O proprio dos caudilhos, melhor, dos ditadores, é dividir a sociedade entre "nós" e "eles", entre os "pobres" e os "ricos", entre os "progressistas" e os "reacionários", entre a "esquerda" e a "direita", entre os "aliados" e os "inimigos", entre os "fiéis seguidores" e o "resto dos cidadãos", até que os segundos se tornem muito mais numerosos do que os primeiros, até quando a sociedade já não suporta mais tantas divisões e enfrentamentos "de classe", quando os "opositores" se convertem em maioria. Nesse momentom, tudo pode acontecer: pequenos triunfos e grandes tragédias, transição incruenta ou rios de sangue. Tudo depende da capacidade de resistência do caudilho, ou ditador, que também pode morrer no cargo ou ser eliminado...
Esperemos que o retorno à democracia seja o menos cruento possível...
Paulo Roberto de Almeida
Exhortación Pastoral
XCV Asamblea de la Conferencia Episcopal Venezolana
ANHELOS DE UNION, JUSTICIA, LIBERTAD Y PAZ PARA VENEZUELA
Caracas, 11 de enero de 201
A todos los sacerdotes y diáconos, a los miembros de instituto de vida consagrada, a todos los fieles católicos y a las personas de buena voluntad:
INTRODUCCIÓN
1 Al comenzar este Año Bicentenario de la Declaración de la Independencia, los Arzobispos y Obispos de Venezuela saludamos y bendecimos afectuosamente a todos los venezolanos, y les hacemos una cordial invitación a crecer en la esperanza y la confianza en Dios, Padre misericordioso, Señor de la historia. La celebración de la Navidad nos ha recordado que “Dios es amor” (1) y que Jesucristo está con nosotros (2), para comunicarnos vida, paz y felicidad plena y eterna.
2. Reunidos en nuestra XCV Asamblea Ordinaria queremos compartir con todos los fieles católicos y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad nuestra preocupación sobre la actual situación del país, al cual servimos con nuestra misión pastoral. Igualmente nos proponemos iluminar a la luz del Evangelio de Jesucristo, de la Doctrina Social de la Iglesia y de los principios éticos universales, la difícil coyuntura histórica que vive hoy nuestra patria. Nuestro presente llamado a la unidad, la libertad y la paz quiere ser una contribución al entendimiento político y social, a la edificación de una sociedad fundamentada en el respeto a la vida y a la dignidad de toda persona, en el imperio de la verdad y de la justicia, en el pluralismo, la inclusión social y la democracia.
SOLIDARIDAD CON LOS DAMNIFICADOS
3. Ante todo, expresamos nuestro afecto y más viva solidaridad con las víctimas de las copiosas lluvias caídas en la mayor parte del territorio nacional durante los últimos meses del pasado año 2010. Ellas, y la carencia de una política de prevención y de planificación sostenida que minimice los efectos de las catástrofes naturales, han ocasionado la lamentable pérdida de algunas vidas humanas y de numerosas viviendas, especialmente de compatriotas de escasos recursos materiales.
Damos gracias a Dios por la solidaridad y diligencia que han demostrado con nuestros hermanos necesitados los organismos del Gobierno tanto nacional, como estadales y municipales, así como instituciones, asociaciones privadas y personas particulares. La acción solidaria de la Iglesia no se hizo esperar. Numerosas parroquias, escuelas e instituciones han sido centros de acopio, y recibieron en sus instalaciones a los damnificados.
Caritas de Venezuela recibió toneladas de alimentos y artículos de primera necesidad, provenientes de comunidades parroquiales y de entidades privadas, y distribuyó dicha ayuda a nuestros hermanos, sin ningún tipo de discriminación social, religiosa o ideológica (3).
4. Ahora, pasada la etapa de la emergencia, es necesario que el Estado realice un trabajo serio, responsable y eficaz para solucionar problemas estructurales de vialidad y vivienda. Además, mientras haya damnificados en los refugios, los venezolanos hemos de apoyarlos con nuestra solidaridad concreta. En este sentido pedimos a los agentes de pastoral, y a los grupos apostólicos organizarse para continuar aliviando el sufrimiento de nuestros hermanos. Recordemos que en cada persona, y especialmente en los más necesitados, encontramos a Nuestro Señor Jesucristo (4), quien nos exige amar preferencial y desinteresadamente a los pobres.
DOSCIENTOS AÑOS DE LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA
5. El 5 de julio de este año 2011 celebraremos, Dios mediante, el Bicentenario de la Declaración de nuestra Independencia como nación. Ya en enero del año pasado, el Episcopado venezolano publicó una Carta Pastoral donde compartía con la comunidad nacional algunas reflexiones sobre el significado y actualidad de este acontecimiento para la Venezuela contemporánea (5). Hoy queremos recordar que aquella solemne Declaración de 1811 comenzaba invocando y poniendo a Dios por testigo de la rectitud de sus propósitos, manifestando explícitamente su ubicación dentro del marco espiritual de la tradición cristiana e inspirándose en ideales de libertad y de justicia, de unidad y de paz (6).
6. Los fundadores de la República emprendieron, con valentía y sacrificio, el largo camino de construir una nación libre, soberana e independiente, fundamentados en el respeto de la dignidad y en la vocación a la libertad de toda persona. El mejor homenaje que hoy podemos tributar a su memoria es honrar y profundizar, en nuestras leyes y en nuestras instituciones republicanas, los ideales que los inspiraron para buscar el bien de la Patria, y respetar la voluntad y decisión del pueblo.
LA SITUACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL
7. En este sentido, los Obispos de Venezuela consideramos un ineludible imperativo ético y legal el respeto a la letra y al espíritu de la Constitución vigente. Ella es el fundamento jurídico del estado de derecho y la garante principal de los derechos del pueblo y de cada persona en particular, de la convivencia pacífica entre los ciudadanos y del correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas.
8. Ahora bien, en diciembre pasado, en medio de la calamidad pública provocada por las persistentes lluvias, y durante el acostumbrado receso de actividades, el Gobierno y la Asamblea Nacional priorizaron una agenda ideológica destinada a la implantación de un sistema socialista y totalitario de Estado y de gobierno contrario a la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por votación popular el 15 de diciembre 1999.
Recordemos que la propuesta de reforma para adecuarla al actual proyecto ideológico del Ejecutivo Nacional, que excluye y discrimina a quienes no compartan la ideología socialista, fue rechazada por la voluntad del pueblo expresada en el referendum del 2 de diciembre de 2007.
9. En ese marco se ha dictado una ley habilitante que confiere poderes especiales al Presidente de la República para legislar por un lapso de 18 meses con la justificación de la gravísima emergencia de infraestructura en vialidad y viviendas provocada por las lluvias. Esta ley confiere al Presidente poderes especiales para legislar en aspectos que nada tienen que ver con dicha emergencia, y delega en el Ejecutivo una facultad extraordinaria, más allá del período para el cual fueron electos los anteriores diputados, limitando así a la nueva Asamblea Nacional en una de sus facultades esenciales. Esto es un inaceptable desconocimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones legislativas del pasado 26 de septiembre.
10. La Asamblea, en menos de un mes, aprobó veinticinco leyes, muchas de las cuales contienen disposiciones que restringen derechos y garantías de los venezolanos, e incorporan propuestas de la reforma a la Constitución que fueron rechazadas por el pueblo en el referendum del 2 de diciembre de 2007 (7).
Nos preocupan, entre otras, las así llamadas “leyes del Poder Popular”, que confieren atribuciones a las “comunas, directamente vinculadas al Ejecutivo Nacional, con menoscabo de la forma federal descentralizada del Estado (8), pues no se corresponden con la organización político- territorial de la República establecida en la Constitución, crean unas estructuras nuevas, con un contenido ideológico excluyente, centralizador y presidencialista, e invaden el ámbito de competencias de las Gobernaciones, Alcaldías y Parroquias.
11. Leyes relacionadas, entre otras cosas, con las telecomunicaciones y la responsabilidad social de radio y televisión, con Partidos Políticos, con las Universidades – ley aprobada por la Asamblea y devuelta por el Presidente -, conllevan limitaciones a derechos fundamentales de los ciudadanos, condicionan la libertad de conciencia y pretenden afianzar el pensamiento único y la hegemonía comunicacional del Gobierno. Por otra parte el Ejecutivo prosigue las expropiaciones, sin cumplir los procedimientos establecidos en la Constitución, atentando así contra la propiedad, derecho inalienable y constitucional de cualquier persona.
12. Las nuevas leyes poco tienen que ver con los problemas reales del país. En efecto: la situación de Venezuela es ya muy grave por el auge incesante de la inseguridad y de la violencia que impera especialmente en las grandes ciudades y en las zonas fronterizas; por la contracción económica, y el progresivo endeudamiento del país; por el inmenso déficit de viviendas y los problemas en la vialidad; por el encarecimiento continuo del costo de la vida que afecta especialmente a los más pobres, y los problemas de suministro de alimentos; por la inhumana situación de las cárceles y la deficiente administración de justicia, caracterizada por el retardo procesal en la mayoría de los juicios.
En vez de resolver estos problemas, las recientes leyes crean una gravísima situación política, pues con ellas se pretende imponer a los venezolanos un sistema socialista estatizante y totalitario, que amplía el círculo de la pobreza, y agudiza la dependencia del pueblo respecto de un poder centralista. Desde el punto de vista ético, consideramos que esta manera de proceder no resuelve los problemas de la gente, cercena algunos de sus derechos, e irrespeta y desconoce la voluntad popular mayoritaria expresada reiteradamente por medio del voto.
13. La Asamblea realizó además una nueva modificación al Reglamento Interior y de Debates que minimiza al Poder Legislativo como institución democrática de representación, control y legislación, pues no sólo reduce las posibilidades de intervención de los diputados, sino que obstaculiza el funcionamiento del Parlamento, institución esencial del sistema democrático.
