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sexta-feira, 23 de outubro de 2015

Deficit: the Widest-Ever, diz a Bloomberg

Brazil Poised to Post Widest-Ever Primary Budget Deficit
Carla Simoes & Mario Sergio Lima
Bloomberg, October 23, 2015

Brazil will miss its fiscal target this year and post the widest year-end budget deficit before interest payments on record, according to the government's chief of staff, Jaques Wagner.
The government will report a primary budget deficit of at least 50 billion reais ($13 billion), equal to 0.8 percent of gross domestic product, Wagner said Thursday. Wagner didn't clarify whether the deficit was for the central government or the entire country, including federal, state and city budgets. The primary result is a key gauge to measure Brazil's fiscal health.
The gap could be even wider if auditors force the government to repay what it owes state banks, he told reporters. That could add an additional 40 billion reais to the deficit, according to a member of President Dilma Rousseff's economic team, who declined to comment until the government publishes its estimates.
The news is yet another setback for an administration that has pledged to shore up fiscal accounts and reverse last year's gap. Posting another deficit could further erode Brazil's credit rating, which Standard & Poor's cut to junk in September before Fitch Ratings cut it to the cusp of junk last week.
Brazil's recession has crippled tax-collection efforts while dissent in Congress has frustrated government efforts to contain spending and raise levies. Rousseff's economic team previously cut its primary target for the entire country to a surplus equivalent to 0.15 percent of GDP from 1.1 percent.

terça-feira, 20 de outubro de 2015

Crise: por que o governo nao corta despesas em lugar de aumentar impostos?

Da coluna diária do jornalista Carlos Brickmann, 20/10/2015:

Mamando na crise

O Governo Federal tem hoje 103.313 funcionários comissionados - nomeados sem concurso, geralmente em função de seu QI (Quem Indica). Destes, 22.019 ocupam cargos de Direção de Assessoramento Superior, DAS, com salários de até R$ 31.700 mensais. O empreguismo existe desde sempre no Brasil: o poder emprega, o cidadão paga. Mas se acelerou ultimamente: Lula, em oito anos, criou 18.300 cargos de confiança; Dilma, em quatro, 16.300. No total, 34.600.

Por isso se pensa tanto em novos impostos. Não há arrecadação que chegue.

quarta-feira, 7 de outubro de 2015

Brasil: a tempestade perfeita (incompetencia economica + corrupcao) - Santiago Perez (esglobal)

Brasil: la tormenta perfecta

El fin de la prosperidad económica y la crisis política que atraviesa Brasil no auguran buenas perspectivas para el país. Un repaso para entender qué está pasando y qué podría pasar en el gigante suramericano.
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Fuerte tormenta en las calles de Sao Paulo, Brasil. Mauricio Lima /AFP/Getty Images

El escenario político y económico del Brasil de hoy es delicado. Lejos han quedado los recuerdos de aquella potencia emergente que entusiasmó al mundo durante la primera década del siglo XXI. La expansión del PBI, la reducción de la pobreza y el creciente protagonismo económico de este miembro fundador del grupo BRICS parecen haberse extinguido.
El fin del super ciclo de las materias primas y la desaceleración china configuraron el golpe de gracia que terminó de hundir la prosperidad de un país cuya economía ya encendía múltiples luces de alerta. El gobierno de Dilma Rousseff postergó todas las decisiones impopulares para después de las elecciones presidenciales de finales de 2014. Como era de esperar, su objetivo de ser reelegida primó  sobre la responsabilidad macroeconómica. Tras asumir el cargo en enero de este año, su gestión no ha sido más que una seguidilla de ajustes fiscales y monetarios. Aumento y creación de impuestos, incremento de tarifas de servicios públicos, recortes de gastos, eliminación de múltiples subsidios y, posiblemente, lo que más lastima a la actividad económica: aumento de la tasa de interés. El ambicioso programa busca contener la inflación y recuperar equilibrio fiscal. Se trata de dos variables que se muestran efectivamente muy deterioradas. La inflación para 2015 se proyecta al 9,5%, el mayor índice desde 2002. En lo que respecta a las cuentas públicas, los números son incluso más desalentadores. El déficit en el período enero-agosto asciende a 14.000 millones de reales (3.500 millones de dólares), lo que representa el peor resultado desde 1997.
Pero lo que realmente preocupa a todos los sectores económicos es el desplome de la actividad. Según las últimas estadísticas, 2015 cerraría con una caída del PBI del 2,8%, número catastrófico para una nación en vías de desarrollo. 2016, año de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro (los primeros en la historia en celebrarse en América del Sur) tampoco traerá buenas noticias. Las perspectivas son de una contracción de la economía del 1%, confirmándose así el primer bienio de recesión sufrido por el país desde la gran depresión mundial de la década de 1930. Estamos frente al peor resultado económico de los últimos 85 años.
El denominado “mercado financiero”, omnipresente, toma nota de la debacle financiera. La consultora estadounidense Standard and Poor’s ha rebajado la calificación a la deuda soberana brasileña, pasando de “BBB-” a “BB+”. Brasil queda así excluido del selecto grupo de países que gozan del “Investment Grade” (Grado de inversión). En otras palabras, los bonos brasileños son ahora, a los ojos de diversos inversores internacionales, bonos basura. Las consecuencias de este descenso de categoría son básicamente dos. En primer lugar, el país verá encarecido su acceso a los mercados de capitales, lo cual se contagia automáticamente al costo de endeudamiento de toda la economía (incluidas las empresas privadas y las familias). Y, en segundo término, en una fuga de capitales, que deprecia la moneda local y genera mayores presiones inflacionarias. Más y más malas noticias.
El peso del naufragio del mayor país de la región impulsa a toda la economía latinoamericana que según la CEPAL mostrará una caída del PBI en 2015 del 0,3%, peor resultado en 9 años. Por supuesto que la repercusión de la crisis brasileña se siente mucho más fuerte dentro del Mercosur que fuera de el. Las economías de la Alianza del Pacífico, aun desaceleradas, muestran todavía tímidos crecimientos, mientras que la Argentina, muy dependiente de la suerte de su principal socio, sufre el impacto.

Política: corrupción, alianzas e ‘impeachment’
La corrupción, mal endémico del sistema político brasileño, termina de configurar la tormenta perfecta. El avance en las investigaciones del escándalo conocido como “Operação Lava-Jato” compromete a altos mandos del Partido de los Trabajadores (PT) y a funcionarios cercanos a la presidente Dilma Rousseff. “Lava-Jato”, que en español significa algo así como “lavadero de automóviles”, es un complejo y aceitado sistema de corrupción catalogado por la Policía Federal como el mayor de la historia del país. Consistía en pagos de sobreprecios por parte de la empresa petrolera semiestatal Petrobras, los cuales en última instancia acababan en manos de empresarios y políticos. El partido en el Gobierno (PT) como sus fuerzas aliadas,  PP (Partido Progresista) y PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), fueron los principales beneficiados. Según la investigación, los desvíos de dinero ascienden a 10.000 millones de reales (2.600 millones de dólares) y podrían haber sido una de las principales fuentes de financiación de la campaña electoral que llevó a Rousseff a su segundo mandato.
La envergadura de este mega esquema de corrupción es importante por diversos motivos. En primer lugar, porque afecta directamente a la mayor empresa del país. El valor de bursátil de la petrolera, que supo ser la mayor compañía de toda América Latina, se ha desplomado. El escándalo con sus consecuentes implicaciones legales, inclusive fuera de las fronteras nacionales, sumando a la caída de los precios internacionales del crudo, han llevado al valor de la acción de la estatal a mínimos en una década. El segundo aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de que la investigación alcance a la propia mandataria. En caso se probara su participación podría abrirse la posibilidad de un eventual juicio político o impeachment. No se trataría de algo nuevo para la política brasileña. En 1992 el entonces presidente Fernando Affonso Collor de Mello debió abandonar el Palácio do Planalto justamente por la activación de este mecanismo.
Pero para avanzar en un impeachment es necesario también que se cuente con las condiciones políticas necesarias. Para su ejecución, el juicio político requiere del voto positivo de dos tercios de los parlamentarios. Es aquí donde las alianzas políticas cumplen un rol fundamental. Dentro de su programa de ajuste fiscal, Dilma Rousseff eliminó ocho ministerios y dentro de la misma reforma le entregó al  Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) el manejo de cinco carteras. En una clara maniobra política, la mandataria fortaleció la alianza partidaria del Gobierno para poder así bloquear cualquier iniciativa de juicio político. Con el apoyo del PMDB en el Parlamento será fácil para el Partido de los Trabajadores reunir un tercio más uno de los votos e impedir un posible impeachment.
También existe una segunda lectura de la razón del relanzamiento de la alianza parlamentaria y la constitución de una suerte de gobierno de coalición PT-PMDB. El Ejecutivo corre contrarreloj en su programa de ajuste fiscal. Para concertarlo de forma definitiva y recuperar al menos parcialmente la credibilidad de los mercados necesita que el mismo sea aprobado en el Parlamento. La relanzada alianza es la única alternativa para lograr esta empresa.

¿Qué dice la calle?
La recesión por la que atraviesa la economía brasileña no solo se ve en los números macroeconómicos. Se siente en las calles, se percibe en el cierre de empresas y comercios, en el aumento de los despidos y en la dificultad para encontrar un nuevo empleo. Desde la implementación del Plan Real en 1994, la economía brasileña de una forma u otra había vivido un ciclo virtuoso. Hoy, por primera vez en dos décadas, la sociedad siente en carne propia un deterioro de las condiciones materiales. Una generación entera, los que hoy tienen entre 25 y 35 años, experimentan por primera vez en su vida adulta dificultades económicas. Se trata de una compleja realidad que repercute directamente en los niveles de aceptación de la gestión presidencial. A un año de haber sido reelecta, Dilma Rousseff cuenta con un 10% de aprobación y su administración es rechazada por el 70% de los brasileños.
En definitiva, sin el final de la crisis a la vista, con un mega esquema de corrupción en pleno proceso de investigación y una imagen por los suelos, la actual Presidenta deberá mostrar su máxima elasticidad política para navegar a través de una tormenta perfecta. Resistir en el poder hasta 2018 y que allí la situación económica haya mejorado puede ser la única alternativa para el PT. De ello dependerá su capacidad de acceder a un quinto período presidencial y que su ciclo no se vea interrumpido. Pero la verdad es que hablar de escenarios de aquí a cuatro años dentro la actual coyuntura es prácticamente imposible.

segunda-feira, 5 de outubro de 2015

Onde estamos?!?! Ate os keynesianos ensaiam uma retirada, ou afastamento dos colegas do poder...

