¿Puede Javier Milei ganar las elecciones en primera vuelta? - Raúl Kollmann (El País)

¿Puede Javier Milei ganar las elecciones en primera vuelta? El veredicto de los encuestadores

Raúl Kollmann

El País, 3/09/2023

La posibilidad de que Javier Milei gane en primera vuelta, sin ballotage, no fue descartada por los encuestadores consultados por Página/12, aunque la mayoría lo ve muy improbable.

Facundo Nejamkis, de Opina Argentina, sostiene que “luego de la confirmación del escenario de tres tercios, corresponde analizar cuál de ellos es el que más chances tiene de crecimiento. Si analizamos la falta de legitimidad del sistema político en su conjunto, si a eso le agregamos la voluntad de cambio que una mayoría clara expresa en las encuestas y si por último vemos el cambio de expectativas a favor de Milei, uno tiende a pensar que es el que que más chances tiene de crecer. Los límites que presentan las candidaturas de Massa (por oficialismo) y de Bullrich (por parecido de familia con Milei) confirman estas especulaciones. Como Milei ahora es el centro de gravedad del sistema político, solo resta saber cómo afecta eso a los votantes que, por miedo, pueden llegar a movilizarse en contra del candidato libertario. A su favor le juega que este factor miedo o de rechazo suele ser más desequilibrante cuando este tipo de políticos tienen o han tenido un paso por el poder. Solo restan dilucidar dos interrogantes principales. Primero: qué ocurrirá con los votantes que voten en octubre y no lo hicieron en las PASO. Segundo: hasta dónde puede llegar ese crecimiento de Milei y si es posible que tengamos un desenlace sin pasar por la segunda vuelta".

 Marina Acosta, de Analogías, se refiere específicamente a la posibilidad de que Milei gane en primera vuelta. Lo ve improbable. “En estos momentos estamos observando un escenario de balotaje entre la ultraderecha y el oficialismo. Esto es, estimamos improbable que Milei pueda imponerse en primera vuelta ya sea porque logre el 45 por ciento de los votos afirmativos o porque alcance el 40 por ciento de los votos y saque una diferencia porcentual mayor a 10 puntos respecto de la fórmula que le sigue. El principal movimiento del desplazamiento del voto que estamos notando es el que se está dando desde Juntos por el Cambio hacia Milei. Vemos a una ciudadanía expectante por los movimientos de las distintas fuerzas políticas, en un contexto de crisis de UxP y JxC, las dos coaliciones predominantes”.

Campaña con vacíos

Prácticamente todos los consultores perciben una enorme debilidad en las campañas que se están haciendo.

Santiago Giorgetta de Proyección lo formula así. “Bullrich está muy desorientada. El crecimiento de Milei es inevitable. Massa tiene que buscar el 33 o 34 por ciento de los votos y tal vez las medidas lanzadas van en esa dirección: apuntalar a una mayoría, en especial a los sectores de menos recursos que perdieron poder de salario. UxP tiene que recuperar en esa franja, sí o sí”.

Timerman es aún más duro. “El tema es que Milei hasta ahora había sido el único que presentaba propuestas. Apareció esta semana una lista de propuestas de Bullrich-Melconian. Pero no existen las propuestas de Sergio Massa. Y en las elecciones, si no hay promesas, no hay campaña, dice un viejo slogan norteamericano. Si no hay promesa, no hay campaña. Y por ahora no sabemos cómo va a ser la República Argentina si Sergio Massa es presidente”.

“Los tres candidatos está modificando el discurso -sostiene Analía Del Franco-. Milei empezó a moderarse. Habla poco de dolarización, Banco Central o venta de órganos. No impacta en su electorado, pero sí en los nuevos votantes que puede captar. Bullrich recurrió a Melconian, porque la cuestión económica era de gran debilidad. Massa por ahora transita su posición de ministro y presentador de acciones de gobierno. No aparece la propuesta. Igual creo que es el que mejor actúa y trabaja y canaliza a los que tienen miedo al crecimiento de Milei”

Cuba y un éxodo al que no se ve fin - Mauricio Vicent (El País)

 Comentário do amigo Tomas Guggenheim, quem me enviou este artigo: 

"Um artigo sobre a claudicante Cuba. O artigo começa relatando o grande aumento da emigração da ilha, mas esse fenômeno, que tem tem sido uma constante, pois conta com a concordância explícita do seu governo (num acordo com os Estados Unidos) e é tolerada para muito além disso. Não podendo aumentar o numerador (PIB), resta-lhe diminuir o denominador (população).

É possível que os países sul-americanos que atualmente têm maior simpatia pelos objetivos da revolução cubana se sintam motivados para tomar iniciativas que contribuam com a economia em crise daquele país."

 

Cuba y un éxodo al que no se ve fin

Mauricio Vicent 

 El País, Madri, 14.11.2022

En un año se han marchado a Estados Unidos 224.000 cubanos, el 2% de los habitantes del país y más del 4% de su población activa. Los que se van son en su mayoría jóvenes.

La Habana - Casi a diario, una nueva cifra, o una nueva tragedia, o un nuevo testimonio tremebundo ponen en evidencia la magnitud de la crisis económica, social y política que se está viviendo en Cuba y que se refleja en un éxodo migratorio sin precedentes. En octubre, barcos del servicio guardacostas norteamericano interceptaron en altamar a 1.100 balseros, más que todos los capturados durante 2021. Y cada día de septiembre, según el Departamento de Aduanas de EEUU, entraron ilegalmente por su frontera sur un promedio de 891 cubanos. Fueron 26.742 sólo ese mes, el que cierra el año fiscal 2022 en EEUU (del 1ro de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre último), que ha batido todos los records: 224.607 cubanos llegaron a EEUU por sus fronteras terrestres en 12 meses, sin contar los más de 10.000 que lo intentaron cruzando el estrecho de la Florida (unos 3.000 lograron tocar tierra), además de los que han emigrado a través de otros países (no hay cifras). Se trata del 2% de los habitantes del país y más del 4% de su población activa, pues “los que se van en su mayoría son jóvenes, muchos de ellos personal cualificado o profesionales, que han perdido las esperanzas en que las cosas mejoren”, indica el economista Omar Everleny.

 

Everleny es uno de los muchos analistas cubanos que desde hace tiempo advierte de que estamos ante un escenario alarmante, un verdadero drama que compromete el futuro de un país con 11.113.000 habitantes que sufre un grave problema demográfico. En 2021, por quinto año consecutivo, la población decreció (en 68.000 personas), la tasa de nacimientos ha seguido cayendo y el proceso de envejecimiento es cada vez más acelerado (el 21% de los cubanos tiene hoy más de 60 años, proporción que será casi del 30% en 2030, según proyecciones oficiales). Eso sin contabilizar esta última ola migratoria.

 

“A Cuba se les escapan a raudales sus jóvenes, es decir, su futuro. El porvenir del país se ha hipotecado peligrosamente, y esto solo puede desembocar en más inestabilidad política y social”, asegura el también economista Ricardo Torres, que desde hace un año trabaja como investigador y académico en la American University de Washington y es uno de los talentos que ha buscado, temporalmente, nuevos horizontes fuera de su país. El problema de fondo, a su juicio, “radica en que la severa crisis actual tiene que ver con los problemas estructurales que aquejan a la isla por décadas”, y debido a ello la solución es muy compleja: “la corrección de estos desequilibrios requeriría audacia, capacidad en el sector público y muchos años de trabajo duro”.

 

Un profesor de una facultad tecnológica de La Habana retrata empíricamente la situación actual: “Cada vez que paso lista hay menos alumnos. Sus compañeros me dicen: ‘Profe, ese ya se fue, no diga más su nombre’. Según mi cálculo de bodeguero, en dos años se han marchado al menos el 30% del grupo”. Una camarera de una conocida paladar de La Habana, negocio que ha de renovar el personal cada pocos meses por el mismo éxodo, cuenta de forma muy gráfica su experiencia: “en mi WhatsApp ya no me quedan casi +53 [el código de Cuba], todos son +1 [el código de EEUU]. Y yo soy la próxima”.

 

La radiografía popular de lo que está sucediendo en la isla es tremebunda: colas inmisericordes, apagones (que afectan también al suministro de agua), desabastecimiento feroz, inflación asfixiante, basura sin recoger en las calles por la falta de combustible, horas de espera para desplazarse a cualquier lugar porque el transporte público no funciona por el mismo motivo, salarios que no alcanzan, escasez de medicamentos y deterioro de los servicios de salud, aumento de las protestas en las calles y gente que se va del país porque ya no aguanta más y vende la casa con todo dentro. Lo cuentan los cubanos en la calle sin que les preguntes, algo novedoso en un país donde hasta hace no mucho cada crítica pública era medida con pesa de joyero.

 

 “El capital político acumulado se va agotando. La confianza en la capacidad del gobierno de enderezar la situación se ha desvanecido ya ante los reiterados titubeos e incoherencias. Es verdad que el margen de maniobra es reducido, pero la ineptitud demostrada con las medidas antiinflacionarias ha agotado las esperanzas”, afirma el reputado sociólogo Carlos García Pleyán, que destaca que “a diario crecen las diferencias económicas y sociales y con ellas la radicalización política. El dialogo es cada día más difícil y la angustia ante el futuro, creciente”.