14. Como ciudadanos, como cristianos y pastores de la Iglesia, los Obispos no podemos callar. Jesús nos enseña que el poder no debe ser ejercido como un dominio sobre los demás, como si los gobernantes fueran dueños de las naciones, sino más bien como un servicio a todos (8). Por lo tanto, para nosotros los cristianos el poder no es un fin en sí mismo. Es un servicio de los gobernantes al bien común de todos los ciudadanos. Las autoridades del Estado no pueden asumir el control total de la vida de las personas, y tampoco establecer las condiciones para eternizarse en el ejercicio del poder. Es contrario a los valores cristianos, a los derechos humanos y al sentido común destruir al que piensa diferente, o condenarlo al silencio (9).
15. Nos preocupa hondamente la nueva radicalización política, pues sin duda provoca una gravísima situación de conflicto. En 1998, La Conferencia Episcopal Venezolana manifestó su rechazo a cualquier tentación totalitaria (10). Ahora nos encontramos ante la pretensión de imponer un sistema político socialista-marxista y totalitario, contrario al sistema democrático consagrado en la Constitución de 1999, y reafirmado con el rechazo a la propuesta de reforma constitucional. Los Obispos consideramos que esta imposición es moralmente inaceptable, pues ofende la dignidad de cada persona, creada a imagen y semejanza de Dios, desconoce la soberanía popular y vulnera gravemente el bien común, la institucionalidad democrática y los derechos de los venezolanos.
TRABAJAR POR LA PAZ : EXIGENCIA IRRENUNCIABLE
16. Por ese motivo hacemos un respetuoso pero apremiante llamado al Gobierno Nacional y a los dirigentes del partido de gobierno a que tomen conciencia de la peligrosa situación que están generando, y de la gravísima responsabilidad que tienen ante Dios y ante el país. Les pedimos respetar las exigencias democráticas del pueblo venezolano plasmadas en la Constitución de 1999, y rectificar su propósito de establecer la hegemonía absoluta del Estado sobre todos los espacios y aspectos de la vida de Venezuela. Esta pretensión compromete la libertad, la justicia y los derechos constitucionales del pueblo. Sería un gesto positivo para la estabilidad democrática si, en acatamiento a la voluntad popular expresada en las elecciones legislativas del pasado 26 de septiembre de 2010, se devolviera a la Asamblea Nacional todas sus facultades legislativas.
17. A los otros actores políticos los convocamos a trabajar firme y democráticamente en defensa de los derechos de los ciudadanos descartando cualquier tentación de fuerza. A los líderes del Gobierno y de la oposición los llamamos a la sensatez y a la reflexión, al diálogo verdadero, y a promover el encuentro y la unidad entre todos los venezolanos. Todos debemos resolver los conflictos de manera pacífica y estamos obligados a trabajar por la paz. Por supuesto, los líderes políticos deben trabajar desinteresada y democráticamente en la promoción y defensa del bien común, y de los derechos y aspiraciones del pueblo venezolano. Igualmente, los otros actores sociales, empresariales, laborales, culturales, y comunicadores sociales, tienen una responsabilidad que han de ejercer cabalmente. Todo actor social debe escuchar a la gente, estar con ella, defender sus derechos y trabajar por el bien común.
18. A quienes se sienten agredidos y angustiados por la actual situación política les corresponde constitucionalmente participar en forma responsable y activa, de manera pacífica y democrática, pero firme y decidida, en la promoción y defensa de sus irrenunciables derechos, de la libertad, de la justicia y de la paz. Todos los ciudadanos y, de manera particular los cristianos, estamos llamados a dar nuestra contribución al bien común, exigiendo con firmeza el respeto del orden constitucional y legal, y colaborando a la resolución pacífica de los conflictos. Esta es la actitud que esperamos marque el ejercicio legislativo y contralor de la recién instalada Asamblea Nacional. Nadie debe delegar en otros su propia responsabilidad de ser constructor de la paz.
19. Por nuestra parte, los Obispos de Venezuela, pastores y hermanos de todos sin distinción de ningún tipo, y consagrados por vocación al servicio de nuestro pueblo, manifestamos nuestra indeclinable disponibilidad a trabajar por Venezuela, a ser factores de unidad, y a ejercitar y a promover el diálogo constructivo entre todos los sectores de la sociedad.
CONCLUSIÓN
20. En este Año Bicentenario fortalezcamos la esperanza en Dios, fuente de todo bien, y trabajemos decididamente por una sociedad fraterna y solidaria, justa, libre y pacífica, como la que soñaban los Padres de la Patria hace doscientos años. Es preciso que todos los sectores políticos y sociales descarten la violencia verbal, legal o física como medio para resolver los problemas. Hacemos un llamado a desterrar el odio y la discordia, el revanchismo el insulto y las consignas de muerte. Se ha de respetar incluso a quienes tienen opiniones políticas diferentes. Todo se pierde con la violencia. Todo se gana con el respeto, el diálogo y el encuentro cívico y fraterno.
21. Escuchemos las palabras de Jesucristo: “Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados los hijos de Dios” (12). Oremos intensa y confiadamente a Cristo, “Rey pacífico” (13), para que nos conceda a todos ser esforzados constructores de la paz. Colocamos estas intenciones en las manos amorosas de María Santísima, Nuestra Señora de Coromoto, a quien rogamos interceda por el futuro, la prosperidad y la reconciliación de todos los venezolanos. ¡Dios bendiga a su pueblo con la paz! (14)
Con nuestra afectuosa bendición episcopal,
Caracas, 11 de enero de 2011.
Los Arzobispos y Obispos de Venezuela.
terça-feira, 11 de janeiro de 2011
Pequenos advogados contra o grande caudilho: a tragedia da Venezuela
Não se sabe bem como, ou quando, esta descida da Venezuela ao inferno da ditadura caudilhesca vai terminar, o que se sabe, apenas, é que não vai terminar bem...
Paulo Roberto de Almeida
Manifiesto por la Paz, la Democracia, la Libertad y la Justicia
Frente Nacional de Abogados
Caracas, martes, 11 de enero de 2011
En el día de hoy, encontrándonos reunidos en la ciudad de Caracas, abogados miembros del Colegio de Abogados de Caracas y de organizaciones de derechos humanos, conscientes de que, de conformidad con la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela de 1999, es voluntad de la Nación y de los estados que la integran garantizar la convivencia democrática regida por los principios de paz, libertad, justicia, igualdad, solidaridad y la preeminencia de los derechos humanos y el pluralismo político
Considerando: Que el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto de su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución.
Considerando: Que en los últimos años estos principios esenciales para asegurar la gobernabilidad democrática, enmarcados en la convivencia y la tolerancia, han sido subyugados por el gobierno mediante el control de las Instituciones y de los poderes del estado, la instigación al odio entre hermanos, la criminalización de la disidencia, las amenazas continuas y cierres de medios de comunicación independientes, la persecución por motivos políticos, el encarcelamiento y exilio de quienes se atreven a manifestar su descontento a través de los distintos mecanismos de protesta y las continuas violaciones a los derechos humanos fundamentales.
Considerando: Que la Asamblea Nacional saliente, en sus últimos días, aprobó, vulnerando la voluntad popular expresada a través del voto, leyes cuyo espíritu esta enmarcado en un proyecto abiertamente antidemocrático, contrario al pluralismo político como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, personalista y discriminatorio, viéndose claramente amenazados todos los derechos consagrados en la Carta Magna.
Considerando: que la Asamblea Nacional saliente, abusó de sus atribuciones, a pocos días del cese de sus funciones y aprobó una nueva Ley Habilitante que le concede al Presidente de la República la facultad de legislar por 18 meses, dejando prácticamente inhabilitados a los nuevos diputados recién electos para ejercer sus funciones. Con este habilitación a quedado al descubierto la verdadera intención totalitaria del régimen, cuando se ha facultado al Presidente de la Republica a legislar en todos los ámbitos del acontecer nacional y así sustituir a la naciente Asamblea Nacional electa en sus funciones legislativas.
Considerando: Que el régimen ha venido violentando e incentivando la violación del derecho de propiedad en forma sistemática y generalizada contra la Constitución, las normas vigentes y los principios generales del derecho.
Anunciamos al país las siguientes resoluciones:
1) La creación del Frente Nacional de Abogados por la Paz, la Democracia, la Libertad y la Justicia. Invitamos a todos los Colegios de Abogados de los distintos estados, a los abogados y a los estudiantes de la carrera del Derecho a integrarse a esta iniciativa cuyo objetivo primordial es la denuncia nacional e internacional de las violaciones a los Derechos Humanos Universales y de la Constitución Nacional, y a garantizar la defensa de aquellos ciudadanos que están siendo criminalizados por denunciar dichas violaciones y ejercer sus derechos a la protesta pacífica.
2) El Frente tiene como misión, también, hacer del conocimiento ciudadano los instrumentos legales existentes de los que dispone para la defensa de sus derechos ciudadanos. Convocamos a todos los representantes del gremio a organizarse en cada uno de sus estados para promover la realización de cualquier tipo de actividades con miras al logro de esta misión.
3) Hacemos un llamado a todos los venezolanos a solidarizarse con quienes hoy son presos y perseguidos políticos, y con quienes están siendo desfavorecidos y discriminados por manifestar de cualquier modo, su rechazo al sistema que se pretende imponer, contra lo pautado en la Constitución, desde el poder.
4) Exigimos la derogación inmediata de todas las leyes que hayan sido dictadas en abuso de poder y contra nuestra Carta Magna, así como la Ley Habilitante.
5) Exigimos la discusión inmediata y con carácter de urgencia del proyecto de Ley de Amnistía y de Reconciliación Política presentado por iniciativa ciudadana por la ONG Foro Penal Venezolano y otras ONG´S, que se encuentra reposando y sin haber sido discutida, como lo ordena nuestra Constitución, en el Órgano Legislador desde Diciembre del 2009.