Quem diria? Keynesianos de carteirinha -- mas não de botequim, como os do poder, que meteram os pés pelas mãos -- repudiam a tal de "nova matriz econômica", que agora eles dizem que nunca foi keynesiana...
Mas, por que não disseram isso logo, e deixaram que ela produzisse seus efeitos nefastos?
Na verdade, outros economistas, provavelmente não keynesianos, já avisavam, antes mesmo do desastroso governo do poste começar, que aquela gastança toda iria nos levar para o brejo.
Lembro-me perfeitamente do especialista em contas públicas Raul Velloso, desde meados dos anos 2000, alertar que a trajetória das despesas públicas, da inflação e do crescimento do PIB serem totalmente inconsistentes uma com as outras, e sem qualquer conexão com o crescimento da produtividade.
Agora que a fabulosa NEP dos companheiros fez chabu os keynesianos da academia vêm dizer que não era nada disso que eles estavam recomendando e que os "rústicos" do poder entenderam tudo errado. Eles chegam tarde? Talvez. Deveriam ter alertado seus companheiros aloprados desde o início...
Em todo caso, eu tampouco compro essa ideia de segregar orçamento corrente e orçamento de investimento. Dada rigidez terrível do exercício orçamentário no Brasil fica difícil separar um do outro: a Saúde, por exemplo, em função de uma emenda constitucional desse outro keynesiano de carteirinha que foi (e é) o ministro Serra tem sua cota orçamentária indexada ao crescimento, o que significa que o ministério sempre vai receber uma "renda extra" para torrar de forma irresponsável (e sem precisar insistir em ganhos de produtividade). Supostamente, o dinheiro acrescido também seria para investimentos na Saúde, mas provavelmente acaba sendo gasto em despesas correntes...
Paulo Roberto de Almeida

John Maynard Keynes e o ajuste fiscal no Brasil 
Fábio Terra e Fernando Ferrari Filho
Valor Econômico, 5/10/205
Fábio Terra é professor da Universidade Federal de Uberlândia. Fernando Ferrari Filho é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador do CNPq.

Diferente do que se julga, John Maynard Keynes não propunha déficits públicos a qualquer preço: este era um instrumento de última instância, usado apenas se os esforços de estabilização automática do ciclo econômico falhassem. Aliás, como para Keynes as expectativas cumprem papel central na decisão de investimento, uma política fiscal equivocada fomenta expectativas pessimistas e, logo, torna-se incapaz de dinamizar a economia.
A partir dessa ideia, duas reflexões sobre a política fiscal do primeiro governo Dilma Rousseff emergem: primeiro, a chamada "nova matriz macroeconômica", contrariamente ao que costumam afirmar, não possui raiz keynesiana, principalmente porque a política fiscal foi pragmaticamente expansionista, resultando na redução do resultado primário/PIB de 3,1%, em 2011, para - 0,6% em 2014; segundo, a obra de Keynes fornece insights à realização de uma reforma fiscal no Brasil que vá além do ajuste temporário das contas públicas via contenção de gastos e aumento de impostos. É sobre isso que discorremos a seguir.
Pensando na reconstrução econômica do Reino Unido no pós-Segunda Guerra, Keynes propôs o orçamento público dividido em duas contas: corrente e de capital. A primeira conteria despesas de custeio para o fornecimento de serviços públicos. A segunda elencaria os investimentos públicos, que seriam 1- o estabilizador automático do ciclo e 2- notadamente contracíclicos. Assim, estas inversões diminuiriam em booms e aumentariam aos primeiros sinais de esfriamento da economia.
Ademais, os investimentos públicos deveriam criar a infraestrutura necessária para sustentar o investimento privado, não devendo com ele competir nem tampouco gerar qualquer privilégio, sob pena de criar ineficiência - assim, algo diferente de subsidiar setores via desoneração. Empresas públicas também não eram o norte de Keynes e se fosse preciso criá-las, joint ventures entre as iniciativas pública e privada eram a opção, tais quais as parcerias público-privadas.
Questão central no orçamento keynesiano é a necessidade de superávits constantes na conta corrente e equilíbrio na de capital. Logo, responsabilidade fiscal é uma premissa da política fiscal para Keynes. Déficits públicos gerariam pressões sobre os juros, elevariam os riscos de o Estado ter que lançar dívida nova para rolar dívida passada - fragilizando-se financeiramente - e poderiam despertar desconfiança sobre os rumos da política econômica.
Além disso, Keynes argumenta que o padrão de vida no longo prazo depende do estoque de capital acumulado - por isso, sua proposta de orçamento preocupa-se com os investimentos. Logo, o orçamento de capital deve oferecer condições para que a iniciativa privada invista, requerendo, inclusive, gastos que melhorem a eficiência produtiva, isto é, gerem maior produtividade.
As receitas públicas viriam majoritariamente dos impostos, que também deveriam perseguir uma melhor distribuição de renda, sendo mormente cobrados sobre ganhos dos rentistas e heranças. Com o tempo, as receitas dos investimentos públicos do orçamento de capital trariam dividendos para o setor público, permitindo-o, assim, reduzir impostos ou construir fundos parafiscais para a estabilização da economia.
Pois bem, o que resgatamos de Keynes para a política fiscal no Brasil? Inicialmente, seria interessante ocorrer uma reforma fiscal que, de fato, segregasse o orçamento em duas contas, uma de gastos correntes e outra de despesas de capital com investimentos, mas diferentes dos moldes atualmente vigentes. É necessária a desvinculação de receitas no âmbito corrente para destinarem-se mais recursos aos investimentos públicos. Assim, impede-se que estes sejam os gastos de contingenciamento mais fácil e rápido, como é o caso no atual ajuste.
Segundo, os investimentos deveriam ser decididos com uma ampla participação de entidades empresariais e, como o plano plurianual, eles deveriam se estender além de um mandato presidencial. Assim, reduz-se a influência do ciclo político nos investimentos públicos e cria-se uma natureza de longo prazo para esta política pública.
Com maior participação em sua definição, a transparência e a comunicação da política fiscal melhoram, tornando-a mais crível, atenuando os seus riscos de default e reduzindo os juros de longo prazo, que são o custo de oportunidade dos investimentos produtivos.
Terceiro, em tempos de bonança constroem-se fundos de recursos para se evitar recessões. Assim, a responsabilidade fiscal é constante e não é preciso medidas de ajuste no afogadilho. Como a responsabilidade fiscal é uma premissa, a dívida pública sob controle é uma resultante natural da condução fiscal keynesiana. Basta inexistir uma onerosa política monetária para que a dívida pública não tenha dinâmica explosiva, o oposto do que ocorre atualmente. No caso específico do Brasil, isso requer a reforma do mercado Selic para se eliminar o mercado monetário anômalo que vem desde 1980.
Quarto, qualquer gasto do Estado envolve recursos públicos. Logo, deve haver comprometimento do gestor para com o bem público e a irrestrita fiscalização de órgãos independentes.
Esperando crescimento constante, porém estável, sem booms muito menos recessões, Keynes confiava que empregos seriam criados e as pessoas dependeriam menos do Estado e, então, da política fiscal. Longe de propor um Estado interventor, ele queria que o Estado criasse um ambiente institucional propício ao investimento, condição necessária para uma dinâmica estável de curto prazo e também para a expansão da capacidade e da qualidade produtiva no longo prazo.
Para tanto, Keynes acreditava que a elaboração do orçamento e a ação do Estado fundamentam-se na racionalidade humana, tanto do Executivo, que propõe e age, quanto do Legislativo, que sanciona. Infelizmente, o debate do ajuste fiscal no segundo governo da presidente Dilma Rousseff nada parece ter dessa racionalidade.

sexta-feira, 2 de outubro de 2015

A verdadeira reforma ministerial - Caio Mesquita (Empiricus)

O economista da Empiricus tem razão: o ministério do Planejamento cheira a planificação socialista e certamente representa uma interferência indevida do Estado na vida econômica.
Suas funções orçamentárias poderiam voltar, como era o caso no passado, para o Ministério da Fazenda, que deveria chamar-se simplesmente Ministério da Economia, ou das Finanças, e todas as suas outras funções de planejamento poderiam ser simplesmente extintas, preservando-se um órgão de pesquisa e planejamento de economia aplicada, que já existe, que é o Ipea, e nada mais.
A reforma ministerial para sobreviver, como feita atualmente, é uma piada, pois não reduz EM NADA as despesas governamentais, e apenas continua a mesma partilha dos despojos do Estado entre a sua base fisiológica no Congresso.
Seria preciso cortar pela metade o governo, como já sugeri neste texto.
Brasil: redução de ministérios (minha sugestão atualizada)
Brasil: reducao de ministerios - minha sugestao (atualizada) - See more at: http://diplomatizzando.blogspot.com/2015/08/brasil-reducao-de-ministerios-minha.html#sthash.8eqiYPqm.dpuf
http://diplomatizzando.blogspot.com/2015/08/brasil-reducao-de-ministerios-minha.html

Brasil: reducao de ministerios - minha sugestao (atualizada) - See more at: http://diplomatizzando.blogspot.com/2015/08/brasil-reducao-de-ministerios-minha.html#sthash.FqlVS89z.dpuf
Em todo caso, leiam estas considerações do economista da Empiricus.
Paulo Roberto de Almeida

Reforma Ministerial
Caio Mesquita
Empiricus, 2 de outubro de 2015

Caro Amigo da Empiricus,
A tal da reforma ministerial segue sendo tópico quente. Talvez pelas razões erradas, mas segue quente. Talvez quando você estiver lendo este e-mail, ela já tenha sido oficialmente anunciada.

Já não é de hoje que muitos clamam pela diminuição do número de ministérios. Por qualquer métrica que se use, parece que o Brasil tem ministérios a mais. São 39 no total, sendo 24 ministérios para valer, dez secretarias da presidência e cinco órgãos com status de ministério.

Do ponto de vista de gestão, é uma insensatez total conduzir qualquer tipo de organização com 39 subordinados se reportando diretamente a um líder. Mesmo um grande estadista – um Churchill, um De Gaulle, um Roosevelt – já teria enormes dificuldades até mesmo em memorizar o nome de todos esses comandados diretos.

Pense numa grande empresa. Capital aberto. Imagine agora o CEO dessa empresa com 39 diretores abaixo dele. Caso este CEO tivesse uma reunião de uma hora com cada diretor, a semana toda ficaria ocupada.

