Como o Vaticano não possui tanques, como disse uma vez Stalin, só lhe resta apelar para el pueblo cristiano y catolico, sem saber qual será o resultado disso tudo.
Vamos ver a próxima novela venezuelana, em longuissimos e aborrecidos capítulos de embates ideoloógicos e golpes baixos políticos...
Paulo Roberto de Almeida
República Bolivariana de Venezuela
Asamblea Nacionales [sic]
Comunicado
La Jerarquía Eclesiástica y el Cardenal Jorge Urosa Savino, han venido formulando denuncias y acusaciones en forma sistemática en contra del Comandante Hugo Chávez, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y de las instituciones del Estado Venezolano.
Esta conducta no es nueva. Durante más de diez años consecutivos la jerarquía de la Iglesia Católica ha atacado a las instituciones que conforman el Estado Venezolano, tratando de manipular con mentiras la buena fe de los venezolanos y venezolanas.
Cabe destacar que es un hecho público, notorio y comunicacional, la participación de la cúpula eclesiástica en el Golpe de Estado del año 2002, así como en la firma del decreto de Pedro Carmona Estanga por parte del Cardenal Ignacio Velasco, con lo cual esta Jerarquía Eclesiástica apoyó la derogación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la disolución del Poder Público Nacional.
No obstante, la conducta abiertamente política y de oposición sostenida por la Jerarquía Eclesiástica, la Asamblea Nacional cursó una cordial invitación al Cardenal Urosa Savino, para que argumentara y presentara las pruebas, en caso de tenerlas, que sustentan sus acusaciones en contra del Presidente de la República y de las instituciones del Estado Venezolano.
El Cardenal asistió a la reunión con la Comisión Coordinadora de la Asamblea Nacional el día martes 27 de julio del año 2010. En la misma leyó un documento que previamente su auxiliar se había ocupado de distribuir a los medios de comunicación social, en cuyo contenido ratifica sus argumentos que descalifican al modelo Socialista en construcción, mediante la satanización de las políticas públicas adelantadas por el Ejecutivo Nacional y las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional.
A pesar del encuentro promovido por la Asamblea Nacional, que se consideraba positivo, la respuesta del Cardenal Urosa Savino y la Conferencia Episcopal Venezolana fue mantener sus acusaciones contra el Presidente de la República y las instituciones del Estado, lo cual reafirma que seguirán actuando como operadores y voceros políticos de oposición. Tanto es así, que mientras el Cardenal Urosa Savino leía su documento en el Parlamento, otros voceros de la conferencia episcopal agredían al Estado Venezolano a través de los medios de comunicación social.
La Jerarquía Eclesiástica, así como el Cardenal Urosa Savino, emplean un lenguaje pretendidamente pastoral para ocultar la intención de provocar temor entre los venezolanos y la feligresía católica, mediante el viejo expediente del anticomunismo. El señalamiento que hacen de la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional no lo demuestran ni en el documento leído por Urosa Savino, ni en la respuesta que dio a los diputados y diputadas en la reunión de la Comisión Coordinadora. En este sentido, esas aseveraciones de inconstitucionalidad se quedan en el mero discurso propagandístico y de descalificación a priori, sin esconder la conducta hostil y beligerante, que obliga a revisar las relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado del Vaticano.
Estas relaciones, se fundamentan en los contenidos del Convenio entre la Santa Sede y la República de Venezuela de 1964, el cual fue suscrito bajo la vigencia de la derogada Constitución de 1961, y se promovió con base en la Ley de Patronato Eclesiástico de 1824, reafirmado mediante decreto de fecha 24 de marzo de 1833, que no se ajusta a las realidades sociales, constitucionales y legales de nuestra República Bolivariana de Venezuela.
Las frases “convivencia democrática”, “convivencia social” y “constructores de la paz”, reiteradas en el documento leído por el Cardenal Urosa Savino, no se corresponden con las posiciones conspirativas asumidas en el pasado reciente, por parte de los obispos y jerarcas de la Conferencia Episcopal Venezolana, ni con las agresiones actuales contra el Jefe del Estado y contra los millones de hombres y mujeres que en reiterados procesos electorales han respaldado al Presidente Hugo Chávez con la propuesta de construcción del Socialismo Bolivariano, como instrumento para alcanzar la mayor suma de felicidad de nuestro pueblo. Estas agresiones sistemáticas, tienen como objetivo y propósito incidir en el resultado electoral del 26 de septiembre de 2010.
A la luz de los hechos anteriormente señalados, la Asamblea Nacional:
ACUERDA
PRIMERO. Rechazar la agresión política por parte del Cardenal Jorge Urosa Savino y la Jerarquía Eclesiástica, en contra del Comandante Hugo Chávez, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y de las instituciones del Estado Venezolano y del pueblo bolivariano.
SEGUNDO. Deplorar el uso de la investidura arzobispal en función de políticas opositoras, así como la desviación por parte de la Jerarquía Eclesiástica de la misión espiritual y religiosa que debe cumplir la Iglesia Católica.
TERCERO. Exhortar al Ejecutivo Nacional, para que revise el Convenio entre la Santa Sede y la República de Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial Nº 27.551 de fecha 24 de septiembre de 1964.
CUARTO. Solicitar la evaluación y la aplicación de mecanismos diplomáticos necesarios para revisar la designación del Cardenal Jorge Urosa Savino como Arzobispo de Caracas.
QUINTO. Dar publicidad al presente Comunicado.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil diez. Año 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
CILIA FLORES
Presidenta de la Asamblea Nacional
DARÍO VIVAS VELASCO
Primer Vicepresidente
MARELIS PÉREZ MARCANO
Segunda Vicepresidenta
IVÁN ZERPA GUERRERO
Secretario
VÍCTOR CLARK BOSCÁN
Subsecretario
29 de julio de 2010
sexta-feira, 30 de julho de 2010
Colecao Brasiliana digitalizada: um tesouro bibliografico
Retiro a informação do Café História:
Uma história bem brasiliana
Projeto digitaliza dezenas de obras da antiga “Coleção Brasiliana” e disponibiliza conteúdo na internet para livre acesso de internautas
Pouco depois da Revolução de 1930, no Brasil, o governo federal tratou logo de empreender outra ousada proposta de escrita da história, mas dessa vez algo no sentido literal do termo: a criação de um acervo constituído por obras de referência para a compreensão do país. Políticos, historiadores, filósofos, geógrafos e educadores, todos tiveram seus serviços convocados. Nada mais natural para um Brasil que experimentava um momento de profunda transformação e, por isso, buscava por uma nova interpretação de si mesmo. A "Coleção Brasiliana", como ficou conhecida, foi publicada entre 1931 e 1993. Mas essa história não se encerra aí. Hoje, quase vinte anos depois do encerramento oficial da coleção, uma parceria envolvendo várias instituições está dando nova vida a este importante conjunto de obras sobre o Brasil. O nome desse projeto é "Brasiliana Eletrônica" e seu objetivo é publicar na internet as obras da antiga coleção criada pelo governo Vargas.
O projeto é resultado de um esforço conjunto envolvendo a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o Ministério da Educação (MEC), através da Secretaria de Ensino a Distância, a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e, finalmente, a Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB). Em sua primeira etapa, logrou-se disponibilizar na rede os textos completos de 20 obras selecionadas entre as 415 que compõem a antológica coleção. No início deste segundo semestre de 2010, o número de obras disponibilizadas já chega a 70. São livros que podem ser acessados na íntegra de maneira fácil e didática
Formatos versáteis
No portal “Brasiliana Eletrônica”, esses livros são oferecidos ao público de dupla forma - como fac-símiles da primeira edição, para serem analisados na feição como vieram à luz, e como textos normalizados e de ortografia atualizada, passíveis de serem editados, selecionados, transcritos e transpostos ("recortados, copiados e colados", no jargão da informática), respeitadas as regras de citação, para estudos, textos, pesquisas e trabalhos escolares e acadêmicos que, felizmente, só fazem crescer no país. Todos os livros foram integralmente digitalizados e submetidos a um programa de reconhecimento ótico de caracteres (OCR).
Dentre as obras digitalizadas, há por exemplo o interessante livro "Os Africanos no Brasil" (1932), de Raimundo Nina Rodrigues. A obra (foto acima) reúne textos deixados pelo autor (1862-1906) e organizados por Homero Pires versando sobre múltiplos aspectos das populações de origem africana no Brasil: procedência, história, religião, folclore, festas, estratificação social, criminalidade. Embora os temas abordados pelo criminalista Nina Rodrigues tenham merecido na atualidade tratamento mais científico, sua contribuição continua a interessar pelo pioneirismo.
No portal, é possível realizar buscas no conteúdo através de palavras-chave e visualizar a segmentação da coleção, segundo áreas do conhecimento. A seção de história é a que possui mais títulos, um total de 23 obras. Segundo os organizadores, a idéia é que o portal se constitua "numa poderosa ferramenta de difusão e democratização de conhecimentos sobre o Brasil, fazendo chegar a amplas camadas da população um portentoso volume de informação e reflexão, até aqui restrito às paredes das bibliotecas."
Para acessar o Portal e conferir as obras: http://www.brasiliana.com.br/brasiliana/
Uma história bem brasiliana
Projeto digitaliza dezenas de obras da antiga “Coleção Brasiliana” e disponibiliza conteúdo na internet para livre acesso de internautas
Pouco depois da Revolução de 1930, no Brasil, o governo federal tratou logo de empreender outra ousada proposta de escrita da história, mas dessa vez algo no sentido literal do termo: a criação de um acervo constituído por obras de referência para a compreensão do país. Políticos, historiadores, filósofos, geógrafos e educadores, todos tiveram seus serviços convocados. Nada mais natural para um Brasil que experimentava um momento de profunda transformação e, por isso, buscava por uma nova interpretação de si mesmo. A "Coleção Brasiliana", como ficou conhecida, foi publicada entre 1931 e 1993. Mas essa história não se encerra aí. Hoje, quase vinte anos depois do encerramento oficial da coleção, uma parceria envolvendo várias instituições está dando nova vida a este importante conjunto de obras sobre o Brasil. O nome desse projeto é "Brasiliana Eletrônica" e seu objetivo é publicar na internet as obras da antiga coleção criada pelo governo Vargas.
O projeto é resultado de um esforço conjunto envolvendo a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o Ministério da Educação (MEC), através da Secretaria de Ensino a Distância, a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e, finalmente, a Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB). Em sua primeira etapa, logrou-se disponibilizar na rede os textos completos de 20 obras selecionadas entre as 415 que compõem a antológica coleção. No início deste segundo semestre de 2010, o número de obras disponibilizadas já chega a 70. São livros que podem ser acessados na íntegra de maneira fácil e didática
Formatos versáteis
No portal “Brasiliana Eletrônica”, esses livros são oferecidos ao público de dupla forma - como fac-símiles da primeira edição, para serem analisados na feição como vieram à luz, e como textos normalizados e de ortografia atualizada, passíveis de serem editados, selecionados, transcritos e transpostos ("recortados, copiados e colados", no jargão da informática), respeitadas as regras de citação, para estudos, textos, pesquisas e trabalhos escolares e acadêmicos que, felizmente, só fazem crescer no país. Todos os livros foram integralmente digitalizados e submetidos a um programa de reconhecimento ótico de caracteres (OCR).
Dentre as obras digitalizadas, há por exemplo o interessante livro "Os Africanos no Brasil" (1932), de Raimundo Nina Rodrigues. A obra (foto acima) reúne textos deixados pelo autor (1862-1906) e organizados por Homero Pires versando sobre múltiplos aspectos das populações de origem africana no Brasil: procedência, história, religião, folclore, festas, estratificação social, criminalidade. Embora os temas abordados pelo criminalista Nina Rodrigues tenham merecido na atualidade tratamento mais científico, sua contribuição continua a interessar pelo pioneirismo.
No portal, é possível realizar buscas no conteúdo através de palavras-chave e visualizar a segmentação da coleção, segundo áreas do conhecimento. A seção de história é a que possui mais títulos, um total de 23 obras. Segundo os organizadores, a idéia é que o portal se constitua "numa poderosa ferramenta de difusão e democratização de conhecimentos sobre o Brasil, fazendo chegar a amplas camadas da população um portentoso volume de informação e reflexão, até aqui restrito às paredes das bibliotecas."
Para acessar o Portal e conferir as obras: http://www.brasiliana.com.br/brasiliana/
Bolivia: da coca à cocaina (faz sentido)
Não deixa de ser irônico, mas é também preocupante, o que aliás vai na linha do debate político atual sobre as políticas de certos vizinhos que acabam provocando efeitos além-fronteiras. O Brasil tem tudo a ver com isso, em sua tolerância para com lideranças cocaleras...
Paulo Roberto de Almeida
Sacerdote que abençoou Morales é preso com 240kg de cocaína
Agência AP, 28.07.2010
Valentín Mejillones abençoou Evo Morales como presidente em cerimônia simbólica no início do ano.
O sacerdote aimará que abençoou Evo Morales como presidente da Bolívia em uma cerimônia simbólica em janeiro deste ano foi detido pela polícia com 240 kg de cocaína líquida avaliada em US$ 300 mil, informaram as autoridades. Valentín Mejillones, 55 anos, entregou o bastão de mando ao presidente boliviano quando este fez o juramento pelo segundo mandato em um ritual andino celebrado no maior templo arqueológico do país.
O sacerdote pertence a um grupo étnico, do qual Morales também faz parte, estabelecido desde a época pré-colombiana no país. Mejillones ostenta o título de amauta que, na tribo de Morales, representa o maior líder espiritual. Na noite desta terça-feira, a polícia invadiu sua casa em um subúrbio da cidade de El Alto, próxima a La Paz, e encontrou o sacerdote preparando cocaína.
"Não importa quem seja, a pessoa que comete uma irregularidade deve se submeter à lei", disse nesta quinta o vice-presidente Alvaro García. "Não foi escolhido pelo presidente (Morales), foi proposto pelo âmbito da religiosidade andina" explicou, em referência à cerimônia religiosa. Trata-se do segundo escândalo que sacode o governo esta semana.
No momento da detenção, Mejillones estava com seu tradicional poncho cerimonial e acompanhado do filho, além de um casal de colombianos que não foram identificados pela polícia. O sacerdote se defendeu, dizendo que foi enganado pelos colombianos e que nada tinha a ver com a carga de droga. "Eles me disseram que iam fazer pastilhas de erva e pomadas", afirmou.
Paulo Roberto de Almeida
Sacerdote que abençoou Morales é preso com 240kg de cocaína
Agência AP, 28.07.2010
Valentín Mejillones abençoou Evo Morales como presidente em cerimônia simbólica no início do ano.
O sacerdote aimará que abençoou Evo Morales como presidente da Bolívia em uma cerimônia simbólica em janeiro deste ano foi detido pela polícia com 240 kg de cocaína líquida avaliada em US$ 300 mil, informaram as autoridades. Valentín Mejillones, 55 anos, entregou o bastão de mando ao presidente boliviano quando este fez o juramento pelo segundo mandato em um ritual andino celebrado no maior templo arqueológico do país.
O sacerdote pertence a um grupo étnico, do qual Morales também faz parte, estabelecido desde a época pré-colombiana no país. Mejillones ostenta o título de amauta que, na tribo de Morales, representa o maior líder espiritual. Na noite desta terça-feira, a polícia invadiu sua casa em um subúrbio da cidade de El Alto, próxima a La Paz, e encontrou o sacerdote preparando cocaína.
"Não importa quem seja, a pessoa que comete uma irregularidade deve se submeter à lei", disse nesta quinta o vice-presidente Alvaro García. "Não foi escolhido pelo presidente (Morales), foi proposto pelo âmbito da religiosidade andina" explicou, em referência à cerimônia religiosa. Trata-se do segundo escândalo que sacode o governo esta semana.
No momento da detenção, Mejillones estava com seu tradicional poncho cerimonial e acompanhado do filho, além de um casal de colombianos que não foram identificados pela polícia. O sacerdote se defendeu, dizendo que foi enganado pelos colombianos e que nada tinha a ver com a carga de droga. "Eles me disseram que iam fazer pastilhas de erva e pomadas", afirmou.
Ecoimperialismo e ecochatices: a cacofonia do debate sobre mudancas climaticas
Reina a maior confusão nos meios soi-disant científicos em torno do chamado aquecimento global, ou mesmo em torno, simplesmente, das mudanças climáticas.
Não creio que um consenso venha a se estabelecer any time soon. Melhor ficar do lado dos céticos, e continuar demandando dados comprovadamente fiáveis, e raciocínios rigorosamente apoiado em fatos e evidências inquestionáveis (o que nem sempre é possível, dada a vastidão dos efeitos naturais, as muitas variáveis intervenientes e a escassez de dados completos de que dispomos).
Abaixo o reflexo de um debate rigorosamente dicotômico na reunião anual da SBPC.
Paulo Roberto de Almeida
Clima em ebulição
Marcelo Medeiros
Jornal da Ciência, 29.07.2010
No debate sobre aquecimento global da 62ª Reunião da SBPC, cientistas da Universidade de São Paulo (USP) confrontaram pontos de vista, colocando em xeque a neutralidade da ciência. De um lado estava Paulo Artaxo, do Instituto de Física da universidade paulista; de outro, Ricardo Felício, do Departamento de Geografia
Em pauta, o papel do homem no aquecimento global. Por trás dos questionamentos, a confiabilidade dos dados apresentados por aqueles que acreditam que as indústrias são responsáveis pelo aumento da temperatura global e os interesses políticos e econômicos por trás desse debate.
Paulo Artaxo, que integra o Painel Internacional de Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), defendeu a ideia de que o homem é responsável pela elevação dos termômetros devido à grande emissão de gases-estufa desde a Revolução Industrial.
Lembrando que o IPCC trabalha com diversos cenários de mudanças climáticas, o físico ressaltou que apenas em 2009, ano subsequente ao início da crise financeira mundial, o nível de emissões de gases poluentes ficou abaixo do previsto pelo quadro pessimista do painel internacional. "A concentração de gases-estufa na atmosfera (463 ppm em CO2 equivalente em 2008) é extremamente elevada e sem precedentes", afirmou Artaxo. Ainda de acordo com os dados apresentados pelo pesquisador, 12 dos últimos 14 anos são os mais quentes da História.
As conseqüências da maior presença de calor no planeta são, segundo Artaxo, visíveis não só por meio de dados. "É possível perceber a maior incidência de fenômenos extremos", garantiu. Em algumas áreas, estaria havendo mais chuvas, enquanto em outros, a seca é um fenômeno crescente. Na bacia do Prata, por exemplo, a precipitação teria crescido cerca de 30% nos últimos anos.
Frente aos fatos, Artaxo acredita ser necessário partir para a ação. Entre as medidas possíveis, mudanças na matriz energética mundial, hoje dominada pela combustão de fontes fósseis, e alterações no padrão de consumo global. Para o físico, o controle do aquecimento global faz parte de um processo de busca por justiça global. "Precisamos de um mundo mais justo", afirmou.
Contra
A proposta das sessões "Ciência em ebulição" da 62ª Reunião Anual da SBPC é provocar o debate e confrontar pontos de vista díspares. Neste sentido, foi o que fez o geógrafo Ricardo Felício. Sua apresentação buscou questionar os principais argumentos apresentados por Artaxo, tendo por trás uma preocupação com a implicância econômica e política das propostas de mudanças nos padrões de produção.
Após agradecer o espaço para a troca de ideias, segundo ele, algo raro, Felício não discordou de que há um aquecimento global, mas indagou o papel do homem nela.
