo con las libertades en Venezuela.

Se lo deben a sí mismos. ¿O es que las centenas de argentinos -docentes, políticos, intelectuales, comunicadores, hombres y mujeres comunes y corrientes- que encontraron refugio en la Venezuela democrática primero cuando la dictadura de Onganía y después con el régimen de terror de Videla no aprendieron nada de esa experiencia?

¿Es tan fácil de olvidar la terrible sensación de abandono que vivieron hasta que en 1979 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos -presidida por Andrés Aguilar, eminente jurista venezolano, demócrata cristiano para más seña- visitó el país y permitió comenzar a destapar ante el mundo las atrocidades que estaba sufriendo la gente?

Los argentinos saben que su libertad y su democracia no dependen sólo de ellos. Por supuesto que son los principales responsables por haberlas conquistado y de preservarlas, pero es evidente que la solidaridad internacional fue muy importante y lo mismo sucederá en Venezuela.

Es en el mes de septiembre que Argentina conmemora la visita de la Comisión y fue también en un mes de septiembre, cinco años después, que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de la Personas (CONADEP) presentó al Presidente Alfonsín el devastador informe que permitió el juicio a las juntas y el comienzo de lo que hoy es un avance inconmensurable en materia de DDHH. Pero es también en el mes de septiembre que Venezuela cumplió su primer año fuera del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos en medio del más atronador de los silencios de sus países hermanos.

El caso Tal Cual
El 17 de enero de este año Carlos Genatios -ex ministro de Ciencia y Tecnología del ex presidente Chávez- escribió un artículo de opinión en el diario Tal Cual en el cual atribuyó al Capitán Diosdado Cabello ( Presidente de la Asamblea Nacional venezolana) la frase “Si no les gusta la inseguridad, váyanse”, aparecida como leyenda al pie mientras el Capitán declaraba en uno de los canales de TV del gobierno.

El 24 de enero el Capitán Cabello -asegurando que no había dicho tal cosa- formalizó una querella contra el articulista, el Director del diario -Teodoro Petkoff- y toda la junta directiva del mismo.

El día 6 de marzo, el Juzgado 29 de Primera Instancia en lo Penal aceptó la demanda por difamación agravada y dictó las medidas cautelares solicitadas por el querellante de prohibición de salida del país y presentación semanal de los demandados ante la jueza incluyendo a Teodoro Petkoff, hoy de 82 años de edad. Las penas contempladas en el Código Penal son hasta de 4 años de cárcel y multas millonarias.

Argentina forma parte de la Comisión de Unasur propiciadora del diálogo en Venezuela. Vista la relación que existe entre los dos gobiernos, una palabra, un gesto a tiempo pueden ser de gran importancia incluso para las futuras relaciones entre los dos países si en Venezuela la oposición ganara las próximas elecciones.

@PizaniLeonardo

quarta-feira, 10 de setembro de 2014

Brasil-Paraguai: um sequestro na politica externa - Carlos Brickmann

Atenção: sequestro NA política externa, não DA política externa, mas também poderia ser...
Paulo Roberto de Almeida

Sequestro é notícia?
Carlos Brickmann, 10/09/2014

Se sequestro de um adolescente brasileiro no Exterior é notícia, não parece.

Arlan Flick, 16 anos, foi sequestrado pelo EPP, Ejército del Pueblo Paraguayo, no dia 2 de abril, em Paso Tuyá, no Paraguai. O EPP pediu resgate, que foi pago em 10 de abril: 500 mil dólares. O EPP exigiu então que a família doasse também US$ 50 mil em alimentos para dois assentamentos. Essa quantia também foi paga. O rapaz continuou sequestrado, e sequestrado continua até agora.

Uma curiosidade: três líderes do Ejército del Pueblo Paraguayo estão asilados no Brasil desde o Governo Lula. São eles Juan Arron, Victor Colman e Anuncio Marti. Não, o Governo brasileiro não censurou severamente os cavalheiros que desfrutam do nosso asilo por ajudarem a manter sequestrado um adolescente brasileiro. Não, o Governo brasileiro não ameaçou suspender o asilo a menos que o EPP liberte o sequestrado. O Governo brasileiro mantém, diante do EPP, uma postura humilde, obsequiosa, de diplomático nanismo.