6) Exigimos el cese de las violaciones al derecho de propiedad que se presentan en confiscaciones disfrazadas de decretos de expropiación, sin procedimiento previo, ni garantías al derecho a la defensa y, la justa y oportuna indemnización.
En Caracas, a los 11 días del mes de Enero de 2011
Paulo Roberto de Almeida
Manifiesto por la Paz, la Democracia, la Libertad y la Justicia
Frente Nacional de Abogados
Caracas, martes, 11 de enero de 2011
En el día de hoy, encontrándonos reunidos en la ciudad de Caracas, abogados miembros del Colegio de Abogados de Caracas y de organizaciones de derechos humanos, conscientes de que, de conformidad con la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela de 1999, es voluntad de la Nación y de los estados que la integran garantizar la convivencia democrática regida por los principios de paz, libertad, justicia, igualdad, solidaridad y la preeminencia de los derechos humanos y el pluralismo político
Considerando: Que el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto de su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución.
Considerando: Que en los últimos años estos principios esenciales para asegurar la gobernabilidad democrática, enmarcados en la convivencia y la tolerancia, han sido subyugados por el gobierno mediante el control de las Instituciones y de los poderes del estado, la instigación al odio entre hermanos, la criminalización de la disidencia, las amenazas continuas y cierres de medios de comunicación independientes, la persecución por motivos políticos, el encarcelamiento y exilio de quienes se atreven a manifestar su descontento a través de los distintos mecanismos de protesta y las continuas violaciones a los derechos humanos fundamentales.
Considerando: Que la Asamblea Nacional saliente, en sus últimos días, aprobó, vulnerando la voluntad popular expresada a través del voto, leyes cuyo espíritu esta enmarcado en un proyecto abiertamente antidemocrático, contrario al pluralismo político como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, personalista y discriminatorio, viéndose claramente amenazados todos los derechos consagrados en la Carta Magna.
Considerando: que la Asamblea Nacional saliente, abusó de sus atribuciones, a pocos días del cese de sus funciones y aprobó una nueva Ley Habilitante que le concede al Presidente de la República la facultad de legislar por 18 meses, dejando prácticamente inhabilitados a los nuevos diputados recién electos para ejercer sus funciones. Con este habilitación a quedado al descubierto la verdadera intención totalitaria del régimen, cuando se ha facultado al Presidente de la Republica a legislar en todos los ámbitos del acontecer nacional y así sustituir a la naciente Asamblea Nacional electa en sus funciones legislativas.
Considerando: Que el régimen ha venido violentando e incentivando la violación del derecho de propiedad en forma sistemática y generalizada contra la Constitución, las normas vigentes y los principios generales del derecho.
Anunciamos al país las siguientes resoluciones:
1) La creación del Frente Nacional de Abogados por la Paz, la Democracia, la Libertad y la Justicia. Invitamos a todos los Colegios de Abogados de los distintos estados, a los abogados y a los estudiantes de la carrera del Derecho a integrarse a esta iniciativa cuyo objetivo primordial es la denuncia nacional e internacional de las violaciones a los Derechos Humanos Universales y de la Constitución Nacional, y a garantizar la defensa de aquellos ciudadanos que están siendo criminalizados por denunciar dichas violaciones y ejercer sus derechos a la protesta pacífica.
2) El Frente tiene como misión, también, hacer del conocimiento ciudadano los instrumentos legales existentes de los que dispone para la defensa de sus derechos ciudadanos. Convocamos a todos los representantes del gremio a organizarse en cada uno de sus estados para promover la realización de cualquier tipo de actividades con miras al logro de esta misión.
3) Hacemos un llamado a todos los venezolanos a solidarizarse con quienes hoy son presos y perseguidos políticos, y con quienes están siendo desfavorecidos y discriminados por manifestar de cualquier modo, su rechazo al sistema que se pretende imponer, contra lo pautado en la Constitución, desde el poder.
4) Exigimos la derogación inmediata de todas las leyes que hayan sido dictadas en abuso de poder y contra nuestra Carta Magna, así como la Ley Habilitante.
5) Exigimos la discusión inmediata y con carácter de urgencia del proyecto de Ley de Amnistía y de Reconciliación Política presentado por iniciativa ciudadana por la ONG Foro Penal Venezolano y otras ONG´S, que se encuentra reposando y sin haber sido discutida, como lo ordena nuestra Constitución, en el Órgano Legislador desde Diciembre del 2009.
6) Exigimos el cese de las violaciones al derecho de propiedad que se presentan en confiscaciones disfrazadas de decretos de expropiación, sin procedimiento previo, ni garantías al derecho a la defensa y, la justa y oportuna indemnización.
En Caracas, a los 11 días del mes de Enero de 2011
segunda-feira, 10 de janeiro de 2011
Wikileaks; Politica externa do Brasil e relacoes com EUA: dizendo uma coisa e fazendo outra
Parece que a diplomacia ativa e altiva tinha outros componentes que não foram devidamente publicizados, pelos dirigentes de então. Tudo em nome de certas causas muito identificadas com o partido que hospeda esta matéria em suas páginas.
Em todo caso, o jornal diz isso: SEM COMENTÁRIOS
Paulo Roberto de Almeida
Wikileaks: Lula’s Secret Dealings with Chávez and Morales
By Nikolas Kozloff*, January 9, 2011
Pagina 13 (site da Articulação de Esquerda, tendência interna do PT), 10 JANEIRO 2011
When will Brazil throw its weight around on the world stage and actually start to challenge Washington? Judging from Wikileaks documents, that day may be very off indeed. Far from taking a stand against the United States, Brazilian diplomats serving in Luiz Inácio “Lula” da Silva’s administration sought to appease the Americans behind closed doors or, at most, express mild criticism. Since Wikileaks documents end in late 2009, we don’t know if incoming president Dilma Rousseff will choose to mimic her predecessor’s non-confrontational foreign policy, but most observers expect continuity. For the South American left, Wikileaks documents serve as a sobering wake-up call and underscore the difficult political work which lies ahead.
Recent cables pick up in 2005, at the height of the Bush administration’s diplomatic difficulties with Venezuela’s Hugo Chávez. In Brasilia, U.S. ambassador John Danilovich expressed Washington’s “growing concern” about “Chávez’s rhetoric and actions” during a meeting with Brazilian foreign minister Celso Amorim. Going further, Danilovich sought to set up a joint U.S.-Brazilian operation which would gather intelligence on Chávez. Amorim rejected Danilovich’s entreaties, remarking that Brazil did not see Venezuela as a threat.
Nevertheless, Amorim said the Lula government would be interested in “any intelligence [the U.S.] wished to provide unilaterally.” What was behind Amorim’s interest, and might the diplomat have shared sensitive U.S. intelligence with Venezuela? Like Chávez, Lula came out of South America’s new left and the two shared cordial diplomatic relations, at least publicly. Perhaps, Brazil’s foreign minister hoped to double cross Washington, though frankly such an interpretation seems unlikely given that Lula had reportedly told Chávez to “tone down his rhetoric.”
Furthermore, Lula had “personally persuaded Chávez not to go swimming at a Chilean beach where Chávez intended to proclaim to gathered press that he was bathing in a spot which should be Bolivia’s coastline on the Pacific.” Ever since the 1879-1904 War of the Pacific, La Paz has claimed that Chile denied Bolivia rightful access to the ocean and the issue strikes a nationalist chord in the impoverished and landlocked Andean nation. Historically, Chávez has been a leading critic of the more pro-U.S. Chile and a champion of leftist political movements in Bolivia.
The Petrobras Affair
The Danilovich-Amorim détente took place against the backdrop of political instability in the Andes. In Washington, the Bush administration was concerned about coca grower and rising political star Evo Morales, who would shortly succeed to the presidency of Bolivia and become Chávez’s protégé. During his meeting with the U.S. ambassador, Amorim sought to depict Brazil as a reliable regional partner. The Lula administration, which was focused on the “economic exposure of Brazilian companies in Bolivia, along with the threat posed to regional stability by unrest there,” sought to persuade Morales that the Bolivian needed “to act in a democratic fashion.”
Compared to the politically volatile Andean region, Brazil is certainly an island of tranquility and it is understandable that the Lula administration would seek to promote regional calm within its own “near abroad.” There’s always a fine line, however, between promoting stability and diluting South America’s common leftist front. Wikileaks cables suggest that, more often than not, Lula opted for the latter in his dealings with Bolivia. Shortly after the Danilovich-Amorim meeting, the Americans checked in with Lula’s Institutional Security Cabinet and asked if Brazil had a contingency plan “if the Bolivia political situation deteriorates into instability or radicalization that threatens Brazilian interests, especially Petrobras [a mixed private/state Brazilian energy company which had operations in Bolivia] and energy resources from Bolivia that are critical to industry in southern Brazil.”
Brazilian officials frankly admitted that they were “banking on ‘a strategy of hope,’ i.e., that despite fiery nationalist rhetoric during the elections, sensible leaders in Bolivia will not allow radical new government policies or general instability to damage Brazilian energy industries which contribute so massively to Bolivia’s economy.” U.S. Chargé d’Affaires Phillip Chicola remarked that Lula’s security apparatus was particularly concerned “about the potential for increased cocaine flows into Brazil from Bolivia in the event of a Morales victory.”
In the wake of Morales’ electoral victory, Lula and Amorim announced they would maintain “strong relations” with Venezuela and Bolivia, but did not seek to “abandon” or “contaminate” Brazil’s bilateral ties to the Bush White House. Writing to Assistant Secretary of State Thomas Shannon, Chicola suggested that the U.S. seek to exploit Brazilian-Bolivian tensions in upcoming meetings. It would be wise, Chicola advised, for Shannon to bring up “the grittier, real-world worries of Brazilian law enforcement and intelligence services about the increased threats a Morales presidency may bring in the arenas of narcotrafficking and other cross-border criminal activities.”