Lembrando que muitas vezes a mídia já publicou relatos catastróficos, o pesquisador apontou problemas no consenso de que mais gás carbônico na atmosfera produz um efeito estufa. "As mudanças climáticas são fenômenos naturais", garantiu. Entre as causas, o ciclo do Sol e a erupção de vulcões. "Estão querendo dizer que o homem é maior que o Sol, os oceanos e os vulcões. O homem libera menos CO2 que os insetos", brincou.
Segundo Felício, os dados que comprovariam o papel da humanidade no aquecimento global apresentam falhas, algumas delas graves. Erros em algoritmos utilizados em modelagens e conceitualizações problemáticas estão na lista de questionamentos. Um exemplo prático demonstrado foi o mecanismo de medição do aumento de temperatura. "É um dado enviesado", disse. Segundo o pesquisador, não há, por exemplo, termômetros na Sibéria, onde o último foi desativado em 2008. A ausência de medidores na extensa faixa de terra localizada no extremo norte do mundo. Além disso, mostrou fotos nas quais medidores estão próximos a fornos, tetos de edifícios e mesmo churrasqueiras.
Porém, o que importa para o geógrafo é a possibilidade de a causa ambiental estar sendo usada para manter o sistema de poder mundial. "A mentira que tentam nos vender vai escravizar a humanidade, principalmente os países subdesenvolvidos, inclusive o Brasil", bradou. "Por trás dos argumentos do IPCC está a 'a imposição do ecoimperialismo'".
Essa nova forma de relação política, na análise de Felício, pressupõe a substituição de antigas relações comerciais por outras, travestidas de ecológicas. Assim, os países mais desenvolvidos, entre eles os próprios Estados Unidos, maior poluidor do mundo, estariam impondo acordos comerciais e produtos que beneficiam suas indústrias, detentoras de tecnologias e patentes "limpas". Logo, segundo ele, é hora de o Brasil passar a questionar os relatórios que recomendam alterações na matriz produtiva caso queira escapar do novo imperialismo.
O confronto de ideias agradou a plateia, que, em sua maioria, defendeu o ponto de vista ambientalista. Pesquisadores brasileiros que também fazem parte do IPCC e ambientalistas criticaram o posicionamento de Felício, argumentando que ele não apresentava dados, apenas argumentos teóricos. Da plateia, o glaciólogo Jefferson Cardia Simões, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), contestou os argumentos do geógrafo. "Seu discurso é o dos que você condena. É baseado em apelo emocional, sem base científica", criticou.
O pesquisador, por sua vez, respondeu que busca "abrir os olhos" da população e colocar "uma pulga atrás da orelha" de cada um para que não se aceite os argumentos sem questionamento. "É preciso coragem para estar aqui na frente", lembrou.
Não creio que um consenso venha a se estabelecer any time soon. Melhor ficar do lado dos céticos, e continuar demandando dados comprovadamente fiáveis, e raciocínios rigorosamente apoiado em fatos e evidências inquestionáveis (o que nem sempre é possível, dada a vastidão dos efeitos naturais, as muitas variáveis intervenientes e a escassez de dados completos de que dispomos).
Abaixo o reflexo de um debate rigorosamente dicotômico na reunião anual da SBPC.
Paulo Roberto de Almeida
Clima em ebulição
Marcelo Medeiros
Jornal da Ciência, 29.07.2010
No debate sobre aquecimento global da 62ª Reunião da SBPC, cientistas da Universidade de São Paulo (USP) confrontaram pontos de vista, colocando em xeque a neutralidade da ciência. De um lado estava Paulo Artaxo, do Instituto de Física da universidade paulista; de outro, Ricardo Felício, do Departamento de Geografia
Em pauta, o papel do homem no aquecimento global. Por trás dos questionamentos, a confiabilidade dos dados apresentados por aqueles que acreditam que as indústrias são responsáveis pelo aumento da temperatura global e os interesses políticos e econômicos por trás desse debate.
Paulo Artaxo, que integra o Painel Internacional de Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), defendeu a ideia de que o homem é responsável pela elevação dos termômetros devido à grande emissão de gases-estufa desde a Revolução Industrial.
Lembrando que o IPCC trabalha com diversos cenários de mudanças climáticas, o físico ressaltou que apenas em 2009, ano subsequente ao início da crise financeira mundial, o nível de emissões de gases poluentes ficou abaixo do previsto pelo quadro pessimista do painel internacional. "A concentração de gases-estufa na atmosfera (463 ppm em CO2 equivalente em 2008) é extremamente elevada e sem precedentes", afirmou Artaxo. Ainda de acordo com os dados apresentados pelo pesquisador, 12 dos últimos 14 anos são os mais quentes da História.
As conseqüências da maior presença de calor no planeta são, segundo Artaxo, visíveis não só por meio de dados. "É possível perceber a maior incidência de fenômenos extremos", garantiu. Em algumas áreas, estaria havendo mais chuvas, enquanto em outros, a seca é um fenômeno crescente. Na bacia do Prata, por exemplo, a precipitação teria crescido cerca de 30% nos últimos anos.
Frente aos fatos, Artaxo acredita ser necessário partir para a ação. Entre as medidas possíveis, mudanças na matriz energética mundial, hoje dominada pela combustão de fontes fósseis, e alterações no padrão de consumo global. Para o físico, o controle do aquecimento global faz parte de um processo de busca por justiça global. "Precisamos de um mundo mais justo", afirmou.
Contra
A proposta das sessões "Ciência em ebulição" da 62ª Reunião Anual da SBPC é provocar o debate e confrontar pontos de vista díspares. Neste sentido, foi o que fez o geógrafo Ricardo Felício. Sua apresentação buscou questionar os principais argumentos apresentados por Artaxo, tendo por trás uma preocupação com a implicância econômica e política das propostas de mudanças nos padrões de produção.
Após agradecer o espaço para a troca de ideias, segundo ele, algo raro, Felício não discordou de que há um aquecimento global, mas indagou o papel do homem nela.
Lembrando que muitas vezes a mídia já publicou relatos catastróficos, o pesquisador apontou problemas no consenso de que mais gás carbônico na atmosfera produz um efeito estufa. "As mudanças climáticas são fenômenos naturais", garantiu. Entre as causas, o ciclo do Sol e a erupção de vulcões. "Estão querendo dizer que o homem é maior que o Sol, os oceanos e os vulcões. O homem libera menos CO2 que os insetos", brincou.
Segundo Felício, os dados que comprovariam o papel da humanidade no aquecimento global apresentam falhas, algumas delas graves. Erros em algoritmos utilizados em modelagens e conceitualizações problemáticas estão na lista de questionamentos. Um exemplo prático demonstrado foi o mecanismo de medição do aumento de temperatura. "É um dado enviesado", disse. Segundo o pesquisador, não há, por exemplo, termômetros na Sibéria, onde o último foi desativado em 2008. A ausência de medidores na extensa faixa de terra localizada no extremo norte do mundo. Além disso, mostrou fotos nas quais medidores estão próximos a fornos, tetos de edifícios e mesmo churrasqueiras.
Porém, o que importa para o geógrafo é a possibilidade de a causa ambiental estar sendo usada para manter o sistema de poder mundial. "A mentira que tentam nos vender vai escravizar a humanidade, principalmente os países subdesenvolvidos, inclusive o Brasil", bradou. "Por trás dos argumentos do IPCC está a 'a imposição do ecoimperialismo'".
Essa nova forma de relação política, na análise de Felício, pressupõe a substituição de antigas relações comerciais por outras, travestidas de ecológicas. Assim, os países mais desenvolvidos, entre eles os próprios Estados Unidos, maior poluidor do mundo, estariam impondo acordos comerciais e produtos que beneficiam suas indústrias, detentoras de tecnologias e patentes "limpas". Logo, segundo ele, é hora de o Brasil passar a questionar os relatórios que recomendam alterações na matriz produtiva caso queira escapar do novo imperialismo.
O confronto de ideias agradou a plateia, que, em sua maioria, defendeu o ponto de vista ambientalista. Pesquisadores brasileiros que também fazem parte do IPCC e ambientalistas criticaram o posicionamento de Felício, argumentando que ele não apresentava dados, apenas argumentos teóricos. Da plateia, o glaciólogo Jefferson Cardia Simões, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), contestou os argumentos do geógrafo. "Seu discurso é o dos que você condena. É baseado em apelo emocional, sem base científica", criticou.
O pesquisador, por sua vez, respondeu que busca "abrir os olhos" da população e colocar "uma pulga atrás da orelha" de cada um para que não se aceite os argumentos sem questionamento. "É preciso coragem para estar aqui na frente", lembrou.
quinta-feira, 29 de julho de 2010
Ruido de sabres e fuzis na America do Sul: o papel da Unasul
Duas visões opostas sobre o mesmo problema:
‘Tempo é de paz’, diz Lula sobre conflito entre Colômbia e Venezuela
Ana Carolina Rosso
O Estado de S.Paulo, 28/07/2010
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 28, que o tempo “é de paz, não de guerra”, ao comentar as tensões na América do Sul entre Colômbia e Venezuela. “Pretendo conversar muito com o Chávez, muito com o Santos (Juan Manuel Santos, presidente eleito da Colômbia), porque eu acho que o tempo é de paz, e não de guerra”, disse Lula, após receber o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, no Palácio do Itamaraty.
“Ainda não vi conflito. Eu vi conflito verbal, que é o que nós ouvimos mais aqui nessa América Latina”, afirmou Lula.
Lula disse que no dia 6 de agosto participa de reunião bilateral com Hugo Chávez e que depois segue para a Colômbia, onde pretende acompanhar a posse de Santos e conversar tanto com ele quanto com o atual presidente colombiano, Álvaro Uribe.
“Temos de restabelecer a normalidade nas relações entre Venezuela e Colômbia, porque são dois países importantes para nós da América do Sul, são duas grandes economias, são dois países que têm grandes fronteiras”.
Tensão
O chanceler venezuelano Nicolás Maduro discutiu na segunda com o Brasil um plano de paz para a resolução da crise instalada entre Venezuela e Colômbia. Maduro encontrou-se em Brasília com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o secretário-geral do Itamaraty, Antônio Patriota, dando início a um rápido giro pelos países vizinhos, com o intuito de discutir um plano de paz que deve ser apresentado nesta quinta-feira na reunião da União das Nações Sul-Americanas (Unasul), em Quito.
“Como todos sabem, o nosso governo é de paz, com vocação sul-americanista, latino-americanista”, disse Maduro, após sair da reunião no Centro Cultural Banco do Brasil, sede provisória do governo. “O presidente Chávez é um combatente pela união e integração (sul-americana).”
Chávez rompeu as relações diplomáticas da Venezuela com a Colômbia depois que o embaixador colombiano na Organização de Estados Americanos (OEA) apresentou denúncia sobre a presença de guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e do Exército de Libertação Nacional (ELN) em território venezuelano.
A tensão entre vizinhos aumenta às vésperas da posse de Juan Manuel Santos, que assumirá o governo da Colômbia no próximo dia 7, sucedendo ao atual presidente, Álvaro Uribe.
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Uribe critica comentários de Lula sobre crise com Venezuela
O Estado de São Paulo, 29/07/2010
O gabinete do presidente colombiano, Alvaro Uribe, emitiu nota criticando os comentários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a crise com a Venezuela.
” Deploramos que Lula, com quem temos as melhores relações, tenha se referido à crise como um caso pessoal e ignore a ameaça que representa a presença de guerrilheiros das Farc na Venezuela”, diz a nota.
“Ainda não vi conflito. Eu vi conflito verbal, que é o que nós ouvimos mais aqui nessa América Latina”, afirmou Lula ontem após se reunir com o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega.
Lula se encontrou no começo da semana com o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Nicolás Maduro, com quem discutiu a crise. Ontem, o presidente indicou que pretende negociar uma distensão entre Colômbia e Venezuela com o presidente eleito da Colômbia, Juan Manuel Santos, que toma posse no próximo dia 7, e Chávez.
A Colômbia acusa a Venezuela de abrigar, com a anuência do governo do presidente Hugo Chávez, guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), incluindo vários líderes do grupo. Caracas nega que dê proteção à guerrilha.
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Addendum em 31.07.2010:
Após tensão, Lula conversa com presidente eleito da Colômbia
Reuters, sexta-feira, 30 de julho de 2010
Lula telefonou a Juan Manuel Santos, nesta sexta-feira, respondendo ligação do presidente eleito da Colômbia realizada na quinta-feira. 29/07/2010
BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o presidente eleito da Colômbia, Juan Manuel Santos, nesta sexta-feira, para procurar reduzir as tensões nas relações entre os dois países.
Lula afirmou a Santos que pretende preservar as relações com a Colômbia e intensificá-las com o novo governo, segundo a Presidência. Reiterou também que jamais pretendeu interferir na política interna colombiana e convidou Santos para vir ao Brasil.
Na quinta-feira, o governo colombiano rebateu as declarações de Lula de que a crise diplomática entre Bogotá e Caracas seria um mero "conflito verbal". Em comunicado, a Presidência colombiana disse que Lula ignorou a ameaça que representa a presença de guerrilheiros na Venezuela.
"O presidente Lula considera que foi uma conversa bastante positiva e que ajudou nessa preparação para uma distensão... do cenário", disse a jornalistas o porta-voz Marcelo Baumbach.
"O presidente ficou satisfeito, acha que foi bastante positiva, uma conversa que ajudou bastante... no desanuviamento das tensões."
Lula telefonou a Santos nesta sexta-feira, respondendo ligação do presidente eleito realizada na quinta-feira.
O comunicado divulgado na quinta pela Presidência da Colômbia lamentou o fato de Lula tratar a situação entre Bogotá e Caracas como "um caso de assuntos pessoais", acrescentando que assim o Brasil está "ignorando a ameaça que para a Colômbia e o continente representa a presença dos terroristas das Farc nesse país (Venezuela)".
Na conversa desta sexta, Lula disse a Santos que o bom relacionamento entre Colômbia e Venezuela é importante para a paz na região.
O governo do presidente Álvaro Uribe denunciou há uma semana à Organização dos Estados Americanos (OEA) que cerca de 1.500 guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e do Exército de Libertação Nacional (ELN) estariam se refugiando em território venezuelano, e pediu uma comissão especial para investigar a situação.
O presidente venezuelano, Hugo Chávez, negou as acusações e rompeu relações diplomáticas com o vizinho, além de colocar em alerta suas Forças Armadas, na pior crise entre os países em mais de duas décadas.
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(Reportagem de Fernando Exman e Carmen Munari)
‘Tempo é de paz’, diz Lula sobre conflito entre Colômbia e Venezuela
Ana Carolina Rosso
O Estado de S.Paulo, 28/07/2010
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 28, que o tempo “é de paz, não de guerra”, ao comentar as tensões na América do Sul entre Colômbia e Venezuela. “Pretendo conversar muito com o Chávez, muito com o Santos (Juan Manuel Santos, presidente eleito da Colômbia), porque eu acho que o tempo é de paz, e não de guerra”, disse Lula, após receber o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, no Palácio do Itamaraty.
“Ainda não vi conflito. Eu vi conflito verbal, que é o que nós ouvimos mais aqui nessa América Latina”, afirmou Lula.
Lula disse que no dia 6 de agosto participa de reunião bilateral com Hugo Chávez e que depois segue para a Colômbia, onde pretende acompanhar a posse de Santos e conversar tanto com ele quanto com o atual presidente colombiano, Álvaro Uribe.
“Temos de restabelecer a normalidade nas relações entre Venezuela e Colômbia, porque são dois países importantes para nós da América do Sul, são duas grandes economias, são dois países que têm grandes fronteiras”.
Tensão
O chanceler venezuelano Nicolás Maduro discutiu na segunda com o Brasil um plano de paz para a resolução da crise instalada entre Venezuela e Colômbia. Maduro encontrou-se em Brasília com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o secretário-geral do Itamaraty, Antônio Patriota, dando início a um rápido giro pelos países vizinhos, com o intuito de discutir um plano de paz que deve ser apresentado nesta quinta-feira na reunião da União das Nações Sul-Americanas (Unasul), em Quito.
“Como todos sabem, o nosso governo é de paz, com vocação sul-americanista, latino-americanista”, disse Maduro, após sair da reunião no Centro Cultural Banco do Brasil, sede provisória do governo. “O presidente Chávez é um combatente pela união e integração (sul-americana).”
Chávez rompeu as relações diplomáticas da Venezuela com a Colômbia depois que o embaixador colombiano na Organização de Estados Americanos (OEA) apresentou denúncia sobre a presença de guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e do Exército de Libertação Nacional (ELN) em território venezuelano.
A tensão entre vizinhos aumenta às vésperas da posse de Juan Manuel Santos, que assumirá o governo da Colômbia no próximo dia 7, sucedendo ao atual presidente, Álvaro Uribe.
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Uribe critica comentários de Lula sobre crise com Venezuela
O Estado de São Paulo, 29/07/2010
O gabinete do presidente colombiano, Alvaro Uribe, emitiu nota criticando os comentários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a crise com a Venezuela.
” Deploramos que Lula, com quem temos as melhores relações, tenha se referido à crise como um caso pessoal e ignore a ameaça que representa a presença de guerrilheiros das Farc na Venezuela”, diz a nota.
“Ainda não vi conflito. Eu vi conflito verbal, que é o que nós ouvimos mais aqui nessa América Latina”, afirmou Lula ontem após se reunir com o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega.
Lula se encontrou no começo da semana com o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Nicolás Maduro, com quem discutiu a crise. Ontem, o presidente indicou que pretende negociar uma distensão entre Colômbia e Venezuela com o presidente eleito da Colômbia, Juan Manuel Santos, que toma posse no próximo dia 7, e Chávez.
A Colômbia acusa a Venezuela de abrigar, com a anuência do governo do presidente Hugo Chávez, guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), incluindo vários líderes do grupo. Caracas nega que dê proteção à guerrilha.
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Addendum em 31.07.2010:
Após tensão, Lula conversa com presidente eleito da Colômbia
Reuters, sexta-feira, 30 de julho de 2010
Lula telefonou a Juan Manuel Santos, nesta sexta-feira, respondendo ligação do presidente eleito da Colômbia realizada na quinta-feira. 29/07/2010
BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o presidente eleito da Colômbia, Juan Manuel Santos, nesta sexta-feira, para procurar reduzir as tensões nas relações entre os dois países.
Lula afirmou a Santos que pretende preservar as relações com a Colômbia e intensificá-las com o novo governo, segundo a Presidência. Reiterou também que jamais pretendeu interferir na política interna colombiana e convidou Santos para vir ao Brasil.
Na quinta-feira, o governo colombiano rebateu as declarações de Lula de que a crise diplomática entre Bogotá e Caracas seria um mero "conflito verbal". Em comunicado, a Presidência colombiana disse que Lula ignorou a ameaça que representa a presença de guerrilheiros na Venezuela.
"O presidente Lula considera que foi uma conversa bastante positiva e que ajudou nessa preparação para uma distensão... do cenário", disse a jornalistas o porta-voz Marcelo Baumbach.
"O presidente ficou satisfeito, acha que foi bastante positiva, uma conversa que ajudou bastante... no desanuviamento das tensões."
Lula telefonou a Santos nesta sexta-feira, respondendo ligação do presidente eleito realizada na quinta-feira.
O comunicado divulgado na quinta pela Presidência da Colômbia lamentou o fato de Lula tratar a situação entre Bogotá e Caracas como "um caso de assuntos pessoais", acrescentando que assim o Brasil está "ignorando a ameaça que para a Colômbia e o continente representa a presença dos terroristas das Farc nesse país (Venezuela)".
Na conversa desta sexta, Lula disse a Santos que o bom relacionamento entre Colômbia e Venezuela é importante para a paz na região.