E a imprensa brasileira? Houve há meses uma boa matéria em O Globo, há menções em colunas (normalmente as publicadas no Paraná), mas nada que se pareça com uma campanha para mostrar que, encostada à fronteira do Brasil, há uma organização criminosa realizando sequestros e usando nosso território para fugir à Polícia do país vizinho. As melhores fontes sobre o sequestro de Arlan Flick, que já dura seis meses, são jornais paraguaios. Dois links:

http://www.ultimahora.com/cinco-meses-rastros-arlan-n826011.html

http://www.abc.com.py/abc-tv/locales/arlan-cumple-5-meses-secuestrado-1281923.html

A propósito, a família do rapaz sequestrado não tem participação política nenhuma nem no Paraguai nem no Brasil. São fazendeiros prósperos e compraram suas terras legalmente, de acordo com as leis paraguaias.

sexta-feira, 20 de junho de 2014

Brics: os parceiros estrategicos dos companheiros na censura a imprensa (China)


Chinese Government Tightens Constraints on Press Freedom



HONG KONG — China introduced new restrictions on what the government has called “critical” news articles and barred Chinese journalists from doing work outside their beats or regions, putting further restraints on reporters in one of the world’s most controlled news media environments.
Reporters in China must now seek permission from their employers before undertaking “critical reports” and are barred from setting up their own websites, the State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television announced in new rules Wednesday.
The state agency said in a statement on its website that the rules came after a series of cases involving misconduct by journalists, including extortion. But journalists and rights activists said the rules could have a chilling effect on reporting in China, a country already ranked 173rd out of 179 countries on the press freedom index published by Reporters Without Borders.
Yet despite the restrictions on reporters, newspapers and magazines such as Southern Weekend and Caixin routinely publish scathing investigative articles that expose social ills and corruption. Caixin, for example, broke a series of articles about the business interests of the family of the former security chief Zhou Yongkang starting late last year.
That kind of reporting may be more difficult under the new rules, said Ji Shuoming, a Chinese journalist now based in Hong Kong, who added that aggressive investigative journalists will find it hard to write articles without venturing outside their beats or regions. That puts them at risk if their work draws the anger of any officials, he said.
“Now they have this rule, if they don’t like what you wrote they can say you violated the rules,” said Mr. Ji, who this year wrote an exposé about the business interests of Li Xiaolin, the daughter of former Prime Minister Li Peng.
The new rules come amid a surge in restrictions on expression following the elevation of Xi Jinping to the top leadership posts in November 2012. Last year, several bloggers were arrested after new restrictions onpublishing “rumors” were established by the state. Activists who have called for officials to declare their assets have been jailed.
With China’s severe pollution, food-safety worries and widespread official corruption, high-quality journalism is needed more than ever, said Sophie Richardson, the China director for Human Rights Watch.
“What public health scare or environmental disaster or toxic product won’t get reported?” Ms. Richardson said. “What corruption cases, unrest, or prosecutions won’t people get to know about? Closing the already narrow space for independent, critical journalism is a tremendous mistake.”

quarta-feira, 4 de junho de 2014

Hermanos traidores (dos companheiros ingenuos): Cuba e EUA

COLUNA ESPLANADA

Cuba oferece aos EUA Porto de Mariel, erguido pelo… Brasil

O Porto de Mariel, construído com financiamento do governo brasileiro, foi oferecido pelo presidente Raúl Castro para operação dos americanos

por Leandro Mazzini
fonte | A A A
O Porto de Mariel, a nova ‘Jóia do Caribe’ — como classificam os cubanos capitalistas –, construído com financiamento do governo brasileiro, que também doou R$ 240 milhões (!) para a obra, foi oferecido pelo presidente Raúl Castro para operação dos americanos. Os dois países dão como certo o fim do embargo dos Estados Unidos nos próximos anos. Na última sexta, o diretor da Câmara de Comércio Americana, Thomas Donohue, visitou Mariel com séquito de grandes empresários norte-americanos, e ouviu a proposta do presidente Raúl Castro.

