Temas de relações internacionais, de política externa e de diplomacia brasileira, com ênfase em políticas econômicas, viagens, livros e cultura em geral. Um quilombo de resistência intelectual em defesa da racionalidade, da inteligência e das liberdades democráticas. Ver também minha página: www.pralmeida.net (em construção).
Alguém por aí ouviu falar que o Brasil é um país liberal?
Em que Brasil o Vice-PrezUSA esteve?
Vai lá saber...
Não deve ter sido no meu Brasil.
Talvez algum cantão imaginado e secreto, quem sabe...
Paulo Roberto de Almeida
La visita de Henrique Capriles, el
líder de la oposición venezolana, a Bogotá provocó una intensa tormenta política
y diplomática tanto en su país como en las relaciones bilaterales
colombo-venezolanas. El principal factor desencadenante del conflicto fue el
encuentro, una visita privada, que mantuvo Capriles con Juan Manuel Santos, el
presidente de Colombia en la Casa de Nariño, la sede oficial de la presidencia.
También molestó su visita al Congreso colombiano, donde frente a un grupo de
diputados y senadores pidió que “no dejen sola a Venezuela”.
En cualquier país normal una
situación de este tipo hubiera causado mucho menos ruido o hubiera pasado
prácticamente desapercibida, con una mínima cobertura en las páginas interiores
de los periódicos. Son incontables los casos en que líderes de la oposición son
recibidos por jefes de estado o de gobierno, o visitan parlamentos extranjeros,
en los más diversos países del mundo. Baste recordar el recibimiento con
honores de jefe de estado que otorgó en su día Fidel Castro a Hugo Chávez
cuando éste visitó La Habana en diciembre de 1994, tras pasar dos años en la
cárcel por su actividad golpista.
En esta ocasión nos enfrentamos a
una reacción desmesurada del gobierno bolivariano, debido a las manifestaciones
de altos funcionarios gubernamentales y parlamento. Tanto el ministro de
Exteriores, Elías Jaua, como el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado
Cabello, hicieron durísimas declaraciones, mientras el presidente Nicolás
Maduro llamaba de regreso a Caracas a Roy Chaderton, el comisionado del
gobierno venezolano para el proceso de paz colombiano que se está negociando en
La Habana.
El conjunto de la respuesta
venezolana responde al contexto extraordinario que vive el país. Al mismo
tiempo, el gobierno del presidente Maduro sitúa las relaciones internacionales,
incluso con los países vecinos y los “hermanos latinoamericanos”, bajo la misma
dinámica que rige la política interna. De este modo, en la política exterior
bolivariana ha desembarcado la crispación y la polarización, dominada por la
lógica amigo/enemigo tan presente en la lucha política nacional.
La extrema dureza de las palabras
oficiales del gobierno venezolano se expresa por si misma. El ministro Jaua
señaló que el gobierno venezolano “lamenta profundamente que el presidente
Santos haya dado un paso que de manera dolorosa nos va a llevar a un
descarrilamiento de las buenas relaciones que teníamos”. Al mismo tiempo
insistía en que “se confirma que desde Bogotá hay una conspiración abierta
contra la paz en Venezuela” que alcanza “los más altos poderes del Estado
colombiano”. Y agregó: “es lamentable para ambos pueblos” que mientras su
gobierno “está haciendo esfuerzos denodados” para lograr la paz en Colombia, a
cambio “reciba como respuesta de las instituciones del estado colombiano en
Bogotá el aliento y el estimulo a quienes pretenden desestabilizar la paz en
Venezuela”.
Por su parte, Diosdado Cabello
calificó como una “agresión” a Venezuela la decisión de Santos de recibir a
Capriles y fue todavía más lejos al afirmar: “El presidente Santos le está
poniendo una bomba al tren de las buenas relaciones que tanto le pidió el
presidente Chávez… Le mete una patada a la mesa recibiendo a alguien que está
en contra de la paz de Venezuela”. “Desde el Poder
Legislativo rechazamos contundentemente esto, porque se trata de una
conspiración contra Venezuela que encuentra en territorio colombiano y en el
Gobierno colombiano apoyo… entendemos que es un plan de la derecha
internacional donde el presidente Santos es parte activa”. Por eso concluyó
diciendo que planteará al parlamento que pida al gobierno colombiano que
“clarifique si está con el golpismo que representa Capriles o con el pueblo de
Venezuela”.
