Paulo Roberto de Almeida
“Cuando tengamos una propuesta que sea conveniente a nuestros intereses, saldremos de Citgo”, dijo en la capital venezolana el también presidente de la petrolera estatal Pdvsa y ministro de Energía y Petróleo.
Ramírez reaccionó así a las informaciones que circulan desde finales de julio sobre una inminente venta de Citgo. Según el grupo de información especializada en petróleo, Argus Media, con sede en Londres, Venezuela ya estaría considerando tres ofertas de compra presentadas a nombre de sus clientes por los bancos de inversión Goldman Sachs, J.P. Morgan y Deutsche Bank.
El Estado venezolano, a través de Pdvsa, compró en dos tramos la totalidad de Citgo entre 1986 y 1990. Entonces la compañía, con sede en Houston, Texas, era la joya del plan de internacionalización de la industria petrolera venezolana. El plan procuraba avanzar en la integración vertical del negocio a escala global, y garantizar la colocación de los crudos pesados venezolanos. Pdvsa también adquirió entonces las refinerías en Alemania de la empresa Ruhr Oel.
Sin embargo, cuando la revolución de Hugo Chávez se hizo con el poder en 1999, y aún más cuando depuró la nómina de Pdvsa tras el paro petrolero de diciembre de 2002, se propuso desbaratar lo que calificaba como una iniciativa “neoliberal”. En cambio, la nueva premisa del bolivarianismo otorgaba a la empresa petrolera estatal el rol de financista y gestora directa de los programas de asistencia social que dieron éxito electoral al llamado “socialismo del siglo XXI”.
En 2010, Pdvsa vendió su participación en Ruhr Oel a la rusa Rosneft por 1.600 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros). Pero ya quedaba claro que con Citgo serían palabras mayores. La empresa posee una capacidad de refino de más de 750.000 barriles diarios, con plantas en Luisiana, Texas e Illinois. Además controla una red de más de 6.000 gasolineras en 27 Estados norteamericanos, sobre todo, en la Costa Este. “Citgo no debe costar menos de 10.000 millones de dólares”, calculaba con fruición el fallecido Chávez en octubre de 2010. “Sólo si la vendiéramos y colocásemos ese dinero en unos bancos, con los intereses habría dividendos al año de no sé cuánto”.
Mientras llegaba el momento para liquidar a Citgo por dinero en efectivo, Chávez se las ingenió para obtener réditos políticos de la empresa. En alianza con la ONG Citizens Energy de Joe Kennedy III, nieto del asesinado Robert Kennedy, diseñó un programa de entrega de gasóleo para la calefacción a hogares de bajos ingresos en la Costa Este de EE UU. Según los reportes oficiales, de 2005 a 2013 donó combustible por un valor equivalente a 500 millones de dólares. Pero, a 17 meses de la muerte del comandante, sus herederos enfrentan la bancarrota. Venezuela pasa por una situación calamitosa en su flujo de caja en divisas. El presidente Nicolás Maduro ha otorgado a Ramírez plenos poderes para adoptar las medidas que sean necesarias para solventar la crisis, así esas medidas se asemejen a los ajustes de la ortodoxia económica.
Si el anticipado aumento de los precios internos de la gasolina -que no se modifican desde 1996- llega a equipararlos con sus costos de producción, Pdvsa ahorraría unos 13.000 millones de dólares al año en subsidios. La eventual venta de Citgo aportaría un monto similar.
Más allá de la coyuntura, la venta tiene otro propósito estratégico. En medio de las tensiones crecientes entre EE UUy Venezuela, los activos de la empresa onstituyen un blanco tentador para eventuales sanciones. Washington, hasta ahora renuente a castigar a Caracas, acaba de imponer restricciones en la concesión de visas a 24 funcionarios venezolanos a los que acusa de violar derechos humanos.
Además, tras una oleada de nacionalizaciones, Venezuela es el país que hoy se enfrenta a más demandas de arbitraje, 23, ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias en Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. Entre los demandantes, hay petroleras como ExxonMobil y ConocoPhillips. Si el tribunal fallara en contra de Venezuela, los bienes de Citgo podrían convertirse en objetos de embargo, un escenario al que Caracas no quiere exponerse.
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