Agora pense nesse CEO gastando mais da metade do seu tempo viajando pelo País, participando de cerimônias e inaugurações. Com sorte, ele teria disponível uma hora por mês para cada diretor.

E se esse mesmo CEO estiver enfrentando um conselho de administração hostil, pressionado por acionistas enfurecidos, e toda sua energia e disponibilidade estiverem direcionadas para manter-se no poder?

Pior, e se essa empresa estiver enfrentando um momento delicado de mercado, com queda de vendas, prejuízos crescentes e desequilíbrio financeiro?

Com essa uma hora por mês dedicada a cada diretor, a tal empresa imaginária e acéfala dificilmente escaparia da insolvência.

Parece familiar?

Portanto, tanto por conta da boa gestão como da condução das finanças públicas, faz-se mais do que necessária a redução do número de ministérios dentro do âmbito de uma reforma ministerial.

Lamentavelmente, o Governo, desde que anunciou sua intenção de reformar os ministérios, embrenhou-se no jogo sujo do troca-troca congressual, negociando apoio do baixo clero do PMDB com as vagas nos ministérios mais disputados.

Deixo agora aos analistas políticos o desenho de cenários contemplando o desenrolar deste processo. O jogo político não é feito para grandes plateias, é disputado em salões privados, aos quais nem eu nem você – meros pagadores de impostos – temos acesso.

Tenho uma proposta, porém. Para alguns, indecente. Mas nada como uma crise tamanho-família para permitir propostas indecentes.

A verdadeira reforma ministerial, que gostaria de propor, seria também a mais simples. Dane-se o Ministério da Pesca e Aquicultura. Não estou nem aí para o Hélder Barbalho, muito menos para seus notáveis antecessores como Ideli Salvatti, Marcelo Crivella e outros. Danem-se todas essas secretarias com status de ministérios, seja lá o que isso significa. A melhor reforma ministerial extinguiria o mais nocivo dos ministérios. O Ministério do Planejamento.

Esta monstruosidade foi criada em 1962 pelo breve presidente João Goulart. Depois de alguns meses fechado, o Planejamento foi reaberto por Castelo Branco. Os presidentes da era militar viram razões estratégicas para dar poderes cada vez maiores ao Ministério do Planejamento. Em seu site, o Planejamento lista as seguintes atribuições:

I - participação na formulação do planejamento estratégico nacional;

II - avaliação dos impactos socioeconômicos das políticas e programas do Governo federal e elaboração de estudos especiais para a reformulação de políticas;

III - realização de estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura socioeconômica e gestão dos sistemas cartográficos e estatísticos nacionais;

IV - elaboração, acompanhamento e avaliação das leis de iniciativa do Poder Executivo federal previstas no art. 165 da Constituição;

V - viabilização de novas fontes de recursos para os planos de governo;

VI - coordenação da gestão de parcerias público-privadas;

VII - formulação de diretrizes, coordenação das negociações, acompanhamento e avaliação dos financiamentos externos de projetos públicos com organismos multilaterais e agências governamentais;

VIII - coordenação e gestão dos sistemas de planejamento e orçamento federal, de pessoal civil, de administração de recursos da informação e informática e de serviços gerais, bem como das ações de organização e modernização administrativa do Governo federal;

IX - formulação de diretrizes, coordenação e definição de critérios de governança corporativa das empresas estatais federais;

X - administração patrimonial; e

XI - política e diretrizes para modernização da administração pública federal.

Ao ler essas atribuições, imagens acinzentadas de uma Alemanha Oriental da década de 70 inundam minha cabeça.

Em busca de referências mais modernas, pesquiso no Google "ministry of planning". Os primeiros resultados mostram, além do nosso próprio, ministérios em pujantes economias como Paquistão, Bangladesh, Camboja, Trinidad e Tobago e Ilhas Maldívias. O resultado comprova o óbvio. Uma correlação negativa entre planejamento estatal e desenvolvimento econômico.

Com todo respeito ao rapaz, qual é a competência visionária do Sr. Nelson Barbosa para planejar estrategicamente o Brasil que desejamos aos nossos filhos?

Onde está a criação de riqueza resultante desse planejamento estatal?

Quantos bilhões e bilhões de reais do contribuinte já foram desperdiçados por esses burocratas?

E, pior, quanto do nosso dinamismo empresarial tem sido embotado por essa turma?

O Brasil hoje está de joelhos, curvado pelo peso desse estatismo planejado.

Precisamos refundar o País. Este processo necessita de símbolos tangíveis. A extinção no Ministério do Planejamento serviria.

Matem esse dragão!

sexta-feira, 25 de setembro de 2015

Os vicios do desenvolvimentismo - Sergio Lazzarini (OESP)

Os vícios do desenvolvimentismo


Em 7/11/2011, eu e meu colega Carlos Melo publicamos neste jornal um artigo chamando a atenção para as consequências do que denominamos “empoderamento desenvolvimentista”. À época, com respaldo da presidente Dilma, multiplicaram-se subsídios, benefícios tributários e iniciativas diversas de apoio setorial centrados na trinca ministerial da Fazenda, Desenvolvimento e Ciência e Tecnologia. Ao final do artigo, alertamos: “A presidente Dilma diz querer rigor no controle inflacionário, mas não vê com maus olhos medidas, como essas, que podem encarecer os produtos no Brasil e/ou aumentar gastos”.
Deu no que deu. Não só essas iniciativas falharam em salvar a indústria, como a inflação se acelerou e caminhamos para um progressivo descontrole fiscal. Para esconder os custos do projeto desenvolvimentista, o governo recorreu a maquiagens e pedaladas fiscais cuja conta pagamos até hoje. O aumento do crédito público elevou a dívida bruta do país – contribuindo para a recente perda do grau de investimento – ao mesmo tempo que a taxa de investimento pouco mexeu do patamar de 16% sobre o PIB.

Para esconder os custos do projeto desenvolvimentista, o governo recorreu a maquiagens e pedaladas fiscais cuja conta pagamos até hoje

Esse fracasso resulta de dois vícios graves do desenvolvimentismo. O primeiro é a sistemática desconsideração sobre os custos e benefícios das suas propostas. Muito raramente se analisa o quanto uma iniciativa de proteção custa aos cofres públicos e se esse dinheiro não poderia ser mais bem empregado em áreas de maior efeito sistêmico na economia. Cada centavo de apoio a um dado setor poderia ser usado para apoiar uma estrada num local remoto, um novo projeto de saneamento ou um novo hospital.
Alguns desenvolvimentistas chegam até mesmo a minimizar a importância dessas análises, por considerá-las estáticas ou sujeitas a incerteza. Para eles, é melhor o país seguir uma “missão” de desenvolvimento. Mas, sem algum tipo de análise, a missão escolhida será geralmente aquela apoiada por grupos de interesse bem conectados e influentes. Não é de estranhar, assim, que o discurso desenvolvimentista agrade a grupos que só fazem buscar mais proteção. O cômputo de custos e benefícios ajuda justamente a impor disciplina na escolha de ações refletindo o melhor interesse público.
O segundo vício do desenvolvimentismo é não atentar para a execução das políticas propostas. A moderna literatura de política industrial propõe que devem ser estabelecidas metas de desempenho e que os benefícios devem continuar se, e somente se, essas metas forem cumpridas. Aqui, fazemos o contrário. Em artigo escrito no “Valor Econômico” em 23/11/2010, um alto executivo do BNDES escreveu que a maioria das metas do plano de desenvolvimento estabelecido à época não seria cumprida. Segundo ele, “não cumpri-las não significa necessariamente um insucesso, mas impõe novos esforços de avaliação e planejamento”. Por fim, emendou: “A política deve ter um norte, mas ser flexível e adaptável às circunstâncias”. É exatamente esse tipo de discurso que abre espaço para que mais e mais grupos clamem por proteção justificando “circunstâncias” que nada mais são que desculpas mascarando interesses particulares.
A situação à qual chegamos requer uma orientação radicalmente distinta. Não se propõe, aqui, eliminar estruturas de suporte público, e, sim, evitar os vícios que nos levaram a políticas custosas e pouco efetivas. Toda nova proposta de apoio deve ser acompanhada de uma criteriosa análise de custos e benefícios, preferencialmente realizada ou validada por terceiras partes livres de conflitos de interesse. Uma vez aprovada a proposta, devem ser colocadas metas claras, acompanhadas por órgãos de controle independentes e com o compromisso de cessar o benefício caso as metas não sejam cumpridas. Se existe alguma missão que o desenvolvimentismo deveria agora encampar para o bem do país, é a busca de maior critério e disciplina no uso de recursos públicos.

domingo, 13 de setembro de 2015

Desafios para Sair da Crise - Marcos Lisboa, Marcos Mendes, Bernardo Appy, Sergio Lazzarini


Os desafios para sair da crise

Economistas sugerem caminhos para a superação da crise econômica, com medidas para equilibrar as contas públicas e aumentar a produtividade no País

Bernard Appy, Marcos de Barros Lisboa, Marcos Mendes e Sérgio Lazzarini
O Estado de S. Paulo, 13 de setembro de 2015

Economistas apontam alternativas para o Brasil

O Brasil enfrenta uma grave crise econômica, refletida no recente rebaixamento de sua nota de crédito. A progressiva desaceleração da economia nos últimos quatro anos se transformou em uma profunda recessão. Desde 2011, interrompeu-se a redução na desigualdade de renda e a melhoria na qualidade de vida das famílias mais pobres, observadas durante a década de 2000. A piora da economia ameaça reverter os avanços sociais dos últimos 20 anos. 
A crise econômica tem como contraparte a crise política. Diversos projetos aprovados no Congresso minaram o ajuste fiscal. Os severos problemas financeiros e criminais nas empresas estatais adicionam injúria ao grave momento do País.
Para além dos problemas fiscais de curto prazo, agravados pela gestão da política econômica nos últimos anos, o Brasil tem um problema estrutural de crescimento das despesas públicas e de estagnação da produtividade. Se essas questões não forem resolvidas, não haverá como retomar o crescimento em bases sustentáveis.
Os problemas que o Brasil enfrenta hoje decorrem da incapacidade do País em reconhecer seus limites e de fazer escolhas, buscando acomodar as demandas dos diferentes grupos sociais que, quando agregadas, ultrapassam os recursos públicos disponíveis. Agravando o quadro, as regras existentes conduzem a um crescimento das despesas públicas maior que o crescimento da renda nacional no longo prazo. A questão central para o País não é um eventual ajuste fiscal de curto prazo. Se a trajetória de aumento das despesas não for revertida e a produtividade não aumentar, teremos uma economia com baixo crescimento, recorrente pressão inflacionária, juros elevados e a necessidade de aumento contínuo da carga tributária para evitar a insolvência no pagamento da dívida pública. Essa trajetória é insustentável.
Este artigo propõe medidas voltadas para a superação do impasse econômico, estando organizado em dois blocos: sustentabilidade fiscal e aumento da produtividade. 