In mid-2006, Lula was placed in a further quandary when Morales nationalized foreign oil and gas investments in Bolivia. Publicly, U.S. diplomats noted, the Brazilian president “issued a stunningly bland public statement…recognizing Bolivia’s sovereignty to act as it did but reaffirming that Brazil would act to protect the interests of…Petrobras.” In a private meeting with the Americans, however, deputy foreign affairs advisor Marcel Biato painted a more intricate picture. According to him, Bolivia and Petrobras had been involved in “what appeared to be relatively positive discussions.” Later, however, Morales abruptly broke off the talks and “there was a lot of Morales interaction with Chávez.”
At a meeting in Brasilia, Lula was scheduled to “register his concern” about “Venezuelan involvement with Morales on the hydrocarbons issues.” The Brazilians, it seems, were angered when Morales dramatically sent in the army to occupy Bolivian gas fields. In the final analysis, American diplomats noted, Morales was emboldened by Venezuelan support “after hearing that Chávez would (a) provide technical help to get gas out of the ground if Petrobras bails…and (b) buy the product.”
Writing to his superiors in Washington, Chicola noted that “Lula and his foreign policy team could not look worse at this moment. The image of Bolivian soldiers moving into Petrobras installations is vivid and offensive for Brazilians of all classes, and will appear to many as a massive rebuke to the Lula administration’s theology of a Brazilian-led new era of ‘regional integration.’ Indeed, in the Brazilian press and popular imagination, Lula is increasingly seen as outmaneuvered, manipulated and flim-flammed by his ‘hermanos,’ Chávez and Morales.”
Adding insult to injury, on the same day that Morales announced the gas nationalization the Bolivian president also stated his intention to carry out agricultural reforms which could affect Brazilian farmers residing within the Andean nation. Numbering some 15,000-strong, the farmers had been gradually moving into Bolivia where they had taken to cultivating soybeans. Chicola noted that “any action taken that would threaten the rights of those farmers would occasion a public outcry in Brazil, probably worse than that caused by the spectacle of Bolivian soldiers occupying Petrobras facilities.” Needless to say, as I point out in my recent book, soybean farming has been highly damaging to the environment and in this sense Brazilian interests run contrary to social progress in the Andes.
‘Managing’ Morales
All in all, Brazilian officials were exasperated by Morales, a politician who was intent on playing poker with Brasilia but who had no sense of “logic and rationality.” When Chicola “challenged” Biato “about the growing public perception in Brazil that Morales and Chávez are in cahoots at Lula’s expense,” the Brazilian was “laconic.” “What are we supposed to do?” Biato lamented. “We can’t choose our neighbors. We don’t like Chávez’s modus operandi or Morales’ surprises, but we have to manage these guys somehow, and keep the regional integration idea alive.”
The idea that Brazil might have to “manage” pesky Bolivia, much as the U.S. has sought to oversee political developments in, say, Central America, proved irksome to the Lula administration. In the waning days of the Bush administration, Brazilian presidential Foreign Policy Advisor Marco Aurelio Garcia told the Americans that Bolivia’s instability stemmed in large measure from Morales’ highhanded attitude. The coca leader, Garcia declared, had come into office “as if it were a revolution.” Prolonged instability in neighboring Bolivia, the diplomat added, could worsen “like a flammable gas in the air.”
Many Brazilians, Garcia continued, were frankly surprised by Morales’ “confrontational posture” toward Brazil early on and the Lula administration had been compelled to warn Bolivia, like Venezuela before, to “tone down the rhetoric” and to “cease provoking the United States.” Fundamentally, Garcia opined, Bolivia would have to get its political house in order if the country sought to attract foreign investment and maximize its energy potential. A further cable from late 2009, now well into the Obama era, suggests that relations failed to improve over time. Speaking to the Americans, Brazilian diplomats characterized their relationship with Morales as “frustratingly difficult to manage” and expressed ongoing interest in joint counter-narcotics operations with Bolivia and the United States.
Brazil’s Ambiguous Role
Though Brazil has refused to ostracize its leftist neighbors at the behest of Washington, South America’s biggest political and economic powerhouse has acted rather cynically more often than not. Publicly, Lula expressed solidarity with his leftist colleagues in Brazil’s near abroad, but behind the scenes diplomats worked to dilute a common anti-imperialist front. Putting on airs in private, Brazilian diplomats evidently feel their own country is superior and more “mature” than neighboring nations where rabble-rousing populist regimes hold sway. As the U.S. loses geopolitical influence in South America, will Brazil expand its own regional sphere and what are the larger implications? If Wikileaks cables are any indication, promoting revolutionary change could not be farther from the minds of Brazilian officials. Rather, narrow-minded energy and economic interests will guide Lula’s successors.
Source: http://www.nikolaskozloff.com/blog.htm?post=764624
*Nikolas Kozloff is the author of No Rain in the Amazon: How South America’s Climate Affects the Entire Planet and Revolution! South America and the Rise of the New Left (Palgrave, 2008). Visit his website, www.nikolaskozloff.com
Em todo caso, o jornal diz isso: SEM COMENTÁRIOS
Paulo Roberto de Almeida
Wikileaks: Lula’s Secret Dealings with Chávez and Morales
By Nikolas Kozloff*, January 9, 2011
Pagina 13 (site da Articulação de Esquerda, tendência interna do PT), 10 JANEIRO 2011
When will Brazil throw its weight around on the world stage and actually start to challenge Washington? Judging from Wikileaks documents, that day may be very off indeed. Far from taking a stand against the United States, Brazilian diplomats serving in Luiz Inácio “Lula” da Silva’s administration sought to appease the Americans behind closed doors or, at most, express mild criticism. Since Wikileaks documents end in late 2009, we don’t know if incoming president Dilma Rousseff will choose to mimic her predecessor’s non-confrontational foreign policy, but most observers expect continuity. For the South American left, Wikileaks documents serve as a sobering wake-up call and underscore the difficult political work which lies ahead.
Recent cables pick up in 2005, at the height of the Bush administration’s diplomatic difficulties with Venezuela’s Hugo Chávez. In Brasilia, U.S. ambassador John Danilovich expressed Washington’s “growing concern” about “Chávez’s rhetoric and actions” during a meeting with Brazilian foreign minister Celso Amorim. Going further, Danilovich sought to set up a joint U.S.-Brazilian operation which would gather intelligence on Chávez. Amorim rejected Danilovich’s entreaties, remarking that Brazil did not see Venezuela as a threat.
Nevertheless, Amorim said the Lula government would be interested in “any intelligence [the U.S.] wished to provide unilaterally.” What was behind Amorim’s interest, and might the diplomat have shared sensitive U.S. intelligence with Venezuela? Like Chávez, Lula came out of South America’s new left and the two shared cordial diplomatic relations, at least publicly. Perhaps, Brazil’s foreign minister hoped to double cross Washington, though frankly such an interpretation seems unlikely given that Lula had reportedly told Chávez to “tone down his rhetoric.”
Furthermore, Lula had “personally persuaded Chávez not to go swimming at a Chilean beach where Chávez intended to proclaim to gathered press that he was bathing in a spot which should be Bolivia’s coastline on the Pacific.” Ever since the 1879-1904 War of the Pacific, La Paz has claimed that Chile denied Bolivia rightful access to the ocean and the issue strikes a nationalist chord in the impoverished and landlocked Andean nation. Historically, Chávez has been a leading critic of the more pro-U.S. Chile and a champion of leftist political movements in Bolivia.
The Petrobras Affair
The Danilovich-Amorim détente took place against the backdrop of political instability in the Andes. In Washington, the Bush administration was concerned about coca grower and rising political star Evo Morales, who would shortly succeed to the presidency of Bolivia and become Chávez’s protégé. During his meeting with the U.S. ambassador, Amorim sought to depict Brazil as a reliable regional partner. The Lula administration, which was focused on the “economic exposure of Brazilian companies in Bolivia, along with the threat posed to regional stability by unrest there,” sought to persuade Morales that the Bolivian needed “to act in a democratic fashion.”
Compared to the politically volatile Andean region, Brazil is certainly an island of tranquility and it is understandable that the Lula administration would seek to promote regional calm within its own “near abroad.” There’s always a fine line, however, between promoting stability and diluting South America’s common leftist front. Wikileaks cables suggest that, more often than not, Lula opted for the latter in his dealings with Bolivia. Shortly after the Danilovich-Amorim meeting, the Americans checked in with Lula’s Institutional Security Cabinet and asked if Brazil had a contingency plan “if the Bolivia political situation deteriorates into instability or radicalization that threatens Brazilian interests, especially Petrobras [a mixed private/state Brazilian energy company which had operations in Bolivia] and energy resources from Bolivia that are critical to industry in southern Brazil.”
Brazilian officials frankly admitted that they were “banking on ‘a strategy of hope,’ i.e., that despite fiery nationalist rhetoric during the elections, sensible leaders in Bolivia will not allow radical new government policies or general instability to damage Brazilian energy industries which contribute so massively to Bolivia’s economy.” U.S. Chargé d’Affaires Phillip Chicola remarked that Lula’s security apparatus was particularly concerned “about the potential for increased cocaine flows into Brazil from Bolivia in the event of a Morales victory.”
In the wake of Morales’ electoral victory, Lula and Amorim announced they would maintain “strong relations” with Venezuela and Bolivia, but did not seek to “abandon” or “contaminate” Brazil’s bilateral ties to the Bush White House. Writing to Assistant Secretary of State Thomas Shannon, Chicola suggested that the U.S. seek to exploit Brazilian-Bolivian tensions in upcoming meetings. It would be wise, Chicola advised, for Shannon to bring up “the grittier, real-world worries of Brazilian law enforcement and intelligence services about the increased threats a Morales presidency may bring in the arenas of narcotrafficking and other cross-border criminal activities.”