 

Como economistas, Everleny y Torres evalúan variables macroeconómicas que inciden en esta crisis, la más profunda vivida en Cuba desde de la desaparición del campo socialista, en los años noventa. La mayoría de los indicadores productivos en la isla son negativos, pero quizás el ejemplo más elocuente del descalabro estatal es la zafra azucarera, que en los años ochenta llegó a ser de 8 millones de toneladas anuales. Entonces funcionaban en el país más de 150 centrales azucareros, la mitad de los cuales fueron desmantelados a principios de este siglo. La zafra pasada sólo molieron 36 centrales y la cosecha fue de 480.000 toneladas, la peor en un siglo. En esta campaña trabajarán 23 fábricas azucareras y la meta es producir 450.000 toneladas, pero será difícil lograrlo pues el plan de siembra en noviembre solo se había cumplido en un 41%, según datos oficiales.

 

Debido a la extrema falta de divisas y de liquidez, la capacidad del Estado de importar bienes y alimentos se ha reducido en más de un 50% en relación a hace 10 años, lo que ha provocado un desabastecimiento leonino, con su correspondiente traducción en colas desesperantes y un aumento de los precios del mercado negro, agravados por la llamada Tarea Ordenamiento -impulsada por el Gobierno con el objetivo de lograr la unidad monetaria- que ha disparado la inflación.

 

Factores externos como la crisis mundial actual, los efectos de la pandemia o el recrudecimiento del embargo norteamericano – que le ha costado al país más de 6.000 millones de dólares en pérdidas en los primeros 14 meses del gobierno de Biden, según las autoridades-, han contribuido a hacer más profundo el precipicio. Pero, considera Torres, “el principal problema que tiene Cuba es que su modelo económico no ha evolucionado, y eso le impide aprovechar sus recursos internos e insertarse viablemente en el mundo”. Lo ratifica Everleny, que señala que el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas privadas, aprobadas en enero de 2021 después de diez años de espera, todavía enfrenta numerosas trabas y obstáculos aunque ya hay 5.600 autorizadas. “El sector privado es la gran reserva con que se cuenta, pero los cambios han sido demasiado lentos, para reactivar la economía hacen falta transformaciones decididas y radicales”, indica.

 

A juicio de la historiadora Alina Bárbara López, a diferencia de otras crisis, lo que marca ésta precisamente es “que la población ha perdido totalmente la esperanza, ven que el Gobierno es incapaz de introducir los cambios que el país necesita para que las cosas mejoren, y no son solo cambios económicos, sino también políticos. La gente no aguanta más, no ve futuro, es una crisis humanitaria: se van familias enteras, y gran parte son los jóvenes que más valen, los más emprendedores”.

 

En la calle no se habla de macroeconomía sino de sobrevivencia cotidiana, algo que se ha convertido en una tragedia para la mayoría. Un cardiólogo gana en Cuba aproximadamente 6.000 pesos mensuales (el salario mínimo es de 2.100 y el medio de 3.800). En los agromercados, donde rige la ley de la oferta y la demanda, los precios son astronómicos, pero dada la improductividad de las granjas estatales en estos agros es donde único puede uno surtirse de vegetales y viandas. En el barrio habanero del Vedado funciona uno de ellos. Una libra (453 gramos) de tomate cuesta ya casi 300 pesos. Una de cebolla, 280. La de frijoles negros, 120, y la de limón 200. El kilo de puerco, lleno de gordos, pasa de 800 pesos, un aguacate te sale a 50 pesos (si no es muy grande). Los precios suben cada día, y a las puertas de este agro los revendedores ofrecen el cartón de huevos a 1.600 pesos, la bolsa de pollo (4,5kg) a 2.500 y el litro de aceite vegetal a 700.

 

El dólar, que al comienzo de la tarea Ordenamiento, en enero de 2021, se cambiaba en el mercado negro a 35 o 40 pesos –la tasa oficial era en ese momento de 24 por uno-, subió a 115 en agosto de este año, y ahora se cambia a 175, aunque ha llegado a estar a 200. “El que no tiene dólares, que es la mayoría, está muy jodido”, dice un cubano de a pié, que afirma que quizá el asunto más crítico en este momento es el de los apagones. Desde hace meses en muchas zonas del interior del país los cortes del suministro eléctrico son de 12 horas diarias, o incluso más, debido al pésimo estado de las termoeléctricas por la falta de inversiones y la dejadez.

 

Cuba vive el mayor éxodo migratorio de su historia - Maurício Vicent (El País)

 Já se sabia, desde 1920, por Von Mises, que o socialismo econômico é uma impossibilidade econômica. Funcionou mal e porcamente durante algumas décadas na base da escravidão humana, a do próprio povo dos países que foram levados a esse regime infeliz, a União Soviética, depois os países dominados por ela na Europa central e oriental e na China de Mao, além de algumas outras porcarias no Terceiro Mundo, entre elas a Cuba castrista, objeto de adoração dos petistas e aloprados esquerdistas.

Cuba está soçobrando, e isso que tem comércio livre com todos os países do mundo, fora os poucos embargos idiotas dos EUA, que não impedem, todavia, que os americanos sejam os principais fornecedores de alimentos e medicamentos para a ilha-prisão. Agora que acabaram os petrodólares chavistas a situação se deteriora rapidamente, o que explica o fenômeno abaixo, de recordes de refugiados econômicos.

Lula ajudou a ditadura castrista, com alguns grandes projetos e o Mais Médicos, que dava 9/10 do que nós pagávamos para a ditadura. Será que em 2023 Lula vai criar um programa de acolhimento aos refugiados do socialismo cubano e dar o Auxílio Brasil a cada um dos exilados no Brasil?

Transcrevo um trecho apenas, da miséria cubana, mas é um fato que a ditadura pós-castrista é ainda mais incompetente e cruel do que a dos fascistas de esquerda: 

"No hay duda de que la actual crisis migratoria es la mayor vivida hasta ahora desde que triunfó la revolución. Tampoco la hay de que las condiciones que la alientan tienen difícil solución. Las penurias económicas, los apagones draconianos, la inflación desbocada, la escasez de artículos de primera necesidad y de medicinas, el deterioro de los servicios de salud, el agotamiento y la falta de esperanza de la sufrida población cubana, sobre todo de los más jóvenes, no parece que vayan a cambiar a corto plazo. El pesimismo es general, no se ve la luz y muchos jóvenes sienten que marcharse es la única opción para mejorar. Un drama que hipoteca el futuro del país."

Paulo Roberto de Almeida

El País, Madri – 13.9.2022

Cuba vive el mayor éxodo migratorio de su historia

El deterioro económico motiva que unas 180.000 personas hayan huido de la isla en el último año, un número superior al de crisis anteriores

Maurício Vicent

 

La crisis migratoria que vive Cuba está pulverizando todas las marcas. En los últimos 11 meses, cerca de 180.000 cubanos entraron a Estados Unidos de forma ilegal por la frontera mexicana y otros 8.000 lo intentaron por vía marítima. Son cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU. A ellas se suman datos recientes de la Guardia Costera de EE UU que indican que desde octubre del año pasado 5.421 balseros cubanos fueron interceptados en alta mar tratando de cruzar el estrecho de la Florida en frágiles embarcacionFes —y unos 3.000 lograron tocar tierra firme—, cifra que supera la del total de balseros detenidos en los últimos cinco años. Se trata de un éxodo sin precedentes: esta crisis migratoria es mayor que todas las anteriores, incluida la del Mariel y la Crisis de las balsas juntas: durante la primera, en 1980, 125.000 cubanos abandonaron la isla, y en la segunda, en 1994, lo hicieron 35.000.

Lo peor es que todo indica que esta sangría va a continuar, coinciden diversos sociólogos y economistas cubanos consultados, que afirman que el deterioro de las condiciones de vida y las penurias económicas que están en la base de esta estampida no van a amainar, sino que pueden agravarse todavía más en el futuro inmediato. El criterio general es que la crisis que atraviesa el país es estructural y que para salir del hueco va a hacer falta mucho tiempo, capital, ayudas financieras y reformas radicales que no está claro que el Gobierno esté dispuesto a hacer.

Casi a diario en la prensa cubana y estadounidense salen noticias de deportaciones, naufragios, operaciones de tráfico de personas y crudos testimonios de las arriesgadas aventuras vividas por los emigrantes cubanos durante las travesías por mar o por tierra —en este caso cruzando fronteras centroamericanas hasta llegar a México— en su intento desesperado por llegar a EE UU. Decenas de cubanos, probablemente cientos, han perdido la vida ahogados en el mar, cruzando el río Bravo o a manos de las mafias que controlan la emigración ilegal en la región. Las exhortaciones de ambos gobiernos para detener el éxodo son cada vez mayores. Pero la gente continúa intentándolo.

La semana pasada, la Embajada de Estados Unidos en La Habana anunció un aumento en las patrullas fronterizas por tierra, mar y aire para frenar la gran ola de balseros cubanos, y aseguró que diversas agencias encargadas de gestionar la inmigración ilegal se coordinarán para ello. “Los objetivos principales de este grupo interagencial [sic] son evitar la pérdida de vidas en el mar, e interrumpir la migración ilegal marítima utilizando las fuerzas del Departamento de Seguridad Nacional”, afirmó en un comunicado la misión diplomática, que señaló que los cubanos interceptados en alta mar serán deportados.