1. Sustentabilidade fiscal
A crise fiscal não é recente nem passageira. Desde 1991, as despesas públicas têm crescido mais do que o PIB, passando de 11% para 19% do PIB em 2014, sendo que mais de dois terços desse crescimento deveu-se ao aumento das despesas da previdência e assistência social (gráfico 1). 
Essa trajetória é agravada pelo aumento, em períodos de crescimento econômico, de despesas vinculadas à receita, como saúde e educação, que não podem ser ajustadas em períodos de desaceleração. O mesmo ocorre com os gastos com pessoal: a contratação de funcionários e os aumentos de salários em períodos de expansão não têm como contrapartida a sua redução em momentos de crise. Atualmente, cerca de 90% do Orçamento federal não pode ser ajustado em decorrência de restrições legais (ver tabela 1).
A situação é semelhante nos Estados e municípios. De cada R$ 100,00 arrecadados de ICMS em um Estado típico, R$ 62,50 já estão vinculados a alguma despesa e, do que resta, a maior parte destina-se a despesas de pessoal.
O ajuste das contas públicas em períodos de retração econômica acaba inevitavelmente sendo feito por aumento de tributos e corte dos investimentos. De 1991 a 2014, a carga tributária brasileira passou de 24% para 34% do PIB (gráfico 2), sendo entre 5 a 15 pontos porcentuais superior à da maioria dos países emergentes. 
Na década de 2000, a arrecadação tributária teve um crescimento excepcional, sobretudo em decorrência da alta do preço das commodities e do processo de formalização do mercado de trabalho, o que permitiu acomodar a expansão das despesas. Esse ciclo, porém, encerrou-se.
Parte do aumento das despesas nos últimos anos beneficiou a população de menor renda, como é o caso do Bolsa Família e da universalização do acesso à educação fundamental. Porém, muitos dos benefícios concedidos pelo setor público, e ampliados nos últimos anos são destinados a grupos com renda entre os 10% mais ricos, agravando a desigualdade em vez de reduzi-la, além de serem insustentáveis no longo prazo. Esse é o caso das aposentadorias precoces para pessoas com pouco mais de 50 anos, que beneficia a classe média alta urbana, e do crédito subsidiado a empresas selecionadas. Gasta-se com benefícios individuais e relegam-se as políticas que geram benefício coletivo, como é o caso do investimento em infraestrutura, que não ultrapassa 2% do PIB.
O ajuste das contas públicas requer que a sua gestão seja compatível com o crescimento do País, com um nível aceitável para a carga tributária e a sustentabilidade da relação dívida/PIB, o que implica: (i) reduzir a rigidez e o caráter pró-cíclico das despesas públicas; (ii) rever as regras de concessão de benefícios previdenciários e assistenciais; (iii) reforçar as regras e instituições de responsabilidade fiscal. 

Redução da rigidez e do caráter pró-cíclico do gasto. As regras de vinculação do gasto devem ser reformuladas de modo a permitir que parte das receitas auferidas em períodos de crescimento seja poupada para financiar as despesas nos momentos de retração. As vinculações de receita poderiam ser calculadas tendo por base a receita média de vários anos, permitindo diluir as flutuações cíclicas, ou, ainda, substituídas por um critério de valor mínimo, como o gasto do ano anterior, corrigido pela inflação. A meta de resultado primário para a União deveria ser ajustada pelo ciclo econômico, enquanto, para Estados e municípios, deveria ser exigida uma amortização maior da dívida na fase de crescimento, de forma a permitir o aumento da dívida em períodos de desaceleração.

Previdência e assistência. As despesas com benefícios previdenciários e assistenciais correspondem a mais da metade das despesas primárias federais, com uma trajetória de crescimento insustentável nos próximos anos, em decorrência do envelhecimento da população e do aumento real do salário mínimo. 
Para reverter essa trajetória é preciso, em primeiro lugar, substituir progressivamente o atual regime de aposentadoria por tempo de contribuição (no qual os homens se aposentam em média com 55 anos e as mulheres, com 52 anos) por um regime em que se exija uma idade mínima de aposentadoria, a exemplo do que fazem os demais países (ver tabela 2). 
Em segundo lugar, é preciso completar a mudança do regime de pensões por morte, iniciada este ano, estabelecendo que as pensões devem ser reduzidas à medida que diminua o número de pessoas dependentes da pensão, seguindo o padrão internacional.
Por fim, deve-se estabelecer uma distinção entre os benefícios previdenciários - cujo valor deve ser proporcional às contribuições realizadas - e os assistenciais, que devem ser desvinculados do salário mínimo e concedidos para pessoas com idade mais elevada que a da aposentadoria por contribuição. Não se deve conceder benefícios assistenciais equivalentes ou melhores que os benefícios previdenciários, sob pena de desestimular a contribuição. 
O Brasil pode garantir renda mínima aos idosos, incluindo quem não pode contribuir para a previdência, mas não deve conceder benefícios assistenciais cujo custo é insustentável no longo prazo. Não se trata de revogar direitos adquiridos nem de fazer uma transição precipitada, mas sim de corrigir distorções que têm um elevado custo fiscal.

Regras e instituições de responsabilidade fiscal. 
Depois de 15 anos da sua promulgação, ainda não foram regulamentados ou postos em prática dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), como, por exemplo, o art. 17, que estabelece a exigência de fontes de financiamento adequadas como precondição à criação de novas despesas obrigatórias de caráter continuado. Nos últimos anos, diversas medidas com impacto fiscal no longo prazo foram tomadas sem a contrapartida de recursos - como, por exemplo, a aprovação pelo Congresso da regra 85/95 para a previdência ou a ampliação de créditos do BNDES, cujos subsídios deverão custar R$ 184 bilhões ao Tesouro nas próximas décadas. 
Deve-se, igualmente, implantar o Conselho de Gestão Fiscal (CGF) com um número menor de conselheiros que o previsto na LRF, para torná-lo operacional. O CGF tem como objetivo padronizar os critérios de contabilidade pública para os diversos entes da Federação. Se já estivesse em funcionamento, teria evitado diversas manobras contábeis que distorceram a análise das contas públicas, tanto da União (como no uso de bancos públicos para financiar o Tesouro), quanto dos Estados e municípios (via ocultação de despesa de pessoal ou cálculos criativos do resultado primário).
Cabe rever a legislação que regula o processo orçamentário, hoje consolidada na Lei n.º 4.320/1964, aperfeiçoando, sobretudo, os métodos de estimação da receita, usualmente superestimada, e das regras de execução da despesa - geradora recorrente de crescentes restos a pagar. Adicionalmente, deve-se criar uma entidade fiscal independente - como existe em vários países - com a atribuição de fazer projeções de receitas, despesas e dívida pública, e avaliar tanto a consistência fiscal do orçamento, quanto das políticas públicas que exijam elevados gastos por muitos anos.
Os limites de despesa de pessoal e endividamento para Estados e municípios deveriam ser revistos, de modo a torná-los mais compatíveis com a trajetória de longo prazo das contas públicas, e menos determinados pelo comportamento de curto prazo da arrecadação. Além disso, deveria ser instituído um limite para o endividamento da União.
Por fim, caberia regulamentar o direito de greve no setor público, previsto na Constituição. A estabilidade no emprego e a não responsabilização por greves abusivas ou pela interrupção inclusive de serviços essenciais tem resultado em longas e sucessivas paralisações, permitindo aumentos reais de remuneração incompatíveis com a realidade fiscal e com as remunerações praticadas no setor privado e em países com grau semelhante de desenvolvimento.

2. Aumento de Produtividade
A produtividade da economia brasileira estagnou após 2010, depois de uma década com crescimento semelhante ao observado nas principais economias. O pior desempenho externo contribuiu para a nossa desaceleração. Entretanto, o retrocesso observado no Brasil, significativamente maior do que nos demais emergentes, decorre igualmente de causas domésticas. 
A complexidade do sistema tributário - caracterizado pela multiplicidade de regras e benefícios concedidos discricionariamente - resulta em uma organização ineficiente da produção, em alto custo de cumprimento da lei para as empresas e em impressionante volume de litígio tributário. 
O crescimento também vem sendo prejudicado por políticas de proteção setorial, favorecendo empresas ou setores selecionados, quase sempre sem metas de desempenho, e escassa avaliação do custo de oportunidade dos recursos alocados. Esses benefícios - como a concessão de empréstimos subsidiados, reserva de mercado e incentivos tributários - destinam recursos a setores ineficientes ou que não precisam de proteção pública, prejudicando a produtividade dos setores à frente na cadeia produtiva. As regras de conteúdo nacional que protegem a indústria naval, por exemplo, implicam maiores custos para a produção de petróleo.
As políticas de proteção setorial podem ser eficazes em casos específicos, desde que resultem em ganhos sustentáveis de produtividade, e não apenas permitam a sobrevivência de empresas ineficientes.
O excesso de regulação e os elevados custos de contratação e demissão de trabalhadores induzem uma organização pouco eficiente das empresas e prejudicam a produtividade. Paradoxalmente, a legislação e o ativismo do judiciário, que têm a intenção de proteger o trabalhador, terminam por prejudicar a geração de empregos de maior qualidade e estimular o comportamento oportunista, de empresas e trabalhadores, que resulta em informalidade, alta rotatividade e baixa produtividade. 
A produtividade do trabalho é, adicionalmente, prejudicada pela baixa qualidade da educação. O gasto do governo federal em educação cresceu 285% acima da inflação entre 2004 e 2014, mas não foi acompanhado pelo aumento dos indicadores de aprendizado, o que sugere a necessidade de melhora na gestão e na disseminação das melhores práticas de ensino.
Por fim, o crescimento da produtividade é prejudicado pela infraestrutura deficiente e onerosa para seus usuários. Os problemas decorrem do baixo investimento público, da falta de planejamento adequado, assim como da regulação ineficaz, caracterizada por agências reguladoras enfraquecidas e sem governança adequada que permita uma negociação mais eficaz dos conflitos e maior previsibilidade para a execução dos projetos.
A agenda para a melhora da produtividade é extensa. Neste artigo, concentramo-nos em três linhas de ação: (i) transparência e governança, (ii) competição, e (iii) simplificação e isonomia.