O governo do presidente Álvaro Uribe denunciou há uma semana à Organização dos Estados Americanos (OEA) que cerca de 1.500 guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e do Exército de Libertação Nacional (ELN) estariam se refugiando em território venezuelano, e pediu uma comissão especial para investigar a situação.
O presidente venezuelano, Hugo Chávez, negou as acusações e rompeu relações diplomáticas com o vizinho, além de colocar em alerta suas Forças Armadas, na pior crise entre os países em mais de duas décadas.
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(Reportagem de Fernando Exman e Carmen Munari)
Politicas ativas do Estado: pessimos exemplos vindos de cima
Na sequência de meu artigo sobre as políticas públicas no Brasil, neste post,
Ativismo estatal
transcrevo abaixo três artigos nessa mesma linha.
Políticas perversas
Marcelo de Paiva Abreu *
O Estado de S. Paulo, 26 de julho de 2010
Disseminou-se hoje no Brasil a disposição de aceitar mais riscos do que recomendaria a prudência. A disputa presidencial estimulou o governo a partir para uma estratégia de uso quase obsceno da máquina pública na distribuição de benesses. Não é surpresa que, na esteira dessa postura do governo, prospere a disputa pelo acesso aos benefícios distribuídos pelo Estado com exacerbação de comportamentos rentistas. Venda de vento tornou-se vocação empresarial digna de inveja dos concorrentes. É só assegurar acesso a crédito público subsidiado e tratar de convencer investidores externos de que o Brasil vai ser, afinal, o país do presente. O ambiente de escancarada cooptação com o dinheiro público desestimula o debate sério de políticas públicas.
A formulação de políticas públicas tem sido calcada em diagnósticos superficiais com clara reincidência em erros cometidos no passado. Exemplo recente é a pretensa detecção de “desindustrialização”, baseada em superficial observação da queda da participação da indústria nas exportações totais ou no PIB. Nenhuma menção ao impacto do aumento dos preços de commodities em relação aos preços de produtos industriais ou ao amadurecimento da economia brasileira com ampliação do peso relativo do setor serviços.
Tal diagnóstico tem cumprido papel central na justificativa de políticas “corretivas” - muito além do que seria justificável com base em critérios de eficiência - baseadas na provisão de crédito público subsidiado e na política de compras do Estado e de empresas estatais envolvendo metas de conteúdo nacional.
O BNDES absorveu no período recente recursos do Tesouro Nacional ao ritmo de R$ 120 bilhões por ano. Recursos que são tomados pelo Tesouro à taxa Selic, enquanto o grosso dos empréstimos do BNDES está indexado à TJLP, muito mais baixa. Reduzir o custo do investimento é objetivo louvável de política econômica, mas não por meio de subsídios maciços e indiscriminados. O governo teve oito anos para tratar de reduzir o custo do investimento de forma decente e fazer convergir a taxa Selic e a TJLP por meio de consolidação do equilíbrio das contas públicas. Crédito subsidiado só faz sentido se o objetivo for eliminar imperfeições de mercado, por exemplo, estimulando o comportamento inovador da indústria ou controlando a geração de externalidades negativas como poluição do meio ambiente. A explicação do BNDES, contrapondo uma “visão dinâmica” a uma “visão quantitativa” para explicar por que a sua atuação seria “benigna” do ponto de vista da sustentação do nível de atividade, pois cria capacidade produtiva, é deprimente.
A adoção de políticas autárquicas quanto a compras públicas é facilitada pelo fato de o País não ser signatário do acordo relevante na Organização Mundial do Comércio (OMC). A recente Medida Provisória 495 sobre licitações públicas pretende garantir a “promoção do desenvolvimento nacional” e estabelece margem máxima de 25% em benefício de bens e serviços nacionais. A política de compras da Petrobrás tem sido calcada na ideia de que não deve ser perdida a oportunidade de expansão da produção de petróleo para adotar política industrial que estimule a substituição de importações de equipamentos por meio de esquemas de preferência a supridores locais. A mesma perspectiva condiciona a concorrência do trem-bala a descabidas exigências de conteúdo local. Por que é mesmo que o conteúdo local deve ser crescente nos 45 anos previstos no cronograma, alcançando 90% para trilhos e dormentes e 60% para portas, janelas, motor de tração e rodas? Reservas de mercado acarretam aumento do custo do investimento, exatamente o oposto do que o BNDES diz ser o objetivo de sua política de subsídios. Proteção à indústria nascente pode até fazer sentido. Mas metas de conteúdo nacional são sabidamente problemáticas e é fundamental que haja programação da retirada de incentivos em prazo razoável. O Brasil tem, entretanto, longa experiência de partos seculares de indústrias nascentes.
No caso extremo teremos custo de investimento muito alto, por conta das exigências de conteúdo nacional, financiado a taxas subsidiadas pelo BNDES. É mais que razoável duvidar de que tal estratégia seja sustentável a mais longo prazo. As implicações serão danosas para as finanças públicas, ainda mais em face da incontinência estrutural de gastos e sua acomodação por meio de aumento da carga fiscal. A comemorada ressurreição de setores de atividade que no passado não sobreviveram à concorrência internacional - como a indústria naval, por exemplo - leva à desconfiança de que poderia estar havendo simples criação de nova manada de elefantes brancos.
Não há qualquer indício de que a candidata presidencial governista reconheça a inadequação dessas políticas públicas. Muito pelo contrário. Por outro lado, mesmo que o candidato de oposição reconheça a necessidade de sua reformulação, ao menos parcial, seria ingênuo pensar que posições de princípio dominem o cálculo político em meio a tão farta distribuição de benesses. Vai ser difícil e custoso fazer valer a racionalidade.
*Doutor em economia pela Universidade de Cambridge, é professor titular do Departamento de Economia da PUC-Rio
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Refazer o erro
Miriam Leitão
O Globo, 28.07.2010
O governo Lula resolveu repetir erros velhíssimos como a ideia de que o Estado deve decidir que empresas e setores precisam ser grandes. A notícia de que R$ 18,5 bi foram dados ao setor frigorífico ou a reportagem da “Época” sobre os benefícios fiscais direcionados a algumas obras recriam instrumentos que criaram no passado inúmeras distorções, prejuízos e estão na raiz do processo inflacionário
O cemitério dos ex-campeões nacionais ou a ala das empresas moribundas estão cheios dessa suposta boa intenção de que se investe agora o BNDES. O banco derrama dinheiro público em determinados setores e empresas. Essa ideia velha, e já comprovadamente errada, é a de que se o Estado der muitos empréstimos subsidiados e incentivos fiscais a determinadas empresas escolhidas, elas serão fortes e vão liderar o desenvolvimento nacional. O economista Marcelo de Paiva Abreu lembra a lista de empresas mortas ou moribundas criadas exatamente neste tipo de proposta. A Coalbra faria álcool de madeira. A Caraiba Metais acabou tendo que ser estatizada. A Cobrasma seria a grande líder brasileira. Enfim, inúmeras. — Em 1975, o BNDES criou três empresas com o objetivo específico de comprar ações de empresas privadas: a Embramec, Fibase e Ibrasa. A Embramec, por exemplo, tinha o objetivo de fortalecer as empresas de bens de capital comprando ações, a Fibase fazia o mesmo com o setor de insumos básicos. Tudo isso provocou um enorme prejuízo ao país, já queimamos os dedos. Houve também incentivos para o setor bélico, com a Engesa. Fizemos até um tanque, o Osório, que pelos planos seria o grande tanque do Oriente Médio e que foi um grande fracasso. Podese argumentar que a Embraer foi um sucesso, mas antes ela fracassou e teve que receber novas injeções de recursos públicos — lembra Marcelo. O “Estadão” fez a conta completa do que temos dado aqui na coluna com espanto: até agora, o BNDES já concentrou R$ 18,5 bilhões em empréstimos e participações societárias no setor de frigoríficos. E mais: escolhe alguns e recusa outros. O mais beneficiado é o JBS Friboi. Do Independência, como já disse, o banco comprou ações, deu empréstimo numa operação total de R$ 450 milhões, e logo depois ele faliu. Na reportagem da última edição da “Época” — cuja leitura recomendo — a jornalista Isabel Clemente analisou 324 obras do PAC que estão recebendo benefícios fiscais do Reidi (Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura). As obras enquadradas não pagam PIS/Cofins. Foram encontradas várias irregularidades. A ideia era atrair capital privado para investimento em infraestrutura, mas foi concedido até para obras que já estavam em andamento, como a Usina de Estreito. O benefício tem que ser suspenso dez dias após o fim do projeto, mas a revista encontrou várias obras encerradas há muito tempo que continuam enquadradas no benefício fiscal. Tem que ser para o projeto em si e está sendo dado até para atividades de manutenção como troca de poste. O ministro Márcio Zimmermann admitiu o erro em um desses casos, e uma semana depois mudou de ideia. Enfim, a reportagem não deixa dúvidas de que está sendo recriado no Brasil o velho balcão de favores criado no governo militar e contra o qual se lutou tanto durante anos. Nesse balcão, algumas empresas, por razões sempre obscuras, conseguiam, de burocratas, vantagens fiscais que suas concorrentes não conseguiam. Criou-se uma enorme rede de burocracia, relações promíscuas, favores escusos, distorção. É um risco e um retrocesso retomar esse caminho que só serviu no passado para criar empresas dependentes químicas do Estado, burocratas com poderes indevidos, privilégios que concentraram renda e muita corrupção. Por que errar erro tão velho e tão comprovadamente distorsivo? Quando os privilegiados quebravam, a dívida era estatizada e muitos deles continuavam ricos. Foi assim que o Brasil foi alimentando o processo inflacionário. Não é a única causa, mas certamente está na raiz do processo que inchou de forma descontrolada os gastos públicos e concentrou renda. — Não é o caso de ser purista. Há momentos e situações que podem haver subsídios, como, por exemplo, o incentivo ao investimento na inovação tecnológica. A concessão generalizada e sem critério, em vez de estimular, inibe o desenvolvimento tecnológico. Se os benefícios vão ser distribuídos indiscriminadamente, para que fazer o esforço de inovação? — pergunta Marcelo de Paiva Abreu. Os benefícios fiscais do Reidi são perigosos porque são nebulosos em si e, além disso, são distribuídos de forma obscura. — São criticáveis em princípio e ainda têm problemas de implementação. Nós estamos ressuscitando instrumentos que deram errado sem ao menos fazer um estudo dos nossos erros — disse o economista. Há outro efeito que já vimos acontecer, empresas super protegidas e aduladas por recursos públicos não se firmam, pelo contrário, passam a depender eternamente dos mesmos favores. — O risco é de criar uma indústria eternamente infantil — disse. Com incentivos fiscais e dinheiro barato está se fazendo também uma grande cooptação do setor empresarial. Quem não é beneficiado, tem esperança de ser. Mas o processo é insustentável a longo prazo. Isso já vimos e nos custou muito caro.
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O esquecido
Miriam Leitão
O Globo, 29/07/2010
Há um grande esquecido em todas as operações na telefonia brasileira: o usuário. Hoje, a Oi investe menos do que as empresas Telemar e Brasil Telecom investiam quando eram separadas.
O Brasil tem uma telefonia cujo serviço está se deteriorando, não tem cobertura de banda larga decente, e as telefônicas são campeãs de reclamação.
Os negócios anunciados ontem terão que ser submetidos à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Hoje, as empresas entram com um pedido de anuência prévia na Agência.
A informação no órgão regulador é que a decisão será tomada olhando-se três critérios: qualidade do serviço, impacto na competição e interesse do usuário.
Mas tudo se passa no governo, e nas empresas privadas, como se o assunto não tivesse que passar pela Anatel. E tem. A Agência, se não quiser ser reduzida a um carimbador, terá que avaliar todos os negócios anunciados ontem dentro dessa perspectiva. Porque do governo já não se espera, a essa altura, que olhe o interesse público.
O governo só interfere em favor dos grupos empresariais.
Mudou o Plano Geral de Outorgas para permitir a compra da Brasil Telecom pela Telemar. Na época, o pretexto foi o de criar uma supertele de capital exclusivamente nacional, que agora será luso-brasileira.
Nada contra a empresa portuguesa, tudo contra esse delírio nacionalistóide de mudar regras de forma casuística, colocar dinheiro público, e financiar uma compra sem qualquer benefício palpável para o consumidor dos serviços.
A advogada especialista em telecomunicações Cláudia Domingues lembra que a compra da BrT pela Oi, em 2008, foi feita de forma tão apressada que a Oi não avaliou corretamente o passivo da BrT. Em janeiro deste ano, a empresa comunicou que o passivo, por conta de ações judiciais contra a BrT, não era de R$ 1,2 bilhão, mas R$ 2,5 bi. Um erro de análise de mais de um bilhão de reais. E um dos sócios é o BNDES.
— O mercado de telecomunicação no Brasil piorou muito desde essa operação.
Foi como se a Oi tivesse comprado uma fazenda sem contar quantos bois havia no pasto. Tudo foi feito apressadamente e por motivações políticas.
Ninguém pensa no bem do mercado. As empresas, por exemplo, não foram à Justiça contra a recriação da Telebras, que é claramente inconstitucional. Com a operação de hoje envolvendo Telefónica, Portugal Telecom, Vivo e Oi, percebe-se o porquê. Havia outros interesses em jogo — disse.
Antes da compra da Brasil Telecom pela Telemar, a soma do que as duas investiam nos serviços de telefonia fixa e celular era muito maior do que investe agora. Ela ficou sem capacidade de investir e o consumidor pagou a conta. Na opinião dos especialistas, isso é claramente incompatível com a necessidade de expansão e da melhoria da qualidade dos serviços em sua área de atuação. No final do ano, a Oi apresentou prejuízo e uma dívida de R$ 21,8 bilhões. Analistas de mercado acham que a entrada da Portugal Telecom ajudará a reduzir essa dívida e aumentar a capacidade de investimento.
Mesmo assim, a ação da empresa despencou 16% ontem. No caso da Vivo, a operação melhora a governança porque a Telefónica aumentará seu controle sobre a empresa, mas a empresa terá que investir muito dinheiro na compra da participação.
A venda da parte da Portugal Telecom na Vivo e o uso dos recursos na compra de uma participação de 22% na Oi têm o lado bom de mostrar que o mercado brasileiro é atraente. As empresas brigaram durante meses para garantir o direito de crescer por aqui.
Hoje, 15% da receita da Telefónica vem do Brasil. Após este negócio, será 20%, tornando o país o segundo maior mercado da empresa, depois da própria Espanha.
O problema é que o governo tem adiado questões regulatórias, como, por exemplo, a licitação da Banda H. No mercado, se diz com todas as letras que as questões que antes eram resolvidas pela agência agora nem mesmo são da alçada do Ministério das Comunicações.
As empresas vão direto à Casa Civil.
O caso da Oi foi espantoso em todas as etapas. Foi assinado um memorando de entendimento para a compra da Brasil Telecom antes mesmo de o governo mudar o Plano de Outorgas. Criou-se um fato consumado antes de a Anatel decidir. Tudo foi financiado pelo BNDES e Banco do Brasil, que deram empréstimos à empresa para que ela pudesse pagar aos acionistas controladores da Brasil Telecom.
Mesmo endividada e sem capacidade de ampliar seus investimentos, a empresa usou o fato de que era a tal “supertele nacional” para se oferecer como a operadora do Plano Nacional de Banda Larga. A proposta foi defendida pelo próprio Luiz Eduardo Falco, presidente da Oi, numa reunião na Casa Civil, em abril. O argumento usado por Falco é que a Oi teria direito a isso por ser quase empresa estatal, tem 49% do capital do BNDES e dos fundos de pensão de estatais.
Nas mudanças nas telecomunicações têm ocorrido favorecimento, preferência por uma empresa por motivos pouco transparentes, interferência direta do governo em negócios de uma empresa privada e com capital em bolsa.
O Brasil está em pleno retrocesso. Na reta final do governo Lula está havendo uma fúria estatizante, concessões descabidas a empresas privadas, distribuição de benesses a escolhidos, interferência indevida em assuntos de empresas de capital aberto. Com Brasília, a Oi tem linha direta; com seus minoritários, ela não consegue se entender. Eles já recusaram três vezes propostas da empresa e o processo, do ponto de vista societário, está incompleto.
Ativismo estatal
transcrevo abaixo três artigos nessa mesma linha.
Políticas perversas
Marcelo de Paiva Abreu *
O Estado de S. Paulo, 26 de julho de 2010
Disseminou-se hoje no Brasil a disposição de aceitar mais riscos do que recomendaria a prudência. A disputa presidencial estimulou o governo a partir para uma estratégia de uso quase obsceno da máquina pública na distribuição de benesses. Não é surpresa que, na esteira dessa postura do governo, prospere a disputa pelo acesso aos benefícios distribuídos pelo Estado com exacerbação de comportamentos rentistas. Venda de vento tornou-se vocação empresarial digna de inveja dos concorrentes. É só assegurar acesso a crédito público subsidiado e tratar de convencer investidores externos de que o Brasil vai ser, afinal, o país do presente. O ambiente de escancarada cooptação com o dinheiro público desestimula o debate sério de políticas públicas.
A formulação de políticas públicas tem sido calcada em diagnósticos superficiais com clara reincidência em erros cometidos no passado. Exemplo recente é a pretensa detecção de “desindustrialização”, baseada em superficial observação da queda da participação da indústria nas exportações totais ou no PIB. Nenhuma menção ao impacto do aumento dos preços de commodities em relação aos preços de produtos industriais ou ao amadurecimento da economia brasileira com ampliação do peso relativo do setor serviços.
Tal diagnóstico tem cumprido papel central na justificativa de políticas “corretivas” - muito além do que seria justificável com base em critérios de eficiência - baseadas na provisão de crédito público subsidiado e na política de compras do Estado e de empresas estatais envolvendo metas de conteúdo nacional.
O BNDES absorveu no período recente recursos do Tesouro Nacional ao ritmo de R$ 120 bilhões por ano. Recursos que são tomados pelo Tesouro à taxa Selic, enquanto o grosso dos empréstimos do BNDES está indexado à TJLP, muito mais baixa. Reduzir o custo do investimento é objetivo louvável de política econômica, mas não por meio de subsídios maciços e indiscriminados. O governo teve oito anos para tratar de reduzir o custo do investimento de forma decente e fazer convergir a taxa Selic e a TJLP por meio de consolidação do equilíbrio das contas públicas. Crédito subsidiado só faz sentido se o objetivo for eliminar imperfeições de mercado, por exemplo, estimulando o comportamento inovador da indústria ou controlando a geração de externalidades negativas como poluição do meio ambiente. A explicação do BNDES, contrapondo uma “visão dinâmica” a uma “visão quantitativa” para explicar por que a sua atuação seria “benigna” do ponto de vista da sustentação do nível de atividade, pois cria capacidade produtiva, é deprimente.
A adoção de políticas autárquicas quanto a compras públicas é facilitada pelo fato de o País não ser signatário do acordo relevante na Organização Mundial do Comércio (OMC). A recente Medida Provisória 495 sobre licitações públicas pretende garantir a “promoção do desenvolvimento nacional” e estabelece margem máxima de 25% em benefício de bens e serviços nacionais. A política de compras da Petrobrás tem sido calcada na ideia de que não deve ser perdida a oportunidade de expansão da produção de petróleo para adotar política industrial que estimule a substituição de importações de equipamentos por meio de esquemas de preferência a supridores locais. A mesma perspectiva condiciona a concorrência do trem-bala a descabidas exigências de conteúdo local. Por que é mesmo que o conteúdo local deve ser crescente nos 45 anos previstos no cronograma, alcançando 90% para trilhos e dormentes e 60% para portas, janelas, motor de tração e rodas? Reservas de mercado acarretam aumento do custo do investimento, exatamente o oposto do que o BNDES diz ser o objetivo de sua política de subsídios. Proteção à indústria nascente pode até fazer sentido. Mas metas de conteúdo nacional são sabidamente problemáticas e é fundamental que haja programação da retirada de incentivos em prazo razoável. O Brasil tem, entretanto, longa experiência de partos seculares de indústrias nascentes.