Es evidente que todo esto muestra el
nerviosismo en que está instalado el gobierno de Nicolás Maduro y su creciente
pérdida de credibilidad frente a la comunidad internacional. El riesgo de
persistir en esta tendencia es un cada vez mayor aislamiento internacional. En
el caso de Colombia la situación se agrava, ya que el gobierno venezolano había
pensado que a raíz de los diálogos de paz de La Habana entre el gobierno de
Bogotá y las FARC, el presidente Santos debía funcionar como una especie de
rehén en sus manos si no quería que los diálogos descarrilaran.
En aquel entonces, algunos analistas
hablaron de la imparcialidad o de la ligereza del discurso español, que no
contemplaba adecuadamente la compleja realidad venezolana. A la vista de lo
ocurrido como consecuencia de la visita de Capriles a Bogotá se desprende que
por más cuidado que se ponga, por más que se escojan adecuadamente las palabras
(eligiendo las menos controversiales), la reacción violenta de la contraparte
es posible en la medida que los dichos y las acciones propias no se adecuen a
las expectativas bolivarianas. Y éstas pasan, únicamente, por la subordinación
a sus puntos de vista.
La reacción venezolana también
evidencia la amenaza que supone para el proyecto hegemónico cubano – venezolano
de expansión continental el lanzamiento y potencial desarrollo de la Alianza
del Pacífico. La reciente cumbre presidencial de la
Alianza, celebrada en Cali, es buena prueba de sus posibilidades de
ampliación, a la vista de las reacciones de países tan diversos como Uruguay,
Paraguay o incluso Ecuador, que de momento, según su ministro de Exteriores, se
limita a recopilar información sobre el proceso. Mientras Juan Manuel Santos
asumió en Cali la presidencia pro tempore de la Alianza, en breve Nicolás
Maduro asumirá la presidencia pro tempore de Mercosur. Con este tipo de
actitudes del gobierno venezolano lo único que se logra es atentar contra el
proyecto de unidad continental, retóricamente denominado de “patria grande” o
incluso contra la misma supervivencia de Unasur.
Cabe lembrar aqui que ainda recentemente o MDIC entendeu que são secretos todos os documentos relativos aos financiamentos brasileiros a Cuba e a Angola.
Mas por que secretos? E por que apenas estes dois países e nenhum outros mais?
Alguma coisa a esconder?
Certamente no caso das viagens e visitas presidenciais, como registrado na matéria abaixo.
Paulo Roberto de Almeida
Governo impõe sigilo sobre gastos de Dilma no exterior
Itamaraty orienta classificar todos os documentos relativos às viagens como 'reservados' enquanto presidente estiver no cargo; chancelaria afirma que medida está dentro da lei
Vitor Sorano- iG São Paulo| - Atualizada às
O governo colocou sob sigilo todas as informações relativas às viagens que a presidente Dilma Rousseff ou seu vice, Michel Temer, já fizeram ou vierem a fazer ao exterior. Os dados só poderão ser divulgados depois que ela deixar o Palácio do Planalto, em 31 de dezembro de 2014. Ou, se reeleita, de 2018.
Roberto Stuckert Filho/PR
Presidenta Dilma Rousseff durante sua chegada a Adis Abeba, capital da Etiópia, na África
A decisão ocorre num momento em que o governo está sendo questionado sobre o tamanho das comitivas presidenciais – e dos gastos – no exterior. Além disso, ela impedirá que esses dados venham à luz durante a campanha eleitoral de 2014.
Extratos de uma comunicação classificada do Itamaraty, a que o iG teve acesso, determina a reclassificação de todos os expedientes e documentos relacionados às visitas ao exterior de Dilma ou do vice, feitas desde que ela tomou posse, em 1º de janeiro de 2011. A regra se aplica também às viagens que forem feitas "futuramente".