Transparência e governança. As deficiências de governança e a falta de transparência do poder público contribuem para a ineficiência do País, além de aumentar o custo das políticas públicas. Para superar essas deficiências, sugerimos um conjunto de iniciativas.
Em primeiro lugar, toda política pública deveria estar submetida à avaliação de resultados, que ampliaria o debate democrático sobre suas prioridades e seus custos, e deveria ser extensiva a todos os destinos de recursos públicos: programas previstos no Orçamento, benefícios tributários, concessão de créditos subsidiados por bancos públicos e políticas de proteção setorial.
O debate democrático, fortalecido por análises sobre os custos envolvidos, os grupos beneficiados e o impacto social e econômico das políticas públicas, colaboraria para a escolha das políticas a serem mantidas e as que devem ser reformuladas. Essa análise deve incluir os impactos sobre os demais setores produtivos e o eventual uso alternativo dos recursos públicos. As políticas devem possuir metas claras de desempenho e avaliação de resultados transparentes, de preferência por instituições que sejam independentes do gestor público responsável pela sua execução.
No caso de políticas de proteção setorial, regras críveis devem garantir a progressiva redução da proteção, seja porque a política foi bem-sucedida, e a proteção não é mais necessária, seja pelo seu fracasso, o que significa que o País pode se tornar mais rico se deixar a livre alocação de mercado destinar os recursos para outros setores.
Em segundo lugar, é preciso rever a estrutura de governança das empresas estatais, que têm sido utilizadas como instrumentos de intervenção discricionária. A criação de um marco legal e a adoção de padrões de governança que explicitem o custo de ações específicas e os limites da atuação das empresas estatais seria uma importante contribuição para a melhoria do ambiente de negócios no País. Além disso, devem ser definidos critérios mais restritos para a composição da diretoria e do conselho de administração. Não deveria ser permitida a indicação de ministros ou secretários de governo como conselheiros, mesmo no caso de vagas cabíveis ao acionista controlador (Estado), em decorrência de possíveis conflitos de interesse. 
Como princípio geral, a Lei das S/A (Lei 6.404 de 1976) deveria ser fortalecida para as empresas controladas pelo Estado. No entanto, vários dos projetos de lei em discussão sobre o tema tentam criar um marco detalhado, sobrepondo-se à Lei das S/A e gerando insegurança jurídica pelo eventual conflito de dispositivos das diferentes leis.
De modo semelhante, deve-se rever a governança dos fundos de previdência de servidores públicos e de funcionários de estatais, limitando-se a indicação de conselheiros e dirigentes por parte do governo. Deve-se ressaltar que, nesses casos, não se trata de recursos públicos, mas sim dos participantes, e que, portanto, não deveriam ser aplicados com outros objetivos que não o de garantir um retorno seguro para os beneficiários.
Em terceiro lugar, deve-se fortalecer a governança das agências reguladoras, reforçando a segurança jurídica e a adoção de políticas com objetivos de longo prazo, protegendo-as dos interesses oportunistas. Quanto maior a segurança sobre o ambiente regulatório, menor o prêmio de risco requerido e menor o custo do investimento para a sociedade. Os diretores das agências devem ser independentes e qualificados tecnicamente. Contratos de gestão, com metas de desempenho, que reflitam as prioridades da política pública, permitem a avaliação dos resultados e a substituição dos diretores em caso de fracasso.
Por fim, deve-se melhorar a transparência e a governança de entidades públicas e quase públicas, que operam com recursos compulsoriamente arrecadados da sociedade, como o FGTS, o FAT e o Sistema S, além dos sindicatos de trabalhadores e patronais, que atualmente não são obrigados a publicar balanços sobre a utilização dos recursos recebidos. A abertura dos dados sobre o montante de recursos recebidos, os programas em que são alocados e os resultados obtidos colaborariam para o debate sobre a sua eficácia e a deliberação democrática sobre a utilização dos recursos da sociedade.

Competição. Existe uma vasta literatura acadêmica documentando a relevância de um ambiente favorável à competição para o crescimento da produtividade. No caso do Brasil, diversos trabalhos estimam o efeito positivo da abertura comercial dos anos 90 sobre o aumento da produtividade, assim como o impacto negativo das políticas de proteção adotadas desde meados da década passada. 
É preciso abrir mais a economia, se possível no âmbito de acordos bilaterais ou multilaterais. A redução de tarifas de importação pode ser feita de forma progressiva, permitindo-se o ajuste das empresas locais. Isso permitiria o maior acesso a insumos e bens de capital mais eficientes, aumentando a produtividade, estimulando o aumento do investimento e a expansão da produção.
Deve-se, igualmente, rever toda a estrutura de reservas de mercado, que prejudicam a concorrência e a expansão da produção. A não ser em situações excepcionais, e que precisam ser demonstradas, a proteção a empresas domésticas - como a obrigatoriedade de a Petrobrás ser operadora única e ter participação mínima de 30% nos campos do pré-sal e a preferência concedida a empresas nacionais nas licitações públicas - tem impactos negativos sobre os preços e a produtividade, beneficiando apenas grupos específicos, em detrimento do interesse geral. 

Simplificação e isonomia. A complexidade, ineficiência e ambiguidade do sistema tributário brasileiro têm consequências negativas sobre a produtividade e o crescimento. As regras existentes permitem que empresas ou produtos semelhantes sejam tributados desigualmente, induzindo uma organização ineficiente do setor produtivo. Além disso, a multiplicidade de regras coexiste com incerteza sobre as regras aplicáveis, resultando em imenso contencioso tributário e em elevado custo de observância da lei pelas empresas. 
Daí a necessidade de se buscar simplificação e isonomia, sendo propostas três mudanças nessa direção.
A primeira diz respeito à tributação de bens e serviços. A maioria dos países adota um único imposto sobre o valor adicionado (IVA), com base ampla, uma ou poucas alíquotas e possibilidade de dedução do imposto incidente em todas as aquisições das empresas. Já o Brasil possui uma multiplicidade de tributos (ICMS, IPI, PIS/Cofins e ISS), com bases fragmentadas, legislação complexa, restrições ao crédito tributário e uma profusão de alíquotas e regimes especiais.
Deve-se ter como meta simplificar e aproximar os tributos sobre bens e serviços do modelo do IVA, substituindo os atuais por um ou, no máximo, dois tributos sobre o valor adicionado (um federal e outro subnacional, cobrado no destino), além de um tributo seletivo (sobre fumo, bebidas etc.). As propostas do Governo Federal de reforma do PIS/Cofins e de disciplinamento da guerra fiscal dos Estados apontam na direção correta, mas são tímidas frente aos desafios da melhora da tributação indireta no país.
Um segundo foco de atenção são os vários regimes simplificados de tributação, como o Lucro Presumido e o Simples. Esses regimes geram distorções importantes, decorrentes da base inadequada de tributação (o faturamento), do alto limite de enquadramento (cerca de US$ 1 milhão por ano no Simples, contra um valor entre US$ 50 mil e US$ 150 mil nos demais países), e do enorme diferencial de tributação relativamente às grandes empresas. A consequência é um sistema que estimula a abertura de pequenos negócios, mas impede o seu crescimento.
É preciso rever completamente o modelo de tributação simplificada no Brasil, e não apenas fazer ajustes no Simples. Não se trata de aumentar o custo tributário dos negócios efetivamente pequenos, mas sim de criar um modelo que trate de forma semelhante os semelhantes, que estimule a formalização do trabalho qualquer que seja o porte da empresa, e que favoreça o crescimento das empresas.
Por fim, deve-se rever a distorção na tributação da renda pessoal decorrente da forma como é recebida. Isto ocorre, por exemplo, na distribuição de lucros pelas empresas do Simples e do Lucro Presumido, que são isentos na pessoa física. A tabela 3 mostra como os regimes simplificados podem gerar enormes distorções na tributação da remuneração de um profissional, a qual pode variar de 40% do rendimento para um trabalhador formal a menos de 10% para o sócio de uma empresa do Simples.
Medidas que estabeleçam a isonomia na tributação, além de socialmente justas, contribuiriam para reduzir as distorções decorrentes da multiplicidade de regimes tributários. Deve-se, no entanto, evitar tributar duas vezes a mesma renda, deduzindo-se da base tributária dos rendimentos pessoais os impostos pagos pelas empresas.
A grave crise fiscal reflete o crescimento dos gastos públicos acima da geração de renda, fruto de um conflito entre diversos grupos sociais que buscam, via Estado, a apropriação de parcela maior da renda. A intervenção pública mal focada, a proteção de interesses privados específicos e um dos piores sistemas tributários do mundo prejudicaram a produtividade e o crescimento. Os indicadores sociais, depois de uma década de avanço, estagnaram ou retrocederam nos últimos anos. 
A boa gestão pública requer disciplina fiscal, transparência e a avaliação dos resultados sobre os benefícios concedidos. Dessa forma, pode-se deliberar sobre as escolhas públicas, as políticas a serem preservadas e as que devem ser revistas. A proteção dos grupos sociais mais frágeis é importante, mas precisa caber nas possibilidades do País. A transferência de renda para os mais ricos é injustificável. 
A crise atual impõe escolhas difíceis. Postergá-las apenas tornará ainda mais custoso o ajuste das contas públicas. A alternativa ao ajuste é o agravamento da crise e o retrocesso econômico.

Bernard Appy é diretor do Centro de Cidadania Fiscal
Marcos de Barros Lisboa é presidente do Insper 
Marcos Mendes é consultor legislativo do Senado Federal
Sérgio Lazzarini é professor titular do Insper 

Arminio Fraga: receita para vencer a crise

Só ficou faltando dizer quem vai fazer tudo isso, pois o governo que está aí não tem a mínima condição de implementar sequer um terço do que está exposto.
Paulo Roberto de Almeida

Opinião
Respostas à altura da crise
Armínio Fraga Neto
O Globo, 13/09/2015

Com frequência se diz por aí que nunca se viu situação econômica tão ruim quanto a atual. Discordo. Entre 1982 e 1993, a “década perdida” do caos da hiperinflação e da moratória externa, o Brasil amargou queda na renda por pessoa de cerca de 1% ao ano!

Mas o Brasil vive hoje, sim, uma crise grave, que escancara as consequências do modelo político e econômico atual.