No caso extremo teremos custo de investimento muito alto, por conta das exigências de conteúdo nacional, financiado a taxas subsidiadas pelo BNDES. É mais que razoável duvidar de que tal estratégia seja sustentável a mais longo prazo. As implicações serão danosas para as finanças públicas, ainda mais em face da incontinência estrutural de gastos e sua acomodação por meio de aumento da carga fiscal. A comemorada ressurreição de setores de atividade que no passado não sobreviveram à concorrência internacional - como a indústria naval, por exemplo - leva à desconfiança de que poderia estar havendo simples criação de nova manada de elefantes brancos.
Não há qualquer indício de que a candidata presidencial governista reconheça a inadequação dessas políticas públicas. Muito pelo contrário. Por outro lado, mesmo que o candidato de oposição reconheça a necessidade de sua reformulação, ao menos parcial, seria ingênuo pensar que posições de princípio dominem o cálculo político em meio a tão farta distribuição de benesses. Vai ser difícil e custoso fazer valer a racionalidade.
*Doutor em economia pela Universidade de Cambridge, é professor titular do Departamento de Economia da PUC-Rio
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Refazer o erro
Miriam Leitão
O Globo, 28.07.2010
O governo Lula resolveu repetir erros velhíssimos como a ideia de que o Estado deve decidir que empresas e setores precisam ser grandes. A notícia de que R$ 18,5 bi foram dados ao setor frigorífico ou a reportagem da “Época” sobre os benefícios fiscais direcionados a algumas obras recriam instrumentos que criaram no passado inúmeras distorções, prejuízos e estão na raiz do processo inflacionário
O cemitério dos ex-campeões nacionais ou a ala das empresas moribundas estão cheios dessa suposta boa intenção de que se investe agora o BNDES. O banco derrama dinheiro público em determinados setores e empresas. Essa ideia velha, e já comprovadamente errada, é a de que se o Estado der muitos empréstimos subsidiados e incentivos fiscais a determinadas empresas escolhidas, elas serão fortes e vão liderar o desenvolvimento nacional. O economista Marcelo de Paiva Abreu lembra a lista de empresas mortas ou moribundas criadas exatamente neste tipo de proposta. A Coalbra faria álcool de madeira. A Caraiba Metais acabou tendo que ser estatizada. A Cobrasma seria a grande líder brasileira. Enfim, inúmeras. — Em 1975, o BNDES criou três empresas com o objetivo específico de comprar ações de empresas privadas: a Embramec, Fibase e Ibrasa. A Embramec, por exemplo, tinha o objetivo de fortalecer as empresas de bens de capital comprando ações, a Fibase fazia o mesmo com o setor de insumos básicos. Tudo isso provocou um enorme prejuízo ao país, já queimamos os dedos. Houve também incentivos para o setor bélico, com a Engesa. Fizemos até um tanque, o Osório, que pelos planos seria o grande tanque do Oriente Médio e que foi um grande fracasso. Podese argumentar que a Embraer foi um sucesso, mas antes ela fracassou e teve que receber novas injeções de recursos públicos — lembra Marcelo. O “Estadão” fez a conta completa do que temos dado aqui na coluna com espanto: até agora, o BNDES já concentrou R$ 18,5 bilhões em empréstimos e participações societárias no setor de frigoríficos. E mais: escolhe alguns e recusa outros. O mais beneficiado é o JBS Friboi. Do Independência, como já disse, o banco comprou ações, deu empréstimo numa operação total de R$ 450 milhões, e logo depois ele faliu. Na reportagem da última edição da “Época” — cuja leitura recomendo — a jornalista Isabel Clemente analisou 324 obras do PAC que estão recebendo benefícios fiscais do Reidi (Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura). As obras enquadradas não pagam PIS/Cofins. Foram encontradas várias irregularidades. A ideia era atrair capital privado para investimento em infraestrutura, mas foi concedido até para obras que já estavam em andamento, como a Usina de Estreito. O benefício tem que ser suspenso dez dias após o fim do projeto, mas a revista encontrou várias obras encerradas há muito tempo que continuam enquadradas no benefício fiscal. Tem que ser para o projeto em si e está sendo dado até para atividades de manutenção como troca de poste. O ministro Márcio Zimmermann admitiu o erro em um desses casos, e uma semana depois mudou de ideia. Enfim, a reportagem não deixa dúvidas de que está sendo recriado no Brasil o velho balcão de favores criado no governo militar e contra o qual se lutou tanto durante anos. Nesse balcão, algumas empresas, por razões sempre obscuras, conseguiam, de burocratas, vantagens fiscais que suas concorrentes não conseguiam. Criou-se uma enorme rede de burocracia, relações promíscuas, favores escusos, distorção. É um risco e um retrocesso retomar esse caminho que só serviu no passado para criar empresas dependentes químicas do Estado, burocratas com poderes indevidos, privilégios que concentraram renda e muita corrupção. Por que errar erro tão velho e tão comprovadamente distorsivo? Quando os privilegiados quebravam, a dívida era estatizada e muitos deles continuavam ricos. Foi assim que o Brasil foi alimentando o processo inflacionário. Não é a única causa, mas certamente está na raiz do processo que inchou de forma descontrolada os gastos públicos e concentrou renda. — Não é o caso de ser purista. Há momentos e situações que podem haver subsídios, como, por exemplo, o incentivo ao investimento na inovação tecnológica. A concessão generalizada e sem critério, em vez de estimular, inibe o desenvolvimento tecnológico. Se os benefícios vão ser distribuídos indiscriminadamente, para que fazer o esforço de inovação? — pergunta Marcelo de Paiva Abreu. Os benefícios fiscais do Reidi são perigosos porque são nebulosos em si e, além disso, são distribuídos de forma obscura. — São criticáveis em princípio e ainda têm problemas de implementação. Nós estamos ressuscitando instrumentos que deram errado sem ao menos fazer um estudo dos nossos erros — disse o economista. Há outro efeito que já vimos acontecer, empresas super protegidas e aduladas por recursos públicos não se firmam, pelo contrário, passam a depender eternamente dos mesmos favores. — O risco é de criar uma indústria eternamente infantil — disse. Com incentivos fiscais e dinheiro barato está se fazendo também uma grande cooptação do setor empresarial. Quem não é beneficiado, tem esperança de ser. Mas o processo é insustentável a longo prazo. Isso já vimos e nos custou muito caro.
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O esquecido
Miriam Leitão
O Globo, 29/07/2010
Há um grande esquecido em todas as operações na telefonia brasileira: o usuário. Hoje, a Oi investe menos do que as empresas Telemar e Brasil Telecom investiam quando eram separadas.
O Brasil tem uma telefonia cujo serviço está se deteriorando, não tem cobertura de banda larga decente, e as telefônicas são campeãs de reclamação.
Os negócios anunciados ontem terão que ser submetidos à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Hoje, as empresas entram com um pedido de anuência prévia na Agência.
A informação no órgão regulador é que a decisão será tomada olhando-se três critérios: qualidade do serviço, impacto na competição e interesse do usuário.
Mas tudo se passa no governo, e nas empresas privadas, como se o assunto não tivesse que passar pela Anatel. E tem. A Agência, se não quiser ser reduzida a um carimbador, terá que avaliar todos os negócios anunciados ontem dentro dessa perspectiva. Porque do governo já não se espera, a essa altura, que olhe o interesse público.
O governo só interfere em favor dos grupos empresariais.
Mudou o Plano Geral de Outorgas para permitir a compra da Brasil Telecom pela Telemar. Na época, o pretexto foi o de criar uma supertele de capital exclusivamente nacional, que agora será luso-brasileira.
Nada contra a empresa portuguesa, tudo contra esse delírio nacionalistóide de mudar regras de forma casuística, colocar dinheiro público, e financiar uma compra sem qualquer benefício palpável para o consumidor dos serviços.
A advogada especialista em telecomunicações Cláudia Domingues lembra que a compra da BrT pela Oi, em 2008, foi feita de forma tão apressada que a Oi não avaliou corretamente o passivo da BrT. Em janeiro deste ano, a empresa comunicou que o passivo, por conta de ações judiciais contra a BrT, não era de R$ 1,2 bilhão, mas R$ 2,5 bi. Um erro de análise de mais de um bilhão de reais. E um dos sócios é o BNDES.
— O mercado de telecomunicação no Brasil piorou muito desde essa operação.
Foi como se a Oi tivesse comprado uma fazenda sem contar quantos bois havia no pasto. Tudo foi feito apressadamente e por motivações políticas.
Ninguém pensa no bem do mercado. As empresas, por exemplo, não foram à Justiça contra a recriação da Telebras, que é claramente inconstitucional. Com a operação de hoje envolvendo Telefónica, Portugal Telecom, Vivo e Oi, percebe-se o porquê. Havia outros interesses em jogo — disse.
Antes da compra da Brasil Telecom pela Telemar, a soma do que as duas investiam nos serviços de telefonia fixa e celular era muito maior do que investe agora. Ela ficou sem capacidade de investir e o consumidor pagou a conta. Na opinião dos especialistas, isso é claramente incompatível com a necessidade de expansão e da melhoria da qualidade dos serviços em sua área de atuação. No final do ano, a Oi apresentou prejuízo e uma dívida de R$ 21,8 bilhões. Analistas de mercado acham que a entrada da Portugal Telecom ajudará a reduzir essa dívida e aumentar a capacidade de investimento.
Mesmo assim, a ação da empresa despencou 16% ontem. No caso da Vivo, a operação melhora a governança porque a Telefónica aumentará seu controle sobre a empresa, mas a empresa terá que investir muito dinheiro na compra da participação.
A venda da parte da Portugal Telecom na Vivo e o uso dos recursos na compra de uma participação de 22% na Oi têm o lado bom de mostrar que o mercado brasileiro é atraente. As empresas brigaram durante meses para garantir o direito de crescer por aqui.
Hoje, 15% da receita da Telefónica vem do Brasil. Após este negócio, será 20%, tornando o país o segundo maior mercado da empresa, depois da própria Espanha.
O problema é que o governo tem adiado questões regulatórias, como, por exemplo, a licitação da Banda H. No mercado, se diz com todas as letras que as questões que antes eram resolvidas pela agência agora nem mesmo são da alçada do Ministério das Comunicações.
As empresas vão direto à Casa Civil.
O caso da Oi foi espantoso em todas as etapas. Foi assinado um memorando de entendimento para a compra da Brasil Telecom antes mesmo de o governo mudar o Plano de Outorgas. Criou-se um fato consumado antes de a Anatel decidir. Tudo foi financiado pelo BNDES e Banco do Brasil, que deram empréstimos à empresa para que ela pudesse pagar aos acionistas controladores da Brasil Telecom.
Mesmo endividada e sem capacidade de ampliar seus investimentos, a empresa usou o fato de que era a tal “supertele nacional” para se oferecer como a operadora do Plano Nacional de Banda Larga. A proposta foi defendida pelo próprio Luiz Eduardo Falco, presidente da Oi, numa reunião na Casa Civil, em abril. O argumento usado por Falco é que a Oi teria direito a isso por ser quase empresa estatal, tem 49% do capital do BNDES e dos fundos de pensão de estatais.
Nas mudanças nas telecomunicações têm ocorrido favorecimento, preferência por uma empresa por motivos pouco transparentes, interferência direta do governo em negócios de uma empresa privada e com capital em bolsa.
O Brasil está em pleno retrocesso. Na reta final do governo Lula está havendo uma fúria estatizante, concessões descabidas a empresas privadas, distribuição de benesses a escolhidos, interferência indevida em assuntos de empresas de capital aberto. Com Brasília, a Oi tem linha direta; com seus minoritários, ela não consegue se entender. Eles já recusaram três vezes propostas da empresa e o processo, do ponto de vista societário, está incompleto.
The rising power of the Chinese worker - The Economist
Agradeço ao Jonathan Dill por ter-me chamado a atenção para este artigo. Sempre leio a The Economist, mas é virtualmente impossível ler tudo o que aparece de relevante em toda a imprensa de qualidade disponível na internet.
World economy
The rising power of the Chinese worker
The Economist, July 29th, 2010
In China’s factories, pay and protest are on the rise. That is good for China, and for the world economy
CHEAP labour has built China’s economic miracle. Its manufacturing workers toil for a small fraction of the cost of their American or German competitors. At the bottom of the heap, a “floating population” of about 130m migrants work in China’s boomtowns, taking home 1,348 yuan a month on average last year. That is a mere $197, little more than one-twentieth of the average monthly wage in America. But it is 17% more than the year before. As China’s economy has bounced back, wages have followed suit. On the coasts, where its exporting factories are clustered, bosses are short of workers, and workers short of patience. A spate of strikes has thrown a spanner into the workshop of the world.
The hands of China’s workers have been strengthened by a new labour law, introduced in 2008, and by the more fundamental laws of demand and supply (see article). Workers are becoming harder to find and to keep. The country’s villages still contain perhaps 70m potential migrants. Other rural folk might be willing to work closer to home in the growing number of factories moving inland. But the supply of strong backs and nimble fingers is not infinite, even in China. The number of 15- to 29-year-olds will fall sharply from next year. And although their wages are increasing, their aspirations are rising even faster. They seem less willing to “eat bitterness”, as the Chinese put it, without complaint.
Why the goons were called off
In truth, Chinese workers were never as docile as the popular caricature suggested. But the recent strikes have been unusual in their frequency (Guangdong province on China’s south coast suffered at least 36 strikes in the space of 48 days), their longevity and their targets: foreign multinationals.
China’s ruling Communist Party has swiftly quashed previous bouts of labour unrest. This one drew a more relaxed reaction. Goons from the government-controlled trade union roughed up some Honda strikers, but they were quickly called off. The strikes were widely, if briefly, covered in the state-supervised press. And the ringleaders have not so far heard any midnight knocks at the door.
This suggests three things. First, China is reluctant to get heavy-handed with workers in big-brand firms that attract global media attention. But, second, China is becoming more relaxed about spooking foreign investors. Indeed, if workers are upset, better that they blame foreign bosses than local ones. In the wake of the financial crisis, the party has concluded, correctly, that foreign investors need China more than it needs them. Third, and most important, the government may believe that the new bolshiness of its workers is in keeping with its professed aim of “rebalancing” the economy. And it would be right. China’s economy relies too much on investment and too little on consumer spending. That is mostly because workers get such a small slice of the national cake: 53% in 2007, down from 61% in 1990 (and compared with about two-thirds in America). Letting wages rise at the expense of profits would allow workers to enjoy more of the fruits of their labour.
Higher Chinese wages would also be good for the West. This may seem odd, given how much the rich world has come to rely on cheap Chinese labour: by one estimate, trade with China has added $1,000 a year to the pockets of every American household, thanks to cheaper goods in the country’s stores, cheaper inputs for its businesses and stiffer competition in its markets. Just as expanding the global labour force by a quarter through the addition of cheap Chinese workers helped to keep prices down in the West, so higher Chinese wages might start to export inflation. Furthermore, from the point of view of the global economy, labour is a resource, like land or oil. It would not normally benefit from the dwindling of China’s reserves of labour any more than from the drying up of Saudi wells.
Tomorrow’s global consumers
But in the wake of the financial crisis, things are different. Deflation is now a bigger threat than inflation. And with 47m workers unemployed in the OECD alone, labour is not holding back the global economy. What the world lacks is willing customers, not willing workers. Higher Chinese wages will have a similar effect to the stronger exchange rate that America has been calling for, shrinking China’s trade surplus and boosting its spending. This will help foreign companies and the workers they have idled. A 20% rise in Chinese consumption might well lead to an extra $25 billion of American exports. That could create over 200,000 American jobs.
Eventually, this extra spending will help the world economy return to full employment. At that point, foreign companies and consumers may miss China’s cheap coastal workers, who kept profits high and prices low. But there will still be cheap labour to be found inland and in places like India. And Chinese wages were anyway only half the story. The other half was Chinese productivity. Chinese labour costs tripled in the decade after 1995, but output per worker quintupled.
To repeat that feat, as it runs dry of crude labour, China will have to increase its supply of skilled workers. That will require a stable workforce, which stays with its employers long enough to be worth investing in. For that the government will need to relax further its system of internal passports, or hukou, which prevent migrant workers from settling formally in the city without losing their family plot back home. When labour was abundant, it suited the government to have a floating population that made few demands on urban authorities and drifted back to the family farm whenever hardship beckoned. But to maintain fast growth as the labour market tightens, China’s floating population will have to drop anchor.
As the late Joan Robinson, a Cambridge economist, once wrote, “the misery of being exploited by capitalists is nothing compared to the misery of not being exploited at all”. Her quip, written in 1962, was inspired by underemployment in South-East Asia. Since then, capital has busily “exploited” workers in that region and its giant northern neighbour, much to their benefit. Now it is time for capital to invest in them.
Related items:
* China's labour market: The next China; Jul 29th 2010
World economy
The rising power of the Chinese worker
The Economist, July 29th, 2010
In China’s factories, pay and protest are on the rise. That is good for China, and for the world economy
CHEAP labour has built China’s economic miracle. Its manufacturing workers toil for a small fraction of the cost of their American or German competitors. At the bottom of the heap, a “floating population” of about 130m migrants work in China’s boomtowns, taking home 1,348 yuan a month on average last year. That is a mere $197, little more than one-twentieth of the average monthly wage in America. But it is 17% more than the year before. As China’s economy has bounced back, wages have followed suit. On the coasts, where its exporting factories are clustered, bosses are short of workers, and workers short of patience. A spate of strikes has thrown a spanner into the workshop of the world.
The hands of China’s workers have been strengthened by a new labour law, introduced in 2008, and by the more fundamental laws of demand and supply (see article). Workers are becoming harder to find and to keep. The country’s villages still contain perhaps 70m potential migrants. Other rural folk might be willing to work closer to home in the growing number of factories moving inland. But the supply of strong backs and nimble fingers is not infinite, even in China. The number of 15- to 29-year-olds will fall sharply from next year. And although their wages are increasing, their aspirations are rising even faster. They seem less willing to “eat bitterness”, as the Chinese put it, without complaint.
Why the goons were called off
In truth, Chinese workers were never as docile as the popular caricature suggested. But the recent strikes have been unusual in their frequency (Guangdong province on China’s south coast suffered at least 36 strikes in the space of 48 days), their longevity and their targets: foreign multinationals.
China’s ruling Communist Party has swiftly quashed previous bouts of labour unrest. This one drew a more relaxed reaction. Goons from the government-controlled trade union roughed up some Honda strikers, but they were quickly called off. The strikes were widely, if briefly, covered in the state-supervised press. And the ringleaders have not so far heard any midnight knocks at the door.
This suggests three things. First, China is reluctant to get heavy-handed with workers in big-brand firms that attract global media attention. But, second, China is becoming more relaxed about spooking foreign investors. Indeed, if workers are upset, better that they blame foreign bosses than local ones. In the wake of the financial crisis, the party has concluded, correctly, that foreign investors need China more than it needs them. Third, and most important, the government may believe that the new bolshiness of its workers is in keeping with its professed aim of “rebalancing” the economy. And it would be right. China’s economy relies too much on investment and too little on consumer spending. That is mostly because workers get such a small slice of the national cake: 53% in 2007, down from 61% in 1990 (and compared with about two-thirds in America). Letting wages rise at the expense of profits would allow workers to enjoy more of the fruits of their labour.