No mínimo, esses materiais deverão receber o carimbo de “reservados”, categoria que prevê sigilo de cinco anos desde a sua produção. Mas podem ser reclassificados como secretos, o que os deixará 15 anos na sombra, ou como ultrassecretos – 25 anos.
Quando Dilma deixar o poder, o sigilo poderá será levantado, segundo o documento. A justificativa legal para classificar os documentos será a da segurança. A Lei de Acesso à Informação (12.527/2011), a LAI, permite colocar sob sigilo, até que o presidente da República e o vice deixem os cargos, dados que possam pô-los em risco. A proteção se aplica aos cônjuges e filhos de ambos.
‘Estrito cumprimento da lei’
O Itamaraty não confirmou o exato teor do documento. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, “as medidas de reclassificação são feitas em estrito cumprimento à Lei de Acesso à Informação".
Procurada na tarde desta quinta-feira (30), a chancelaria não disponibilizou um porta-voz para explicar de onde partiu a ordem e por que ela foi emitida no atual momento.
Dilma foi a presidente que sancionou LAI em 2011. Em 3 de julho de 2012, ressaltou que o texto determina "que o acesso agora é a regra e o sigilo passou a ser a exceção.”
Na prática, entretanto, a comunicação tornou regra que qualquer informação sobre viagens da presidente ao exterior ficará de fora do alcance da LAI até o fim da era Dilma.
'Totalmente desarrazoado'
A ordem de reclassificar os documentos foi distribuída a funcionários do Itamaraty no Brasil e a toda a rede consular do País no exterior nos últimos dias, segundo duas fontes da pasta ouvidas pela reportagem. Outras duas fontes, da mesma pasta, confirmaram a existência do documento e o seu teor, mas não o texto exato. Todas pediram anonimato.
Uma das fontes afirma que definir de forma indiscriminada o sigilo de informações sobre viagens presidenciais para frente e desde o início do mandato é algo inédito nos anais do governo brasileiro. Reconhecendo que, normalmente, algumas informações das viagens presidenciais já são tratadas de forma confidencial, esta fonte ressalta que dados corriqueiros não precisam ser tratados de forma secreta.
Segundo outra fonte, a comunicação deixa bem claro que, embora o sigilo tenha sido determinado para qualquer informação, há preocupação singular com os gastos. O texto fala em “faturas” e “boletos”.
De acordo com essa fonte, em teste a determinação de sigilo se aplica a qualquer informação relativa à viagem. Mas quando se fala em faturas, está claro que há uma referência específica às despesas, avalia ela. Impor o sigilo a dados de viagens passadas por motivo de segurança seria totalmente desarrazoado, pois a divulgação ocorreria quando a pessoa já voltou para o Brasil e está sã e salva.
Para essa fonte, o sigilo se aplicará também aos gastos de todos os membros das comitivas, e não só da presidente. Em março, a BBC revelou que Dilma gastou R$ 11,6 milhões em 35 viagens feitas entre 2011 e 2012. Desses, R$ 433 mil foram dispendidos em escalas feitas em países nos quais a presidente não tinha nenhum compromisso oficial. Os dados foram obtidos por meio da LAI.
No mesmo mês, o senador Álvaro Dias (PSDB-PR), fez um requerimento via mesa do Senado para que o governo detalhasse os gastos realizados durante a viagem de Dilma a Roma para a missa inaugural do Papa Francisco. A visita custou ao menos R$ 324 mil. À reportagem, o parlamantar disse ainda não ter recebido resposta.
OiGsolicitou no dia 28 de maio informações sobre os gastos da presidente à Etiópia. A LAI prevê que a informação seja divulgada imediatamente, se estiver disponível, ou num prazo máximo de 30 dias. Os dados não foram repassados até a conclusão desta reportagem.
“Quando se analisa a Lei de Acesso à Informação, para preservar a segurança da autoridade máxima, era necessário elevar o grau de sigilo”.
Tovar Nunes, porta-voz do Itamaraty, ao explicar por que os documentos sobre as visitas de Dilma Rousseff ao exterior passaram a ser classificados como “reservados” – e, portanto, sigilosos –, sem esclarecer se a decisão foi tomada antes ou depois do embarque da comitiva formada por mais de 50 pessoas.