Esse modelo se caracteriza pela captura, pelo agigantamento, pela incompetência e falência do Estado. Captura por interesses partidários e privados, que sem nenhum escrúpulo montaram não um, mas dois enormes esquemas de corrupção voltados para sua preservação no poder e enriquecimento pessoal. Agigantamento porque o gasto público se aproxima de 40% do PIB, um número elevado, especialmente para um país de renda média. Incompetência, por não entregar os serviços de qualidade que a sociedade demanda, apesar dos recursos despendidos. E falência pela perda da disciplina fiscal, fator que pesou na recente perda do grau de investimento, com destaque para a admissão pelo próprio governo de sua incapacidade de manter um superávit primário capaz de evitar a explosão da dívida pública.

Estamos em maus lençóis, pois não há na História caso de país que se tenha desenvolvido plenamente sem um Estado decente, eficaz e solvente.

Outras características do atual modelo econômico incluem elevado grau de dirigismo, claro desprezo pela eficiência em geral, e pelo mercado em particular, relativo isolamento do mundo, má alocação do capital (em boa parte feita pelos bancos públicos), políticas setoriais mal desenhadas, um sistema tributário complexo, que distorce e encarece a atividade empresarial, e um aparato regulatório desprestigiado e em alguns casos mal tripulado. Não surpreendentemente, a produtividade da economia vem sofrendo bastante.

As consequências disso tudo, em boa parte previsíveis, estão aí, visíveis a olho nu: juros estratosféricos, incerteza elevada, baixo investimento (especialmente em infraestrutura), profunda recessão e, o que é pior, uma economia incapaz de crescer. Os impactos sociais já se fazem sentir e tendem a se agravar. A esta altura não se pode descartar a hipótese de que o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff seja o início de uma nova década perdida.

Esta crise requer tratamento proporcional ao seu tamanho. Isso não tem sido possível em razão de barreiras ideológicas e de incompetência, além das naturais dificuldades de um governo corrigir algo feito por si mesmo, e da crise política, que deve perdurar.

Não surpreende, portanto, que a atual resposta à crise não venha obtendo bons resultados, limitando-se, na prática, a alguma austeridade fiscal, ao aperto monetário (posto que a inflação está há tempo bem acima da meta), à liberação de preços e ao anúncio de algumas boas reformas, no geral não implantadas. Ao mesmo tempo, medidas irresponsáveis do ponto de vista fiscal vêm sendo aprovadas, como o Plano Nacional de Educação (tema crucial, solução inadequada) e a revogação do fator previdenciário. Ademais, a queda nos preços das exportações e as paralisantes implicações de curto prazo da mais do que bem-vinda Lava Jato agravam ainda mais o quadro.

Com o intuito de ajudar a mapear os desafios no campo econômico, e sem ilusões quanto à superior importância da política em fazer as opções certas e conduzir o processo, listo abaixo dois conjuntos de respostas à crise. Se posto em prática, o primeiro sinalizaria o entendimento do Executivo e do Legislativo quanto à gravidade da situação. O segundo lista algumas questões mais fundamentais para que o Brasil volte a crescer e se desenvolver. As dificuldades de se efetuar um ajuste fiscal rápido são bem conhecidas: recessão, rigidez do gasto e a já elevada carga tributária.

Acredito que uma forma de ganhar tempo e afetar positivamente as expectativas seria compensar um inevitável gradualismo no ajuste com medidas que afetem positivamente a solvência do País no longo prazo. Outro campo fértil é o lado da produtividade, de natureza mais microeconômica, que merece bem mais espaço do que tenho aqui hoje.
Medidas emergenciais: 
1) Metas de saldo primário de 1%, 2% e 3% do PIB para os próximos três anos, baseadas em premissas realistas e em receitas recorrentes (as metas atuais não estão sendo cumpridas e de qualquer forma são insuficientes).
2)  Aprovação da idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres (para gerações futuras) e reaprovação do fator previdenciário.
3) Desvinculação do piso da Previdência do salário mínimo (a vinculação é cara e regressiva).
4) Introdução de um limite para a dívida bruta do governo federal como proporção do PIB.
5)  Reforma do PIS/Cofins e do ICMS já proposta, acrescida da unificação e simplificação das regras do ICMS (por muitas razões, inclusive a integração interna do País).
6)  Mudança das regras trabalhistas também na mesa (em que o negociado se sobrepõe à lei).
7)  Aumento da integração do Brasil ao mundo (um primeiro passo seria transformar o Mercosul em zona de livre-comércio).
Sem algo nessa linha a crise deve se aprofundar e alongar.
Medidas mais fundamentais relativas ao Estado:
1) Discussão sobre o tamanho e as prioridades do Estado (requer limite ao crescimento do gasto, o que, por sua vez, demanda as reformas abaixo).
2)  Fim de todas as vinculações e adoção de um Orçamento base zero (sem prejuízo de espaços plurianuais, nunca permanentes).
3)  Meritocracia e a boa gestão no setor público.
4) Revisão da cobertura da estabilidade do emprego no setor público.
5) Revisão do capítulo econômico da Constituição (adotar a economia de mercado. Qualquer interferência do Estado deverá ser justificada e seus resultados posteriormente avaliados).
Sem algo nessa linha o Brasil dificilmente se desenvolverá plenamente.

*Armínio Fraga Neto é economista

segunda-feira, 3 de agosto de 2015

Brasil: reducao de ministerios - minha sugestao (atualizada)

Já que o nosso governo (bem, não é exatamente o meu) pretende, finalmente, e depois de todas as tentativas de deixar a coisa como estava para ver como é que ficava, reduzir alguns poucos ministérios desimportantes, e totalmente inúteis, e mesmo sem saber como será essa reforma redutora, apresento aqui uma versão mais recente de sugestões que já fiz anos atrás no sentido de voltar a ter um governo mais enxuto.
Mas, e este é um MAS IMPORTANTE, as coisas se agravaram notavelmente depois que fiz as sugestões abaixo, já em formato de Mensagem ao Congresso, caso os companheiros não saibam como fazer.
Tendo em conta essa nova realidade, de GRANDE DESTRUIÇÃO feita inteiramente pela inépcia dos governantes, creio que será preciso ser bem mais radical e reduzir ainda mais o tamanho do Estado.
Mesmo que a economia seja pequena, pois não vão querer despedir os milhares de funcionários redundantes, acredito que o ministério poderia ser enxugado ainda mais no sentido que aponto aqui abaixo.
Assim, faço estas mudanças, em itálico, no esquema apresentado no artigo;
  1. Justiça
  2. Defesa
  3. Relações Exteriores
  4. Fazenda, passa a incorporar 16. Planejamento;
  5. Educação, passa a funcionar dentro de Ciência e Tecnologia
  6. Saúde
  7. Indústria e Comércio
  8. Agricultura
  9. Ciência e Tecnologia, incorpora 5. Educação e 18. Meio Ambiente
  10. Trabalho
  11. Transportes, passa a incorporar 12. Comunicações
  12. Comunicações, passa a funcionar junto com 11. Transportes
  13. Interior e Infraestrutura, passa a incorporar 15. Minas e Energia
  14. Desenvolvimento Social, passa a funcionar dentro de 17. Previdência
  15. Minas e Energia, incorporada a 13. Interior e Infraestrutura
  16. Planejamento
  17. Previdência Social, passa a incorporar 14. Desenvolvimento Social
  18. Meio Ambiente
  19. Casa Civil
  20. Casa Militar
Os ministérios, portanto, em lugar de 20, passam a ser apenas 14. O ideal seria que fosssem apenas 10, mas disso trataremos depois.
Divirtam-se companheiros...
Paulo Roberto de Almeida
Hartford, 3 de agosto de 2015

02/04/2015  |  domtotal.com

Mensagem ao Congresso Nacional: redução do número de ministérios

Origem: Presidência da República
Casa Civil; Departamento de Eliminação de Lixo Administrativo

