Na Venezuela, como todos sabem, quem decide quem é culpado, ou não, é o líder supremo. Mas também surge uma nova justiça, a social, que diz que burguês é sempre culpado, contra algum outro indivíduo classificado como sendo das classes menos favorecidas.
Como já disse alguém, nas ditaduras, o problema nem sempre é o ditador, mas o guarda da esquina, da rua, que também passa a decidir, segundo suas concepções, quem é culpado, e o culpado é sempre o burguês...
Paulo Roberto de Almeida
Opinión
Justicia bolivariana
FRANCISCO SUNIAGA
EL NACIONAL - Domingo 18 de Julio de 2010
U n amigo me contó que, mientras esperaba en un semáforo en las inmediaciones de Plaza Venezuela, un motorizado se estrelló contra la parte trasera de su carro. El conductor de la moto, amén del golpe contra el vehículo, rodó por el pavimento y parecía lastimado. Mi amigo se bajó rápidamente y trató de prestarle ayuda. Mientras eso hacía, como es cultura en esta ciudad, varios motorizados se congregaron en el lugar del accidente "en solidaridad con el pana".
Por fortuna para mi amigo, por lo menos eso pensó en ese momento, había un testigo de excepción del accidente: un fiscal de tránsito. El funcionario se unió a él y a las otras personas que ayudaban al motorizado a recuperarse de sus contusiones. Un primer plano humano, nada despreciable en una ciudad tan dura.
El conductor de la moto resultó ser, según apreció mi amigo, un hombre decente que, tan pronto como se lo permitieron el susto y el dolor, se declaró responsable del accidente y lo absolvió de culpa ante el tribunal del pueblo integrado por los demás motorizados, que hacía tiempo ya en realidad antes, incluso, de que el incidente ocurriera lo consideraba culpable.
Oída esa declaración, corroborada por el fiscal, los motorizados solidarios rompieron el cerco y continuaron su camino. Sólo quedaron el conductor magullado, el fiscal y mi amigo, quien entendió que todo había terminado y anunció su partida. Pero entonces, para su sorpresa, el fiscal lo detuvo porque según su parecer aún había algo pendiente: "¿Cómo que te vas? No te puedes ir sin pagarle su moto al pana", le advirtió. Mi amigo argumentó que no estaba obligado a hacer eso porque la responsabilidad, según lo habían declarado ambos, era del motorizado.
Allí fue cuando el funcionario, constituido en corte de justicia, creadora y ejecutora del nuevo derecho bolivariano, dejó caer su sentencia: "Mire ciudadano, el problema es que este no es un caso de justicia de tránsito, este es un caso de justicia social". Ante semejante dictamen, y para no verse acosado de nuevo por otra manifestación solidaria, mi amigo le entregó el efectivo que llevaba al motorizado.
Esta anécdota caraqueña resulta macabra porque evidencia la materialización, en el ámbito de la cotidianidad ciudadana, del discurso antijurídico bolivariano que ha conducido a la destrucción del Estado de Derecho. Generalizada como está esta manera de actuar, el Derecho, en particular el penal por quedar entonces sujeto a la valoración subjetiva de cada individuo se pervirtió y se tornó muy peligroso; degeneró en un código íntimo del funcionario que los ciudadanos no pueden conocer ex ante.
Si quien pretende hacer justicia de esa manera es el propio Presidente, el primer magistrado sin que intervenga otro poder que haga contrapeso a la usurpación y sin que los acusados puedan siquiera ser oídos , más que pervertirse, la justicia se ha convertido en otro container podrido. Y así, efectivamente, quedó demostrado en horas de la tarde del jueves pasado en cadena nacional de radio y televisión.
Hugo Chávez, emulando a su colega de La Hojilla, presentó un video condena, escarnece y expone al odio público a los directivos y a varios trabajadores de la firma Econoinvest Casa de Bolsa. Un video editado, manipulado, que sólo podría ser siquiera presentado como prueba en el tribunal en el que él mismo se constituyó, en el que es juez y parte. También, para tragedia de la patria, en cualquier otro de los tribunales de este país cuyos jueces tienen a la magistrada Afiuni como espejo para mirarse.
Así, los presos del comandante-presidente-juez cuyo número aumenta a medida que el fin de su farsa bolivariana-militarista se aproxima no tienen cargos fundados en una norma preexistente y conocida, no tienen condena por hechos calificados como delito y previamente establecidos en la ley, no tienen oportunidad de defenderse y tienen, además, la pena adicional del escarnio en cadena nacional.
Como ya ocurrió con los containers de alimentos importados, las obras paralizadas, las misiones sociales, las cooperativas creadas de la noche a la mañana, los hatos e industrias expropiados, la justicia también se les pudrió.
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