PRA: Perguntar não ofende:
Mas segurança máxima mesmo DEPOIS que a viagem foi feita?
Ou seja, depois que todos já estão no Brasil, tranquilos e seguros, é preciso preservar a confidencialidade de TODOS os papéis, ou apenas aqueles que incomodam?: despesas, pessoas, etc?
Coisa de shaman, de aprendizes de feiticeiros, magos de araque e outros ilusionistas de circo mambembe...
Parece que o Governo está construindo sua própria herança maldita, coisa para ninguém botar defeito, grandiosa, estupenda, estarrecedora.
E tudo isso com a maior cara de pau.
Esses companheiros ainda vão passar à história econômica como os que afundaram o país...
Paulo Roberto de Almeida
Revista Exame, 27/05/201
Sumiu uma Finlândia na "contabilidade criativa" do governo
Mais de meio trilhão de reais em dívidas e gastos do governo está
escondido nas contas públicas. É o resultado da tal “contabilidade
criativa” — e o custo invisível pode até aumentar
Alexa Salomão, de
São Paulo - Imagine um gastador contumaz que decide mudar de vida. A
partir de agora, ele vai poupar boa parte do que ganha até equilibrar
suas contas. Para facilitar seu esforço de austeridade, porém, ele
prefere não contabilizar como dívida as prestações de um apartamento na
praia.
Por outro lado, resolve contar como poupança os futuros dividendos de
ações que acaba de comprar. Ou seja, seu impulso de gastador continua lá
— mas ele tenta se convencer de que sua situação não é tão ruim assim.
De maneira simplificada, é isso que o governo tem feito para cumprir a meta do superávit primário, a economia de recursos para o pagamento de juros da dívida pública.
Desde 2009, parte das dívidas, dos gastos e das receitas não é
registrada adequadamente. O mercado apelidou os subterfúgios de
“contabilidade criativa”. A consultoria econômica Tendências calculou os
valores envolvidos nas manobras e mostra que seria melhor chamar a
estratégia de “contabilidade destrutiva”.
Em quatro anos, 48 bilhões de reais em receitas futuras foram incluídos
no cálculo do superávit. Ou seja, dinheiro que ainda não existe foi
contado como recebido. Outros 63 bilhões, de recursos empregados no
Programa de Aceleração do Crescimento, foram somados à economia.
E ficaram de fora dívidas de 479 bilhões de reais — o equivalente ao PIB da Finlândia — em repasses do Tesouro Nacional a bancos públicos, em especial ao BNDES.
Somando o que não entrou na conta (mas deveria) e o que foi incluído (e
não deveria), o governo inflou sua economia em 590 bilhões de reais de
2009 a 2012. No papel, as metas de superávit foram cumpridas. Na vida
real, a história foi bem diferente.
“O governo acredita que a contabilidade criativa é a saída para ter
recursos, investir e fazer o país crescer”, diz Felipe Salto, economista
da Tendências responsável pelo levantamento. “Mas ela não gera
crescimento, prejudica a política fiscal, deteriora as contas públicas e
coloca em descrédito as regras que deram credibilidade ao país.”
A dívida brasileira é o tema central da discussão. Muitos economistas
que defendem o Estado como indutor do crescimento alegam que o governo
agora pode poupar menos porque a dívida pública é baixa. “Não é
verdade”, diz Mansueto Almeida, economista do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada. “Nossa dívida, além de cara, é alta para o atual
padrão dos emergentes.”
Pelos critérios do Fundo Monetário Internacional, a dívida pública
bruta do Brasil equivale a 69% do PIB — acima da de países como México
(44%), Colômbia (33%), Peru (20%) e Chile (11%).
A contabilidade criativa agrava o problema: cobre débitos de bilhões
com o manto da invisibilidade. O quase meio trilhão de reais transferido
do Tesouro para os bancos federais veio da emissão de títulos públicos.
No futuro, o Brasil terá de resgatá-los e remunerar os investidores,
pagando o juro prometido.