Este fin de semana, la televisión cubana entrevistó a varios balseros deportados por EE UU que relataron cómo estuvieron a punto de perder la vida en el mar, entre ellos una joven con un niño pequeño. El mensaje disuasorio era evidente: dijeron que no lo volverían a intentar por vía ilegal. Pero que esta recomendación cale en una población angustiada, agotada y desesperanzada es improbable.

Con la situación desbordada, el pasado jueves y viernes Cuba y EE UU realizaron en La Habana un “encuentro técnico” entre Tropas Guardafronteras cubanas y el Servicio de Guardacostas estadounidense para “incrementar la cooperación bilateral” en la lucha contra la emigración irregular, el tráfico de personas y drogas, así como la búsqueda y el salvamento marítimo. Según un comunicado oficial cubano, la reunión se celebró “en un clima respetuoso y profesional” y fue provechosa. “Las delegaciones de ambos países destacaron la utilidad de estos encuentros y coincidieron en la importancia de avanzar en la cooperación en esta área”, además de acordar “continuar con estos encuentros técnicos en el futuro”, informó el Gobierno cubano. En abril, Cuba y EE UU ya habían retomado las conversaciones bilaterales sobre temas migratorios, los primeros de alto nivel desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Estas reuniones habían sido suspendidas durante la presidencia de Donald Trump, que dio marcha atrás al histórico proceso de acercamiento entre ambos países.

Desde siempre, el tema migratorio ha sido clave en las turbulentas relaciones entre Cuba y EE UU, pero ahora lo es quizás más que nunca. En las últimas seis décadas, diversos éxodos han elevado la tensión entre ambos países en diferentes momentos —desde Camarioca (en los sesenta) hasta la crisis de las balsas (en los noventa)—, funcionando como válvulas de escape y mecanismos de presión a Washington coincidiendo con crisis económicas y políticas en la isla. Pero la magnitud del descalabro actual, que derivó en las históricas protestas contra el Gobierno el 11 de julio del año pasado, no tiene parangón. El 11-J marcó un antes y un después en Cuba, y ahí están las cifras migratorias, que hablan por sí solas.

En el año fiscal 2020, 14.000 cubanos entraron ilegalmente a EE UU por la frontera mexicana. En 2021 fueron 39.300, y hasta agosto de 2022 —el año fiscal comenzó el 1 de octubre del año pasado y termina el próximo 30 de septiembre— cerca de 180.000 emigrantes han ingresado por la frontera sur. Según las autoridades norteamericanas, si se sigue al actual ritmo, 2022 podría cerrarse con un récord absoluto de más de 200.000 cubanos en situación irregular. Los datos de balseros interceptados por guardacostas norteamericanos son igualmente reveladores. En el año 2017 fueron detenidos 1.468 cubanos; en 2018, 259; 313 en 2019; solo 49 en 2020 y 838 balseros en 2021. En solo 11 meses del presente año fiscal, ya van 5.421.

No hay duda de que la actual crisis migratoria es la mayor vivida hasta ahora desde que triunfó la revolución. Tampoco la hay de que las condiciones que la alientan tienen difícil solución. Las penurias económicas, los apagones draconianos, la inflación desbocada, la escasez de artículos de primera necesidad y de medicinas, el deterioro de los servicios de salud, el agotamiento y la falta de esperanza de la sufrida población cubana, sobre todo de los más jóvenes, no parece que vayan a cambiar a corto plazo. El pesimismo es general, no se ve la luz y muchos jóvenes sienten que marcharse es la única opción para mejorar. Un drama que hipoteca el futuro del país.

El Gobierno de Biden, que no quiere más emigrantes en situación irregular cubanos, ha puesto en marcha recientemente varias medidas en la dirección de restablecer los servicios consulares de su embajada en la isla —que Trump desmanteló— y revitalizar el programa de reunificación familiar. Pero La Habana asegura que son medidas insuficientes, y culpa a Washington de exacerbar el flujo de emigrantes ilegales por el incumplimiento del acuerdo bilateral que estipula la entrega de 20.000 visados anuales a ciudadanos cubanos, y por el mantenimiento de la ley de Ajuste Cubano, que beneficia a los cubanos y les permite obtener la residencia permanente al año y un día de entrar al país, aunque lo hayan hecho ilegalmente. Eso, y el recrudecimiento del embargo, al que el Gobierno de La Habana echa la culpa de todos sus males. Mientras ambos gobiernos siguen enrocados en su viejo desacuerdo, los cubanos ven que el tiempo pasa, el éxodo crece y ellos cada vez viven peor.

Eleições 2022: entrevista de Lula ao El País (21/11/2021)

 Como fiz com o discurso de Bolsonaro na AGNU deste ano, pretendo comentar esta entrevista de Lula ao jornal espanhol El País, apontando suas muitas mentiras, distorções e bravatas.

No momento apenas registro a matéria na minha série de materiais sobre as eleições presidenciais de 2022.

 

El País, Madri – 21.11.2021

Lula: “Tengo que volver para recuperar el prestigio de Brasil”

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, de gira por Europa, reivindica que su país puede estar de vuelta en la escena internacional a partir de las elecciones del próximo año

Pepa Bueno y Lucía Abellán

 

Entra como un ciclón en la sala donde hacemos la entrevista. A lo largo de la conversación, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva repite varias veces su edad, 76 años, —una edad a la que un hombre no puede odiar, nos dirá—, pero asegura encontrarse con la energía de alguien mucho más joven. Y de hecho, viene de una jornada agotadora en Madrid y de una agotadora gira por Europa que le ha llevado a Bruselas y a París. Pese a todo ese ajetreo, responde desde la primera pregunta con la pasión de quien quiere proclamar al mundo que Brasil puede estar de vuelta en la escena internacional a partir de las elecciones que se celebran el año próximo. Ese es el mensaje que quiere transmitir en su visita europea: Brasil no es Bolsonaro.

 

Pregunta. Le hemos visto en su gira europea muy enérgico, con muchas ganas de política.

Respuesta. Eso es lo que siento. Cuando yo dejé la presidencia en 2010, Brasil estaba en una situación de crecimiento económico y de respetabilidad. Hoy está en quiebra. Tenemos más desempleo e inflación. Y el hambre que había acabado en Brasil en 2014 volvió con mucha fuerza. Brasil era un protagonista internacional. Y todo se desmanteló. ¿En nombre de qué? En nombre de apagar la imagen de Lula, de apagar la imagen del Partido de los Trabajadores (PT). Por lo tanto, yo tengo mucha disposición para hacer política. Mi causa es la lucha contra la inequidad en Brasil y en el mundo. No puedo admitir que el mundo produzca más alimentos de los que la humanidad puede comer y que tengamos 800 millones de personas con hambre en el mundo. Ni que en Brasil, que es el tercer productor de alimentos del mundo, la gente esté pasando hambre. Quiero aprovechar, mientras Dios me dé vida, mientras tenga energía, fuerza en mi garganta y en mis piernas, para luchar por un mundo más humano en el que todos tengan lo elemental. Eso me da ganas de pelear, me hace ser joven. Parece que tengo 76 años, pero tengo la energía de los 30 años. El mundo no puede seguir así. Por eso tengo ganas de hacer política.

P. ¿Y por qué se resiste a confirmar que va a ser candidato en las elecciones de Brasil?

R. Yo puedo ser candidato. Trabajo para ser candidato. Pero no depende de una voluntad personal, no depende de mí. Yo tengo que construir con otra gente y con otros partidos un programa para Brasil. Tengo que hacer una alianza, porque lo importante no es solamente ganar las elecciones, es poder gobernar. Tengo una responsabilidad doble. Porque todas las encuestas demuestran que mi Gobierno está considerado el mejor que hubo en Brasil. Ha sido el mejor momento de inclusión social, de universidades, de aumentos de empleo y sueldo. Los pobres y más humildes también conquistaron la ciudadanía. Si yo vuelvo a la presidencia, no puedo hacer menos de lo que hice. Por eso tengo miedo. No puedo volver para hacer cualquier cosa, sino para que Brasil pueda recuperarse. No puedo fracasar. Tengo que volver para recuperar el prestigio internacional de Brasil y que el pueblo pueda comer tres veces al día.

P. ¿Cuál sería la versión 2021 del programa Hambre Cero con el que sacó de la pobreza a millones de brasileños?

R. Me parece que hoy tendríamos que perfeccionar ese programa. Nosotros hicimos un conjunto de políticas públicas y en 2018, Brasil llegó a ser la sexta economía mundial. Hoy es la decimotercera. Caminamos hacia atrás. Se destruyó la empresa de ingeniería, las empresas de agua y gas, la industria naval. Dejamos de ser un sueño para los inversores extranjeros y empezamos a ser una pesadilla. Los empresarios españoles saben de qué hablo porque España es el segundo inversor de Brasil. Y son siempre bienvenidos. Brasil puede ser mejor, no es el Gobierno actual. El Gobierno actual, de hecho, no representa el alma del pueblo brasileño.

Lula da Silva posa tras la entrevista en el hotel Wellington, en la madrileña calle Velázquez.Luis Sevillano

P. Usted hace un retrato demoledor del Brasil que deja Bolsonaro. Pero los brasileños lo votaron. ¿Por qué cree que lo hicieron?