In mid-2006, Lula was placed in a further quandary when Morales nationalized foreign oil and gas investments in Bolivia. Publicly, U.S. diplomats noted, the Brazilian president “issued a stunningly bland public statement…recognizing Bolivia’s sovereignty to act as it did but reaffirming that Brazil would act to protect the interests of…Petrobras.” In a private meeting with the Americans, however, deputy foreign affairs advisor Marcel Biato painted a more intricate picture. According to him, Bolivia and Petrobras had been involved in “what appeared to be relatively positive discussions.” Later, however, Morales abruptly broke off the talks and “there was a lot of Morales interaction with Chávez.”
At a meeting in Brasilia, Lula was scheduled to “register his concern” about “Venezuelan involvement with Morales on the hydrocarbons issues.” The Brazilians, it seems, were angered when Morales dramatically sent in the army to occupy Bolivian gas fields. In the final analysis, American diplomats noted, Morales was emboldened by Venezuelan support “after hearing that Chávez would (a) provide technical help to get gas out of the ground if Petrobras bails…and (b) buy the product.”
Writing to his superiors in Washington, Chicola noted that “Lula and his foreign policy team could not look worse at this moment. The image of Bolivian soldiers moving into Petrobras installations is vivid and offensive for Brazilians of all classes, and will appear to many as a massive rebuke to the Lula administration’s theology of a Brazilian-led new era of ‘regional integration.’ Indeed, in the Brazilian press and popular imagination, Lula is increasingly seen as outmaneuvered, manipulated and flim-flammed by his ‘hermanos,’ Chávez and Morales.”
Adding insult to injury, on the same day that Morales announced the gas nationalization the Bolivian president also stated his intention to carry out agricultural reforms which could affect Brazilian farmers residing within the Andean nation. Numbering some 15,000-strong, the farmers had been gradually moving into Bolivia where they had taken to cultivating soybeans. Chicola noted that “any action taken that would threaten the rights of those farmers would occasion a public outcry in Brazil, probably worse than that caused by the spectacle of Bolivian soldiers occupying Petrobras facilities.” Needless to say, as I point out in my recent book, soybean farming has been highly damaging to the environment and in this sense Brazilian interests run contrary to social progress in the Andes.
‘Managing’ Morales
All in all, Brazilian officials were exasperated by Morales, a politician who was intent on playing poker with Brasilia but who had no sense of “logic and rationality.” When Chicola “challenged” Biato “about the growing public perception in Brazil that Morales and Chávez are in cahoots at Lula’s expense,” the Brazilian was “laconic.” “What are we supposed to do?” Biato lamented. “We can’t choose our neighbors. We don’t like Chávez’s modus operandi or Morales’ surprises, but we have to manage these guys somehow, and keep the regional integration idea alive.”
The idea that Brazil might have to “manage” pesky Bolivia, much as the U.S. has sought to oversee political developments in, say, Central America, proved irksome to the Lula administration. In the waning days of the Bush administration, Brazilian presidential Foreign Policy Advisor Marco Aurelio Garcia told the Americans that Bolivia’s instability stemmed in large measure from Morales’ highhanded attitude. The coca leader, Garcia declared, had come into office “as if it were a revolution.” Prolonged instability in neighboring Bolivia, the diplomat added, could worsen “like a flammable gas in the air.”
Many Brazilians, Garcia continued, were frankly surprised by Morales’ “confrontational posture” toward Brazil early on and the Lula administration had been compelled to warn Bolivia, like Venezuela before, to “tone down the rhetoric” and to “cease provoking the United States.” Fundamentally, Garcia opined, Bolivia would have to get its political house in order if the country sought to attract foreign investment and maximize its energy potential. A further cable from late 2009, now well into the Obama era, suggests that relations failed to improve over time. Speaking to the Americans, Brazilian diplomats characterized their relationship with Morales as “frustratingly difficult to manage” and expressed ongoing interest in joint counter-narcotics operations with Bolivia and the United States.
Brazil’s Ambiguous Role
Though Brazil has refused to ostracize its leftist neighbors at the behest of Washington, South America’s biggest political and economic powerhouse has acted rather cynically more often than not. Publicly, Lula expressed solidarity with his leftist colleagues in Brazil’s near abroad, but behind the scenes diplomats worked to dilute a common anti-imperialist front. Putting on airs in private, Brazilian diplomats evidently feel their own country is superior and more “mature” than neighboring nations where rabble-rousing populist regimes hold sway. As the U.S. loses geopolitical influence in South America, will Brazil expand its own regional sphere and what are the larger implications? If Wikileaks cables are any indication, promoting revolutionary change could not be farther from the minds of Brazilian officials. Rather, narrow-minded energy and economic interests will guide Lula’s successors.
Source: http://www.nikolaskozloff.com/blog.htm?post=764624
*Nikolas Kozloff is the author of No Rain in the Amazon: How South America’s Climate Affects the Entire Planet and Revolution! South America and the Rise of the New Left (Palgrave, 2008). Visit his website, www.nikolaskozloff.com
Economistas: lei de responsabilidade intelectual?
Não exatamente. Apenas um código de conduta, o que seria uma boa ideia, segundo esta matéria da Economist.
Code or no code?
by R.A.
The Economist, January 10th 2011
WASHINGTON - LAST week, I mentioned that a growing group of economists is pressing the American Economic Association to adopt a professional code of ethics in order to address concerns that conflicts of interest are eroding public confidence in the field. We published a post by economist George DeMartino, author of a forthcoming book on the subject, who wrote:
The case for professional economic ethics is simple. Economists affect the lives of others, often substantially—that is the crux of the matter. Not just one person at a time, as is the case in medical practice; and not just a few people who consent to the economists’ influence—say, those who purchase economic consulting services. No, economists affect the life chances of countless people across the globe, not least through their impact on economic policy. Perhaps it is the enormity of that impact that makes it difficult for economists to wrap their minds around their ethical obligations...It’s a simple case, as I’ve said, one that stands on economists’ influence over others. Yet the profession has failed to accept the ethical responsibility that necessarily attaches to that influence. And that, I’m afraid, amounts to unethical professional conduct.
We asked the economists at Economics by invitation whether they agreed. The response was generally, though not entirely, favourable, albeit with significant caveats. Here's Tyler Cowen:
I favour such codes, but I'm not sure they will help much. First, most economic research doesn't matter in the first place. Second, the research which does matter very often is distorted anyway. It is pulled out of context, exaggerated, presented by intermediaries and political entrepreneurs without qualification, and so on. That's the real problem. In this context I'm not sure that a conflict of interest statement is going to push people closer toward truth; the process wasn't accurate or finely honed in the first place. What is published is already so much more scientific than the policy process itself. Improving the former inputs with an ethics code seems like pushing on the less important lever and to some extent it is a very weak substitute for the almost complete lack of an ethics code in politics itself. Third, a lot of the problem is economists in government—advising—rather than what is published in economics journals.
Several respondents emphasised personal responsibility. And Lant Pritchett made a fiery case against the code:
[O]nce we as economists abandon the idea (even if it is only a useful fiction) that people's ideas, arguments, and evidence should be evaluated on the premise they are sincere claims by sincere members of the community of discourse (at least until proven otherwise) in favour of a notion that we must first examine each person's "bias" we are on a slippery slope into an ugly mud puddle. Why single out the "financial services" industry? I write at times on education economics and I happen to know that most people writing in that area get six figure incomes from the "education services" industry. Does that bias everything I and they write? And why stop at income; what about assets? I also happen to know that many economists have a large fraction of their wealth in a long position in the "housing services" industry. Does that make everything they write about housing suspect? And why stop at income or assets; those are hardly the only personal interests that could create a bias. Suppose my child had a pre-existing condition that would make it difficult for him to get insurance without a mandate for universal coverage. That would bias my views in the health care debates, so should I therefore disclose that so everyone could filter it into their assessment of any ideas, arguments or evidence I might present? And of course, identity claims are powerful sources of motivation and "bias". Should either men or women who write about gender and economics disclose their sex so that we can dismiss the research produced by either gender based on bias?...To help readers fairly assess my ideas, arguments, and evidence I should voluntarily disclose about myself...nothing. Caveat emptor.
Do read all the contributions. Meanwhile, our informal poll of readers seems to show strong support for an economics code.
Code or no code?
by R.A.
The Economist, January 10th 2011
WASHINGTON - LAST week, I mentioned that a growing group of economists is pressing the American Economic Association to adopt a professional code of ethics in order to address concerns that conflicts of interest are eroding public confidence in the field. We published a post by economist George DeMartino, author of a forthcoming book on the subject, who wrote:
The case for professional economic ethics is simple. Economists affect the lives of others, often substantially—that is the crux of the matter. Not just one person at a time, as is the case in medical practice; and not just a few people who consent to the economists’ influence—say, those who purchase economic consulting services. No, economists affect the life chances of countless people across the globe, not least through their impact on economic policy. Perhaps it is the enormity of that impact that makes it difficult for economists to wrap their minds around their ethical obligations...It’s a simple case, as I’ve said, one that stands on economists’ influence over others. Yet the profession has failed to accept the ethical responsibility that necessarily attaches to that influence. And that, I’m afraid, amounts to unethical professional conduct.
We asked the economists at Economics by invitation whether they agreed. The response was generally, though not entirely, favourable, albeit with significant caveats. Here's Tyler Cowen:
I favour such codes, but I'm not sure they will help much. First, most economic research doesn't matter in the first place. Second, the research which does matter very often is distorted anyway. It is pulled out of context, exaggerated, presented by intermediaries and political entrepreneurs without qualification, and so on. That's the real problem. In this context I'm not sure that a conflict of interest statement is going to push people closer toward truth; the process wasn't accurate or finely honed in the first place. What is published is already so much more scientific than the policy process itself. Improving the former inputs with an ethics code seems like pushing on the less important lever and to some extent it is a very weak substitute for the almost complete lack of an ethics code in politics itself. Third, a lot of the problem is economists in government—advising—rather than what is published in economics journals.