Higher Chinese wages would also be good for the West. This may seem odd, given how much the rich world has come to rely on cheap Chinese labour: by one estimate, trade with China has added $1,000 a year to the pockets of every American household, thanks to cheaper goods in the country’s stores, cheaper inputs for its businesses and stiffer competition in its markets. Just as expanding the global labour force by a quarter through the addition of cheap Chinese workers helped to keep prices down in the West, so higher Chinese wages might start to export inflation. Furthermore, from the point of view of the global economy, labour is a resource, like land or oil. It would not normally benefit from the dwindling of China’s reserves of labour any more than from the drying up of Saudi wells.
Tomorrow’s global consumers
But in the wake of the financial crisis, things are different. Deflation is now a bigger threat than inflation. And with 47m workers unemployed in the OECD alone, labour is not holding back the global economy. What the world lacks is willing customers, not willing workers. Higher Chinese wages will have a similar effect to the stronger exchange rate that America has been calling for, shrinking China’s trade surplus and boosting its spending. This will help foreign companies and the workers they have idled. A 20% rise in Chinese consumption might well lead to an extra $25 billion of American exports. That could create over 200,000 American jobs.
Eventually, this extra spending will help the world economy return to full employment. At that point, foreign companies and consumers may miss China’s cheap coastal workers, who kept profits high and prices low. But there will still be cheap labour to be found inland and in places like India. And Chinese wages were anyway only half the story. The other half was Chinese productivity. Chinese labour costs tripled in the decade after 1995, but output per worker quintupled.
To repeat that feat, as it runs dry of crude labour, China will have to increase its supply of skilled workers. That will require a stable workforce, which stays with its employers long enough to be worth investing in. For that the government will need to relax further its system of internal passports, or hukou, which prevent migrant workers from settling formally in the city without losing their family plot back home. When labour was abundant, it suited the government to have a floating population that made few demands on urban authorities and drifted back to the family farm whenever hardship beckoned. But to maintain fast growth as the labour market tightens, China’s floating population will have to drop anchor.
As the late Joan Robinson, a Cambridge economist, once wrote, “the misery of being exploited by capitalists is nothing compared to the misery of not being exploited at all”. Her quip, written in 1962, was inspired by underemployment in South-East Asia. Since then, capital has busily “exploited” workers in that region and its giant northern neighbour, much to their benefit. Now it is time for capital to invest in them.
Related items:
* China's labour market: The next China; Jul 29th 2010
A quarta (ou quinta) guerra mundial: a guerra cibernetica
Cyberwar Is Hell
by Andrew Nagorski
Newsweek, 29/07/2010
While we obsessed over Russian spies, top diplomats were working to stop a greater espionage problem: the threat of cyberwarfare.
We’ve been focused on the wrong spies. When 11 Russian sleeper agents were discovered living in the United States—and then sent home in exchange for their counterparts—it was hard to resist the sexy espionage tale with echoes of the Cold War. But while we’ve fixated on Anna Chapman and her cohorts, top diplomats were working on a wonkier but more important advance in spycraft. This month, experts from 15 countries agreed to begin serious negotiations on establishing international norms on cybersecurity. This story is far more significant in the long run because, without basic agreements about cyberspace, cyberattacks, and even cyberwars could become a daily danger.
Sure, spy stories are irresistible—particularly when a sexy redhead like Chapman is involved and there are plenty of racy photos to titillate readers. It’s also true that the press may have been too quick to write off the Russian sleeper agents as a bunch of bunglers who accomplished nothing. We don’t know what support roles they may have had for more serious operations; human intelligence can still trump electronic spying in many situations, and spying will always be with us.
But, increasingly, international relations will be shaped by new challenges that require new tactics—and new assumptions about where we can and should cooperate, even with former enemies. Look at the United Nations group of experts that overcame at least some of their mutual suspicions to take a first step toward international cooperation on cybersecurity last week. After years of talks that went nowhere, they—United States, Russia, China, India, and several others—agreed to begin discussing ways to exchange information about national cyberstrategies, strengthen protection of computer systems around the world, including in less-developed countries, and even set some ground rules on cyberwarfare. Other nations in attendance may not be G7 economies, but online they are powerhouses: Israel, Brazil, South Korea, and Estonia.
The History of Computer Hacking
The idea that Russian and Estonian experts, in particular, could join forces to issue cybersecurity recommendations would have sounded absurd until recently. Just three years ago, Estonia was the target of a massive cyberattack, which now is held up as Exhibit A when it comes to cyberwarfare. The Estonians, and much of the rest of the world, were convinced that this was an attack orchestrated by the Kremlin in retaliation for Tallinn’s decision to remove a World War II memorial honoring Red Army troops. Moscow and local Russians were furious about this “desecration,” and there were violent clashes in the streets. Although the Russian authorities denied any involvement, the concerted cyberattacks on Estonia’s government and private-sector Web sites, designed to cripple the country’s digital infrastructure, certainly looked like angry and organized retaliation.
What’s changed? Those hard feelings haven’t disappeared, but there’s a growing realization that no country can protect itself from cyberattacks on its own. One key problem is attribution—the inability to definitely pinpoint the source of an assault. Terrorists, criminals, and political groups can now launch sophisticated salvos using “botnets”—armies of computers around the world that they have commandeered without the knowledge of the people who own those machines. That makes it hard to prove—and easy to deny—any state’s role in a specific cyberattack. And it makes everyone and everything, including critical infrastructure such as transportation and electricity grids, vulnerable.
That’s why not just Estonia but also the United States is increasingly interested in finding a way to work with Russia and the other key players. It won’t be easy. For more than a decade, Russia has pushed for a broad international cybersecurity treaty to establish norms on these issues. As in the case of China, Washington and many human-rights organizations have opposed anything that looked like an excuse to limit political freedoms on the Internet—and to track dissidents. The latest compromise language suggests that the Obama administration wants to find a formula to address common security concerns while skirting such disagreements. Some experts argue that countries, like individuals, could join protected Internet networks, where all communications are sourced. That would go a long way toward instituting a system of deterrence, since cyberaggressors inside these networks would be instantly identifiable. There could still be a larger, more Wild West-style Internet, but anyone operating there would be doing so at their own risk.
It’s hard enough for each country to come up with its own coherent national cyberstrategy. President Obama has called this a high priority, but The Washington Post’s “Top Secret America” series last week vividly demonstrated how unwieldy the U.S. national-security apparatus has become, especially since the terrorist attacks on September 11, 2001. According to the report, some 1,271 government organizations and 1,931 private companies are involved in counterterrorism and other national-security programs; an estimated 854,000 people hold “Top Secret” security clearances. That whole world is dependent, of course, on the most modern, complex computer communications. Yet top intelligence officials openly admit that they haven’t been able to produce a coherent set of policies, including a way to organize responses to cyberwarfare. “Frankly, it hasn’t been brought together in a unified approach,” CIA Director Leon Panetta declared in the Washington Post series.
Take that problem and add the complexity of coordinating cybersecurity measures on the international level and you begin to see the magnitude of the problem. But in the virtual world where national boundaries are often meaningless, international cooperation on cybersecurity isn’t a choice; it’s a necessity. We’re especially vulnerable to this kind of attack: imagine 24 hours when your computers at work and at home would be out of service, when you can’t get money from your ATM, when electricity stops flowing, when planes stop flying—you get the picture. Everything depends on computers these days, and everything can be targeted.
Our near-total digital dependence underpins the governmental, financial, economic, energy and every other structure. If we can’t build the kind of safety measures that are so desperately needed into this virtual world that is no longer separable from our physical world, we are all in trouble. In that case, even spicy tales of female spies won’t be enough to distract us from the consequences.
Nagorski is vice president and director of public policy at the EastWest Institute and the author of The Greatest Battle: Stalin, Hitler, and the Desperate Struggle for Moscow That Changed the Course of World War II. He wrote this article for NEWSWEEK’s Polish edition, NEWSWEEK Polska.
by Andrew Nagorski
Newsweek, 29/07/2010
While we obsessed over Russian spies, top diplomats were working to stop a greater espionage problem: the threat of cyberwarfare.
We’ve been focused on the wrong spies. When 11 Russian sleeper agents were discovered living in the United States—and then sent home in exchange for their counterparts—it was hard to resist the sexy espionage tale with echoes of the Cold War. But while we’ve fixated on Anna Chapman and her cohorts, top diplomats were working on a wonkier but more important advance in spycraft. This month, experts from 15 countries agreed to begin serious negotiations on establishing international norms on cybersecurity. This story is far more significant in the long run because, without basic agreements about cyberspace, cyberattacks, and even cyberwars could become a daily danger.
Sure, spy stories are irresistible—particularly when a sexy redhead like Chapman is involved and there are plenty of racy photos to titillate readers. It’s also true that the press may have been too quick to write off the Russian sleeper agents as a bunch of bunglers who accomplished nothing. We don’t know what support roles they may have had for more serious operations; human intelligence can still trump electronic spying in many situations, and spying will always be with us.
But, increasingly, international relations will be shaped by new challenges that require new tactics—and new assumptions about where we can and should cooperate, even with former enemies. Look at the United Nations group of experts that overcame at least some of their mutual suspicions to take a first step toward international cooperation on cybersecurity last week. After years of talks that went nowhere, they—United States, Russia, China, India, and several others—agreed to begin discussing ways to exchange information about national cyberstrategies, strengthen protection of computer systems around the world, including in less-developed countries, and even set some ground rules on cyberwarfare. Other nations in attendance may not be G7 economies, but online they are powerhouses: Israel, Brazil, South Korea, and Estonia.
The History of Computer Hacking
The idea that Russian and Estonian experts, in particular, could join forces to issue cybersecurity recommendations would have sounded absurd until recently. Just three years ago, Estonia was the target of a massive cyberattack, which now is held up as Exhibit A when it comes to cyberwarfare. The Estonians, and much of the rest of the world, were convinced that this was an attack orchestrated by the Kremlin in retaliation for Tallinn’s decision to remove a World War II memorial honoring Red Army troops. Moscow and local Russians were furious about this “desecration,” and there were violent clashes in the streets. Although the Russian authorities denied any involvement, the concerted cyberattacks on Estonia’s government and private-sector Web sites, designed to cripple the country’s digital infrastructure, certainly looked like angry and organized retaliation.
What’s changed? Those hard feelings haven’t disappeared, but there’s a growing realization that no country can protect itself from cyberattacks on its own. One key problem is attribution—the inability to definitely pinpoint the source of an assault. Terrorists, criminals, and political groups can now launch sophisticated salvos using “botnets”—armies of computers around the world that they have commandeered without the knowledge of the people who own those machines. That makes it hard to prove—and easy to deny—any state’s role in a specific cyberattack. And it makes everyone and everything, including critical infrastructure such as transportation and electricity grids, vulnerable.
That’s why not just Estonia but also the United States is increasingly interested in finding a way to work with Russia and the other key players. It won’t be easy. For more than a decade, Russia has pushed for a broad international cybersecurity treaty to establish norms on these issues. As in the case of China, Washington and many human-rights organizations have opposed anything that looked like an excuse to limit political freedoms on the Internet—and to track dissidents. The latest compromise language suggests that the Obama administration wants to find a formula to address common security concerns while skirting such disagreements. Some experts argue that countries, like individuals, could join protected Internet networks, where all communications are sourced. That would go a long way toward instituting a system of deterrence, since cyberaggressors inside these networks would be instantly identifiable. There could still be a larger, more Wild West-style Internet, but anyone operating there would be doing so at their own risk.
It’s hard enough for each country to come up with its own coherent national cyberstrategy. President Obama has called this a high priority, but The Washington Post’s “Top Secret America” series last week vividly demonstrated how unwieldy the U.S. national-security apparatus has become, especially since the terrorist attacks on September 11, 2001. According to the report, some 1,271 government organizations and 1,931 private companies are involved in counterterrorism and other national-security programs; an estimated 854,000 people hold “Top Secret” security clearances. That whole world is dependent, of course, on the most modern, complex computer communications. Yet top intelligence officials openly admit that they haven’t been able to produce a coherent set of policies, including a way to organize responses to cyberwarfare. “Frankly, it hasn’t been brought together in a unified approach,” CIA Director Leon Panetta declared in the Washington Post series.
Take that problem and add the complexity of coordinating cybersecurity measures on the international level and you begin to see the magnitude of the problem. But in the virtual world where national boundaries are often meaningless, international cooperation on cybersecurity isn’t a choice; it’s a necessity. We’re especially vulnerable to this kind of attack: imagine 24 hours when your computers at work and at home would be out of service, when you can’t get money from your ATM, when electricity stops flowing, when planes stop flying—you get the picture. Everything depends on computers these days, and everything can be targeted.
Our near-total digital dependence underpins the governmental, financial, economic, energy and every other structure. If we can’t build the kind of safety measures that are so desperately needed into this virtual world that is no longer separable from our physical world, we are all in trouble. In that case, even spicy tales of female spies won’t be enough to distract us from the consequences.
Nagorski is vice president and director of public policy at the EastWest Institute and the author of The Greatest Battle: Stalin, Hitler, and the Desperate Struggle for Moscow That Changed the Course of World War II. He wrote this article for NEWSWEEK’s Polish edition, NEWSWEEK Polska.
CEBRI 12 anos: Seminario: 5/08/2010, Rio de Janeiro
PRÊMIO CEBRI 2010
05 de agosto de 2010
Local: Auditório da Confederação Nacional do Comércio - CNC
Av. General Justo, 307 – Centro – Rio de Janeiro
PROGRAMA
09h00 Abertura
• José Botafogo Gonçalves – Presidente do Conselho Curador, CEBRI
09h15 – 10h00 Entrega dos PRÊMIOS:
PERSONALIDADE ACADÊMICA/PÚBLICA:
• Luciano Coutinho Presidente, BNDES
Apresentação: Tomas Zinner, Vice-Presidente do Conselho, CEBRI
PERSONALIDADE EMPRESARIAL:
• Mauricio Botelho Presidente do Conselho de Administração, EMBRAER
Apresentação: Henrique Rzezinski, Conselheiro, CEBRI
PERSONALIDADE ACADÊMICA in memoriam:
• Gilberto Dupas Ex-Presidente do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais – IEEI, USP
Apresentação: Marcos de Azambuja, Vice-Presidente do Conselho, CEBRI
10h00 – 10h15 Coffee-break
10h15 – 12h00 MESA REDONDA: A INSERÇÃO INTERNACIONAL DO BRASIL
• O Brasil e os Principais Temas da Agenda Global: mudança do clima, segurança energética e alimentar, desenvolvimento, finanças e comércio
• A Integração Regional e a Inserção Internacional do Brasil
• A Cooperação Sul- Sul
• As Relações com Parceiros Econômicos Tradicionais
DEBATEDORES CONVIDADOS:
José Botafogo Gonçalves – Presidente do Conselho Curador, CEBRI
José Luiz Alquéres – Conselheiro do CEBRI e Presidente da ACRJ
Marcel Biato – Assessor, Presidência da República
Marcos de Azambuja – Vice-Presidente do Conselho, CEBRI
Victor do Prado – Chefe de Gabinete Adjunto, OMC
12h00 – 13h00 Lançamento da Edição Especial do CEBRI-Dossiê: Prioridades da Política Externa Brasileira à Luz do Interesse Nacional e do Relatório de Atividades CEBRI 2008-2009
Inscrições: www.cebri.org.br ou eventos@cebri.org.br
05 de agosto de 2010
Local: Auditório da Confederação Nacional do Comércio - CNC
Av. General Justo, 307 – Centro – Rio de Janeiro
PROGRAMA
09h00 Abertura
• José Botafogo Gonçalves – Presidente do Conselho Curador, CEBRI
09h15 – 10h00 Entrega dos PRÊMIOS:
PERSONALIDADE ACADÊMICA/PÚBLICA:
• Luciano Coutinho Presidente, BNDES
Apresentação: Tomas Zinner, Vice-Presidente do Conselho, CEBRI
PERSONALIDADE EMPRESARIAL:
• Mauricio Botelho Presidente do Conselho de Administração, EMBRAER
Apresentação: Henrique Rzezinski, Conselheiro, CEBRI
PERSONALIDADE ACADÊMICA in memoriam:
• Gilberto Dupas Ex-Presidente do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais – IEEI, USP
Apresentação: Marcos de Azambuja, Vice-Presidente do Conselho, CEBRI
10h00 – 10h15 Coffee-break
10h15 – 12h00 MESA REDONDA: A INSERÇÃO INTERNACIONAL DO BRASIL
• O Brasil e os Principais Temas da Agenda Global: mudança do clima, segurança energética e alimentar, desenvolvimento, finanças e comércio
• A Integração Regional e a Inserção Internacional do Brasil
• A Cooperação Sul- Sul
• As Relações com Parceiros Econômicos Tradicionais
DEBATEDORES CONVIDADOS:
José Botafogo Gonçalves – Presidente do Conselho Curador, CEBRI
José Luiz Alquéres – Conselheiro do CEBRI e Presidente da ACRJ
Marcel Biato – Assessor, Presidência da República
Marcos de Azambuja – Vice-Presidente do Conselho, CEBRI
Victor do Prado – Chefe de Gabinete Adjunto, OMC
12h00 – 13h00 Lançamento da Edição Especial do CEBRI-Dossiê: Prioridades da Política Externa Brasileira à Luz do Interesse Nacional e do Relatório de Atividades CEBRI 2008-2009
Inscrições: www.cebri.org.br ou eventos@cebri.org.br
Books on Empires, and one Empire in especial - Foreign Affairs
Empire Without End
Charles S. Maier *
Foreign Affairs, July-August 2010
Jane Burbank and Frederick Cooper's extensive volume and Timothy Parsons' selective survey are systematic treatments of empires; Richard Immerman's history is a focused critique of America's imperial career. None is an apologia for the United States.
Jane Burbank and Frederick Cooper:
Empires in World History: Power and Politics of Difference
Princeton University Press, 2010, 528 pp.
ISBN 9780691127088 - Price $35.00
Timothy Parsons:
The Rule of Empires: Those Who Built Them, Those Who Endured Them, and Why They Always Fall
Oxford University Press, 2010, 496 pp.
ISBN 9780195304312 - Price $22.95
Richard H. Immerman:
Empire for Liberty: A History of American Imperialism From Benjamin Franklin to Paul Wolfowitz
Princeton University Press, 2010, 286 pp.
ISBN 9780691127620 - Price $24.95
Many leaders of the American Revolution welcomed the idea that their new nation would grow up to be an empire. To them, the concept was compatible with a republic; it meant size and benign influence. David Ramsay, South Carolina's delegate to the Continental Congress, wrote as early as 1778 that the grandeur of the American continent provided the basis for a realm that would make "the Macedonian, the Roman, and the British sink into insignificance." George Washington thought of the new country as a "rising" or an "infant" empire. Thomas Jefferson, who secured the vast Mississippi and Missouri valley corridors, famously envisaged an "empire of liberty." But whose liberty? The idea of empire as conquest or subjugation was curiously absent from this postindependence reverie. Cheered by the euphemism of "manifest destiny" deep into the nineteenth century, Americans of European origin continued to enjoy the incredible lightness of empire.
Subsequent observers would contend that the process of building and managing an empire is often violent, unfettered by concerns about law and equality. Empire, as Joseph Conrad wrote and American anti-imperialists came to acknowledge, had a heart of darkness. As Jane Burbank and Frederick Cooper, the authors of the massive comparative study Empires in World History, argue, "Terror was the hidden face of empire." And it has not always been so hidden, either.