Frouxidão fiscal
Não há sinal de que o governo pretenda ser mais austero. Ao contrário. A
recente saída de Nelson Barbosa da Secretaria Executiva do Ministério
da Fazenda indica que a frouxidão fiscal pode aumentar. Barbosa não era
um entusiasta das contas criativas. O defensor delas é Arno Augustin, o
secretário do Tesouro.
Com a saída de um, a posição do outro tende a se fortalecer. Augustin
já reafirmou que a prioridade agora é gerar crescimento — e não
economizar para pagar juro de dívida. Nem a presidente Dilma Rousseff
nem o ministro Guido Mantega, da Fazenda, explicaram como fica a
política fiscal.
O governo discute a criação de uma banda de 0,9% a 3,1% do PIB para a
meta do superávit. Até o fechamento desta reportagem, em 17 de maio,
ainda não havia sido tomada uma decisão a respeito.
A conta invisível, enquanto isso, continua aumentando. Pela estimativa
da Tendências, os repasses do Tesouro a bancos públicos vão crescer 22%
neste ano e chegar a 585 bilhões de reais. Uma Finlândia já sumiu das
contas públicas brasileiras. E vem mais por aí.
Como eu dizia, no post precedente, o Brasil tem excelentes escolas de governo, só que ao contrário. Se você quiser ter um bom curso de governança, se tornar um PhD em Administração Pública, fazer uma tese premiada em políticas públicas, basta seguir a escola do governo, mas fazer tudo ao contrário, claro...
Tudo o que governo fizer de um jeito, você tenta fazer de outro, ou pelo menos escreve que se deve fazer exatamente o contrário do que o governo vem fazendo.
Eu asseguro um mestrado, um doutorado totalmente bem sucedido em matéria de administração pública.
Paulo Roberto de Almeida
O Brasil perdeu espaço no cenário competitivo internacional e despencou cinco posições no Índice de Competitividade Mundial 2013, elaborado pelo International Institute for Management Development (IMD), uma das maiores escolas de negócios no mundo. O país passou para a 51ª posição, ante o 46º lugar ocupado no ranking do ano passado. Na liderança da lista estão os Estados Unidos, que recuperaram o posto — depois de perdê-lo, no ano passado, para Hong Kong — graças a uma melhora do setor financeiro e à inovação tecnológica. O segundo lugar ficou com a Suíça, e Hong Kong foi para teceiro.
“Estávamos esperando o Brasil numa posição bem melhor”, disse o diretor do IMD World Competitiveness Center, Stephane Garelli. Na sua visão, o grande problema do país é “muito consumo e pouca produção”, o que denota as falhas do modelo de crescimento adotado pela presidente Dilma Rousseff. Desde que a petista chegou ao poder, em 2011, o país despencou sete posições no ranking.
De acordo com o professor Carlos Arruda, da Fundação Dom Cabral, que coordena o levantamento no Brasil, um dos únicos pontos em que o país ganhou competitividade foi a atração de investimentos. No entanto, há o desafio de transformar estes recursos em produtos e serviços de maior valor agregado. É preciso também investir mais em infraestrutura, logística, mobilidade urbana, educação e cuidar da tão falada reforma tributária. Esses fatores minguam a competitividade do país. “O Brasil precisa ter um senso de direção e um bom plano de investimento e persegui-lo”, adisse Stephane Garelli, do IMD.
Entre os Brics, apenas a África do Sul está em pior colocação do que o Brasil, ao perder a 50ª posição do ano passado para ficar em 53º lugar neste ano. A China passou do 23º para o 21º lugar, e a Rússia foi do 48º para o 42º. A Índia caiu da 35º para a 40ª. As economias emergentes em geral continuam altamente dependentes da recuperação econômica mundial, que parece estar atrasada, de acordo com o IMD.
“É verdade, a competitividade da Europa está diminuindo, mas Suíça, Suécia, Alemanha e Noruega se destacam. A América Latina está decepcionando, mas há ótimas empresas internacionais em toda essa região. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são muito diferentes em relação às suas estratégias de competitividade e desempenho, mas os Brics continuam sendo terra de oportunidades”, afirmou Garelli.
