Esta es la historia de un gobierno y un grupo de acreedores extranjeros. Los protagonistas están conectados por la deuda de ese gobierno con los acreedores y por la sentencia de un juez, también extranjero, que les obliga a pagar. Pero esto no transcurre en un sistema legal regido por la lógica sino en un territorio en el que nadie había entrado hasta ahora. Las tres partes negocian desde hace más de una década, acumulando frustraciones e interrogantes que, por más que avance el caso, parecen imposibles de responder.
“Es una de las disputas legales más extrañas que haya estudiado nunca el Tribunal Supremo”. Así definió el caso de la deuda argentina Lyle Denniston, especialista en la actualidad de la Corte de EE UU. El tribunal acababa de rechazar el litigio que enfrenta a Argentina con un grupo de fondos de inversión acreedores de su deuda, conocidos como los “fondos buitre”. La falta de dictamen hizo que prevaleciera la sentencia de una corte de apelaciones que estableció que Argentina había inclumplido el contrato que firmó con sus acreedores.
“No es nada sorprendente. Argentina firmó un contrato con los fondos en el que prometía que pagaría, por lo que el juez no tiene otra opción más que obligarle a hacerlo”, asegura Anna Gelpern, profesora de leyes internacionales de la Universidad de Georgetown. El problema, según Gelpern, es que este es un caso que enfrenta a dos partes y para el que no existe jurisdicción ni corte que pueda resolverlo. “Esta es la lucha entre la credibilidad de un sistema judicial de un país y la del gobierno de otro. Nadie puede ganar. Cuando llevas un sistema disfuncional a su extremo lógico, ocurren cosas como ésta”.
La sentencia firmada por el juez Griesa el pasado mes de diciembre dejó a Buenos Aires con tres opciones, todas ellas dolorosas: pagar al fondo estadounidense NML los 1.300 millones de dólares más intereses que le debe, negociar un nuevo acuerdo o no pagar. Pero como esto no sucede en un contexto legal lógico desde que Argentina accediera a firmar sus contratos con los fondos bajo legislación neoyorquina, la solución tampoco lo es.
La profesora explica que tal y como funcionan las leyes, un juez puede obligar a pagar a un individuo, embargando sus cuentas bancarias, reteniendo sus bienes o imponiendo una multa, pero no a un gobierno. “Los bienes soberanos de un gobierno en el extranjero son inmunes a las decisiones judiciales”, explica Gelpern. “Ese es el problema desde el principio: ningún país va a cumplir una sentencia que no tiene que obedecer”.
Gelpern asegura que esto explica por qué el juez Thomas Griesa, encargado de juzgar un caso que no puede resolver, ha dedicado 13 años a buscar una manera de que su sentencia pudiera ser ejecutada. La halló en una cláusula en el contrato conocida como pari passu y que obliga a Argentina a pagar a todos los acreedores en las mismas condiciones. Si ofrece un descuento en el pago de la deuda a un fondo, todos los demás deberán beneficiarse también. “La novedad es que nadie había interpretado así esa cláusula hasta ahora”.
Argentina contaba hasta con el respaldo de la Administración Obama, que advirtió del “tratamiento adverso hacia EE UU en cortes extranjeras después de esta sentencia” y que ésta podría tener “un efecto perjudicial en el papel que juega el dólar” en la economía mundial. Para el diario The New York Times, “la corte probablemente dañó el estatus de Nueva York como la capital financiera del mundo” e hizo que sea “cada vez más difícil que los países cuyas economías están en peligro puedan reestructurar su deuda”.
Griesa, sin embargo, tiene las manos atadas. Puede decirle a Argentina que su obligación es pagar, pero no puede hacer que ese pago ocurra si el gobierno de Buenos Aires no quiere -en comparación, sí podría congelar las cuentas o embargar los bienes de un ciudadano. Así que el juez buscó otro mecanismo para imponer aún más presión y lograr su objetivo. El cuarto actor en esta historia son los bancos que guardan fondos argentinos en EE UU. Griesa no tiene competencia sobre el Gobierno argentino, pero sí sobre ellos.
Gelpern, también miembro del Instituto Peterson de Economía Internacional asegura que la clave de esta sentencia no está en la interpretación de la cláusula sino lo que el juez ha elegido para ejecutarla: impedir a los bancos que muevan el dinero del gobierno argentino. Aunque Cristina Fernández ordenara el pago a un fondo en concreto, no podría hacerlo. Si quiere transferir los bonos -y la deuda- de un fondo a otro para evitar a los “buitres” o lograr que este conflicto quede amparado bajo la legislación de un país más favorable, tampoco. El objetivo de Griesa es que se cumpla el contrato y que cobren todos, no solo los que accedieron a descuentos. “Las entidades financieras son tradicionalmente conservadoras, no van a desobedecer una decisión judicial”, dice Gelpern. “El juez ha utilizado esto para presionar a Argentina”.
El contexto del caso de la deuda soberana argentina es además uno de vacío legal, ya que no existe una corte internacional con competencia sobre los Estados, como sí hay para empresas y ciudadanos en cada país. “No existe un sistema legal que garantice que los fondos van a recibir lo que se les prometió en el contrato y el juez no puede reescribirlo sin que las dos partes estén de acuerdo”, dice Gelpern. “Por mucho que la sentencia nos parezca un ultraje moral, no hay una ley que diga que deba cumplirse”.
Así, la historia del gobierno argentino, sus acreedores y un juez estadounidense transcurre desde hace más de una década en un contexto sin precedentes y en el que un magistrado emite sentencias que no puede hacer cumplir. Sus opciones son pocas: dar la razón a Argentina y perder toda su credibilidad -después de una larguísima carrera- ante los fondos y ante la justicia estadounidense; o dar la razón a los acreedores. “Esto sólo hace más daño”, dice la experta. “Pone más presión sobre Argentina y, aún así, nadie ha cobrado aún”.