The word "imperium" originally signified the authority delegated by the Senate of the Roman Republic to exercise command over the republic's own citizens and subdue others. It came to be applied to Rome's new territories throughout Italy and then beyond, even before Augustus founded the Principate, the first formal phase of the Roman Empire proper. More recently, in the United States, the growth of presidential power has periodically awakened concerns about what the historian Arthur Schlesinger, Jr., termed "the imperial presidency," that is, the growth of executive authority at the expense of legislative supervision and public dissent.
Three recent books on empire -- Burbank and Cooper's comparative history, Timothy Parsons' The Rule of Empires, and Richard Immerman's Empire for Liberty -- are less concerned with how nominally representative institutions can give way to authoritarian leaders than with how one state or national group extends its rule and often territory at the expense of others. This focus is hardly surprising, since much of the literature on empires has responded to the string of interventions the United States has undertaken since the Cold War.
People who object to applying the term "empire" to the United States point out that it has never established permanent colonies beyond its borders. Those who apply the term insist that the project of filling out the continent was imperial from the outset, since it involved the forced displacement and ethnic cleansing of indigenous groups. As for American forbearance abroad, they argue, the United States has sought no permanent colonies or territories because it has not needed them. Occasional but decisive interventions have sufficed to protect U.S. interests, and hundreds of U.S. military bases continue to preserve a sphere of influence well beyond the United States' borders.
Other commentators have argued that Washington should be unapologetic about using power this way. The historian Niall Ferguson suggested in Empire: How Britain Made the Modern World that British colonialism brought valuable experience in parliamentary and economic practices to the United Kingdom's colonies, and he deplored the United States' apparent unwillingness to take on the long burden of tutelage. The writer James Traub, among others, has suggested that Washington should intervene in central Africa to stop civil war and genocide -- even if doing so would awake concerns about U.S. imperialism. And the historian John Darwin's masterly After Tamerlane: The Global History of Empire Since 1405 accepts frankly, without any moralizing, that the United States is the most recent in a long series of transoceanic empires.
History suggests that it is not easy to maintain the distinction between humanitarian and imperial interventions. Before Iraq devolved into protracted civil conflict, it was much easier for champions of a muscular foreign policy, such as the writer Peter Beinart, in the liberal camp, and the usual neoconservative suspects, to argue that the "empire of liberty" must awaken from the torpor of indifference and intervene abroad. Immerman's history of the myopic intentions of U.S. leaders reflects the painful process of learning how difficult it can be to reshape other societies and institutions. To what degree meaning well mitigates historical responsibility remains a highly charged issue, although American society is relatively forgiving of policies whose major impact lies abroad and that exhibit the bravery of U.S. soldiers.
Such moral debates are unavoidable and important, but morality is hardly the only issue surrounding empire. Empires have existed since the organization of states in the river valleys of Africa and Asia. What characterizes them? How do they function? When do they arise? How and why do they collapse? The scientific study of empires has become a major inquiry. Burbank and Cooper's and Parsons' books are efforts to cover empires systematically; Immerman's is a more focused critique of the United States' imperial career. None is an apologia for the United States.
MANAGING DIFFERENCE
Cooper is one of the most perceptive historians of the late colonial period in Africa. His early work emphasized how the British and the French, by trying to allow civic and economic rights within their African possessions, only awakened more militant resistance, especially among colonial labor movements. Throughout his career, Cooper has sought to go beyond the simple dichotomy of collaboration and resistance among imperial subjects. He has proposed that colonial subjects develop various ways of pressing for equality and recognition within, and ultimately against, imperial rule. His co-author, Burbank, is an expert on imperial and twentieth-century Russia and editor of a volume that examines the impact of Russia's geographic vastness on its domestic institutions. In Empires in World History, Burbank and Cooper survey almost the entire history of global empires, beginning in the third century BC with the Han dynasty and the Roman Empire. They follow the spread of Islamic empires, Byzantium, the Mongols, and their Central Asian successors and then devote much attention to the Ottomans, before turning to the Austrians, the Russians, the overseas European empires, and, finally, the German, Japanese, Soviet, and American empires.
Burbank and Cooper accept empire as the dominant form of governance over large spaces and explore different strategies (what they term "repertoires") of imperial control. The underlying problem for empires is how to impose unity over difference. An empire must preserve the differences among the peoples it yokes together but not at the expense of its overall structure -- creating a tension that requires continually balancing power among contenders.
In the search for unity, successful imperial structures generate what might be called a big idea -- whether it be cultural unity, as in the various Chinese dynasties; citizenship, in the Roman Empire; law, in the British Empire; or, for the Americans and the Soviets during the Cold War, economic development. Empires organized around a monotheistic religion -- Islam or Christianity -- have drawn on a particularly potent source of legitimacy but remain vulnerable to schism and dissent.
From the Han dynasty on, the Chinese recruited a class of scholar-officials who did not have the local resources to defy the center, thereby avoiding the problem Rome faced when its delegated princes or leaders became challengers. But palace factionalism, warlordism, and the threat that officials might defect to neighboring powers remained a danger to the Chinese dynasties. Rome and subsequent empires needed, indeed wanted, their soldiers to be posted at the frontiers, a long way from the capital. But the distance also allowed ambitious contenders to accumulate power locally. Empires continually required military exertions, which necessitated the regular extraction of resources from agriculture or commerce in far-flung provinces -- a perpetual challenge. Of course, this has been the case for all types of states, which have centralized fiscal and military institutions as a response to international pressure. Still, with their extensive territory, empires experience a much greater tension between the center and the periphery. It would have been useful, then, for Burbank and Cooper to provide a more sustained discussion of the difficulties that the Mogul empire faced in South Asia. This wealthy and multireligious empire gets strikingly short shrift even though it exemplified all the liabilities of empire: unruly frontiers, aggressive neighbors, fiscal crises, and an extremely confederal structure. It was the power in Asia most similar to the contemporaneous Holy Roman Empire.
As Burbank and Cooper stress, conflict at the boundaries, especially boundaries shared by empires engaged in a protracted competition, such as that faced by the Ottomans from the seventeenth century on, can lead to revenue scarcity, rebellion, and territorial shrinkage -- all of which ultimately undermine even the most robust imperial structures. Indeed, imperial politics are uniquely determined at the perimeter, where challenges emerge. Borders can never remain entirely fixed or stable: even the Roman, Chinese, and Berlin walls were sites of turbulence. Often, brilliant and ruthless commanders who seized imperial power -- Julius Caesar, Genghis Khan, Napoleon Bonaparte -- began their campaigns at the perimeters of power and pressed inward, toward the rich provinces in the heartland.
EMPIRE AS EXPLOITATION
Burbank and Cooper's decision to follow empires chronologically allows them to present a sustained, sequential narrative punctuated by targeted comparisons. At times, the individual stories flatten out into a general political account of the world's megastates, and the focus on imperial strategies fades. Although their narratives are rich in detail, it is not clear that it makes sense to follow empires individually, since the trajectory of each is affected by rivalry with others. Still, as the authors leisurely unfold their gigantic panorama, they return to the main requirements and achievements of successful empires -- the management of differences within extensive territorial and ethnic realms.
The contrast with Parsons' large study of selected empires is revealing. Parsons, an Africanist by training, samples instructive imperial experiences: Roman Britain, Muslim Spain, Spanish Peru, the East India Company in Italy, Napoleonic Italy, British Kenya, and Vichy France. Like Burbank and Cooper, Parsons synthesizes a huge amount of global history, even though he does not claim the total coverage they seek. Also like them, he attributes the lightning conquests of the Spanish in Mexico and Peru to the fact that the Aztec and Incan empires they displaced had recently conquered other tribes who chafed under the Aztec and Incan yokes.
Although they are sometimes justified by grand ideas of civilizational supremacy, empires are not really created by any cultural disparity; they arise from transitory technological and military supremacy. On this point, Parsons diverges from Burbank and Cooper, for whom ideologies must be taken seriously even when they serve as a rationale for hierarchy and domination. The notion that imperial rule is for the benefit of its subjects "was and always will be a cynical and hypocritical canard," according to Parsons. "Empire has never been more than naked self-interest masquerading as virtue."
Empires are cartels of multiethnic elites in which local leaders hold on to their regional power by deferring to the overriding authority of the center. Empires stabilize their rule horizontally across space by reinforcing vertical hierarchies within their diverse geographic holdings. (The United States' effort to control tribal leaders in Afghanistan today is only the most recent example of this strategy.) Thus, the best way to study them is to examine how they lasted rather than how they came to be.
Like Burbank and Cooper, Parsons believes that empires work by recruiting intermediaries and making deals with local elites. But he thinks that the founding acts of conquest remain essential for historical judgment: "No one became an imperial subject voluntarily." Hence, he tends to characterize the kind of collaboration that occurred in Vichy France as selling out, whereas Burbank and Cooper describe a far more fluid and equal set of transactions. For them, the intermediary is a creative political entrepreneur, be he Polybius, the Greek sojourning in Rome who made himself a preeminent political interpreter, or one of the Albanian, Armenian, or Greek civil servants among the Ottomans. Linguistic talent and intermarriage are the major strategies for attaining influence among the colonizers even when those in charge promote racial distinctions to inhibit mingling. (Think of the formidable roles played by Hernán Cortés' Marina, John Rolfe's Pocahontas, and Lewis and Clark's Sacagawea.) Burbank and Cooper also stress how indigenous elites can promote genuine economic innovation.
Readers familiar with Cooper's earlier, sympathetic focus on what are often termed "subaltern" groups in British and French Africa may be surprised by the mellowness of Empires in World History; Burbank and Cooper cannot help but admire the political and societal engineering that empires have sustained over vast regions and long centuries. Cooper and Parsons both began as historians of empires in Africa, acutely aware of states where the gulf between the rulers and the ruled was reinforced by race. But Burbank and Cooper also understand that the refined courts and capitals of the Byzantine, Ming, and Persian empires often softened the founding violence of the conquerors. Such imperial grandeur means little to Parsons. For him, empires, despite all their sophistication, remain structures of conquest, domination, and exploitation, and they are doomed to fail.
Unfortunately, Parsons seems to have selected only cases that reflect this particular trajectory. He studies Napoleonic Italy, Vichy France, and the sanguinary last phase of British rule in Kenya; had he covered the major Chinese dynasties or the Ottomans, he might have wound up adopting a less accusatory stance. Burbank and Cooper, for whom empires subsist as amazing structures of large-scale governance, accommodating difference without (or until) falling to forces of localism or alternative empires, have a different perspective on collapse. Where Parsons sees the demise of empires as the inevitable result of a dialectic of resistance -- force, counterforce -- Burbank and Cooper believe that empires usually succumb because the intermediaries between the government and the governed gradually accrete their own power and form their own domains or defect to a another conqueror.
OF LIBERTY? FOR LIBERTY?
Immerman's brief study of six important architects of U.S. foreign policy argues that the idea of empire was inherent in the United States' national aspirations from the beginning. Restlessly articulated in terms of national ideals, the project was a thrust for a large national domain, not merely of liberty but also for liberty; indeed, Immerman suggests that democratic ideas continually justified expansion. He has little patience for those who hesitate to recognize the United States as an empire, and he shows the ideological contortions that accompanied the process of becoming one. His debt to critical historians, including Walter LaFeber and William Appleman Williams, is evident. Unlike them, however, Immerman sees political, legal, and racial ideas -- not the capitalist search for markets -- as motivating U.S. imperialism.
Engaging and informative as these six studies are, they do not establish a pattern. Benjamin Franklin, Immerman's first exemplar, conceives his imperial vision within the framework of a then still-viable joint British and U.S. enterprise of Western Hemispheric expansion. John Quincy Adams was probably the most articulate in fusing anticolonialism with continental expansion. William Seward and Henry Cabot Lodge were the most intent on pressing beyond continental borders; John Foster Dulles and Paul Wolfowitz, the most absolutist in their ideological ambitions. Immerman depicts Wolfowitz with considerable sympathy, even as he deplores the results of his project.
At the end of Immerman's biographies, conceptual questions remain. Is there really much of a distinction between an empire of liberty and an empire for liberty? Which territorial ambitions were understandably compelling for the early Republic, abutting, as it did, the overseas outposts of European empires? Must an ambitious foreign policy in pursuit of a national ideal inevitably degenerate into imperial interventions and acquisitions? The argument would seem less one-sided had such issues been probed more deeply.
It is normal enough that those who dominate should think their purpose enlightened and their mission natural. Empire could not exist without its intellectuals, who take on the task of explaining that goals pursued for self-interest are in fact justified by progress. Historians may find such rationales convincing, but it would be naive to forget that those who are ruled often do not. Somewhere, always, empire is sustained (and contested) by violence. Some apologists respond that the imperial conquerors impose peace or suppress barbaric practices -- the conquistadors stopped Aztec priests from ripping out the hearts of their prisoners, the Americans ousted the tyrant who had gassed the Kurds. Others will say that all forms of government sometimes require violence, or at least surveillance and coercion. All this may be true, but in democratic states, citizens have some degree of control over their own regime. The essence of empire is that the power to participate in decision-making is bestowed very unequally.
THE END OF AN ERA?
Is the age of empires over, as many believe? In the aftermath of 1989, American observers celebrated "civil society," believing that by stubbornly exercising their residual power, organized groups -- churches, unions, protest movements -- could bring down repressive bureaucratic apparatus. But since 9/11, civil society has faded as a compelling vision. Other nonstate actors have proved that violence and counterviolence still matter. In that milieu, empire will not easily fade, even if colonialism does.
The policy question, then, is whether states that have the power to act like empires can learn to work within an international system that, compared to the past, is less hierarchical and rests more on associations of interest. After 1945, the old imperial powers got caught in the contradiction of claiming to give their colonies a free choice while expecting them to stay in some form of associated subordination. Today, China, Russia, and the United States have the capacity to organize empires. But Europe is demonstrating that a new form of confederal association might emerge that in fact is more egalitarian and therefore more promising.
How the world can make the transition to a sort of comity of regions will be the overriding question for international politics in the decades to come. The world may be better off with no single superpower, even one that seems as benevolent as the United States does to many Americans. Such major transitions, however, are always risky; they create crises fraught with danger. The ride can be rocky, as future historians will no doubt document, and empire has seemed a plausible alternative in such turbulence for a long time.
* CHARLES S. MAIER is Leverett Saltonstall Professor of History at Harvard University and the author of Among Empires: American Ascendancy and Its Predecessors.
Charles S. Maier *
Foreign Affairs, July-August 2010
Jane Burbank and Frederick Cooper's extensive volume and Timothy Parsons' selective survey are systematic treatments of empires; Richard Immerman's history is a focused critique of America's imperial career. None is an apologia for the United States.
Jane Burbank and Frederick Cooper:
Empires in World History: Power and Politics of Difference
Princeton University Press, 2010, 528 pp.
ISBN 9780691127088 - Price $35.00
Timothy Parsons:
The Rule of Empires: Those Who Built Them, Those Who Endured Them, and Why They Always Fall
Oxford University Press, 2010, 496 pp.
ISBN 9780195304312 - Price $22.95
Richard H. Immerman:
Empire for Liberty: A History of American Imperialism From Benjamin Franklin to Paul Wolfowitz
Princeton University Press, 2010, 286 pp.
ISBN 9780691127620 - Price $24.95
Many leaders of the American Revolution welcomed the idea that their new nation would grow up to be an empire. To them, the concept was compatible with a republic; it meant size and benign influence. David Ramsay, South Carolina's delegate to the Continental Congress, wrote as early as 1778 that the grandeur of the American continent provided the basis for a realm that would make "the Macedonian, the Roman, and the British sink into insignificance." George Washington thought of the new country as a "rising" or an "infant" empire. Thomas Jefferson, who secured the vast Mississippi and Missouri valley corridors, famously envisaged an "empire of liberty." But whose liberty? The idea of empire as conquest or subjugation was curiously absent from this postindependence reverie. Cheered by the euphemism of "manifest destiny" deep into the nineteenth century, Americans of European origin continued to enjoy the incredible lightness of empire.
Subsequent observers would contend that the process of building and managing an empire is often violent, unfettered by concerns about law and equality. Empire, as Joseph Conrad wrote and American anti-imperialists came to acknowledge, had a heart of darkness. As Jane Burbank and Frederick Cooper, the authors of the massive comparative study Empires in World History, argue, "Terror was the hidden face of empire." And it has not always been so hidden, either.
The word "imperium" originally signified the authority delegated by the Senate of the Roman Republic to exercise command over the republic's own citizens and subdue others. It came to be applied to Rome's new territories throughout Italy and then beyond, even before Augustus founded the Principate, the first formal phase of the Roman Empire proper. More recently, in the United States, the growth of presidential power has periodically awakened concerns about what the historian Arthur Schlesinger, Jr., termed "the imperial presidency," that is, the growth of executive authority at the expense of legislative supervision and public dissent.
Three recent books on empire -- Burbank and Cooper's comparative history, Timothy Parsons' The Rule of Empires, and Richard Immerman's Empire for Liberty -- are less concerned with how nominally representative institutions can give way to authoritarian leaders than with how one state or national group extends its rule and often territory at the expense of others. This focus is hardly surprising, since much of the literature on empires has responded to the string of interventions the United States has undertaken since the Cold War.
People who object to applying the term "empire" to the United States point out that it has never established permanent colonies beyond its borders. Those who apply the term insist that the project of filling out the continent was imperial from the outset, since it involved the forced displacement and ethnic cleansing of indigenous groups. As for American forbearance abroad, they argue, the United States has sought no permanent colonies or territories because it has not needed them. Occasional but decisive interventions have sufficed to protect U.S. interests, and hundreds of U.S. military bases continue to preserve a sphere of influence well beyond the United States' borders.
Other commentators have argued that Washington should be unapologetic about using power this way. The historian Niall Ferguson suggested in Empire: How Britain Made the Modern World that British colonialism brought valuable experience in parliamentary and economic practices to the United Kingdom's colonies, and he deplored the United States' apparent unwillingness to take on the long burden of tutelage. The writer James Traub, among others, has suggested that Washington should intervene in central Africa to stop civil war and genocide -- even if doing so would awake concerns about U.S. imperialism. And the historian John Darwin's masterly After Tamerlane: The Global History of Empire Since 1405 accepts frankly, without any moralizing, that the United States is the most recent in a long series of transoceanic empires.
History suggests that it is not easy to maintain the distinction between humanitarian and imperial interventions. Before Iraq devolved into protracted civil conflict, it was much easier for champions of a muscular foreign policy, such as the writer Peter Beinart, in the liberal camp, and the usual neoconservative suspects, to argue that the "empire of liberty" must awaken from the torpor of indifference and intervene abroad. Immerman's history of the myopic intentions of U.S. leaders reflects the painful process of learning how difficult it can be to reshape other societies and institutions. To what degree meaning well mitigates historical responsibility remains a highly charged issue, although American society is relatively forgiving of policies whose major impact lies abroad and that exhibit the bravery of U.S. soldiers.
Such moral debates are unavoidable and important, but morality is hardly the only issue surrounding empire. Empires have existed since the organization of states in the river valleys of Africa and Asia. What characterizes them? How do they function? When do they arise? How and why do they collapse? The scientific study of empires has become a major inquiry. Burbank and Cooper's and Parsons' books are efforts to cover empires systematically; Immerman's is a more focused critique of the United States' imperial career. None is an apologia for the United States.