Na Europa, Suíça, Suécia e Alemanha são consideradas as nações mais competitivas. O sucesso dessas economias se baseia na manufatura orientada para a exportação, na diversificação de produtos oferecidos ao comércio, no fortalecimento das pequenas e médias empresas e na disciplina fiscal. “Como no ano passado, o resto da Europa está pesadamente constrangido por programas de austeridade que atrasam a recuperação. Está em questão a eficiência desse modelo”, diz o IMD.
A pesquisa avalia as condições de competitividade de 60 países a partir da análise de dados estatísticos nacionais e internacionais e pesquisa de opinião com executivos.
Virou moda, em certas faculdades pretendidamente sérias, criar "escolas de governo", ou seja, cursos de extensão, ou até de pós-graduação lato sensu (deveria ser sem senso, mais passons), do que se pretende que seja a boa governança. Juntam alguns professores de direito, outros de administração, um ou outro de economia (mas não da mainstream economics, obviamente, e menos ainda de tendências austríacas ou chicagoanas, e sim o pessoalzinho do keynesianismo de botequim, que só leu Maria da Conceição Tavares) e várias de ciência política ou de sociologia, essa tribo de masturbadores sociais que produz muita ideologia e pouca politologia....
Com o que temos, já dá para fazer uma Escola Latino-Americana de Governo, só que nesta os manuais são ao contrário do que deveriam ser.
Por exemplo, quem quiser aprender economia ao contrário, basta seguir as receitas do Professor Chávez e seu socialismo do século 21: garante-se afundar a economia de um país em pouco menos de dois anos (com petrodólares dá para aguentar mais um pouco). As aulinhas do Professor Chavez (que Marx o tenha) são assim uma espécie de manual de economia elementar, mas deve-se ler tudo ao contrário. Em lugar do famoso Economics 101, que é o livro texto de base das faculdades de economia nos EUA, você tem um Economía 010, que vem a ser o seu exato contrário como text-book.
E no Brasil?
Ah o Brasil é prodigo em trapalhadas governamentais, daria para encher não um, mas três manuais inteiros. Basta anotar o que faz o governo, e produzir o seu Manual de Governo 010, tudo ao contrário...
Ainda vamos formar Pd.Ds em trapalhadas governamentais...
Paulo Roberto de Almeida
Outro vexame político
30 de maio de 2013 | 2h 05
Editorial O Estado de S.Paulo
O governo decidiu ontem manter por decreto a redução das tarifas de energia, enquanto estuda a forma de manter a desoneração da folha de pagamento a diversos setores da economia. O Planalto, portanto, perdeu as esperanças de levar o presidente do Senado, Renan Calheiros, a pôr afinal em votação as respectivas medidas provisórias (MPs), cuja validade expira um minuto antes da meia-noite da próxima segunda-feira. Havia quem imaginasse que ele poderia ser induzido a mudar de ideia para poupar o Senado da pecha de ir de encontro aos interesses da população e do empresariado. O que não muda é a constatação de que a presidente Dilma Rousseff mais uma vez saiu humilhada de um embate no Congresso Nacional. Ela assumiu o Planalto há exatos 2 anos, 4 meses e 30 dias. E continua tão despreparada a interagir com o Legislativo como ao tomar posse.
O vexame político não surpreende. Duas semanas atrás, quando teve de votar a toque de caixa a Medida Provisória dos Portos, também em vias de caducar, Calheiros prometeu que a partir de então apenas mandaria a plenário as MPs que chegassem ao Senado pelo menos sete dias antes de perder eficácia. Do contrário - argumentou, coberto de razão - o papel da instituição se limitaria a carimbar e despachar, sem debates nem mudanças, as medidas que a Câmara dos Deputados teve tempo de sobra para discutir, emendar e enfim aprovar. Para todos os efeitos práticos, a função do Senado, nesses casos, se tornaria meramente homologatória. (Pelas regras atuais, o Congresso tem 120 dias para se pronunciar sobre uma MP. A norma não estabelece prazos específicos para cada Casa.)