sábado, 13 de julho de 2013

Corrupcao tem belos dias pela frente: alianca Lula-Collor e petralhascontra TCU e auditores

Collor quer diminuir poder de fiscalização do TCU

Senador alagoano apresentou duas propostas para submeter as decisões do tribunal, como paralisações de obras, ao crivo do Congresso. Além disso, defende punição para auditores responsáveis pelas fiscalizações
Congresso em Foco, 05/07/2013

Com duas propostas, senador pretende diminuir o poder de fiscalização da corte

Desde que assumiu a presidência da Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado, o senador Fernando Collor (PTB-AL) tem feito barulho nas críticas ao trabalho dos auditores do Tribunal de Contas da União (TCU). Agora, além de disparar contra os profissionais, ele decidiu apresentar duas propostas para reduzir os poderes e autorizar punição criminal aos servidores da corte de contas e para evitar as paralisações de obras suspeitas de desvio de dinheiro e superfaturamentos de preços.
São duas frentes apresentadas por Collor. A primeira é um projeto de lei que vincula a suspensão de uma obra à necessidade de aval do Congresso. Atualmente, após a recomendação feita por um auditor, o ministro responsável pela fiscalização pode embargar o empreendimento até que as correções necessárias sejam feitas. O texto foi apresentado na quarta-feira (3) no Senado.
O TCU se baseia no inciso dez do artigo 71 da Constituição Federal para poder sustar a execução do ato impugnado caso o órgão ou entidade adote as providências necessárias para corrigir as irregularidades. O texto constitucional estabelece também que a decisão deve ser comunicada à Câmara e ao Senado. Para críticos do tribunal, esse trecho da Carta Magna não dá poderes para paralisar as obras.
Mesmo assim, a corte afirmou, em nota divulgada em maio para rebater críticas ao trabalho, que procura dar prioridade ao “diálogo com os gestores públicos, permitindo a correção dos problemas sem a necessidade de paralisação dos empreendimentos”. Citou, na mesma nota, por exemplo, que apenas 0,6% do total de contratos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) parados foram a pedido do órgão.
Punições
A outra proposta de Collor é uma emenda ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2014, ainda em análise na Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso. A sugestão inclui a punição criminal, cível e administrativa para auditores de tribunal pelo “exercício irregular” na fiscalização de obras e por danos ao Erário, “inclusive aqueles decorrentes da paralisação ou atraso” das construções.
Associações de auditores consideram as propostas um contrassenso em um período de protestospor menos corrupção e melhores condições sociais. “É absurdo, é o sinal verde para a corrupção no Brasil”, disse o presidente da União dos Auditores de Controle Externo (Auditar), Leonel Munhoz Coimbra, ao Congresso em Foco na tarde de quinta-feira (4). A Associação Nacional dos Auditores dos tribunais de contas (ANTC) considerou as medidas um incentivo à corrupção e uma mordaça aos inspetores e auditores.
Para Munhoz, o objetivo é dificultar a fiscalização. “Em tese, a intenção é não paralisar uma obra em que haja irregularidades, com desvio de recursos públicos ou superfaturamentos”, disse ele.
A emenda à LDO foi apresentada em 19 de junho pela Comissão de Infraestrutura do Senado, presidida por Collor. O projeto para modificar a Lei Orgânica do TCU foi protocolado ontem, segundo a Auditar e a ANTC. O gabinete do senador não soube precisar a data do projeto, que ainda não aparece no sistema de consultas do Senado pela internet.
Leviandade
Apesar disso, os assessores de Collor disseram que a justificativa contrapõe os temores dos auditores, segundo os quais haverá facilidades para a corrupção. “Esta iniciativa não tem qualquer permissividade com a coisa pública”, escreveu o senador no projeto de lei. “As auditorias e fiscalizações continuarão a ser realizadas normalmente e as práticas danosas ao Erário serão reprimidas”, continuou ele.
Para Collor, a emenda à LDO vai punir tanto o auditor que agir desprezar “sinais claros de malversação de recursos” quanto quem agir com “leviandade de apontar irregularidades de maneira infundada”. Na manhã desta sexta-feira (5), Collor deve fazer um discurso no plenário do Senado sobre o assunto.
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Novo ataque aos auditores de controle externo favorece a corrupção