R. Vivimos un momento de anomalía en la política mundial. El votante brasileño votó a Bolsonaro por las mismas razones que el votante americano votó a Trump. Ha sido un momento de desajuste emocional de una parte de la humanidad. Como con Vox aquí. Ha ocurrido en todo el mundo. La mentira prevalece sobre la verdad. Bolsonaro es mentiroso, no comprende la economía, no entiende los problemas sociales. Si yo no estuviera vinculado al movimiento sindical, a la sociedad más pobre de Brasil, si el PT no hubiese sido un partido organizado, me hubiesen destruido. He sido arrestado. Pero estoy aquí, con la cabeza erguida, con la misma disposición, porque, como soy católico, como creo en Dios, me parece que lo que pasó conmigo fue un test que Dios estaba haciendo, y tuve que probarle que yo estaba listo para enfrentar la adversidad.

P. ¿No tiene entonces sensación de venganza ni resquemor después de las experiencias que ha vivido?

R. Nadie puede querer gobernar para vengarse. Mi obligación es intentar resolver los problemas del pueblo brasileño. Quiero contarles una cosa. Yo comí pan por primera vez cuando tenía siete años. Mi madre salió de Pernambuco, caminamos, fuimos en camión durante 13 días, cruzamos 2.000 kilómetros hasta São Paulo para intentar vencer el hambre y logré vencer el hambre. La única razón por la cual puedo ser candidato y agradezco a Dios estar vivo y con salud es porque tengo la conciencia de que yo puedo ayudar al pueblo pobre de Brasil. Puedo ayudar a que trabaje, coma y vaya a la universidad. Ya lo hicimos.

He aprendido que un poco de dinero en la mano de muchos hace milagros. Cuando le das 10 euros a un pobre y le das 1.000 a un rico, los 1.000 irán a una cuenta bancaria, a especular. El pobre va a comer, va a comprar zapatos, ropa, un cuaderno, y la economía empieza a funcionar. Ese ha sido el milagro brasileño.

P. ¿Cree que la derrota de Trump marca una fase descendente de los fenómenos populistas en el mundo o aún tienen recorrido?

R. El populismo y el radicalismo de derechas o fascismo no están en fase descendente. Están cada vez más agresivos y crecen en varios sitios.

P. Esta semana el Barómetro de las Américas ofrecía un dato preocupante: uno de cada cuatro ciudadanos americanos considera que la democracia no es el mejor sistema de gobierno posible. ¿En qué está fallando la democracia a esos ciudadanos que dudan del sistema y que optan por este tipo de formaciones trumpistas?

R. Los demócratas necesitan aprender que la democracia es una cosa seria. El pueblo no quiere una democracia para gritar que está desempleado, quiere trabajo. No quiere democracia para gritar que está con hambre, quiere comer. Al pueblo no le gusta la democracia para decir que no hay posibilidades de estudiar, lo que necesita es estudiar. Y la democracia necesita garantizar esos derechos. En realidad, la democracia ha fallado en muchos lugares. En Estados Unidos, desde 1980, cuando se decidió aplicar el Consenso de Washington, los trabajadores empezaron a perder derechos. Luego Trump ganó las elecciones porque muchos electores ya no creían en el discurso de los demócratas. Necesitamos cumplir aquello a lo que nos comprometimos con el pueblo.

P. Con un Brasil en crecimiento anémico, la inflación al alza, una deuda pública del 80%, ¿cómo se puede redistribuir riqueza ahora, en el mundo pospandemia?

R. Cuando la Unión Europea crea, de manera muy valiente, un fondo de 750.000 millones de euros, cuando en EE UU el presidente Biden aprueba planes de billones de dólares significa que nosotros tenemos una oportunidad para resolver los problemas del país. Si es necesario, el Estado tiene que ser el inductor de ese movimiento, tiene que poner el dinero para que la economía crezca. En la crisis de 2008 lo hicimos. El problema es que a los pobres no se les toma en serio en la gran mayoría de los países. Se los trata como si no valieran nada.

P. ¿Y para poder hacerlo se aliaría con el centro derecha?

R. Vemos alianzas entre partidos en España, en Alemania… Lo ideal sería que mi partido ganara las elecciones y tuviera mayoría. Pero si no es posible hay que negociar y conseguir gobernar. La política es así. Negociamos con la gente que ha sido elegida.

P. ¿Cómo cree que puede interferir la desinformación en la campaña electoral?

R. Estamos preocupados porque existe una industria, a veces financiada desde fuera de Brasil, contando mentiras al pueblo brasileño. Pero no es fácil mentir contra mí. Si yo decido ser candidato, intentaré hacer una campaña para que el pueblo brasileño no acepte mentiras, que sepa quién dice la verdad.

P. Todas las encuestas lo sitúan en cabeza y sin embargo eso no le ha librado del odio, ni a usted ni a su partido. ¿Teme por su seguridad?

R. Soy un hombre católico. Soy un hombre que cree que solo ha llegado donde ha llegado porque estaba la mano de Dios encima. Confieso que no quiero morir. Quiero vivir bien, estar siempre feliz, despertarme todos los días riendo. Obviamente sé que tengo que cuidarme. Hace 30 años que no como en un restaurante, no he ido nunca a un centro comercial, no entro en bares. Mi vida es mi casa y mi trabajo. Siempre voy con mucho cuidado para protegerme.

P. ¿Qué ha aprendido el ser humano Lula de la experiencia dramática que ha vivido, de los procesos judiciales y la cárcel?

R. Tomé la decisión de ir a prisión cuando muchos me decían que debía salir de Brasil. Yo no quise. Tenía tanta conciencia de mi inocencia, tanta seguridad de que el juez Moro y los procuradores habían formado una cuadrilla político-económica para destruirme, que decidí ir a la policía para probar mi inocencia. Y creo que lo conseguí. Fui a la cárcel, leí mucho, reflexioné y pensé: “No puedo salir de aquí con rabia. Tengo que salir más maduro, más consciente, más preparado”. Yo decía la verdad y ellos estaban mintiendo.

P. El juez Sérgio Moro, que lo encarceló y de quien después el Tribunal Supremo dijo que no había sido imparcial con usted, concurrirá también a las elecciones de 2022. ¿Qué impresión le provoca competir con él?

R. No estoy preocupado. Él es el que tiene que estar preocupado. Sin la protección de la toga de juez y sin la protección del Código Penal, será candidato como yo, como ciudadano. Y en ese caso, es mucho más fácil.

P. Hablemos de Latinoamérica y, en concreto, de países que experimentan deterioros democráticos. En el caso de Nicaragua, que ha tenido unas elecciones recientes no reconocidas por la comunidad internacional, ¿cuál es su diagnóstico?

R. Cuando goberné intentaron convencerme de que fuera a un tercer mandato y yo dije que no porque soy favorable a la alternancia en el poder. Dije en una entrevista que todo político que empieza a creer que es imprescindible o insustituible empieza a transformarse en un pequeño dictador. Yo he estado en contra de Daniel Ortega. El Frente Sandinista tiene mucha gente para ser candidato. También estuve en contra de Evo Morales, que ya había hecho dos mandatos extraordinarios. Y lo mismo con Chávez. Puedo estar en contra, pero no interferir en las decisiones de un pueblo. ¿Por qué Angela Merkel puede estar 16 años en el poder y Ortega no? ¿Por qué Margaret Thatcher puede estar 12 años en el poder y Chávez no? ¿Por qué Felipe González puede quedarse 14 años en el poder?

P. Pero ni Merkel ni González encarcelaban a sus opositores.

R. No puedo juzgar lo que ha pasado en Nicaragua. Si Ortega detiene a los líderes de la oposición para que no se presenten en las elecciones, igual que hicieron contra mí, está completamente equivocado. En Venezuela espero que si gana Maduro [en las elecciones regionales y locales que se celebran hoy] acepte el resultado, y si pierde también.

P. Otro caso de limitación de derechos en América Latina ha sido la prohibición de manifestaciones esta misma semana en Cuba.

R. Estas cosas no pasan solo en Cuba, sino en el mundo entero. La policía pega a mucha gente, es violenta. Es curioso porque nos quejamos de que una decisión evitó las protestas en Cuba, pero no nos quejamos de que los cubanos tenían la vacuna y no tenían jeringas, y los americanos no permitían la entrada de jeringas. Yo creo que los demás tienen el derecho de protestar, igual que en Brasil. Pero necesitamos dejar de condenar a Cuba y condenar un poco más el bloqueo de Estados Unidos.

P. Pero, presidente Lula, se pueden hacer las dos cosas: condenar el bloqueo y pedir libertad en la calle para los opositores.

R. ¿Quién decide la libertad de Cuba sino el pueblo cubano? No se va a resolver el problema de la democracia en Cuba instigando a los opositores a crear problemas para el Gobierno. Se conquistará cuando termine el bloqueo.

P. Vemos en todo el mundo, particularmente en América Latina, la vitalidad del movimiento feminista. ¿Qué prioridad le daría usted, si volviera a gobernar Brasil, a la igualdad de género?

R. El PT tiene igualdad de género en la dirección del partido y en los candidatos parlamentarios. Las mujeres ocupan un espacio extraordinario en el trabajo, en la política, pero esa conquista no se vio acompañada de la participación de los hombres en el trabajo doméstico. Y van a conquistar cada vez más espacio porque son mayoría. Quizás el mundo será más justo si las mujeres ejercen el poder. Pero aún prevalece el machismo en muchos lugares. Es cuestión de tiempo.