O Planalto ou entendeu que a promessa de Calheiros não passava de uma bravata ou foi espetacularmente incapaz de agir de acordo. E isso, estando em jogo duas matérias da mais alta importância para a presidente. A MP 601, a da desoneração, foi emitida em dezembro passado. Inclui, entre outras provisões destinadas a aquecer a economia, a prorrogação do Programa Reintegra, que devolve aos exportadores até 3% dos tributos que tiverem pago. A MP 605, a das contas de luz, data de janeiro - e deu ensejo ao primeiro comício reeleitoral de Dilma, disfarçado de pronunciamento oficial em rede nacional. O texto remaneja recursos federais de modo a assegurar reduções tarifárias de 18% para consumidores residenciais e de até 32% para a indústria. Juntas, as MPs representam para o setor produtivo um alívio da ordem de R$ 8,3 bilhões - e um incentivo para o voto em Dilma no ano que vem.
Com tantas fichas em jogo, o governo não soube mobilizar o comando da Câmara e as lideranças da base aliada para que as medidas fossem votadas com a presteza necessária, a fim de não correrem o risco de morrer na praia do Senado. Mas o fiasco supremo do Planalto foi não conseguir a aprovação das matérias - e o seu envio à outra Casa - nem mesmo na segunda-feira, quando terminava a contagem regressiva para atender à demanda de Calheiros. Só no dia seguinte a Câmara terminou de fazer a sua parte. Tarde demais para o cronograma do presidente do Senado. Ele apenas entreabriu uma fresta: caso as lideranças partidárias, sem exceção, aceitassem votar as MPs a tempo de salvá-las, abriria mão de sua exigência. A oposição, representada pelo PSDB, DEM e PSOL, disse não. Talvez possa ser pressionada a ceder.
O governo perdeu o prazo segunda-feira porque a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e sua colega Ideli Salvatti, das Relações Institucionais, deram um show de bate-cabeça que elevou ao suprassumo a já notória descoordenação política da presidência Dilma. O que emperrava a votação era o destino do projeto de lei complementar que extingue a multa adicional de 10% sobre o saldo do FGTS dos empregados demitidos sem justa causa. A facada acrescenta R$ 3,2 bilhões aos cofres da União, e a ministra política trabalhava com a posição da Casa Civil, segundo a qual a proposta era inegociável - quando já estava sendo negociada. (Irá a plenário em 3 de julho.) Alheia à novidade, Ideli não pôde usá-la para dobrar a resistência de partidos da própria base na Câmara a votar as MPs. A sessão caiu e o respeito dos políticos pela presidente, também.
Foi com grande satisfação cidadã que recebi a Lei 12.528/2011, dando origem à Comissão Nacional da Verdade (CNV), com a finalidade de esclarecer as graves violações de direitos humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de1988, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional.
A leitura do livro Direito à Memória e à Verdade: Histórias de Meninas e Meninos Marcados pela Ditadura, publicado em 2009 pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, com a assinatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro Paulo Vannuchi, fez-me pensar que o trabalho da CNV era oportuno e fundamental para esclarecer aqueles anos. Lendo esse livro, porém, tive uma clara percepção da confusão reinante no governo Lula com relação às violações dos direitos humanos de menores em conflitos armados.
O Direito Internacional considera uma violação dos direitos humanos o recrutamento de menores para participarem de conflitos armados. No Decreto n.º 5.006, de 8 de março de 2004, o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgou o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança, relativo ao envolvimento de crianças em conflitos armados, adotado em Nova York em 25 de maio de 2000. Essa importante norma do Direito Internacional estabelece no seu artigo 4.º: "1. Os grupos armados distintos das forças armadas de um Estado não deverão, em qualquer circunstância, recrutar ou utilizar menores de 18 anos em hostilidades. 2. Os Estados Partes (como é o caso do Brasil) deverão adotar todas as medidas possíveis para evitar esse recrutamento e essa utilização, inclusive a adoção de medidas legais necessárias para proibir e criminalizar tais práticas".