Congresso em Foco, 
12/07/2013
Jorge Maranhão critica tentativa de Fernando Collor de ferir a autonomia do TCU e de seus auditores, e diz que o senador não entendeu “o que as manifestações nas ruas significaram”

Como sempre costumamos dizer, o trabalho da cidadania é ininterrupto. Não só o trabalho de fiscalizar os gastos públicos, mas também sobre o que andam fazendo os parlamentares eleitos que, volta e meia, demonstram não ter entendido o que as manifestações nas ruas significaram.
Um desses, inclusive, é emblemático: o polêmico senador Fernando Collor. Hoje, o senador é presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado e, por conta disso, tem sido um crítico regular do sistema de controle externo do Tribunal de Contas da União. Quem já o assistiu discursar raivosamente em plenário sabe que o senador elegeu essa importante instituição de Estado como sua inimiga número um.
Pois agora o senador Collor resolveu partir para a ação e apresentou dois projetos de lei que atingem diretamente a autonomia das decisões do TCU e de seus servidores auditores de controle. O primeiro vincula a suspensão de uma obra à necessidade de aval do Congresso. Atualmente, após a recomendação feita por um auditor de carreira, o ministro responsável pela fiscalização pode embargar o empreendimento até que as correções necessárias sejam feitas. Ao se jogar uma decisão dessas para o Congresso, uma decisão eminentemente técnica passa a ser política, ao sabor da composição parlamentar do momento. Ou seja, se a obra for de algum aliado político da bancada majoritária, por exemplo, ela dificilmente será interrompida, mesmo com sinais claros de problemas.
A outra proposta do senador vai contra os próprios auditores. Trata-se de uma emenda ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2014, que ainda está em análise na Comissão Mista de Orçamento do Congresso. A sugestão inclui a punição criminal, cível e administrativa para auditores de tribunal pelo “exercício irregular” na fiscalização de obras e por danos ao erário, “inclusive aqueles decorrentes da paralisação ou atraso” das construções. Uma verdadeira “mordaça” aos auditores de controle externo, bem ao estilo daquela que o deputado Malufpretendia impor ao Ministério Público.
Para diversas organizações da sociedade civil, com essas duas propostas, o trabalho do TCU estaria inviabilizado, o que tornaria a luta contra a corrupção ainda mais complicada. Com a presença significativa do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), a associação de servidores do  Legislativo e do TCU (Sindilegis), a União dos Auditores Federais de Controle Externo (Auditar), a Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (ANTC) e a Associação Nacional do Ministério Público de Contas (Ampcon), dentre outras, realizaram esta semana um ato de protesto em Brasília.
Para Lucieni Pereira, auditora e presidente da ANTC, “o senador Collor parece não ouvir o clamor dos cidadãos, que inclusive voltam às ruas para reivindicar medidas efetivas contra a corrupção e manifestar repúdio aos projetos que visam enfraquecer a atuação do controle, como foi o caso da PEC 37”. Já Leonel Munhoz, presidente da Auditar, é mais enfático. Para ele, o objetivo das propostas é mesmo dificultar a fiscalização: “Em tese, a intenção é não paralisar uma obra em que haja irregularidades, com desvio de recursos públicos ou superfaturamentos”.
Para uma democracia sólida, é preciso que tenhamos instituições de Estado igualmente sólidas, além de autônomas e livres do jogo e das ameaças de cunho eminentemente político. Principalmente no caso das instituições de Estado dedicadas à gestão, controle e fiscalização, como o TCU e os demais tribunais de contas, a Controladoria-Geral da União (CGU), o Ministério Público, a Advocacia-Geral da União, a Receita Federal, o Banco Central, as defensorias públicas e outras.
Não tenham dúvida: qualquer movimento que redunde no enfraquecimento, no aparelhamento político ou na desvalorização dessas organizações é um grande desserviço a uma cidadania que ainda está começando o seu caminho no país.

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