 

 

“No llores por mi, Argentina”, outra vez? - El País, La Nación

 As coisas vão mal no hermano país; não bastasse uma linda crise econômica— os argentinos têm pós-doc em crises —, eles agora também não têm governo, pois como se sabe era a vice-presidente quem presidia. Nem ela conseguiu evitar a derrota eleitoral… (PRA)

El País, Madri – 18.9.2021

La pelea entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner paraliza a Argentina

Federico Rivas Molina y Mar Centenera

 

Buenos Aires - La pelea abierta entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner tiene paralizada a Argentina. Un día después de la renuncia de todos los ministros y altos cargos que representan a la vicepresidenta en el Gabinete, el presidente publicó este jueves un largo hilo en Twitter donde advierte de que es él quien toma las decisiones. “La gestión seguirá desarrollándose como yo estime conveniente”, escribió, y “no es tiempo de plantear disputas”. Cristina Kirchner le recordó más tarde en una carta pública que fue ella quien lo postuló para presidente en 2019. “Sólo le pido que honre aquella decisión”, le dijo.

La debacle electoral en las primarias del domingo, en la que los precandidatos del peronismo unido perdieron en 18 de los 24 distritos del país, terminó por catalizar una crisis soterrada de palacio que condiciona la marcha del Gobierno, agrava la crisis económica, espanta a los votantes y da alas a la oposición conservadora. Cristina Kirchner exigió el lunes tras la derrota cambios en el Gabinete como primera medida para recuperar al electorado perdido. La crisis escaló cuando el Fernández se negó.

Nunca hasta ahora las cabezas del Ejecutivo argentino se habían enfrentado tan abiertamente. Alberto Fernández se refirió a la “altisonancia y la prepotencia” de algunos dirigentes, sin nombrar a su rival, e hizo una defensa de su Gobierno. “Seguiré garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos”, dijo. Kirchner se tomó apenas unas horas para responderle.

 “Al día siguiente de semejante catástrofe política [por las elecciones del domingo], uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad y, sobre todo, atornillándose a los sillones. ¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y facilitarle al Presidente la reorganización de su Gobierno?”, escribió Cristina Kirchner. “No soy yo la que jaquea al presidente, es el resultado electoral”, agregó.

Argentina es espectadora ahora del pulso de las dos fuerzas en pugna. El origen de las tensiones hay que buscarlo en la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de promover a su exjefe de gabinete Alberto Fernández como candidato a presidente en 2019, con ella como vice. Se sumó a aquel binomio Sergio Massa, un dirigente que había vencido al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y que ahora completaba la unidad total del peronismo. La estrategia resultó, y Alberto Fernández impidió en las urnas la reelección de Mauricio Macri. Pero la tensión entre un presidente sin votos pero con el poder formal y una vicepresidenta sin poder formal pero con votos lastraron los dos primeros años de Gobierno. Hasta que todo estalló por los aires con la debacle en las primarias del 12 de septiembre, una elección que elige a los candidatos que disputarán una banca en el Congreso el 14 de noviembre próximo.

 

*

 

La Nación, Buenos Aires – 18.9.2021

La carta de Cristina Kirchner que dinamita al Frente de Todos

Rompió toda negociación, al reprobar sin atenuantes la política económica de Alberto Fernández y acusarlo de operar contra ella; el repunte electoral que el peronismo soñaba parece hoy una utopía

Martín Rodríguez Yebra

 

Aturdida por el voto popular que desnudó los límites de su poder, Cristina Kirchner cometió un acto de autodestrucción política bajo el imperio de una emoción violenta. La idea de plantearle el miércoles un ultimátum público a Alberto Fernández para que se sometiera a su voluntad fue dinamita pura en los cimientos del Frente de Todos. La carta que publicó esta noche en medio de la crisis parece la carga definitiva sobre la coalición peronista que los argentinos eligieron para gobernar hasta 2023.

Dejó todo a la luz. “No podíamos ganar”, confiesa. Lo atribuye a una “política de ajuste fiscal equivocada” que ella, en sus palabras, se cansó de advertir ante un Presidente que se negaba a verlo. La fuerza de la palabra escrita agiganta el impacto de su acusación de que el entorno de Fernández hace operaciones mediáticas en su contra, la revelación de los nombres que pidió para asumir como ministros y el desdén con el que alude, sin nombrarlo, al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuando pone: “Al día siguiente de semejante catástrofe política, uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad y, sobre todo, atornillándose a los sillones”.

La reacción de la vicepresidenta sucede a unas declaraciones previas de Fernández en Página 12, en las que alude a un supuesto acuerdo por la reforma del Gabinete que ella habría incumplido con las renuncias en masa que inició el miércoles Wado de Pedro. “Con presiones no me van a obligar”, fue la frase desafiante que le dedicó su criatura presidencial.

Los intentos de alcanzar un acuerdo para desescalar la crisis en marcha parecían un mal chiste al caer la noche en Buenos Aires. Cristina acelera hacia lo desconocido, sin reparar ni en lo inverosímil que resulta ahora un repunte electoral en noviembre ni en las condiciones en que deja al Gobierno. Ya es una cuestión personal.

En las trincheras del albertismo retumba desde ayer la palabra “traición”. De Pedro propició una cascada de renuncias que llegaron a los medios de comunicación antes que al despacho presidencial. En el manual del kirchnerismo eso constituye una declaración de guerra: así se lo habían hecho saber a Martín Guzmán en mayo, cuando quiso echar a través del periodismo al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

El estupor es indisimulable en la Casa Rosada y en la quinta de Olivos en estas horas de indefinición y versiones cruzadas. Sus habitantes le gritaban “destituyente” a Mauricio Macri porque dijo sin mucho cuidado aquello de “o cambian o se van a tener que ir”.

 

Los hechos propios ridiculizan las palabras ajenas.

 

Cristina habló con Alberto el martes, en una reunión hermética en Olivos, sobre una reformulación urgente del gabinete y de la política de Guzmán. Fernández retrata ese episodio sin testigos como un encuentro fructífero. Cristina transmite algo distinto. “Habían transcurrido 48hs sin que se comunicara conmigo y me pareció prudente llamarlo y decirle que tenía que hablar con él. Deje pasar 48hs deliberadamente, para ver si llamaba”, relata, en una frase que expone cómo concibe su relación con el Presidente. Blanquea ahí que pidió al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, alguien que no cuenta con su cariño, en lugar de Cafiero. Fernández se resistía a cesar a su mano derecha.

El desencuentro a puertas cerradas derivó en un escandaloso espectáculo público. El Gobierno se desayunó el miércoles con las renuncias en bloque del gabinete de Santa Cruz y de Buenos Aires, los dos territorios donde Cristina ejerce sin limitaciones su voluntad (en la Provincia finalmente Axel Kicillof no le aceptó a nadie la dimisión). Al mediodía, Fernández reivindicó a Guzmán en un acto en la Casa Rosada y le cedió la palabra para que diera un discurso amablemente provocador, en el que dijo que todas las medidas que tomó contaban con el respaldo de Cristina, Kicillof, Máximo y Sergio Massa. El dedo en la llaga. Por eso la vicepresidenta se encargó en la carta de recordar que ella viene marcando desde hace meses su desacuerdo con el rumbo económico.

De Pedro disparó la primera renuncia apenas después. El sacudón puso a Fernández ante una encrucijada apremiante. Se rinde y entrega los últimos jirones de su autoridad presidencial o se sumerge a la dimensión desconocida de gobernar sin el kirchnerismo, en un estado de minoría angustiante. Decidió parar el reloj. En parte es su costumbre patear los conflictos para adelante. Pero en este caso -casualidad o estrategia- el tiempo podía jugarle un poco a su favor: el Frente de Todos es una familia mal ensamblada en la que la amenaza de ruptura toca los intereses de muchos actores relevantes. Más que nunca cuando hay elecciones legislativas en el horizonte cercano. Con el correr de las horas empezaron a llegar apoyos de gobernadores, diputados, intendentes y sindicalistas. La sangría de renuncias se detuvo, en un impasse dramático. ¿Cuánto más podría demorar una definición?

Cristina Kirchner nunca imaginó que justo ahora Alberto fuera a empacarse. En su entorno, consideran que debe “allanarse”. Lo culpan de llenar el gabinete de amigos sin capacidad de conducción política (apuntan sobre todo pero no únicamente a Cafiero) y de validar el ajuste del gasto que promovió Guzmán en su camino por pactar con el FMI. El impactante audio viral de la diputada Fernanda Vallejos, en el que trata al Presidente de “enfermo”, “mequetrefe” y “okupa”, retrata la virulencia que condimenta el desacuerdo. La pluma de Cristina ratifica que no se trató de un exabrupto aislado. Le recordó sin piedad que es presidente gracias a ella: “Le pido que honre esa decisión”.

El durísimo audio de una diputada kirchnerista sobre Alberto Fernández

La presión kirchnerista para hacer cambios urgentes respondía al miedo a que en noviembre fuera demasiado tarde para torcer el rumbo. Vislumbraban dos caminos contradictorios, igual de preocupantes:

* Que sin una reacción clara el resultado de las legislativas fuera otra paliza que dejara al Gobierno en minoría en las dos cámaras, maniatado y con el “boleto picado” de cara a 2023.