Senhoras e Senhores Parlamentares da legislatura 2015-2018,

É com ampla satisfação que cumpro, neste momento, o meu dever de atender aos desejos da população, já expressos em manifestações maciças, e que repercutiram nas duas Casas deste Congresso Nacional para, propor medidas administrativas que têm por objetivo dotar o meu governo de melhores condições para efetuar as mudanças que hão de caracterizar a fase promissora de modernização e de racionalidade que se abre agora para o Brasil, ao mesmo tempo em que se cumpre o que as ruas demandam: redução das despesas do Estado, enxugamento da máquina pública, adequação dos serviços prestados pelo governo ao que realmente cabe no orçamento.
Pretendo reformular inteiramente as bases da governança neste país, depois de mais de uma década de caos administrativo, de inchamento desmesurado do governo e de emissão de medidas que engessaram ainda mais a gestão pública e que converteram a administração das empresas privadas num inferno burocrático, paralisadas que foram por medidas contraditórias, por leis irracionais e por decretos irresponsáveis, que aumentaram exageradamente o chamado “custo Brasil”, mas que também minaram, do lado do setor público, a confiança dos brasileiros no Estado e em suas instituições.
Devo alertá-los desde já que este esforço não será concretizado sem a parceria do Congresso Nacional, uma vez que é minha intenção associar cada uma das senhoras e cada um dos senhores às propostas de legislação que pretendo trazer para discussão nesta Casa. Minha disposição é a de recorrer o menos possível a medidas provisórias ou a decretos executivos, uma vez que entendo ser da responsabilidade desta Casa o debate aberto e esclarecedor sobre cada uma das propostas que pretendo submeter-lhes.
Estão atualmente sob a responsabilidade do chefe do Executivo nada menos do que 39 ministérios ou secretarias de Estado com status de ministérios, numa estrutura de gestão pública que se afigura exagerada para qualquer padrão administrativo que se possa conceber. Esta foi uma das muitas heranças inconvenientes que recebemos dos governos anteriores, uma máquina superdimensionada de administração. Pretendo, com a colaboração das senhoras e dos senhores, reformulá-la com sentido de racionalidade.
Portanto, se este Congresso aprovar – e entendo que ele há de respeitar o direito do chefe do Executivo de definir a organização da administração direta que ele julga a mais adequada ao País –, pretendo trabalhar com o ministério seguinte:
  1. Justiça
  2. Defesa
  3. Relações Exteriores
  4. Fazenda
  5. Educação
  6. Saúde
  7. Indústria e Comércio
  8. Agricultura
  9. Ciência e Tecnologia
  10. Trabalho
  11. Transportes
  12. Comunicações
  13. Interior e Infraestrutura
  14. Desenvolvimento Social
  15. Minas e Energia
  16. Planejamento
  17. Previdência Social
  18. Meio Ambiente
  19. Casa Civil
  20. Casa Militar
As seguintes áreas administrativas passam a ser vinculadas, enquanto secretarias de Estado, aos ministérios aqui especificados:
  1. Cultura e Esporte ao ministério da Educação;
  2. Integração Nacional ao ministério do Interior e Infraestrutura;
  3. Cidades ao ministério do Desenvolvimento Social;
  4. Turismo ao ministério da Indústria e Comércio;
  5. Desenvolvimento Agrário, Pesca e Aquicultura ao ministério da Agricultura;
  6. Advocacia-Geral da União e Controladoria-Geral da União à Casa Civil;
  7. Gabinete de Segurança Institucional à Casa Militar;
  8. Portos e Aviação Civil ao ministério dos Transportes;
  9. Assuntos Estratégicos ao ministério do Planejamento.
Ficam extintas as seguintes Secretarias de Estado com status de ministério, passando suas responsabilidades respectivas a serem exercidas pelas áreas que se indica:
  1. Comunicação Social, nomeando-se um Porta-Voz da Presidência da República, e encarregando-se a Casa Civil de dispor dos demais serviços;
  2. Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Políticas para as Mulheres e Direitos Humanos para o ministério da Justiça
  3. Micro e Pequena Empresa para o ministério da Indústria e Comércio;
Ficam extintas a Secretaria-Geral e a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, sendo as atribuições da primeira passadas para a Casa Civil.
O Presidente do Banco Central do Brasil não mais terá status de Ministro de Estado, sendo de nomeação da Presidência da República após sua aprovação pelo Congresso, dispondo de mandato fixo e de autonomia administrativa e operacional, e passando a responder ao Congresso Nacional, no cumprimento das funções que lhe forem atribuídas pelo Conselho Monetário Nacional.
Meu governo não pretende dispor de comunicação institucional. Necessidades tópicas de informação de relevante interesse público serão afetas ao órgão interessado – como, por exemplo, campanhas de vacinação no âmbito da Saúde – abrindo-se amplo espaço para que a própria sociedade, através de empresas privadas de comunicações, cuide de sua informação, sem qualquer orientação ou aconselhamento do governo.
Meu governo seguirá o princípio de que cabe ao Estado regular apenas as áreas e atividades que lhe são precipuamente devidas, deixando todas as demais para a livre organização da sociedade. São extensas, incontáveis essas áreas e cabe, neste momento, solicitar ao Congresso que também colabore na imensa tarefa de enxugamento do Estado, com vistas a seu melhor funcionamento ao menor custo possível. Entendo que também seria conveniente pensar em retomar o processo de privatização de empresas públicas que, nos últimos anos, só se prestaram a desvios de funções, abrindo espaço para atividades corruptoras nunca antes vistas na história deste país. A Justiça há de abater com sua clava forte todos esses traficantes do dinheiro público e meliantes de colarinho branco que abusaram da boa fé dos brasileiros pagadores de impostos.
Novas propostas de reformas administrativas serão encaminhadas ao Congresso, sempre sob esta orientação geral: as atividades privadas vão se libertar da mão pesada do Estado, e os brasileiros reterão os frutos do seu trabalho na maior extensão possível. As prioridades do meu governo são as de reduzir o peso indevido do Estado sobre o setor privado, em todas as esferas. Dessa forma, construiremos um Brasil mais rico.

Presidência da República
[Com a assessoria técnica de Paulo Roberto de Almeida (27/03/2015)]

quinta-feira, 30 de julho de 2015

Crise economica no Brasil: vem mais aumento de impostos pela frente - Ribamar Oliveira (Valor)

Aumento da carga tributária no horizonte
Ribamar Oliveira
Valor Econômico, 30/07/2015

Não teve a repercussão que merecia o alerta feito na semana passada pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, sobre o atual desequilíbrio entre o crescimento das despesas obrigatórias e o da receita da União. Levy disse que o desequilíbrio é "estrutural" e observou que ele precisa ser resolvido no futuro. A atenção da maioria das pessoas ficou presa ao tamanho da redução da meta fiscal deste e dos próximos anos e poucas se deram conta de que a mudança anunciada é apenas a ponta do iceberg.
Cauteloso, Levy fez apenas o diagnóstico do problema e não se atreveu a antecipar os remédios que terão que ser ingeridos pela sociedade em futuro próximo. O crescimento das despesas obrigatórias não cabe no Orçamento da União, que está sendo fechado todo ano com receitas atípicas ou extraordinárias cada vez maiores. É compreensível que o ministro da Fazenda não tenha dito que a sociedade deve aceitar reduzir o ritmo de aumento das despesas obrigatórias ou aumentar a carga tributária. É provável que, no ponto a que as finanças públicas brasileiras chegaram, as duas coisas terão que ser feitas.
Para entender o que está se passando, basta observar que o gasto total da União neste ano vai crescer em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) e em termos reais, na comparação com o ano passado, que foi de grande gastança, mesmo com todos os cortes anunciados até agora pelo governo. De janeiro a maio deste ano, a despesa total da União cresceu 0,2% em termos reais, na comparação com 2014, segundo dados do Tesouro Nacional. Enquanto a receita total caiu 3,5% no mesmo período. Os dados de junho deverão ser divulgados hoje, mas não devem alterar essa realidade.
A explicação para isso é que as chamadas despesas obrigatórias não param de subir. De janeiro a maio, os gastos com benefícios previdenciários aumentaram 4,5% em termos reais, na comparação com o mesmo período de 2014. O aumento real das despesas com benefícios assistenciais (Loas e RMV) foi ainda maior, de 6,8%. O único gasto obrigatório que não cresce é o pagamento dos servidores ativos e inativos. No período considerado, esse gasto caiu 1,4% em termos reais na comparação com o ano passado. Deve-se incluir nessa relação as despesas com saúde e com educação, que aumentam por determinações constitucionais. Cerca de 90% de toda a despesa da União é obrigatória por algum tipo de determinação legal.
Para tentar equilibrar essa conta, o governo promoveu neste ano mudanças em algumas despesas obrigatórias, como o seguro-desemprego, o abono salarial, a pensão por morte, o auxílio-doença e o seguro ao pescador. Mesmo assim, o relativo controle que está sendo realizado nas contas da União resulta de um forte corte nos investimentos públicos. De janeiro a maio, de acordo com os dados do Tesouro, o governo reduziu os pagamentos dos investimentos feitos no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em 40% em termos reais, na comparação com o mesmo período de 2014. Os pagamentos do programa Minha Casa, Minha Vida caíram 33,6% em termos reais.
Os cortes nos investimentos e as medidas de controle dos gastos obrigatórios não serão suficientes para equilibrar as contas da União neste ano. O governo projeta uma receita atípica ou extraordinária neste ano que será recorde histórico. Apenas a Receita Federal estima obter uma receita extraordinária de R$ 51,6 bilhões nos tributos que administra de julho a dezembro. Se forem incluídos os R$ 4,6 bilhões já obtidos em fevereiro, o valor ultrapassará R$ 56 bilhões. Além disso, o governo conta com arrecadação com concessões de serviços públicos de R$ 18,2 bilhões.
Mesmo esse recorde de receitas extraordinárias, se vier a se concretizar, não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas da União neste ano. Por isso, o governo reduziu a meta de superávit primário de 1,13% do PIB para 0,15% do PIB. Na verdade, ele fixou uma "banda informal" para a meta fiscal, pois o resultado poderá ser um déficit primário e ainda assim a meta será cumprida.
Como já foi informado nesta coluna, o governo está cada vez mais dependente das receitas extraordinárias ou não recorrentes, como preferem os economistas, para fechar as contas. Assim, não é possível, como imaginam alguns, alcançar, apenas com receitas recorrentes, um superávit primário que mantenha estável a relação entre a dívida pública bruta e o PIB. Não na situação atual, em que as despesas obrigatórias crescem muito em termos reais e as receitas tributárias da União não aumentam no mesmo ritmo.
Assim, a meta de superávit primário de 2% do PIB anunciada pelo governo para 2018 é mais ambiciosa do que pode parecer à primeira vista. Esse objetivo só será alcançado se o governo conseguir reduzir o ritmo de crescimento das despesas obrigatórias e continuar obtendo receitas extraordinárias em grande monta. O ingrediente que coloca mais dramaticidade na situação é que, segundo alguns economistas, o superávit primário anual necessário para estabilizar a dívida bruta em proporção do PIB é da ordem de 2,5% do PIB. Ou seja, o esforço fiscal precisa ser maior.
Para conter o crescimento do gasto obrigatório, o governo precisa propor ao Congresso medidas que são politicamente difíceis de aprovar. A regra para o aumento anual do salário mínimo, por exemplo, terá que ser modificada, provavelmente com a adoção do aumento real equivalente à variação do PIB per capita. A nova regra reduziria as despesas da Previdência e da assistência social.
É imprescindível também que o governo encaminhe ao Congresso uma proposta de reforma do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), definindo uma idade mínima para a requisição da aposentadoria. Além de garantir, é claro, a aprovação do projeto de lei que reverte a desoneração da folha de pagamento das empresas.
Mesmo essas medidas podem não ser suficientes. Por isso, devem vir acompanhadas de propostas para aumentar a carga tributária. A medida mais provável, pois conta com apoio no Congresso e de governadores, é a recriação da CMPF, o imposto dos cheques. Há informações também sobre estudos oficiais para a tributação mais pesada de heranças e doações e de grandes fortunas.

domingo, 26 de julho de 2015

Industria automotiva: fim do stalinismo industrial companheiro? - Entrevista presidente da GM

Muito realista a entrevista com o presidente da GM para a América do Sul, "dentro de lo que cabe", como diriam os espanhóis, pois ele esconde o essencial: que o Brasil tem impostos demais, porque tem um Estado grande demais para a sua economia.
Claramente, o tipo de arranjo "contratual" que a sociedade fez consigo mesmo, através de sua nova Constituição, em 1988 (e já emendada dezenas de vezes), o chamado "pacto social", com distribuição de benesses estatais para todos e cada um (e cada vez mais), não cabe dentro do PIB, ou seja, as despesas são maiores do que a capacidade contributiva da economia.
Isso a sociedade precisa entender, mas o presidente da GM não é "obrigado" a nos criticar pela nossa esquizofrenia jurídica-constitucional, e pela nossa ingenuidade econômica.
Dentro do que cabe dizer, portanto, ele diz as coisas certas, mas está sempre querendo medidas setoriais que beneficiem a sua indústria, isso é certo.
Ou seja, ele também adora stalinismo industrial, como a maior parte dos nossos capitalistas.
Os companheiros tentaram fazer isso durante todo o tempo.
Enquanto tinha dinheiro chinês, deu para fazer.
Agora acabou e eles não têm mais nada a oferecer.
Está na hora de colocá-los para fora, e não só porque se equivocaram em política econômica.
O fato é que eles roubaram demais.
 Só por isso, já merecem cadeia.
Paulo Roberto de Almeida