MANAGING DIFFERENCE
Cooper is one of the most perceptive historians of the late colonial period in Africa. His early work emphasized how the British and the French, by trying to allow civic and economic rights within their African possessions, only awakened more militant resistance, especially among colonial labor movements. Throughout his career, Cooper has sought to go beyond the simple dichotomy of collaboration and resistance among imperial subjects. He has proposed that colonial subjects develop various ways of pressing for equality and recognition within, and ultimately against, imperial rule. His co-author, Burbank, is an expert on imperial and twentieth-century Russia and editor of a volume that examines the impact of Russia's geographic vastness on its domestic institutions. In Empires in World History, Burbank and Cooper survey almost the entire history of global empires, beginning in the third century BC with the Han dynasty and the Roman Empire. They follow the spread of Islamic empires, Byzantium, the Mongols, and their Central Asian successors and then devote much attention to the Ottomans, before turning to the Austrians, the Russians, the overseas European empires, and, finally, the German, Japanese, Soviet, and American empires.
Burbank and Cooper accept empire as the dominant form of governance over large spaces and explore different strategies (what they term "repertoires") of imperial control. The underlying problem for empires is how to impose unity over difference. An empire must preserve the differences among the peoples it yokes together but not at the expense of its overall structure -- creating a tension that requires continually balancing power among contenders.
In the search for unity, successful imperial structures generate what might be called a big idea -- whether it be cultural unity, as in the various Chinese dynasties; citizenship, in the Roman Empire; law, in the British Empire; or, for the Americans and the Soviets during the Cold War, economic development. Empires organized around a monotheistic religion -- Islam or Christianity -- have drawn on a particularly potent source of legitimacy but remain vulnerable to schism and dissent.
From the Han dynasty on, the Chinese recruited a class of scholar-officials who did not have the local resources to defy the center, thereby avoiding the problem Rome faced when its delegated princes or leaders became challengers. But palace factionalism, warlordism, and the threat that officials might defect to neighboring powers remained a danger to the Chinese dynasties. Rome and subsequent empires needed, indeed wanted, their soldiers to be posted at the frontiers, a long way from the capital. But the distance also allowed ambitious contenders to accumulate power locally. Empires continually required military exertions, which necessitated the regular extraction of resources from agriculture or commerce in far-flung provinces -- a perpetual challenge. Of course, this has been the case for all types of states, which have centralized fiscal and military institutions as a response to international pressure. Still, with their extensive territory, empires experience a much greater tension between the center and the periphery. It would have been useful, then, for Burbank and Cooper to provide a more sustained discussion of the difficulties that the Mogul empire faced in South Asia. This wealthy and multireligious empire gets strikingly short shrift even though it exemplified all the liabilities of empire: unruly frontiers, aggressive neighbors, fiscal crises, and an extremely confederal structure. It was the power in Asia most similar to the contemporaneous Holy Roman Empire.
As Burbank and Cooper stress, conflict at the boundaries, especially boundaries shared by empires engaged in a protracted competition, such as that faced by the Ottomans from the seventeenth century on, can lead to revenue scarcity, rebellion, and territorial shrinkage -- all of which ultimately undermine even the most robust imperial structures. Indeed, imperial politics are uniquely determined at the perimeter, where challenges emerge. Borders can never remain entirely fixed or stable: even the Roman, Chinese, and Berlin walls were sites of turbulence. Often, brilliant and ruthless commanders who seized imperial power -- Julius Caesar, Genghis Khan, Napoleon Bonaparte -- began their campaigns at the perimeters of power and pressed inward, toward the rich provinces in the heartland.
EMPIRE AS EXPLOITATION
Burbank and Cooper's decision to follow empires chronologically allows them to present a sustained, sequential narrative punctuated by targeted comparisons. At times, the individual stories flatten out into a general political account of the world's megastates, and the focus on imperial strategies fades. Although their narratives are rich in detail, it is not clear that it makes sense to follow empires individually, since the trajectory of each is affected by rivalry with others. Still, as the authors leisurely unfold their gigantic panorama, they return to the main requirements and achievements of successful empires -- the management of differences within extensive territorial and ethnic realms.
The contrast with Parsons' large study of selected empires is revealing. Parsons, an Africanist by training, samples instructive imperial experiences: Roman Britain, Muslim Spain, Spanish Peru, the East India Company in Italy, Napoleonic Italy, British Kenya, and Vichy France. Like Burbank and Cooper, Parsons synthesizes a huge amount of global history, even though he does not claim the total coverage they seek. Also like them, he attributes the lightning conquests of the Spanish in Mexico and Peru to the fact that the Aztec and Incan empires they displaced had recently conquered other tribes who chafed under the Aztec and Incan yokes.
Although they are sometimes justified by grand ideas of civilizational supremacy, empires are not really created by any cultural disparity; they arise from transitory technological and military supremacy. On this point, Parsons diverges from Burbank and Cooper, for whom ideologies must be taken seriously even when they serve as a rationale for hierarchy and domination. The notion that imperial rule is for the benefit of its subjects "was and always will be a cynical and hypocritical canard," according to Parsons. "Empire has never been more than naked self-interest masquerading as virtue."
Empires are cartels of multiethnic elites in which local leaders hold on to their regional power by deferring to the overriding authority of the center. Empires stabilize their rule horizontally across space by reinforcing vertical hierarchies within their diverse geographic holdings. (The United States' effort to control tribal leaders in Afghanistan today is only the most recent example of this strategy.) Thus, the best way to study them is to examine how they lasted rather than how they came to be.
Like Burbank and Cooper, Parsons believes that empires work by recruiting intermediaries and making deals with local elites. But he thinks that the founding acts of conquest remain essential for historical judgment: "No one became an imperial subject voluntarily." Hence, he tends to characterize the kind of collaboration that occurred in Vichy France as selling out, whereas Burbank and Cooper describe a far more fluid and equal set of transactions. For them, the intermediary is a creative political entrepreneur, be he Polybius, the Greek sojourning in Rome who made himself a preeminent political interpreter, or one of the Albanian, Armenian, or Greek civil servants among the Ottomans. Linguistic talent and intermarriage are the major strategies for attaining influence among the colonizers even when those in charge promote racial distinctions to inhibit mingling. (Think of the formidable roles played by Hernán Cortés' Marina, John Rolfe's Pocahontas, and Lewis and Clark's Sacagawea.) Burbank and Cooper also stress how indigenous elites can promote genuine economic innovation.
Readers familiar with Cooper's earlier, sympathetic focus on what are often termed "subaltern" groups in British and French Africa may be surprised by the mellowness of Empires in World History; Burbank and Cooper cannot help but admire the political and societal engineering that empires have sustained over vast regions and long centuries. Cooper and Parsons both began as historians of empires in Africa, acutely aware of states where the gulf between the rulers and the ruled was reinforced by race. But Burbank and Cooper also understand that the refined courts and capitals of the Byzantine, Ming, and Persian empires often softened the founding violence of the conquerors. Such imperial grandeur means little to Parsons. For him, empires, despite all their sophistication, remain structures of conquest, domination, and exploitation, and they are doomed to fail.
Unfortunately, Parsons seems to have selected only cases that reflect this particular trajectory. He studies Napoleonic Italy, Vichy France, and the sanguinary last phase of British rule in Kenya; had he covered the major Chinese dynasties or the Ottomans, he might have wound up adopting a less accusatory stance. Burbank and Cooper, for whom empires subsist as amazing structures of large-scale governance, accommodating difference without (or until) falling to forces of localism or alternative empires, have a different perspective on collapse. Where Parsons sees the demise of empires as the inevitable result of a dialectic of resistance -- force, counterforce -- Burbank and Cooper believe that empires usually succumb because the intermediaries between the government and the governed gradually accrete their own power and form their own domains or defect to a another conqueror.
OF LIBERTY? FOR LIBERTY?
Immerman's brief study of six important architects of U.S. foreign policy argues that the idea of empire was inherent in the United States' national aspirations from the beginning. Restlessly articulated in terms of national ideals, the project was a thrust for a large national domain, not merely of liberty but also for liberty; indeed, Immerman suggests that democratic ideas continually justified expansion. He has little patience for those who hesitate to recognize the United States as an empire, and he shows the ideological contortions that accompanied the process of becoming one. His debt to critical historians, including Walter LaFeber and William Appleman Williams, is evident. Unlike them, however, Immerman sees political, legal, and racial ideas -- not the capitalist search for markets -- as motivating U.S. imperialism.
Engaging and informative as these six studies are, they do not establish a pattern. Benjamin Franklin, Immerman's first exemplar, conceives his imperial vision within the framework of a then still-viable joint British and U.S. enterprise of Western Hemispheric expansion. John Quincy Adams was probably the most articulate in fusing anticolonialism with continental expansion. William Seward and Henry Cabot Lodge were the most intent on pressing beyond continental borders; John Foster Dulles and Paul Wolfowitz, the most absolutist in their ideological ambitions. Immerman depicts Wolfowitz with considerable sympathy, even as he deplores the results of his project.
At the end of Immerman's biographies, conceptual questions remain. Is there really much of a distinction between an empire of liberty and an empire for liberty? Which territorial ambitions were understandably compelling for the early Republic, abutting, as it did, the overseas outposts of European empires? Must an ambitious foreign policy in pursuit of a national ideal inevitably degenerate into imperial interventions and acquisitions? The argument would seem less one-sided had such issues been probed more deeply.
It is normal enough that those who dominate should think their purpose enlightened and their mission natural. Empire could not exist without its intellectuals, who take on the task of explaining that goals pursued for self-interest are in fact justified by progress. Historians may find such rationales convincing, but it would be naive to forget that those who are ruled often do not. Somewhere, always, empire is sustained (and contested) by violence. Some apologists respond that the imperial conquerors impose peace or suppress barbaric practices -- the conquistadors stopped Aztec priests from ripping out the hearts of their prisoners, the Americans ousted the tyrant who had gassed the Kurds. Others will say that all forms of government sometimes require violence, or at least surveillance and coercion. All this may be true, but in democratic states, citizens have some degree of control over their own regime. The essence of empire is that the power to participate in decision-making is bestowed very unequally.
THE END OF AN ERA?
Is the age of empires over, as many believe? In the aftermath of 1989, American observers celebrated "civil society," believing that by stubbornly exercising their residual power, organized groups -- churches, unions, protest movements -- could bring down repressive bureaucratic apparatus. But since 9/11, civil society has faded as a compelling vision. Other nonstate actors have proved that violence and counterviolence still matter. In that milieu, empire will not easily fade, even if colonialism does.
The policy question, then, is whether states that have the power to act like empires can learn to work within an international system that, compared to the past, is less hierarchical and rests more on associations of interest. After 1945, the old imperial powers got caught in the contradiction of claiming to give their colonies a free choice while expecting them to stay in some form of associated subordination. Today, China, Russia, and the United States have the capacity to organize empires. But Europe is demonstrating that a new form of confederal association might emerge that in fact is more egalitarian and therefore more promising.
How the world can make the transition to a sort of comity of regions will be the overriding question for international politics in the decades to come. The world may be better off with no single superpower, even one that seems as benevolent as the United States does to many Americans. Such major transitions, however, are always risky; they create crises fraught with danger. The ride can be rocky, as future historians will no doubt document, and empire has seemed a plausible alternative in such turbulence for a long time.
* CHARLES S. MAIER is Leverett Saltonstall Professor of History at Harvard University and the author of Among Empires: American Ascendancy and Its Predecessors.
Desburocratizacao - Luciano Benetti Timm
DESBUROCRATIZAÇÃO: A MELHOR POLÍTICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO
Luciano Benetti Timm
Em 2010, o Banco Mundial atualizou sua publicação denominada de Doing Business in Brazil, na qual novamente nosso país teve desempenho sofrível. Este Relatório é trabalho desenvolvido pelo Banco Mundial com o intuito de analisar, dentre outros pontos, as regras que envolvem a abertura e o encerramento de empresas em determinados países.
Sua premissa fundamental é a de que a simplificação dos procedimentos de registro empresarial proporciona um estímulo ao surgimento de novas empresas que são o grande eixo produtor de riquezas.
A teoria econômica e jurídica que justifica esta premissa é a chamada Teoria dos Custos de Transação (TCT). De acordo com esta literatura (que de certa forma funde conceitos de Direito e de Economia), os agentes econômicos adaptam e moldam seus comportamentos de acordo com os incentivos institucionais, ou seja, de acordo com as regras formais e informais postas numa determinada sociedade. E, como o mercado não é um espaço absolutamente imperfeito de trocas econômicas, existem as fricções nominadas de custos de transação, que envolvem custos de informação, monitoramento, registro e execução de contratos e negócios (como são os contratos e acordos empresariais).
Custos de transação elevados tendem a elevar o custo social de determinada atividade, criando óbices ao seu exercício. A empresa funciona justamente como feixe de contratos e como mecanismo redutor de custos de transação. Portanto, um sistema nacional de registro empresarial ineficiente, como o brasileiro, tenderia a aumentar os custos de transação numa dada sociedade.
Se isso é verdade, não é menos verdade que a comunidade científica brasileira encontrou problemas metodológicos graves no Relatório Doing Business, já que, de um lado, a metodologia empregada não fica clara na exposição do relatório final, dando a entender que teriam sido ouvidas, por questionários, autoridades acadêmicas, governamentais e profissionais nas grandes metrópoles do País, no relatório de 2006; e, já nos relatórios de 2007 e 2008, haveria apenas o preenchimento de questionário por duas firmas de auditoria e de advocacia localizadas em São Paulo (o que, naturalmente, não seria suficiente para radiografiar a eficiência das instituições associadas à abertura de negócios no Brasil). Por outro lado, ele super dimensionaria as questões institucionais em detrimento do contexto macroeconômico.
Em 2009, com verbas oriundas do PNUD, da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e da PUCRS, foram feitas pesquisas empíricas quantitativas e qualitativas para tentar radiografar o problema da abertura de negócios no Brasil e para medir o prejuízo causado pela ineficiência desse mesmo sistema.
A conclusão parcial foi a de que o Relatório Doing Business teve a virtude de mobilizar o Poder Público a buscar uma maior eficiência das Juntas Comerciais e da formalização de empresas no País. Desde então, as próprias Juntas Comerciais e o DNRC têm tentado buscar quantificar o tempo e o custo de registro de atos societários.
Nessa pesquisa, concluiu-se que grande problema no sistema de abertura de negócios no Brasil é uma organização federativa altamente ineficiente, que combina e multiplica registros desnecessários, burocráticos e reduntantes. Com efeito, de acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 24, inciso III, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre as Juntas Comerciais. Hoje a competência supletiva no plano administrativo do DNRC e a competência de administração e execução dos serviços de registros pelas Juntas Comerciais possibilitam a aparição de discrepâncias entre os Estados.
Além dessa divisão de competências, existem ainda diversos outros órgãos federativos ligados, direta ou indiretamente, à abertura de uma empresa no Brasil, a saber: Prefeituras Municipais (alvarás de abertura e funcionamento; inscrição municipal de tributos), Estados (inscrição estadual de tributos) e Federação (inscrição tributária federal). Ademais, outros órgãos de diversas esferas poderão, eventualmente, participar do processo de abertura de empresas, como na obtenção de licenças ambientais (municipais, estaduais e federais) e de agências reguladoras (Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Agência Nacional do Petróleo (ANP), Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), dentre outros).
Não se conseguiu na pesquisa medir o custo social da ineficiência do sistema de abertura de negócios, pois (não surpreendentemente) faltaram dados básicos de todos estes órgãos mapeados para a rodagem de um modelo econométrico confiável. Quase nenhum deles tem dados sobre o tempo necessário ao registro de uma atividade empresarial em seus guichês (o que é um péssimo sinal, diga-se de passagem). Embora seja intuitivo que muitos recursos são sorvidos nessa ineficiência, além do incentivo à corrupção.
Contudo, ela permitiu visualizar que a integração e coordenação institucional dos órgãos envolvidos no registro mercantil seriam o principal elemento impulsionador da eficiência dos processos de formalização de empresas.
Nesse sentido, o fiel cumprimento da Lei nº 11.598/2007 (que ainda não pegou) pode ser considerada o melhor caminho para desburocratização do sistema, já que ela objetiva a simplificação e a integração do processo de registro empresarial através da instituição da Redesim (uma rede de interligação de sistemas dos órgãos envolvidos no registro).
No entanto, para que a Lei saia do papel, precisamos de um “novo” Departamento Nacional de Registro Comercial (DNRC), mais prestigiado e capitalizado.
Tirar o governo do caminho, nesse caso, é a melhor política desenvolvimentista.
Luciano Benetti Timm
Em 2010, o Banco Mundial atualizou sua publicação denominada de Doing Business in Brazil, na qual novamente nosso país teve desempenho sofrível. Este Relatório é trabalho desenvolvido pelo Banco Mundial com o intuito de analisar, dentre outros pontos, as regras que envolvem a abertura e o encerramento de empresas em determinados países.
Sua premissa fundamental é a de que a simplificação dos procedimentos de registro empresarial proporciona um estímulo ao surgimento de novas empresas que são o grande eixo produtor de riquezas.
A teoria econômica e jurídica que justifica esta premissa é a chamada Teoria dos Custos de Transação (TCT). De acordo com esta literatura (que de certa forma funde conceitos de Direito e de Economia), os agentes econômicos adaptam e moldam seus comportamentos de acordo com os incentivos institucionais, ou seja, de acordo com as regras formais e informais postas numa determinada sociedade. E, como o mercado não é um espaço absolutamente imperfeito de trocas econômicas, existem as fricções nominadas de custos de transação, que envolvem custos de informação, monitoramento, registro e execução de contratos e negócios (como são os contratos e acordos empresariais).
Custos de transação elevados tendem a elevar o custo social de determinada atividade, criando óbices ao seu exercício. A empresa funciona justamente como feixe de contratos e como mecanismo redutor de custos de transação. Portanto, um sistema nacional de registro empresarial ineficiente, como o brasileiro, tenderia a aumentar os custos de transação numa dada sociedade.
Se isso é verdade, não é menos verdade que a comunidade científica brasileira encontrou problemas metodológicos graves no Relatório Doing Business, já que, de um lado, a metodologia empregada não fica clara na exposição do relatório final, dando a entender que teriam sido ouvidas, por questionários, autoridades acadêmicas, governamentais e profissionais nas grandes metrópoles do País, no relatório de 2006; e, já nos relatórios de 2007 e 2008, haveria apenas o preenchimento de questionário por duas firmas de auditoria e de advocacia localizadas em São Paulo (o que, naturalmente, não seria suficiente para radiografiar a eficiência das instituições associadas à abertura de negócios no Brasil). Por outro lado, ele super dimensionaria as questões institucionais em detrimento do contexto macroeconômico.
Em 2009, com verbas oriundas do PNUD, da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e da PUCRS, foram feitas pesquisas empíricas quantitativas e qualitativas para tentar radiografar o problema da abertura de negócios no Brasil e para medir o prejuízo causado pela ineficiência desse mesmo sistema.
A conclusão parcial foi a de que o Relatório Doing Business teve a virtude de mobilizar o Poder Público a buscar uma maior eficiência das Juntas Comerciais e da formalização de empresas no País. Desde então, as próprias Juntas Comerciais e o DNRC têm tentado buscar quantificar o tempo e o custo de registro de atos societários.
Nessa pesquisa, concluiu-se que grande problema no sistema de abertura de negócios no Brasil é uma organização federativa altamente ineficiente, que combina e multiplica registros desnecessários, burocráticos e reduntantes. Com efeito, de acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 24, inciso III, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre as Juntas Comerciais. Hoje a competência supletiva no plano administrativo do DNRC e a competência de administração e execução dos serviços de registros pelas Juntas Comerciais possibilitam a aparição de discrepâncias entre os Estados.
Além dessa divisão de competências, existem ainda diversos outros órgãos federativos ligados, direta ou indiretamente, à abertura de uma empresa no Brasil, a saber: Prefeituras Municipais (alvarás de abertura e funcionamento; inscrição municipal de tributos), Estados (inscrição estadual de tributos) e Federação (inscrição tributária federal). Ademais, outros órgãos de diversas esferas poderão, eventualmente, participar do processo de abertura de empresas, como na obtenção de licenças ambientais (municipais, estaduais e federais) e de agências reguladoras (Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Agência Nacional do Petróleo (ANP), Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), dentre outros).