* Que con algunos ajustes en la campaña, ciertas medidas de estímulo y un mayor compromiso militante de la dirigencia peronista el Frente de Todos pudiera mejorar algo sus números y que eso pudiera ser interpretado por Fernández como una validación de su equipo y sus políticas. Es decir, que todo siguiera más o menos igual, en vuelo crucero hacia un fracaso dentro de dos años.

La lógica de Cristina el miércoles fue atacar en caliente para forzar los cambios ahora. ¿Midió las consecuencias de arrojar semejante misil? El silencio presidencial, las reacciones peronistas y la perplejidad de la opinión pública descolocaron a los promotores de la ofensiva. La vicepresidenta intuyó que el Gobierno le estaba tirando a la gente en contra. Lo acusa sin eufemismos al vocero presidencial, Juan Pablo Biondi. Ya el miércoles había sido llamativo el interés de la propia vicepresidenta por difundir que había llamado a Guzmán para explicarle que no pedía su cabeza. Temía que la señalaran ante un eventual temblor financiero. Lo ratificó en su texto, cuando señala que confía “sinceramente” que Fernández y Guzmán se van a sentar a revisar los números del presupuesto para moderar el ajuste. Y se encargó de aclarar que no pide cosas irracionales, como sugieren sus rivales internos: “No estoy proponiendo nada alocado ni radicalizado”.

Los caminos posibles

Emisarios de distintos sectores intentaron una mediación entre Alberto y Cristina, de momento trabada por el orgullo. “La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido”, tuiteó al mediodía el Presidente. Como quien dice “mando yo”. Edulcoró el mensaje al enfatizar su vocación de mantener unida la coalición.

 

Para acessar a íntegra: https://www.lanacion.com.ar/politica/la-debilidad-de-cristina-kirchner-y-el-peligro-de-una-implosion-del-frente-de-todos-nid16092021/

 

Bolsonaro pretende assumir plenos poderes? Não conseguirá! O golpe em câmara lenta do genocida - Paulo Roberto de Almeida e El País

 Nem marcha sobre Roma em 1922, nem incêndio do Reichtag em 1933. O capitão pretende insistir na criação artificial de crises entre os poderes e depois apelar para os seus “fasci”, as suas tropas de SAs, que são as PMs estaduais, sobre as quais não tem comando direto (tentou ter, mas não conseguiu), e acha que elas virão em seu socorro, junto com o bando heteróclito de milicianos armados, que insiste em constituir. 

Como diz a Constituição, qualquer um dos poderes pode fazer apelo às FFAA para a defesa da ordem constitucional. Isto sigifica que os presidentes do Congresso e do STF têm cada um o poder, e o DEVER, de impedir que o PR atente contra a Constituição mobilizando as FFAA. Os altos comandos das três Forças, sobretudo o Exército, não consentirão seguir o ministro da Defesa bolsonarista em qualquer aventura golpista do seu presidente.

Será que sou otimista demais? A melhor garantia de que essa hipótese não se apresente está no afastamento prévio do genocida do poder. Duas possibilidades de que isto ocorra: CPI da Pandemia incriminando  o presidente por crimes comuns e de responsabilidade e grandes manifestações populares com queda continua de seu apoio na população. FHC e Lula adotaram uma atitude ambígua (e prejudicial) neste último quesito, mas cabe continuar a mobilização.

Leiam esta importante matéria do El País sobre este tema: o golpe fracassado do genocida. Ele não leu, porque é um ignorante crasso, nenhum dos manuais de golpe de Estado, que de toda forma se referiam aos fenômenos bolchevique e fascistas da primeira metade do século XX. O Brasil não parece se submeter a uma espécie de Fujimorazo, nem a um vórtice chavista. Sobreviveremos, mas na covardia dos políticos, na pusilanimidade vergonhosa do Grande Capital e no comportamento dúbio dos militares.

Paulo Roberto de Almeida

El método Bolsonaro: un asalto a la democracia a cámara lenta

En casi tres años de Gobierno, el presidente ha roto los pactos sociales de Brasil. Siguiendo el guión de la ultraderecha de otros países, amenaza el legado político de 36 años de democracia. Este es su manual de poder.

Alfonso Benites, Carla Jiménez, Felipe Betim, Jamil Chade, Marina Rossi, Naiara Galarraga Gortázar, Regiane Oliveira

Pais El Pais, 17/07/2021

El 20 de enero de 2021, una asesora de la Oficina de Asuntos Globales del Departamento de Salud de Estados Unidos durante el Gobierno de Donald Trump, Valerie Huber, escribió un último correo a sus aliados de otros países y le dedicó un lugar especial a Brasil. Huber, una fanática promotora de la abstinencia que operaba a gran escala contra los programas de educación sexual y reproductiva, se despidió de sus compañeros con un anuncio: “Brasil se ha ofrecido amablemente a servir ahora como coordinador de esta histórica coalición”, puso en aquel mensaje, obtenido por EL PAÍS. La “coalición histórica” era, básicamente, una alianza internacional ultraconservadora creada para influir en las decisiones de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos. Fracasado el intento de Trump de permanecer en el poder, la ofensiva de la derecha global contra los derechos de nueva generación quedaba en manos de la Administración de Jair Bolsonaro.

La salida de Trump de la Casa Blanca no solo le dejó a Bolsonaro una responsabilidad, sino también un manual no escrito de tácticas para erosionar la democracia, que algunos líderes han comenzado a replicar sin sutilezas en la región. Ninguno, tal vez, con el descaro y la determinación que han hecho del presidente brasileño un abanderado mundial de la derecha. Aunque el ímpetu golpista lo ha acompañado desde que llegó a la presidencia, su estrategia para debilitar las instituciones y mantenerse en el poder se hacen cada vez más evidentes a medida que su popularidad desciende y las elecciones de 2022 se acercan.

“Entregaré la banda presidencial a quien me gane en las urnas limpiamente. Con fraude, no”, dijo Bolsonaro el 1 de julio, como parte de su campaña más reciente: atacar la legitimidad de las urnas electrónicas, aquellas con las que él mismo ha sido elegido y reelegido al menos seis veces en su carrera política, sin que jamás haya impugnado el resultado. Una semana después fue un paso más allá: “De esta manera [como estamos hoy], corremos el riesgo de no tener elecciones el año que viene”.

Bolsonaro no es el primer populista de extrema derecha. Pero, sin duda, “es el adversario más poderoso al que se ha enfrentado la democracia brasileña en medio siglo”, como advirtió Yascha Mounk, profesor de la Universidad John Hopkins en 2019, en su libro El pueblo contra la democracia, donde retrató cómo los líderes electos en países como Turquía, Hungría y Filipinas destruyen el Gobierno democrático desde adentro. En poco más de dos años y medio que lleva Bolsonaro como mandatario, es posible descifrar el modus operandi del político forjado en el Ejército que asumió la presidencia de Brasil el 1 de enero de 2019: mientras parte de su actividad se concentra en perseguir a sus críticos, inventar noticias falsas que los periódicos deben desmentir y fomentar crisis políticas con otros poderes, la maquinaria del Estado es utilizada para fortalecer los pilares que podrían sostenerlo en su puesto más allá del voto. Si su estrategia discursiva parece un calco de Donald Trump, su sostén más importante es, paradójicamente, el mismo que ha utilizado el chavismo: los militares.

Una democracia verde oliva

Hoy, el estamento militar constituye la columna vertebral del Gobierno de Bolsonaro. Hay por lo menos 6.157 de ellos distribuidos en direcciones, consejos de administración y gerencias de empresas estatales como Petrobras, la hidroeléctrica Itaipú, Correos y Eletrobras. De sus 22 ministerios, nueve están ocupados por militares en activo o en la reserva. Eran diez hasta la caída en marzo del general Eduardo Pazuello del Ministerio de Sanidad. “Las Fuerzas Armadas sirven a la vez como base político-electoral del Gobierno de Bolsonaro, pero también como instrumento para intimidar a la oposición. Bolsonaro intenta transmitir la idea de que puede utilizar la fuerza contra sus enemigos políticos, por muy falso que sea”, afirma el politólogo Octavio Amorim Neto, profesor de la Fundación Getúlio Vargas.

El Gobierno invirtió el equivalente a 16.600 millones de dólares en privilegios a los militares. En este cálculo entran los beneficios concedidos con la reforma de las pensiones de los militares —pueden jubilarse con el sueldo íntegro, al contrario que los civiles—, un aumento salarial del 13% (en los demás funcionarios públicos no supera el 8%) y la concesión de comisiones extraordinarias a los militares que forman parte de los consejos de administración de las empresas estatales. El cálculo lo realizó, a petición de EL PAÍS, el politólogo Willian Nozaki, que en mayo publicó el estudio La militarización de la administración pública en Brasil: ¿proyecto de nación o proyecto de poder?. La cuenta no contempla el cambio en la norma que permite que los militares retirados como Bolsonaro o sus ministros Walter Braga Netto (Defensa), Luiz Eduardo Ramos (Presidencia) y Augusto Heleno (Gabinete de Seguridad Institucional) cobren un sueldo superior al techo constitucional de 7.500 dólares.