Cinco anos depois de o Brasil ter promulgado o protocolo, no entanto, os autores do livro acima mencionado se conformaram em denunciar o terrível crime dos agentes do Estado contra os menores, omitindo-se de caracterizar o fato, explicitamente reconhecido no texto, de que menores foram recrutados por diversas estruturas de organizações guerrilheiras e/ou terroristas. A seguir fragmentos do livro: "Secundaristas se engajaram, em plena adolescência, nas organizações da resistência clandestina, e muitos participaram em ações de guerrilha". O livro dá destaque a dois casos: o de Nilda Carvalho Cunha (1954-1971), morta depois de selvagem tortura, que tinha ingressado "muito cedo na organização clandestina Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8)", e o de Marco Antônio Dias Baptista (1954-1970), o mais jovem desaparecido político brasileiro, que "precoce filiou-se à Frente Revolucionária Estudantil, ligada à VAR-Palmares".
Lembremos que a Lei 12.528/2011 foi pensada para estabelecer a verdade dos fatos. Nesse caso, é um fato reconhecido pelo próprio governo brasileiro que no Brasil, no fim dos anos 1960 e início dos 1970, houve recrutamento de menores para participarem, de um modo ou outro, de grupos armados. Por que, então, não foi feito sequer um pequeno comentário a esse respeito? Não se trata de aplicar uma norma de 2004 com caráter retroativo a coisas que ocorreram 30 ou 40 anos antes, trata-se, isso sim, de caracterizar corretamente as violações dos direitos humanos que houve no passado para que elas não voltem a repetir-se. Um ato que criminal se não se caracteriza como tal é uma falta com a verdade e a memória histórica.
Não interessa trazer a polêmica, mas apenas mencionar que, segundo alguns autores, o recrutamento de menores de 15 anos para participarem de conflitos armados não é um crime qualquer, mas um crime contra a humanidade. Antecipo-me a lembrar ao leigo que o consentimento de um menor para um crime não descaracteriza em absoluto o ato criminal em si, nem as responsabilidades por ele que cabem a seus participantes.
A fim de que as autoridades competentes pudessem tratar do assunto, em 12 de março deste ano encaminhei à Comissão Nacional da Verdade uma denúncia do caso. No ato do envio solicitei à CNV que me informasse se a minha denúncia seria aceita, já que eu não encontrava no seu site nenhum grupo de trabalho que tivesse por objetivo investigar as possíveis violações de direitos humanos cometidas pelos grupos guerrilheiros e/ou terroristas. Nenhum dos 13 grupos de trabalho existentes cobria esse objetivo. Paradoxalmente, a CNV sintonizava o espírito do livro, esquecendo ou ignorando que a Lei 12.528 não abria nenhuma exceção para esses crimes.
Passado um mês do envio da minha denúncia, a ausência de qualquer resposta me levou a encaminhar mais dois pedidos àquela comissão para que confirmasse a sua aceitação ou não. Como tampouco aconteceu nada, escrevi igualmente para a Controladoria-Geral da União para perguntar-lhe o que devia fazer diante da falta de resposta da CNV. Tampouco neste caso tive resposta.
Depois de mais de dois meses de silêncio, estou sendo obrigado a fazer públicas a minha denúncia e a desatenção que estou recebendo da parte de órgãos públicos. Preferi levar antes minha denúncia às autoridades porque considero que se trata de uma questão delicada que nem sempre poderá ser bem entendida pela opinião pública. Mas em questões de interesse público o silêncio é sempre pior do que um eventual mal-entendido.
Sou também consciente de que a minha denúncia não envolve a mesma gravidade que as denúncias de violações dos direitos humanos por grupos de repressão do Estado. Mas a história dos direitos humanos mostra que não deve existir nenhuma omissão nessa área. Havendo, ficam comprometidos a verdade e o futuro.
* Cientista político, é membro do Instituto Millenium
São Paulo - Imagine um gastador contumaz que decide mudar de vida. A
partir de agora, ele vai poupar boa parte do que ganha até equilibrar
suas contas. Para facilitar seu esforço de austeridade, porém, ele
prefere não contabilizar como dívida as prestações de um apartamento na
praia.
Reproduzo novamente uma postagem minha de 2020, quando foi publicado o livro de Dennys Xavier sobre Thomas Sowell quarta-feira, 4 de março...