Several respondents emphasised personal responsibility. And Lant Pritchett made a fiery case against the code:
[O]nce we as economists abandon the idea (even if it is only a useful fiction) that people's ideas, arguments, and evidence should be evaluated on the premise they are sincere claims by sincere members of the community of discourse (at least until proven otherwise) in favour of a notion that we must first examine each person's "bias" we are on a slippery slope into an ugly mud puddle. Why single out the "financial services" industry? I write at times on education economics and I happen to know that most people writing in that area get six figure incomes from the "education services" industry. Does that bias everything I and they write? And why stop at income; what about assets? I also happen to know that many economists have a large fraction of their wealth in a long position in the "housing services" industry. Does that make everything they write about housing suspect? And why stop at income or assets; those are hardly the only personal interests that could create a bias. Suppose my child had a pre-existing condition that would make it difficult for him to get insurance without a mandate for universal coverage. That would bias my views in the health care debates, so should I therefore disclose that so everyone could filter it into their assessment of any ideas, arguments or evidence I might present? And of course, identity claims are powerful sources of motivation and "bias". Should either men or women who write about gender and economics disclose their sex so that we can dismiss the research produced by either gender based on bias?...To help readers fairly assess my ideas, arguments, and evidence I should voluntarily disclose about myself...nothing. Caveat emptor.
Do read all the contributions. Meanwhile, our informal poll of readers seems to show strong support for an economics code.
Politica comercial do Brasil: dois erros...
Primeiro: um atentado contra o Português, mas o Brasil, ou o ministro Mantega, não é culpado: o tradutor, ou o jornalista, da Agência EFE não sabe que advertir é um transitivo indireto: "adverte sobre...", não "de".
Depois, um atentado contra as regras da OMC, este sim sob responsabilidade do ministro em questão, a quem os assessores internacionais, ou de política comercial, não alertaram-no de que a OMC não tem jurisdição sobre políticas cambiais nacionais. Isso pertencia ao FMI, muito antigamente, mas seria precisa alertar o ministro Mantega que tampouco o FMI cuida agora -- ou desde 1973, oficialmente, desde 1971, de fato -- de políticas cambiais. Os países são livres para fazerem o que quiserem de suas moedas, apreciarem, desvalorizarem, deixarem estável, ancorá-la em alguma outra moeda, até abandonar a moeda nacional e, portanto, a política cambial, tout court.
A OMC vai ouvir o ministro e depois alguém deveria dizer-lhe: "So what? O que o Brasil pretende fazer a esse respeito? Somos todo ouvidos..."
Na prática, não vão fazer absolutamente nada, como não podem fazer.
Ou o Brasil se entende com os americanos -- e suas políticas de "quantitative easing" -- ou ele se entende com os chineses -- e suas políticas de manipulação cambial.
Pode também atuar nas causas reais da falta de competitividade brasileira: o excesso de tributação na cadeia produtiva, a falta de inovação, uma infra-estrutura miserável e diversos outros problemas todos "made in Brazil", inclusive as políticas fiscais e comerciais do governo.
O ministro Mantega se quiser resolver o problema poderia começar atacando suas causas internas, antes de pensar em transferir o problema para outros países ou a OMC...
Paulo Roberto de Almeida
Brasil adverte de[sic] uma guerra comercial por causa da manipulação cambial
Agencia EFE, Seg, 10 Jan, 07h16
Londres, 10 jan (EFE).- O ministro da Fazenda, Guido Mantega, adverte de [sic; PRA] uma "guerra comercial global" pela manipulação monetária e menciona concretamente os Estados Unidos e China, em entrevista publicada nesta segunda-feira pelo "Financial Times".
Segundo Mantega, o Brasil está tomando medidas para impedir que o real continue se valorizando e colocará o tema na Organização Mundial do Comércio (OMC) e outros foros mundiais.
"Trata-se de uma guerra monetária que está se transformando em uma guerra comercial", afirma Mantega em sua primeira entrevista exclusiva desde que Dilma Rousseff substituiu Luiz Inácio Lula da Silva à frente do país.
Seus comentários, assinala o jornal, acompanham as intervenções que foram feitas na semana passada nos mercados de divisas tanto do Brasil como de Chile e Peru, as recentes e fortes altas do franco-suíço e de outras moedas, e a fuga dos investimentos das economias dos EUA e Europa.
O Fundo Monetário Internacional insinuou a semana passada que o mundo precisa de novas regras que governem o recurso pelos Governos aos controles de capitais.
Mantega já utilizou em setembro passado a expressão "guerra de divisas" antes de aplicar controles aos investimentos de bolsa estrangeiras no Brasil para frear uma apreciação de 39% do real frente ao dólar nos dois últimos anos.
Na quinta-feira, o Banco Central do Brasil pôs em prática de surpresa uma medida destinada a impedir a venda a curto prazo do dólar (apostando por sua depreciação) contra o real pelos bancos e anunciou que devem ser esperadas mais medidas "no mercado de futuros".
Segundo Mantega, o tema das manipulações cambiais estará este ano na agenda do G20 e o Brasil também o apresentará na OMC para que seja considerado como um tipo de subsídio velado às exportações.
Os analistas acham, no entanto, que será difícil mudar as regras da OMC para incluir as taxas de câmbio porque a China seguramente vetaria uma proposta nesse sentido.
Segundo Mantega, o comércio do Brasil com os Estados Unidos passou de um superávit de cerca de US$ 15 bilhões a favor do país para um déficit de US$ 6 bilhões desde que Washington começou a flutuar sua economia mediante uma política monetária relaxada.
Para o ministro, a super-valorizada moeda chinesa também está distorcendo o comércio mundial: "Temos excelentes relações com a China, mas há alguns problemas. Certamente gostaríamos de ver uma valorização do iuane".
Depois, um atentado contra as regras da OMC, este sim sob responsabilidade do ministro em questão, a quem os assessores internacionais, ou de política comercial, não alertaram-no de que a OMC não tem jurisdição sobre políticas cambiais nacionais. Isso pertencia ao FMI, muito antigamente, mas seria precisa alertar o ministro Mantega que tampouco o FMI cuida agora -- ou desde 1973, oficialmente, desde 1971, de fato -- de políticas cambiais. Os países são livres para fazerem o que quiserem de suas moedas, apreciarem, desvalorizarem, deixarem estável, ancorá-la em alguma outra moeda, até abandonar a moeda nacional e, portanto, a política cambial, tout court.
A OMC vai ouvir o ministro e depois alguém deveria dizer-lhe: "So what? O que o Brasil pretende fazer a esse respeito? Somos todo ouvidos..."
Na prática, não vão fazer absolutamente nada, como não podem fazer.
Ou o Brasil se entende com os americanos -- e suas políticas de "quantitative easing" -- ou ele se entende com os chineses -- e suas políticas de manipulação cambial.
Pode também atuar nas causas reais da falta de competitividade brasileira: o excesso de tributação na cadeia produtiva, a falta de inovação, uma infra-estrutura miserável e diversos outros problemas todos "made in Brazil", inclusive as políticas fiscais e comerciais do governo.
O ministro Mantega se quiser resolver o problema poderia começar atacando suas causas internas, antes de pensar em transferir o problema para outros países ou a OMC...
Paulo Roberto de Almeida
Brasil adverte de[sic] uma guerra comercial por causa da manipulação cambial
Agencia EFE, Seg, 10 Jan, 07h16
Londres, 10 jan (EFE).- O ministro da Fazenda, Guido Mantega, adverte de [sic; PRA] uma "guerra comercial global" pela manipulação monetária e menciona concretamente os Estados Unidos e China, em entrevista publicada nesta segunda-feira pelo "Financial Times".
Segundo Mantega, o Brasil está tomando medidas para impedir que o real continue se valorizando e colocará o tema na Organização Mundial do Comércio (OMC) e outros foros mundiais.
"Trata-se de uma guerra monetária que está se transformando em uma guerra comercial", afirma Mantega em sua primeira entrevista exclusiva desde que Dilma Rousseff substituiu Luiz Inácio Lula da Silva à frente do país.
Seus comentários, assinala o jornal, acompanham as intervenções que foram feitas na semana passada nos mercados de divisas tanto do Brasil como de Chile e Peru, as recentes e fortes altas do franco-suíço e de outras moedas, e a fuga dos investimentos das economias dos EUA e Europa.
O Fundo Monetário Internacional insinuou a semana passada que o mundo precisa de novas regras que governem o recurso pelos Governos aos controles de capitais.
Mantega já utilizou em setembro passado a expressão "guerra de divisas" antes de aplicar controles aos investimentos de bolsa estrangeiras no Brasil para frear uma apreciação de 39% do real frente ao dólar nos dois últimos anos.
Na quinta-feira, o Banco Central do Brasil pôs em prática de surpresa uma medida destinada a impedir a venda a curto prazo do dólar (apostando por sua depreciação) contra o real pelos bancos e anunciou que devem ser esperadas mais medidas "no mercado de futuros".
Segundo Mantega, o tema das manipulações cambiais estará este ano na agenda do G20 e o Brasil também o apresentará na OMC para que seja considerado como um tipo de subsídio velado às exportações.
Os analistas acham, no entanto, que será difícil mudar as regras da OMC para incluir as taxas de câmbio porque a China seguramente vetaria uma proposta nesse sentido.
Segundo Mantega, o comércio do Brasil com os Estados Unidos passou de um superávit de cerca de US$ 15 bilhões a favor do país para um déficit de US$ 6 bilhões desde que Washington começou a flutuar sua economia mediante uma política monetária relaxada.
Para o ministro, a super-valorizada moeda chinesa também está distorcendo o comércio mundial: "Temos excelentes relações com a China, mas há alguns problemas. Certamente gostaríamos de ver uma valorização do iuane".
domingo, 9 de janeiro de 2011
Um emprestimo louco, para gente maluca...