El mandatario ha extendido los beneficios a los policías militares de los 27 estados de la federación, una base de apoyo natural del presidente, y que podrían jugar a su favor a pesar de los gobernadores, a quienes responden formalmente. Bolsonaro aprobó recientemente un programa de financiación de viviendas exclusivo para las fuerzas de seguridad. También incluyó en la reforma administrativa que está en la Cámara de los Diputados un artículo para que los policías puedan ser considerados funcionarios típicos del Estado, por lo que no correrían el riesgo de ser despedidos.

La pregunta es si todos estos beneficios que los militares y policías han conseguido del Gobierno se convertirán en apoyo en caso de que el presidente intente quedarse con el poder el año que viene. “Si ocurriera, las Fuerzas Armadas tendrían que tomar una decisión: si van a actuar dentro de la legalidad, rompiendo públicamente de una vez por todas con Bolsonaro, o no”, advierte Amorim Neto. Las policías, por su parte, siguen la corriente predominante. “Ellos tienen doble mando. Obedecen a los 27 gobernadores y al Comandante en Jefe del Ejército. Si se le pregunta a un policía militar a quién seguirá en caso de amenaza, la respuesta que dará será: a quien sea más fuerte”, explica el politólogo Jorge Zaverucha, profesor de la Universidad Federal de Pernambuco.

Para el exministro de Defensa y Relaciones Exteriores Celso Amorim, ningún comandante de las Fuerzas Armadas está de acuerdo con una intervención. “Es más bien una discusión entre algunos generales de la reserva. Por mucho que una buena parte de la tropa esté de acuerdo con las ideas del presidente, no irá en contra de lo que piensa el Alto Mando del Ejército. No se cruzará esa línea”, afirma. Amorim cree que algunos comandantes se han visto humillados cuando Bolsonaro lleva la política a los cuarteles por la fuerza y trata de demostrar más poder del que tiene sobre las Fuerzas Armadas. Esa es una de las razones que habrían provocado la dimisión colectiva del ministro de Defensa y de los comandantes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en mayo pasado. Amorim, exministro de los Gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, recuerda que cualquier golpe requiere apoyo internacional, algo que Brasil no tiene, especialmente con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

Así como han ganado privilegios, los militares también viven el desgaste del poder al lado de Bolsonaro. Han prestado su imagen a un Gobierno que pierde prestigio con los resultados de la pandemia, el alto desempleo y las sospechas de corrupción en la compra de vacunas contra la covid-19. Las acusaciones de soborno que investiga la Comisión Parlamentaria de la Pandemia empiezan ahora a tocar a militares que ocupan o ocupaban cargos en el Ministerio de Sanidad.

Jair Bolsonaro no vive su mejor momento. Rechazado por la mitad de la población por cómo ha gestionado la pandemia, el mandatario se enfrenta desde mayo a protestas contra su gestión impulsadas por los partidos de izquierda. Los sondeos ya mostraban que el apoyo a Bolsonaro caía poco antes de que las denuncias de corrupción por la compra de vacunas para la covid llegaran a los noticieros a finales de junio. Una encuesta realizada por el Instituto Ipec entre los días 17 y 21 de ese mes mostraba una fuerte caída de su popularidad frente al expresidente Lula da Silva: si las elecciones fueran hoy, el candidato del Partido de los Trabajadores tendría 49% de los votos, frente al 23% a favor de Bolsonaro. Lula ganaría en primera vuelta. En una encuesta más reciente, realizada por el instituto Datafolha entre el 7 y el 8 de este mes, Lula figura con un 58% de apoyo a su candidatura presidencial frente al 31% de Bolsonaro.

Las trampas oficiales

A pesar de este momento crítico, a un año y tres meses de las elecciones, Bolsonaro aún tiene tiempo, votantes y alianzas leales, además de la maquinaria pública a su favor, para navegar por estas aguas turbulentas hasta llegar a 2022 con fuerza para ser reelegido. Ante el temor de perder las elecciones, al igual que hizo Trump, el presidente ya ha plantado la semilla del caos, inventando un riesgo de fraude con las urnas electrónicas.

Y, al igual que Trump, día tras día sacude al país con discursos radicales y distópicos que contradicen la realidad y desafían la Constitución. El 19 de julio de 2019, por ejemplo, durante un desayuno con periodistas extranjeros, Bolsonaro afirmó que en Brasil no había gente que pasara hambre, a pesar de que en ese momento 5,2 millones de brasileños se encontraban en esa situación, una cifra que supera a toda la población de Nueva Zelanda. “Decir que la gente pasa hambre en Brasil es una gran mentira”, afirmó rotundamente en presencia de periodistas internacionales. “La pasan mal, no comen bien. Pero no pasan hambre”, dijo. Y mientras la prensa se hacía eco de su discurso, ese mismo día se publicaba en el Diario Oficial un decreto que revocaba 324 actos administrativos, entre ellos el que determinaba la creación de consejos con participación de representantes de la sociedad civil en las decisiones sobre políticas públicas. Fue el primer plumazo para reducir el control social sobre el poder público. Luego vinieron otros, que también redujeron la transparencia de los actos del Gobierno.

Cuando empezó la pandemia, por ejemplo, el Gobierno promulgó una medida provisional que suspendió los plazos de respuesta a las solicitudes de información mientras durara la crisis sanitaria. La medida estuvo en vigor de marzo a julio del año pasado y se aplicaba en todos los organismos cuyos empleados estuvieran trabajando a distancia. Aunque ya ha caducado, consiguió eliminar el acceso a los datos públicos en un momento en que el país se organizaba en el caos.

La promulgación de ordenanzas, despachos, resoluciones, decretos o instrucciones normativas es uno de los recursos más consistentes a los que apela Bolsonaro para sortear los mecanismos democráticos. En dos años y medio en el poder, el presidente ha firmado 1.060 decretos. En comparación, la expresidenta Dilma Rousseff firmó 614, la mayoría para regular leyes u organizar la gestión pública. Sin embargo, en el Gobierno actual se han convertido en una herramienta para ir contra la Constitución y los engranajes que sostienen la democracia. Aunque algunos de esos decretos son anulados meses después por la justicia, entretanto el plan de Bolsonaro de mantenerse en el poder avanza.

Así fue cómo logró expandir la venta de armas en Brasil, a pesar de que el país tenía un Estatuto de Desarme, avalado por referéndum popular en 2005. Más del 63% de los brasileños votó entonces la prohibición. Pero desde que Bolsonaro asumió la presidencia se han aprobado más de 30 actos normativos para burlar esta limitación. Y aunque los decretos pueden ser impugnados en los tribunales, las armas que ya fueron vendidas no serán devueltas. “La obsesión del presidente con las armas fue la primera señal de que el Gobierno iba a meterse con el sistema democrático”, dice Melina Risso, directora de programas del Instituto Igarapé.

En un virtual escenario en el que Bolsonaro pierda la reelección e intente mantenerse en el poder, la existencia de un amplio grupo de simpatizantes que se han provisto de armas de fuego durante su Gobierno plantea un escenario ominoso. De este modo, burlar los límites impuestos por las leyes cumple una doble función: mantener la lealtad de su núcleo duro de apoyo y, simultáneamente, proteger sus propios intereses.

Bajo este método, ninguna otra área ha sufrido más ataques del Gobierno de Bolsonaro que la protección social y ambiental. Son 1.112 los actos administrativos que pretenden cambiar la legislación ambiental y facilitar la explotación de la selva, según el Instituto Talanoa de Políticas Públicas, que fiscaliza la actuación del Gobierno. La eficacia de esta táctica es innegable. La deforestación en la Amazonia ha alcanzado niveles récord desde la llegada de Bolsonaro mientras el Gobierno ignora las acciones de mineros ilegales y madereros. El Fondo Amazonia, que recibe donaciones extranjeras con el objetivo de promover acciones de control y lucha contra la deforestación en la Amazonia, fue una de las víctimas de esta revocación masiva. El fondo tenía un comité técnico que deliberadamente no se renovó. El contrato se extinguió sin utilizar 554 millones de dólares, que aún siguen allí.

Del total de actos administrativos, 107 tenían como objetivo flexibilizar las normas vigentes unilateralmente por el Ejecutivo. Con ellos, Bolsonaro cumplió una de sus promesas de campaña: acabar con lo que llamaba la “industria de las multas en el campo”. Un decreto publicado en abril de 2019 obliga ahora a los organismos de inspección a “fomentar la conciliación” en los casos de infracciones por daños ambientales. Las audiencias no son obligatorias. Y los que son multados por el Instituto Brasileño del Medio Ambiente obtienen descuentos y plazos más largos para pagar. “La conciliación medioambiental se ha creado para impedir las multas. Nació una industria del perdón”, se lamenta Natalie Unterstell, presidenta del Instituto Talanoa de Políticas Públicas.

Los terratenientes que se oponen a la preservación son una de las bases de apoyo del presidente. La bancada de diputados que representa la agroindustria forma parte del grupo legislativo Centrão, una coalición de partidos sin programa ni ideología que, tras el acuerdo sellado el año pasado, garantiza al presidente su estabilidad en el poder. Esta convergencia en el Congreso permitió que el 13 de mayo se aprobara un proyecto de ley que flexibiliza las normas para conceder licencias ambientales para determinadas iniciativas. O el apoyo a la aprobación del proyecto de ley 490, que dificulta la demarcación de tierras indígenas y deja espacio para que las tierras sean exploradas por la agroindustria, y que fue aprobado a fines de junio por una comisión parlamentaria.