Entrevista: Jaime Ardila
"A classe C, como consumidora de carros, saiu do mercado"
De homem público a executivo do setor privado
* Economista, o colombiano Jaime Ardila, de 60 anos, já trabalhou no Banco Central e no Ministério da Indústria e Comércio da Colômbia. Foi para a GM em 1984 e, em 2007, assumiu a presidência da GM Brasil; três anos depois, a da GM América do Sul.
O Estado de S.Paulo, 26/07/2015

Segundo o executivo, crise também afetou o perfil de compra das classes A e B

Principal responsável pelo crescimento contínuo das vendas de carros novos por quase dez anos, até atingir o recorde de 3,8 milhões de unidades em 2012, a classe C já não faz mais a festa da indústria automobilística. "Como consumidora de carros, praticamente saiu do mercado", diz o presidente da General Motors América do Sul, Jaime Ardila. Segundo ele, quem compra carro hoje são as classes A e B, mas mesmo estas mudaram o padrão de consumo. Em entrevista, o executivo colombiano, que está no Brasil há oito anos, fala que o mercado brasileiro deve cair 20% em
2015 e só começará a se recuperar no fim de 2016.
Qual sua avaliação sobre a situação econômica do País?
As projeções feitas por analistas independentes de uma redução do PIB de 2% para o ano é realista e coloca a economia num patamar difícil para o próximo ano. Esperávamos uma recuperação mais rápida, mas vai levar mais tempo. Significa que o próximo ano terá um crescimento muito pequeno, abaixo de 1%. É lógico que um adiamento do ajuste fiscal pode postergar a recuperação também. Fico preocupado de ver que o ajuste pode levar mais tempo do que esperávamos.
O ajuste está correto?
Esperávamos que o governo cumprisse a meta de 1,1% de superávit, mas já foi dito que não será possível. Isso pode adiar a recuperação. Precisamos de um ajuste fiscal profundo e rápido, que é muito melhor do que um pequeno e lento.
O cenário político atrapalha?
Pode atrapalhar a economia por duas razões simples: a primeira, a de tornar ainda mais difícil a recuperação dos investimentos externos e internos. E também porque toma muito mais difícil a aprovação das medidas econômicas no Congresso.
É hora de continuar subindo juros?
As cifras de inflação mostram que os aumentos que estão sendo feitos são necessários e não vejo uma recuperação econômica possível sem uma rápida redução da inflação. Quantas altas de juros ainda precisa para reduzir a inflação? Não sei. Minha impressão é que estamos chegando ao limite necessário, porque a economia está praticamente num cenário de recessão.
Por que o mercado de carros caiu tão rapidamente? É efeito da crise ou de um esgotamento de consumo?
A indústria automobilística é pró-cíclica. Cresce mais rápido quando a situação econômica é boa e piora muito mais quando é ruim. Eu já esperava que, com a situação econômica difícil, para a indústria seria ainda pior. Isso é o normal nos ciclos econômicos. Porém, há dois fatores que complicam ainda mais. O primeiro é a queda forte na confiança dos consumidores - o medo de perder o emprego. Temos também um esgotamento do modelo, em razão do alto endividamento das famílias. As pessoas não têm mais condições de comprar carros. E fica ainda mais difícil com a inflação alta. Isso faz com que a queda nas vendas seja maior do que esperávamos.
O que o sr. esperava inicialmente?
Começamos o ano com cenário de vendas de 3,2 milhões de veículos. No primeiro trimestre, ajustamos para 3 milhões. Hoje, prevemos 2,8 milhões (queda de 20% ante 2014). E acreditamos que só na segunda metade de 2016 começará uma recuperação.
É a pior crise do setor?
Eu não falaria que é a pior da história, pois já tivemos situações muito difíceis, com queda da demanda de 20%, 30%. O que é diferente hoje é que a capacidade da indústria é muito maior. Todos fizeram investimentos baseados numa projeção de mercado que não se cumpriu. Temos capacidade em excesso e trabalhadores em excesso, o que complica mais a situação.
O excesso é resultado de investimentos em ampliação e da vinda de novas fábricas ao País. Ninguém percebeu que não havia demanda para tudo isso?
Devo falar, com humildade, que a GM percebeu, pois fomos uma das poucas empresas que avaliou que não era o momento de construir novas fabricas. Estivemos perto de tomar uma decisão, mas ao final vimos que era prudente aguardar. Mas, quando você tem um mercado de quase 4 milhões de veículos ninguém quer ficar de fora. Aí chegam os concorrentes novos e eu não posso culpá-los por instalarem fabricas aqui porque o Brasil era e continua sendo um mercado interessante. O que me surpreendeu foram os investimentos de alguns concorrentes tradicionais, que já conheciam bem o mercado. Mas o Brasil vai crescer de novo. Continua sendo um dos maiores mercados do mundo.
A indústria estava viciada na redução do IPI?
Incentivos precisam ser temporários para ter impacto. Quando o mercado se acostuma, começa a incorporar nas expectativas e nos preços e o impacto desaparece. Foi o que ocorreu com o IPI. Desse ponto de vista, a resposta é sim: acho que a indústria se acostumou a um incentivo que, por natureza, ia ser temporário. Porém, também acho que os impostos na indústria automobilística são muito altos e em algum momento será preciso rever isso. Estou ciente de que não é o momento, seria uma irresponsabilidade fiscal pedir isso hoje. Mas vai chegar o dia em que o govemo vai ter de procurar fazer receita fiscal em outras áreas e reduzir de forma permanente o IPI e outros impostos, pois como está hoje é exagerado.
As montadoras já demitiram neste ano 7,6 mil trabalhadores e 0 sr. diz que ainda há excesso. Cortes vão continuar?
Já demos férias coletivas e lay-off. Estamos fazendo o possível para evitar demissões. Agora tem o Programa de Proteção do Emprego, que acho muito interessante. Para tentar minimizar o desemprego, o lay-off e o PPE são ferramentas apropriadas. A GM fará uso delas até onde for possível. Mas não posso esconder que temos trabalhadores demais. O que eu faço com os trabalhadores se não tem demanda? Inevitavelmente temos de tomar uma decisão.
Então haverá mais cortes?
No geral, não sei o que vai ocorrer, pois cada empresa toma suas decisões. Mas acho que ainda tem um grupo muito significativo de trabalhadores em excesso. Para a demanda que temos hoje é evidente que a indústria, incluindo fornecedores, ainda tem de passar por um ajuste.
A GM tem mil trabalhadores em lay-off e demitiu cerca de 400 trabalhadores no ABC. Ainda não foi suficiente para reduzir o excesso?
Neste momento não temos novos planos de cortes. O que temos são planos de usar as ferramentas existentes, ou seja o lay-off e o PPE. Porém, temos de decidir o que fazer com o pessoal que está em lay-off. Vamos nos inscrever no PPE, porque não é eficiente para uma empresa fazer cortes e depois na recuperação ter de recontratar. A prioridade será o pessoal do lay-off, mas provavelmente não para todos.
Como a matriz vê o cenário brasileiro? Faz sentido investir num mercado que opera com 50% da capacidade?
Nossa perspectiva continua sendo de longo prazo. O Brasil é um mercado fundamental para a GM. No nosso negócio não dá para parar de investir, se não fica atrasado tecnologicamente. Sem dúvida vamos manter investimentos em produto e tecnologia. Mas claro que estamos preocupados. A situação está pior do que imaginávamos quando fizemos o orçamento para o ano.
Está quanto pior?
Perdemos 27% em vendas no primeiro semestre e 34% da receita no segundo trimestre em relação ao ano passado. Mas temos suficiente caixa para continuar financiando os investimentos e não precisamos de empréstimos.
No passado recente, foi a classe média emergente que garantiu o crescimento das vendas, com a compra do primeiro carro zero, com crédito longo. E hoje, quem compra carro?
A classe C, como consumidora de carros, praticamente saiu do mercado. Hoje, a imensa maioria da classe C não tem condições de comprar carro novo por causa da alta de juros, aumento da inflação e do endividamento. É aí que está a queda da demanda. As mais de 20 milhões de novas pessoas que tínhamos na classe C, e que foi a fonte fundamental de crescimento da indústria, está comprando cosméticos, alimentos - até mudando para marcas mais baratas -, mas não está comprando carros. A imensa maioria das vendas hoje é para as classes A e B. E mesmo nessas classes há mudanças de comportamento. Por exemplo, estamos vendendo muito bem Onix e Prisma (mais populares). Não duvido que muitos desses clientes, em condições normais, iriam comprar carros de maior porte, mas por enquanto estão se conformando com Onix e Prisma.
Mas as vendas de modelos premium seguem crescendo...
Os ricos estão assustados com a crise, mas não sofreram impacto.
A exportação é saída para o setor?
Hoje ainda não, mas pode se tornar fonte de crescimento importante nos próximos dois anos se forem cumpridas condições que têm a ver não só com o patamar do câmbio, que está mais equilibrado, mas com a redução de custos. Temos custos na área trabalhista, tributária, de logística e de infraestrutura muito altos, que dificultam a competição no mercado internacional.
O Inovar-Auto ajuda ou atrapalha?
Ele é um fato. No próximo ano, será avaliado quem cumpriu as metas. Os investimentos que precisavam ser feitos para cumprir a regulamentação já ocorreram, com um impacto em custos importante. Estamos preparados para o Inovar. O que eu espero é que fiquemos aí. Acho que seria inapropriado pensar em outra fase, o Inovar 2, porque as empresas e o consumidor não estão em condições de assumir novos custos.
O sr. acha que o excesso de capacidade se deve ao Inovar-Auto, que exigiu a produção local?
Trazer investimentos era o propósito, além de melhorar a qualidade do meio ambiente e reduzir o consumo de combustível. O aumento de capacidade foi uma consequência que na época ninguém tinha condições de prever.
Por que as empresas estão reajustando preço dos carros?
Comparado com a inflação e a desvalorização do real, os reajustes foram pequenos. Não compensam nem a metade dos aumentos de custos que já tivemos.