Só loucos, ou alienados mentais, fariam o que fez o BNDES recentemente: emprestar 4 bilhões de dólares para a PDVSA, a petrolífera do Chávez (sim, porque ela deixou de ser da Venezuela há muito tempo, só fazendo o que manda o caudilho), uma empresa que não publica balanços há pelo menos 5 anos, e mesmo que publicasse, ninguém, repito NINGUÉM, acreditaria nos números.
Só malucos fariam uma operação como essa: se a PDVSA der calote, o que é muito provável que ocorra, não há como recuperar as garantias.
O escândalo de todos este negócio, na verdade, começa com um outro caudilho, que aceitou fazer uma refinaria binacional, usando petróleo pesado venezuelano, quando poderia ter feito uma refinaria segundo padrões inteiramente nacionais. O caudilho estrangeiro até impôs o local em que TERIA de ser construída essa refinaria, o que denota uma perda de poder dos governadores do Nordeste, que não puderam determinar algo do seu intesse e uma TOTAL PERDA DE SOBERANIA DO ESTADO BRASILEIRO, que aceitou que um dirigente estrangeiro ditasse as suas condições.
Nunca antes na história do Brasil se assistiu a tamanha submissão a interesses estrangeiros, submissão que agora arrisca-se a ser complementada por um calote...
Paulo Roberto de Almeida
Uma operação intrigante
Editorial - O Estado de S.Paulo
08/01/2011
A recusa da diretoria do BNDES a fornecer informações sobre a redução das exigências para a concessão de um empréstimo de quase R$ 4 bilhões à empresa petroleira estatal venezuelana PDVSA torna ainda mais intrigante uma operação que, se concluída nas condições que estão sendo anunciadas, caracterizará uma vantagem de que não gozam as empresas brasileiras. A PDVSA prepara a documentação para ganhar do banco estatal brasileiro um benefício - a redução do prazo das garantias - que não foi concedido nem mesmo à Petrobrás, cujo cadastro certamente é muito mais bem avaliado pelas instituições financeiras internacionais do que o da empresa controlada pelo governo bolivariano de Hugo Chávez.
A PDVSA, como noticiou o Estado na sexta-feira, já está montando um pacote de cartas de fiança bancária, oferecidas por instituições internacionais consideradas de primeira linha, para apresentar ao BNDES como garantia do financiamento que lhe permitirá assumir o equivalente a 40% do empréstimo de R$ 9,89 bilhões já concedido para a construção da Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca (PE).
A obra é resultado de acordo assinado em 2005 pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Hugo Chávez, pelo qual a Petrobrás responderia por 60% dos investimentos necessários para a construção da Refinaria Abreu e Lima, estimados entre US$ 12 bilhões e US$ 13 bilhões, e a PDVSA, pelos restantes 40%.
Em 2009, a Petrobrás obteve do BNDES o financiamento de quase R$ 10 bilhões, pelo qual a PDVSA deveria responder por 40%. A estatal de Chávez, no entanto, ofereceu garantias que o BNDES considerou insuficientes. O banco exigia dela as mesmas garantias exigidas da sócia brasileira.
Por causa da demora de sua sócia em entrar com a parte que lhe cabia nos investimentos, a Petrobrás tocou o empreendimento sozinha, tomando a precaução de adiar a compra de equipamentos destinados ao refino do petróleo pesado venezuelano - ou seja, prevenindo-se para o caso de dissolução da sociedade.
O embaixador venezuelano no Brasil, Maximilien Arvelaiz, garantiu ao jornal Valor que seu governo considera superadas as "dificuldades técnicas" para a concessão do empréstimo pelo BNDES e que "nas próximas semanas" a operação financeira será concretizada.
Para o governo venezuelano, "dificuldades técnicas" são as exigências que o banco estatal brasileiro faz de todos os grandes tomadores de empréstimos, inclusive a Petrobrás. O banco faz essas exigências porque precisa proteger os interesses de seu controlador, que é o governo brasileiro, e dos legítimos donos de boa parte do dinheiro com que opera, que são os trabalhadores brasileiros (o BNDES depende dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador).
Uma dessas exigências, integralmente cumprida pela sócia brasileira, é a apresentação de cartas de fiança de bancos conceituados internacionalmente, com validade de 20 anos. Como a PDVSA não conseguiu obter cartas com prazo tão longo, pois seus problemas operacionais e financeiros estão se agravando e são do conhecimento da comunidade financeira internacional, o BNDES aceitará, depois de devidamente analisada a documentação a ser apresentada pela empresa, garantias com prazo bem menor, de apenas cinco anos.
Procura-se explicar esse injustificável abrandamento das exigências das regras que devem ser observadas em operações financeiras de tal volume, ainda mais quando se trata do uso de recursos públicos, alegando-se que, quando as garantias caducarem - se o cronograma for cumprido, ou mesmo que haja pequeno atraso nas obras -, a refinaria estará em plena operação, o que permitirá aos controladores oferecer outros tipos de garantia.
Ora, isso é verdadeiro não apenas para a PDVSA, mas também para a Petrobrás e para a grande maioria das empresas que buscam o apoio financeiro do BNDES para investir em novas plantas ou outras instalações. Mesmo assim, todos os demais tomadores de empréstimos na instituição precisam sujeitar-se às suas exigências usuais para realizar as operações. Por que a PDVSA não precisa?
Só malucos fariam uma operação como essa: se a PDVSA der calote, o que é muito provável que ocorra, não há como recuperar as garantias.
O escândalo de todos este negócio, na verdade, começa com um outro caudilho, que aceitou fazer uma refinaria binacional, usando petróleo pesado venezuelano, quando poderia ter feito uma refinaria segundo padrões inteiramente nacionais. O caudilho estrangeiro até impôs o local em que TERIA de ser construída essa refinaria, o que denota uma perda de poder dos governadores do Nordeste, que não puderam determinar algo do seu intesse e uma TOTAL PERDA DE SOBERANIA DO ESTADO BRASILEIRO, que aceitou que um dirigente estrangeiro ditasse as suas condições.
Nunca antes na história do Brasil se assistiu a tamanha submissão a interesses estrangeiros, submissão que agora arrisca-se a ser complementada por um calote...
Paulo Roberto de Almeida
Uma operação intrigante
Editorial - O Estado de S.Paulo
08/01/2011
A recusa da diretoria do BNDES a fornecer informações sobre a redução das exigências para a concessão de um empréstimo de quase R$ 4 bilhões à empresa petroleira estatal venezuelana PDVSA torna ainda mais intrigante uma operação que, se concluída nas condições que estão sendo anunciadas, caracterizará uma vantagem de que não gozam as empresas brasileiras. A PDVSA prepara a documentação para ganhar do banco estatal brasileiro um benefício - a redução do prazo das garantias - que não foi concedido nem mesmo à Petrobrás, cujo cadastro certamente é muito mais bem avaliado pelas instituições financeiras internacionais do que o da empresa controlada pelo governo bolivariano de Hugo Chávez.
A PDVSA, como noticiou o Estado na sexta-feira, já está montando um pacote de cartas de fiança bancária, oferecidas por instituições internacionais consideradas de primeira linha, para apresentar ao BNDES como garantia do financiamento que lhe permitirá assumir o equivalente a 40% do empréstimo de R$ 9,89 bilhões já concedido para a construção da Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca (PE).
A obra é resultado de acordo assinado em 2005 pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Hugo Chávez, pelo qual a Petrobrás responderia por 60% dos investimentos necessários para a construção da Refinaria Abreu e Lima, estimados entre US$ 12 bilhões e US$ 13 bilhões, e a PDVSA, pelos restantes 40%.
Em 2009, a Petrobrás obteve do BNDES o financiamento de quase R$ 10 bilhões, pelo qual a PDVSA deveria responder por 40%. A estatal de Chávez, no entanto, ofereceu garantias que o BNDES considerou insuficientes. O banco exigia dela as mesmas garantias exigidas da sócia brasileira.
Por causa da demora de sua sócia em entrar com a parte que lhe cabia nos investimentos, a Petrobrás tocou o empreendimento sozinha, tomando a precaução de adiar a compra de equipamentos destinados ao refino do petróleo pesado venezuelano - ou seja, prevenindo-se para o caso de dissolução da sociedade.
O embaixador venezuelano no Brasil, Maximilien Arvelaiz, garantiu ao jornal Valor que seu governo considera superadas as "dificuldades técnicas" para a concessão do empréstimo pelo BNDES e que "nas próximas semanas" a operação financeira será concretizada.
Para o governo venezuelano, "dificuldades técnicas" são as exigências que o banco estatal brasileiro faz de todos os grandes tomadores de empréstimos, inclusive a Petrobrás. O banco faz essas exigências porque precisa proteger os interesses de seu controlador, que é o governo brasileiro, e dos legítimos donos de boa parte do dinheiro com que opera, que são os trabalhadores brasileiros (o BNDES depende dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador).
Uma dessas exigências, integralmente cumprida pela sócia brasileira, é a apresentação de cartas de fiança de bancos conceituados internacionalmente, com validade de 20 anos. Como a PDVSA não conseguiu obter cartas com prazo tão longo, pois seus problemas operacionais e financeiros estão se agravando e são do conhecimento da comunidade financeira internacional, o BNDES aceitará, depois de devidamente analisada a documentação a ser apresentada pela empresa, garantias com prazo bem menor, de apenas cinco anos.
Procura-se explicar esse injustificável abrandamento das exigências das regras que devem ser observadas em operações financeiras de tal volume, ainda mais quando se trata do uso de recursos públicos, alegando-se que, quando as garantias caducarem - se o cronograma for cumprido, ou mesmo que haja pequeno atraso nas obras -, a refinaria estará em plena operação, o que permitirá aos controladores oferecer outros tipos de garantia.
Ora, isso é verdadeiro não apenas para a PDVSA, mas também para a Petrobrás e para a grande maioria das empresas que buscam o apoio financeiro do BNDES para investir em novas plantas ou outras instalações. Mesmo assim, todos os demais tomadores de empréstimos na instituição precisam sujeitar-se às suas exigências usuais para realizar as operações. Por que a PDVSA não precisa?