Não se conseguiu na pesquisa medir o custo social da ineficiência do sistema de abertura de negócios, pois (não surpreendentemente) faltaram dados básicos de todos estes órgãos mapeados para a rodagem de um modelo econométrico confiável. Quase nenhum deles tem dados sobre o tempo necessário ao registro de uma atividade empresarial em seus guichês (o que é um péssimo sinal, diga-se de passagem). Embora seja intuitivo que muitos recursos são sorvidos nessa ineficiência, além do incentivo à corrupção.
Contudo, ela permitiu visualizar que a integração e coordenação institucional dos órgãos envolvidos no registro mercantil seriam o principal elemento impulsionador da eficiência dos processos de formalização de empresas.
Nesse sentido, o fiel cumprimento da Lei nº 11.598/2007 (que ainda não pegou) pode ser considerada o melhor caminho para desburocratização do sistema, já que ela objetiva a simplificação e a integração do processo de registro empresarial através da instituição da Redesim (uma rede de interligação de sistemas dos órgãos envolvidos no registro).
No entanto, para que a Lei saia do papel, precisamos de um “novo” Departamento Nacional de Registro Comercial (DNRC), mais prestigiado e capitalizado.
Tirar o governo do caminho, nesse caso, é a melhor política desenvolvimentista.
Ativismo estatal: mais recente artigo publicado - Paulo R Almeida
Acaba de ser publicado...
O ativismo econômico estatal: quais os seus custos e benefícios?
Paulo Roberto de Almeida, especial para o iG
Portal de Economia do iG, 27/07/2010 17:10
Atualmente os Estados ostentam políticas públicas para todos e cada um dos setores da vida moderna que é possível imaginar
Governos, ou melhor, políticos nos governos, adoram se mostrar prestativos, atentos em relação aos desejos dos eleitores, extremamente cuidadosos com a segurança e o patrimônio dos cidadãos, ciosos na criação de empregos, na distribuição de renda, enfim, sempre dispostos a oferecer a todos os cidadãos aquilo mesmo que todos os políticos prometem: estímulos ao crescimento, melhores empregos, aumento da renda e promoção do desenvolvimento social. A tudo isso, alguns ainda acrescentam, com motivação essencialmente demagógica: “com preservação da soberania nacional”. Claro, ainda está para nascer o político que, consciente dos benefícios de maior abertura e inserção internacional, vai ter a coragem de proclamar: “vamos internacionalizar o país, abri-lo à globalização, acolher de braços abertos o capital estrangeiro”... Enfim, sigamos adiante, pois nosso assunto é outro.
Todas essas boas promessas exigem, na visão dos mesmos políticos, um Estado atuante. No limite, um Estado interventor no campo econômico e regulador da ação dos agentes privados; na hipótese mais benigna, apenas um Estado indutor e promotor de condições favoráveis ao crescimento pela via do investimento particular e da acumulação de riqueza pela própria sociedade. A maior parte dos governos fica no meio do caminho entre essas duas opções: nem cuidam eles mesmos da produção e da oferta de bens e serviços, que podem ser fornecidos em melhores condições pelo setor privado, nem se abstêm de intervir naquilo que consideram necessário, segundo as concepções dos próprios políticos ou dos altos burocratas do governo Eles o fazem, alegadamente, para atender às demandas dos cidadãos (que, por coincidência, são eleitores também).
Talvez para desespero dos extremadamente liberais, ou daquela tribo especial de libertários conhecidos como anarco-capitalistas, vou defender a tese de que políticas ativas por parte do Estado são, sim, necessárias – aliás, mais do que necessárias, elas são inevitáveis, num sentido até de fatalidade – em sociedades como as nossas, hiper-burocratizadas e complexas demais para que o exército de políticos que nos governam e o enxame de tecnocratas que os servem deixem de propor medidas geniais para melhorar a nossa vida e, supostamente, para resolver os problemas existentes. Esses problemas, diga-se de passagem, foram, em grande medida, criados por medidas adotadas anteriormente pelos mesmos políticos e burocratas que estão sempre dispostos a fazer o bem com o dinheiro dos outros.
Em Estados normalmente organizados, funcionando de maneira transparente e atendendo às regras básicas da democracia, essas políticas públicas geralmente funcionam, embora nem sempre produzam os resultados desejados ou esperados, por uma razão muito simples: os agentes privados, farejando o que vem pela frente, exibem essa incrível tendência a se antecipar a efeitos considerados inevitáveis (em seu detrimento, claro) dessas mesmas políticas, adotando então disposições que contornam ou neutralizam as políticas ativas dos governos. A justificativa sempre adotada pelos governos ativistas é a de que as políticas aumentam a eficiência do sistema econômico, produzem bem-estar coletivo e reduzem externalidades negativas.
Talvez isso ocorra, o que caberia ainda aferir de maneira independente. Mas o custo para a sociedade sempre é muito alto, já que, sem produzir um só centavo de riqueza, os governos simplesmente retiram da sociedade os recursos de que necessitam para implementar essas políticas, com um pedágio – ou seja, o custo da intermediação burocrática – que pode ir de 10% (nos Estados mais enxutos) a mais de 25% dos valores envolvidos naqueles países mais desorganizados (como alguns perto de nós). Sempre é assim, e a tendência das burocracias estatais – de todas as burocracias, inclusive a dos organismos internacionais – é passar a gastar cada vez mais em projetos e programas definidos pelos próprios estamentos burocráticos e seus mentores políticos. A esperança da cidadania consciente é de que o Estado não gaste muito consigo mesmo e que, ao contrário, utilize os recursos, justamente, para fins de investimentos, que ou são projetos básicos – geralmente infra-estrutura – ou são políticas setoriais, as tais políticas ativas que recebem a aprovação de nove entre dez políticos profissionais e de dez entre dez burocratas estatais.
Se esta é uma realidade dos Estados modernos, como fazer a diferença entre as políticas absolutamente necessárias – as que justificariam a “extorsão tributária” contra o nosso bolso – e aquelas que poderiam ser deixadas à auto-regulação da sociedade? Até mesmo um liberal clássico como Adam Smith reconhecia funções governativas que deveriam ser suportadas pela coletividade por meio de impostos: essas áreas eram as de defesa, justiça, determinadas obras de infra-estrutura (portos, estradas) e algumas poucas mais. Em sua época, os governos pouco se ocupavam da saúde e da educação da população, temas que eram deixados aos cuidados das próprias famílias; como tampouco existiam seguros previdenciários, esquemas para o desemprego e acidentes de trabalho, exigências que foram crescendo com a urbanização e a construção da cidadania, ou seja, a incorporação de estratos menos privilegiados nas esferas de decisão e de representação política.
Atualmente os Estados ostentam políticas públicas para todo e cada um dos setores da vida moderna que é possível imaginar, existindo até a pretensão de cuidar do cidadão do berço à cova, como se parece ocorrer nos países escandinavos. Mas não apenas neles, posto que mesmo em Estados menos desenvolvidos, como no Brasil, existe essa ideia de que o Estado precisa ‘prover’ os menos contemplados com todos os serviços de que venha a necessitar: nascem, assim, os programas habitacionais, de primeiro emprego, de apoio à cultura, de inclusão digital, auxílio maternidade, auxílio funeral e, obviamente, as transferências diretas de dinheiro para os mais necessitados. Essas políticas de renda não são, ao contrário do que se acredita, as mais custosas de todas, embora envolvam considerável burocracia e se prestem a doses inevitáveis de fraudes e malversações.
As mais custosas costumam ser as políticas setoriais que contemplam as duas grandes áreas de atividade econômica: políticas industriais e agrícolas. São conhecidas as políticas agrícolas ultra-subvencionistas e altamente protecionistas praticadas em grande número de países desenvolvidos, destacando-se, nesse setor, a União Europeia, que consome metade do orçamento comunitário com pagamentos diretos e indiretos aos produtores super-protegidos dos países membros. Estima-se que os europeus poderiam reduzir o valor de sua cesta de compras alimentar à metade do que pagam nas feiras e supermercados se o setor agrícola fosse liberalizado.
No caso do Brasil, são igualmente conhecidas as pretensões industrializantes de todos os governos sucessivos à Revolução de 1930, criando um dos mais extensos e generosos sistemas de apoio à indústria nacional. Surgido nos anos 1950, o BNDES converteu-se numa das mais poderosas máquinas de transferência de renda de todos os cidadãos para um punhado de industriais privilegiados, no que é apenas um dos mecanismos mais deletérios de concentração de renda e de deformação do mercado de capitais num país em desenvolvimento.
É uma fatalidade de nossos sistemas pretensamente democráticos – em grande medida plutocráticos ou oligárquicos – que os setores mais privilegiados da sociedade lutem e ganhem as ‘suas’ políticas setoriais: empréstimos subsidiados para capitalistas e empreendedores ‘merecedores’; subvenções à produção e à comercialização de produtos do setor primário – especialmente custosos nos países mais ricos; isenções diversas para setores considerados “estratégicos”, o que nada mais representa do que dar dinheiro a quem já é rico. As justificativas, como sempre, são as usuais: é preciso garantir a “segurança alimentar”, não se pode “desindustrializar” o país e se deve, absolutamente, “investir” nas tecnologias que vão garantir o “futuro” da economia. Também em outras áreas o dinheiro público escorre pelo ralo: universitários costumam ter lobbies mais eficientes na capital do que estudantes do primário, daí a concentração de recursos na mesma elite que depois vai galgar os postos de melhores salários na administração pública, e se aposentar com 100% da renda da ativa.
Em síntese, políticas ativas funcionam sim, apenas não se pode ter certeza de que o dinheiro nelas “investido” não teria sido mais bem empregado se fosse deixado com os próprios particulares para que estes operem as suas escolhas de bens e serviços de que necessitam dispor ao longo da vida, inclusive para a aposentadoria. O Estado benfeitor está se convertendo num grande baby-sitter que cuida carinhosamente dos seus filhos; deve-se registrar, apenas, que a taxa de serviço retira cada vez mais renda dos bolsos dos próprios interessados. Pode-se não gostar da perspectiva, mas este é o nosso horizonte de vida. Estarei sendo muito pessimista?
Paulo Roberto de Almeida é doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Bruxelas (1984). Diplomata de carreira desde 1977, exerceu diversos cargos na Secretaria de Estado das Relações Exteriores e em embaixadas e delegações do Brasil no exterior. Trabalhou entre 2003 e 2007 como Assessor Especial no Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Autor de vários trabalhos sobre relações internacionais e política externa do Brasil.
O ativismo econômico estatal: quais os seus custos e benefícios?
Paulo Roberto de Almeida, especial para o iG
Portal de Economia do iG, 27/07/2010 17:10
Atualmente os Estados ostentam políticas públicas para todos e cada um dos setores da vida moderna que é possível imaginar
Governos, ou melhor, políticos nos governos, adoram se mostrar prestativos, atentos em relação aos desejos dos eleitores, extremamente cuidadosos com a segurança e o patrimônio dos cidadãos, ciosos na criação de empregos, na distribuição de renda, enfim, sempre dispostos a oferecer a todos os cidadãos aquilo mesmo que todos os políticos prometem: estímulos ao crescimento, melhores empregos, aumento da renda e promoção do desenvolvimento social. A tudo isso, alguns ainda acrescentam, com motivação essencialmente demagógica: “com preservação da soberania nacional”. Claro, ainda está para nascer o político que, consciente dos benefícios de maior abertura e inserção internacional, vai ter a coragem de proclamar: “vamos internacionalizar o país, abri-lo à globalização, acolher de braços abertos o capital estrangeiro”... Enfim, sigamos adiante, pois nosso assunto é outro.
Todas essas boas promessas exigem, na visão dos mesmos políticos, um Estado atuante. No limite, um Estado interventor no campo econômico e regulador da ação dos agentes privados; na hipótese mais benigna, apenas um Estado indutor e promotor de condições favoráveis ao crescimento pela via do investimento particular e da acumulação de riqueza pela própria sociedade. A maior parte dos governos fica no meio do caminho entre essas duas opções: nem cuidam eles mesmos da produção e da oferta de bens e serviços, que podem ser fornecidos em melhores condições pelo setor privado, nem se abstêm de intervir naquilo que consideram necessário, segundo as concepções dos próprios políticos ou dos altos burocratas do governo Eles o fazem, alegadamente, para atender às demandas dos cidadãos (que, por coincidência, são eleitores também).
Talvez para desespero dos extremadamente liberais, ou daquela tribo especial de libertários conhecidos como anarco-capitalistas, vou defender a tese de que políticas ativas por parte do Estado são, sim, necessárias – aliás, mais do que necessárias, elas são inevitáveis, num sentido até de fatalidade – em sociedades como as nossas, hiper-burocratizadas e complexas demais para que o exército de políticos que nos governam e o enxame de tecnocratas que os servem deixem de propor medidas geniais para melhorar a nossa vida e, supostamente, para resolver os problemas existentes. Esses problemas, diga-se de passagem, foram, em grande medida, criados por medidas adotadas anteriormente pelos mesmos políticos e burocratas que estão sempre dispostos a fazer o bem com o dinheiro dos outros.
Em Estados normalmente organizados, funcionando de maneira transparente e atendendo às regras básicas da democracia, essas políticas públicas geralmente funcionam, embora nem sempre produzam os resultados desejados ou esperados, por uma razão muito simples: os agentes privados, farejando o que vem pela frente, exibem essa incrível tendência a se antecipar a efeitos considerados inevitáveis (em seu detrimento, claro) dessas mesmas políticas, adotando então disposições que contornam ou neutralizam as políticas ativas dos governos. A justificativa sempre adotada pelos governos ativistas é a de que as políticas aumentam a eficiência do sistema econômico, produzem bem-estar coletivo e reduzem externalidades negativas.
Talvez isso ocorra, o que caberia ainda aferir de maneira independente. Mas o custo para a sociedade sempre é muito alto, já que, sem produzir um só centavo de riqueza, os governos simplesmente retiram da sociedade os recursos de que necessitam para implementar essas políticas, com um pedágio – ou seja, o custo da intermediação burocrática – que pode ir de 10% (nos Estados mais enxutos) a mais de 25% dos valores envolvidos naqueles países mais desorganizados (como alguns perto de nós). Sempre é assim, e a tendência das burocracias estatais – de todas as burocracias, inclusive a dos organismos internacionais – é passar a gastar cada vez mais em projetos e programas definidos pelos próprios estamentos burocráticos e seus mentores políticos. A esperança da cidadania consciente é de que o Estado não gaste muito consigo mesmo e que, ao contrário, utilize os recursos, justamente, para fins de investimentos, que ou são projetos básicos – geralmente infra-estrutura – ou são políticas setoriais, as tais políticas ativas que recebem a aprovação de nove entre dez políticos profissionais e de dez entre dez burocratas estatais.
Se esta é uma realidade dos Estados modernos, como fazer a diferença entre as políticas absolutamente necessárias – as que justificariam a “extorsão tributária” contra o nosso bolso – e aquelas que poderiam ser deixadas à auto-regulação da sociedade? Até mesmo um liberal clássico como Adam Smith reconhecia funções governativas que deveriam ser suportadas pela coletividade por meio de impostos: essas áreas eram as de defesa, justiça, determinadas obras de infra-estrutura (portos, estradas) e algumas poucas mais. Em sua época, os governos pouco se ocupavam da saúde e da educação da população, temas que eram deixados aos cuidados das próprias famílias; como tampouco existiam seguros previdenciários, esquemas para o desemprego e acidentes de trabalho, exigências que foram crescendo com a urbanização e a construção da cidadania, ou seja, a incorporação de estratos menos privilegiados nas esferas de decisão e de representação política.
Atualmente os Estados ostentam políticas públicas para todo e cada um dos setores da vida moderna que é possível imaginar, existindo até a pretensão de cuidar do cidadão do berço à cova, como se parece ocorrer nos países escandinavos. Mas não apenas neles, posto que mesmo em Estados menos desenvolvidos, como no Brasil, existe essa ideia de que o Estado precisa ‘prover’ os menos contemplados com todos os serviços de que venha a necessitar: nascem, assim, os programas habitacionais, de primeiro emprego, de apoio à cultura, de inclusão digital, auxílio maternidade, auxílio funeral e, obviamente, as transferências diretas de dinheiro para os mais necessitados. Essas políticas de renda não são, ao contrário do que se acredita, as mais custosas de todas, embora envolvam considerável burocracia e se prestem a doses inevitáveis de fraudes e malversações.
As mais custosas costumam ser as políticas setoriais que contemplam as duas grandes áreas de atividade econômica: políticas industriais e agrícolas. São conhecidas as políticas agrícolas ultra-subvencionistas e altamente protecionistas praticadas em grande número de países desenvolvidos, destacando-se, nesse setor, a União Europeia, que consome metade do orçamento comunitário com pagamentos diretos e indiretos aos produtores super-protegidos dos países membros. Estima-se que os europeus poderiam reduzir o valor de sua cesta de compras alimentar à metade do que pagam nas feiras e supermercados se o setor agrícola fosse liberalizado.
No caso do Brasil, são igualmente conhecidas as pretensões industrializantes de todos os governos sucessivos à Revolução de 1930, criando um dos mais extensos e generosos sistemas de apoio à indústria nacional. Surgido nos anos 1950, o BNDES converteu-se numa das mais poderosas máquinas de transferência de renda de todos os cidadãos para um punhado de industriais privilegiados, no que é apenas um dos mecanismos mais deletérios de concentração de renda e de deformação do mercado de capitais num país em desenvolvimento.
É uma fatalidade de nossos sistemas pretensamente democráticos – em grande medida plutocráticos ou oligárquicos – que os setores mais privilegiados da sociedade lutem e ganhem as ‘suas’ políticas setoriais: empréstimos subsidiados para capitalistas e empreendedores ‘merecedores’; subvenções à produção e à comercialização de produtos do setor primário – especialmente custosos nos países mais ricos; isenções diversas para setores considerados “estratégicos”, o que nada mais representa do que dar dinheiro a quem já é rico. As justificativas, como sempre, são as usuais: é preciso garantir a “segurança alimentar”, não se pode “desindustrializar” o país e se deve, absolutamente, “investir” nas tecnologias que vão garantir o “futuro” da economia. Também em outras áreas o dinheiro público escorre pelo ralo: universitários costumam ter lobbies mais eficientes na capital do que estudantes do primário, daí a concentração de recursos na mesma elite que depois vai galgar os postos de melhores salários na administração pública, e se aposentar com 100% da renda da ativa.
Em síntese, políticas ativas funcionam sim, apenas não se pode ter certeza de que o dinheiro nelas “investido” não teria sido mais bem empregado se fosse deixado com os próprios particulares para que estes operem as suas escolhas de bens e serviços de que necessitam dispor ao longo da vida, inclusive para a aposentadoria. O Estado benfeitor está se convertendo num grande baby-sitter que cuida carinhosamente dos seus filhos; deve-se registrar, apenas, que a taxa de serviço retira cada vez mais renda dos bolsos dos próprios interessados. Pode-se não gostar da perspectiva, mas este é o nosso horizonte de vida. Estarei sendo muito pessimista?
Paulo Roberto de Almeida é doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Bruxelas (1984). Diplomata de carreira desde 1977, exerceu diversos cargos na Secretaria de Estado das Relações Exteriores e em embaixadas e delegações do Brasil no exterior. Trabalhou entre 2003 e 2007 como Assessor Especial no Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Autor de vários trabalhos sobre relações internacionais e política externa do Brasil.
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