Paraguay debe recurrir al Tribunal de Haya - Mercosur

PARLAMENTO DEL MERCOSUR
DELEGACION DE PARAGUAY
PARAGUAY DEBE RECURRIR A LA HAYA EN RECLAMO DE JUSTICIA

El Paraguay como país libre y soberano debe defender sus derechos ante todas las instancias correspondientes, en particular, la Corte Internacional de Justicia de La Haya y si bien  Argentina y Brasil,  no reconocen ésta jurisdicción para dilucidar  hipotéticas controversias entre Estados soberanos que entren en conflicto, el Uruguay, sí la admite , y de esta forma, constituye una sobrada razón para que Paraguay recurra sin más trámites a este Alto Tribunal en reclamo de justicia, peticionando se declare ilegal  e ilegítima  la decisión de los tres países citados de excluir arbitrariamente al nuestro del MERCOSUR.
La Corte Internacional de Justicia, que funciona desde 1946, es un organismo estructuralmente inmune a las corrientes ideológicas que dominan el escenario político mundial, y su misión se encuadra estrictamente al ámbito contencioso y/o consultivo que los países de la ONU someten a su fuero para su examen y ulterior resolución  de eventuales litigios que los enfrente.
En conocimiento, entonces, que los Tribunales de la ONU se circunscriben a administrar justicia con criterio equitativo e imparcial, no descartándose obviamente  casuales pero remotas liviandades del factor humano, la causa paraguaya, entendemos, será juzgada con la objetividad requerida, lo que entraña un probable éxito de nuestras pretensiones, considerando que en ambos contextos, el juicio político a Fernando Lugo, primero, y su arbitraria consecuencia, la ilegal suspensión  del bloque regional,  el  Paraguay lleva la impronta victoriosa por el volumen de los testimonios y evidencias arrojadas por el inadmisible atropello de Argentina Brasil y Uruguay de las normas regionales y de los mandatos expresos del Derecho Internacional.
Un agravante voluminoso que condena irremediablemente al actual gobierno charrúa, son las expresiones de su presidente, José Mujica, que en plan de justificar la decisión de suspender temporalmente a Paraguay de sus derechos de participar de las deliberaciones de los órganos constitutivos del proceso de integración, comete el garrafal desliz de confesar públicamente que lo político primó sobre lo jurídico, usurpando, con esa rotunda enunciación, la potestad innata del Derecho para ventilar controversias en el MERCOSUR, subordinándolo bastardamente a las conveniencias políticas de los gobernantes de turno. 
La Presidencia de la Delegación  Paraguaya en el Parlamento del MERCOSUR, exhorta al Poder Ejecutivo, que  a través del Ministerio de Relaciones  Exteriores,  a que indefectiblemente instaure una acción contra su homólogo del Uruguay, que, en esta emergencia, cargará con todo el peso de las imputaciones promovidas por el demandante, visto que Argentina y Brasil quedarán exceptuados, salvo que presten su Acuerdo para sentarse en el banquillo de los acusados junto al demandado.
El  caso paraguayo,  dejará a no dudarlo, un precedente de hierro en la  comunidad internacional, forzando a los díscolos líderes que aún perviven en los dos hemisferios a meditar concienzudamente la eventual adopción de medidas que vulneren el Estado de Derecho, quebranten la jurisprudencia Internacional y ofendan el régimen de democracia 
representativa escogida por los miembros de la ONU.Al gobierno  brasileño le refrescamos la memoria: su  país alberga dos sueños dorados, ingresar al selecto grupo económico del orbe, meta parcialmente lograda, e integrar el Consejo de Seguridad de la ONU con carácter permanente, emparejado nada menos que con Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido de Gran Bretaña,  potencias 
militares del planeta, objetivo todavía  inasequible pero irrenunciable para el ambicioso vecino. La Corte Internacional de Justicia es, al lado de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, uno de los tres pilares institucionales de la ONU, y un fallo dictado por sus autoridades, invariablemente inapelable y de prerrogativa moral mayúscula, indefectiblemente honrará la reputación del inocente, escarneciendo la aureola del culpable, quien  tendrá que forzosamente sufrir las seguras secuelas de sus arrogantes despropósitos y de la inconducta lesiva y violatoria del orden jurídico internacional.

Agosto de 2012
Parlamentario ALFONSO GONZALEZ NÚÑEZ
Presidente