Mais uma heranca maldita: como nao poderia deixar de ser...
A Lei de Responsabilidade Fiscal está incompleta: não tem um Conselho de responsáveis que regulamente as punições dos maus administradores (e sabemos que estes existiram, nos últimos anos; alguns até tiveram suas contas impugnadas, mas nenhum foi preso, o que é uma vergonha, como diria um jornalista conhecido).
Ela também precisa ser emendada: governos deveriam ser proibidos de deixar "Restos a Pagar" para o ano seguinte em volumes superiores a 5% do orçamento imediatamente anterior. Este governo que acabou em 31 de dezembro de 2010, por exemplo, foi especialmente incompetente na gestão dos recursos públicos, deixando um enorme volume de obras incompletas e pagamentos interrompidos, por pura incapacidade administrativa. Deveria haver limites a esse abuso continuado (na verdade deliberado...).
Espera-se, ao menos, que a incompetência diminua neste governo, mas a julgar pelo perfil de alguns "ministros" pode ser mais uma das minhas previsões imprevisíveis... (ver este meu post).
Paulo Roberto de Almeida
Outra herança maldita
Editorial - O Estado de S.Paulo
09 de janeiro de 2011
Não será fácil para a presidente Dilma Rousseff cumprir o compromisso, assumido no seu discurso de posse, de melhorar a qualidade do gasto público. A enorme conta que seu antecessor e padrinho político-eleitoral Luiz Inácio Lula da Silva deixou para ser paga em sua gestão lhe trará grandes dificuldades para administrar com um mínimo de racionalidade e planejamento os recursos de que disporá ao longo de seu primeiro ano de governo e limitará drasticamente a execução do Orçamento da União de 2011.
Os compromissos financeiros assumidos pelo governo Lula, mas não pagos e por isso transferidos para a gestão Dilma, somam R$ 137 bilhões, dos quais R$ 57,1 bilhões se referem a investimentos. São os restos a pagar - como essas despesas que passam de um ano fiscal para outro são designadas na administração financeira do setor público. São várias as situações em que uma despesa do governo precisa ser postergada para o exercício financeiro seguinte. Isso ocorre, por exemplo, com despesas autorizadas (empenhadas) nos últimos dias de um ano cujo pagamento não foi efetivado. Também obras executadas ao longo de mais de um exercício financeiro podem gerar restos a pagar.
No governo Lula, porém, o valor dos restos a pagar cresceu de maneira ininterrupta e muito depressa, numa clara indicação de que foram crescentes suas dificuldades para aplicar as verbas inscritas no Orçamento com eficácia e no período previsto. Não se trata de uma ilegalidade, mas de uma demonstração de incompetência administrativa e de má qualidade da gestão financeira.
Já em 2007 o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Ubiratan Aguiar, relator das contas do governo do ano anterior, criticara o alto volume de restos a pagar. O mesmo ministro foi relator das contas do governo de 2008 e pode, então, constatar que o volume crescera, porque o governo não estava conseguindo aplicar a tempo os recursos previstos na lei orçamentária anual. Depois, o TCU verificou que, entre 2005 e 2009, o volume de contas a pagar aumentou 195%, ou seja, praticamente triplicou em cinco anos. Caso os valores empenhados e não pagos em 2010 não sejam cancelados, o total dos restos a pagar em 2011 será 252% maior (em valores nominais) do que o de 2005.
Pelas regras em vigor, uma verba do orçamento que não tenha sido empenhada no mesmo ano terá que ser cancelada. Para não perder a verba, os gestores costumam empenhar o máximo possível dos recursos orçamentários, mesmo que não possam liquidar (autorizar o pagamento) ou efetuar o pagamento no mesmo ano. É essa prática que provoca o aumento do volume de restos a pagar.
A notória lentidão do governo Lula para tirar do papel planos e projetos de ampliação de serviços, de renovação de equipamentos e de melhoria de serviços públicos foi parcialmente disfarçada pelo uso intensivo dessa prática. Em termos de qualidade da administração pública, os resultados têm sido desastrosos.
No ano passado, incluídos os restos a pagar de exercícios anteriores, o governo conseguiu investir 58,6% do total previsto no Orçamento anual. Computados só os valores referentes a 2010, os resultados são muito piores. Levantamento da organização Contas Abertas - responsável pelo cálculo dos restos a pagar transferidos para 2011 - mostrou que, até 25 de dezembro, só 31% do total tinham sido pagos. Dos R$ 69 bilhões de investimentos autorizados para 2010, o governo pagou R$ 21,5 bilhões, mas empenhou R$ 53 bilhões, deixando uma conta de R$ 31,5 bilhões (só do Orçamento do ano passado) para o governo Dilma pagar.
Esses números mostram que, por causa do aumento excepcional dos restos a pagar, a cada ano o governo gasta mais com despesas vindas de exercícios anteriores e cada vez menos com os programas e projetos incluídos no Orçamento do respectivo exercício.
Trata-se de um grave desvirtuamento do Orçamento, que gera uma administração financeira e orçamentária obscura e torna ainda menos confiável o Orçamento Anual aprovado pelo Congresso. O novo governo terá muito trabalho para corrigir as distorções deixadas pelo anterior.
Ela também precisa ser emendada: governos deveriam ser proibidos de deixar "Restos a Pagar" para o ano seguinte em volumes superiores a 5% do orçamento imediatamente anterior. Este governo que acabou em 31 de dezembro de 2010, por exemplo, foi especialmente incompetente na gestão dos recursos públicos, deixando um enorme volume de obras incompletas e pagamentos interrompidos, por pura incapacidade administrativa. Deveria haver limites a esse abuso continuado (na verdade deliberado...).
Espera-se, ao menos, que a incompetência diminua neste governo, mas a julgar pelo perfil de alguns "ministros" pode ser mais uma das minhas previsões imprevisíveis... (ver este meu post).
Paulo Roberto de Almeida
Outra herança maldita
Editorial - O Estado de S.Paulo
09 de janeiro de 2011
Não será fácil para a presidente Dilma Rousseff cumprir o compromisso, assumido no seu discurso de posse, de melhorar a qualidade do gasto público. A enorme conta que seu antecessor e padrinho político-eleitoral Luiz Inácio Lula da Silva deixou para ser paga em sua gestão lhe trará grandes dificuldades para administrar com um mínimo de racionalidade e planejamento os recursos de que disporá ao longo de seu primeiro ano de governo e limitará drasticamente a execução do Orçamento da União de 2011.
Os compromissos financeiros assumidos pelo governo Lula, mas não pagos e por isso transferidos para a gestão Dilma, somam R$ 137 bilhões, dos quais R$ 57,1 bilhões se referem a investimentos. São os restos a pagar - como essas despesas que passam de um ano fiscal para outro são designadas na administração financeira do setor público. São várias as situações em que uma despesa do governo precisa ser postergada para o exercício financeiro seguinte. Isso ocorre, por exemplo, com despesas autorizadas (empenhadas) nos últimos dias de um ano cujo pagamento não foi efetivado. Também obras executadas ao longo de mais de um exercício financeiro podem gerar restos a pagar.
No governo Lula, porém, o valor dos restos a pagar cresceu de maneira ininterrupta e muito depressa, numa clara indicação de que foram crescentes suas dificuldades para aplicar as verbas inscritas no Orçamento com eficácia e no período previsto. Não se trata de uma ilegalidade, mas de uma demonstração de incompetência administrativa e de má qualidade da gestão financeira.
Já em 2007 o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Ubiratan Aguiar, relator das contas do governo do ano anterior, criticara o alto volume de restos a pagar. O mesmo ministro foi relator das contas do governo de 2008 e pode, então, constatar que o volume crescera, porque o governo não estava conseguindo aplicar a tempo os recursos previstos na lei orçamentária anual. Depois, o TCU verificou que, entre 2005 e 2009, o volume de contas a pagar aumentou 195%, ou seja, praticamente triplicou em cinco anos. Caso os valores empenhados e não pagos em 2010 não sejam cancelados, o total dos restos a pagar em 2011 será 252% maior (em valores nominais) do que o de 2005.
Pelas regras em vigor, uma verba do orçamento que não tenha sido empenhada no mesmo ano terá que ser cancelada. Para não perder a verba, os gestores costumam empenhar o máximo possível dos recursos orçamentários, mesmo que não possam liquidar (autorizar o pagamento) ou efetuar o pagamento no mesmo ano. É essa prática que provoca o aumento do volume de restos a pagar.
A notória lentidão do governo Lula para tirar do papel planos e projetos de ampliação de serviços, de renovação de equipamentos e de melhoria de serviços públicos foi parcialmente disfarçada pelo uso intensivo dessa prática. Em termos de qualidade da administração pública, os resultados têm sido desastrosos.
No ano passado, incluídos os restos a pagar de exercícios anteriores, o governo conseguiu investir 58,6% do total previsto no Orçamento anual. Computados só os valores referentes a 2010, os resultados são muito piores. Levantamento da organização Contas Abertas - responsável pelo cálculo dos restos a pagar transferidos para 2011 - mostrou que, até 25 de dezembro, só 31% do total tinham sido pagos. Dos R$ 69 bilhões de investimentos autorizados para 2010, o governo pagou R$ 21,5 bilhões, mas empenhou R$ 53 bilhões, deixando uma conta de R$ 31,5 bilhões (só do Orçamento do ano passado) para o governo Dilma pagar.
Esses números mostram que, por causa do aumento excepcional dos restos a pagar, a cada ano o governo gasta mais com despesas vindas de exercícios anteriores e cada vez menos com os programas e projetos incluídos no Orçamento do respectivo exercício.
Trata-se de um grave desvirtuamento do Orçamento, que gera uma administração financeira e orçamentária obscura e torna ainda menos confiável o Orçamento Anual aprovado pelo Congresso. O novo governo terá muito trabalho para corrigir as distorções deixadas pelo anterior.
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