Noticias a medida

Las redes de comunicación de Bolsonaro son un capítulo aparte en su estrategia para debilitar la democracia brasileña. Desde que asumió el cargo hace transmisiones semanales en directo en redes sociales. Con su llegada a la presidencia, su línea de ataque a los periodistas que ya se conocía desde sus días como diputado, se ha multiplicado con milicias virtuales que atacan a profesionales críticos, sobre todo mujeres.

Su aversión a la prensa ha llevado al presidente a enclaustrarse en un círculo de páginas web y cadenas de televisión que le apoyan incondicionalmente, al mismo tiempo que reciben mayores partidas de fondos públicos. Esa redes la que abastece de información a sus seguidores más fieles. Vinicius Publio, de 45 años, por ejemplo, es un orgulloso partidario de Bolsonaro que no lee noticias y rara vez ve el telediario. Prefiere informarse por las redes que apoyan al presidente, a quien admira con devoción. Su explicación resulta conocida: “Es auténtico, habla claro, es directo, dice lo que la gente quiere oír”, explica en una cafetería de Barueri, en el área metropolitana de São Paulo.

Publio comparte la ideología, el gusto por las armas y las motos potentes del presidente. Montado en su BMW, fue uno de los que acompañaron al mandatario en un convoy de motos un sábado de junio por las calles y carreteras de São Paulo. Bolsonaro ha convertido los paseos en moto con seguidores en manifestaciones públicas de apoyo popular.

Casado y padre de dos hijos adolescentes, Publio concilia su trabajo en la Policía Militar con los negocios inmobiliarios. Personifica el núcleo duro de los votantes de Bolsonaro, aquellos que le son fieles sin importar los hechos que se le cuestionen: más de medio millón de muertes por la pandemia, el aumento de la inflación, los incendios en la Amazonia... “Son un 15% del electorado brasileño, con una presencia destacada de hombres blancos de cierta edad y renta alta”, explica Isabela Kalil, coordinadora del Observatorio de la Extrema Derecha.

Mientras estrecha la fidelidad con el grupo que lo respalda y difunde sus ‘verdades’ sin cuestionar, Bolsonaro utiliza los recursos disponibles en la legislación brasileña para perseguir y amedrentar a sus críticos, basándose en la Ley de Seguridad Nacional.

Consolidada en 1983, dos años antes del fin de la dictadura, esa ley es una herencia que dejó la era militar en Brasil, y que la Policía Federal la ha utilizado recientemente para investigar a profesores, artistas y activistas. Con esta norma por ejemplo, el Gobierno ha perseguido judicialmente al YouTuber Felipe Neto por calificar de “genocida” a Bolsonaro en las redes sociales; al caricaturista Aroeira, que dibujó el símbolo del fascismo como si lo hubiera pintado el presidente, y al periodista Ricardo Noblat por haber compartido la caricatura de Aroeira en las redes. Este tipo de acciones ha permeado en sus las bases. A finales de mayo, un profesor del Estado de Goiás, Arquidones Leão, fue detenido por un policía militar por supuestamente calumniar al presidente Bolsonaro. Leão tenía un cartel pegado en su coche en que se leía “Bolsonaro Genocida”. La excusa de la policía para detenerlo era la infracción a la Ley de Seguridad Nacional.

“Esta ley era uno de los elementos que mantenían el sistema dictatorial. Castiga la crítica”, dice Pedro Estevam Serrano, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. “Debería haberse derogado y no se hizo, pero en compensación había un cierto pacto en la sociedad para no utilizarla”.

La ley, heredada de la dictadura, no ha sido la única herramienta utilizada por el Gobierno para tratar de silenciar el disenso. Las universidades también son un frente de batalla ideológica para Bolsonaro. Para el presidente están llenas de “izquierdistas” que promocionan el comunismo. El Gobierno intentó interferir hasta en las elecciones de los rectores, habitualmente elegidos por sus colegas, a través de una medida provisional que facultaba al ministro de Educación a decidir los nombres durante la pandemia. A la vez, intimidó a los profesores que criticaban al Gobierno con demandas en los tribunales.

En enero de este año, los profesores universitarios Erika Suruagy y Tiago Costa Rodrigues fueron objeto de una investigación de la Policía Federal por publicar críticas al presidente en vallas publicitarias en sus ciudades, Recife y Palmas, respectivamente. Las investigaciones se archivaron meses después por falta de consistencia en las acusaciones, pero el daño ya estaba hecho. “Se me cerraron las puertas, no he podido volver a trabajar”, dice Rodrigues, que tuvo que trasladarse a otra ciudad. “El ambiente es de miedo”, resume la profesora Erika Suruagy.

La Universidad Federal de Ceará también es objeto de una investigación de la Policía Federal. Todo porque profesores dieron clases sobre los riesgos del fascismo. Alumnos electores de Bolsonaro los delataron a la policía por un supuesto acoso. Episodios como este hacen presión para evitar que los profesores discutan temas políticos en las clases. No han sido pocos los casos de vídeos de profesores filmados por alumnos cuando hacían alguna crítica informal y que han circulado en las redes bolsonaristas como si se tratara de una conspiración comunista. “Si la universidad no puede hablar, no puede debatir ideas, ¿quién lo hará? Ninguna democracia puede sostenerse sin universidades”, afirma la profesora Suruagy.

El presidente también socava la inversión en las universidades, estrangulando todavía más el ya asfixiado presupuesto de la enseñanza superior. Desde 2019 hasta la fecha, el recorte acumulado en el presupuesto de las universidades federales es del 25%, según la Asociación Nacional de Directores de Instituciones Federales de Enseñanza Superior. Pero el acoso no se limita a los profesores universitarios. La Articulación Nacional de Carreras Públicas para el Desarrollo Sostenible, una coalición de entidades del sector público, ha identificado más de 820 casos de acoso. Según el estudio realizado, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente encabeza la lista de los órganos en los que más se ha producido este tipo de intimidación.

La resistencia

Hasta ahora es el Poder Judicial, especialmente el Supremo Tribunal Federal, el que ha actuado como una barrera para inhibir los abusos de poder del presidente en sus decretos y medidas provisionales. Ha desarmado parte de las bombas de relojería que el Gobierno ha creado con los actos que no pasan por el Congreso. También ha liderado una investigación, conducida por la Policía Federal, sobre las redes digitales bolsonaristas que incentivan el acoso al mismo Poder Judicial y a los adversarios del presidente. Así encontró pruebas de “una verdadera organización criminal” que ataca la democracia y que cuenta con el trabajo de parlamentarios, empresarios que apoyan al al presidente y blogueros que desparraman noticias falsas.

Hoy existen más de 100 solicitudes de impeachment contra Bolsonaro sobre la mesa del presidente de la Cámara de los Diputados, Arthur Lira, que no ha mostrado interés en hacerlas prosperar. La última, presentada a finales de junio como una “supersolicitud” que reúne todas los demás, contiene una lista de 23 posibles delitos de responsabilidad, incluyendo la prevaricación.

Las calles empezaron a agitarse en mayo, sobre todo con la presión que la Comisión Parlamentaria del Senado ejerció apuntando las responsabilidades del presidente en la gestión errática de la pandemia. Las protestas organizadas por la izquierda en tres ocasiones reunieron a miles de manifestantes, especialmente en las capitales del país, pero todavía no tienen el apoyo de la derecha. Brasil se encuentra en esta encrucijada, con los principales partidos resistiéndose a unirse a las protestas, hasta ahora dominadas por los votantes del expresidente Lula.

En su libro El pueblo contra la democracia, el profesor Yascha Mounk recuerda que, en la mayoría de los países, los populistas solo llegan a la cima porque sus oponentes no logran hacer un pacto electoral. “Aunque es natural suponer que la amenaza autoritaria puede ayudarnos a ver las cosas con más claridad, también es cierto lo contrario: angustiados y aterrorizados, los oponentes de los populistas empiezan a jugar el juego de la pureza política, imponiendo pruebas... negándose a abrazar a antiguos aliados del populista”, explica.

Un paso importante lo ha dado el expresidente Fernando Henrique Cardoso, quien desde abril señala que podría votar a Lula en una posible segunda vuelta contra Bolsonaro. “Quien no tiene perro caza con gato”, afirmó Cardoso. Los posibles candidatos a las elecciones de 2022 entrevistados por EL PAÍS en los últimos meses tenían claro que la unión contra Bolsonaro era irreversible, y no descartan renunciar a la candidatura en algún momento de la carrera para evitar que él pase a la segunda vuelta.

El objetivo es evitar la reelección de Bolsonaro, lo que impediría el asalto contra la democracia, como ha ocurrido en otros países gobernados por líderes radicales. “Todos los gobiernos autoritarios actuales fueron degradando poco a poco la democracia en el primer mandato y el desmantelamiento definitivo llegó en el segundo”, recuerda el Pedro Abramovay, director de Open Society para América Latina.

“Bolsonaro no tiene ninguna convicción democrática, la acepta por razones estratégicas”, afirma el politólogo Jorge Zaverucha. “Se mantiene a la espera de que un día los vientos soplen hacia una solución autoritaria y pueda embarcar”, añade. A la espera de esas borrascas, Bolsonaro avanza en sus propósitos. Muchos brasileños los ven venir. Y los temen.

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